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hijos apropiados por Herrera de Noble represor misionero Argentina imagen

Dibujo de Manuel Emiliano González

Cómo la agencia de Carlos Souto preparó la solicitada que firmaron Felipe y Marcela.    25 Abril de 2010 Por Daniel Cecchini   Desde el momento mismo en que fue publicada, se sospechó que la solicitada aparecida en Clarín, La Nación y Página/12 con las firmas de Marcela y Felipe Noble Herrera no era obra de los jóvenes que en 1976 fueron adoptados irregularmente por Ernestina Herrera de Noble.   Lo mismo sucedió con la declaración que hicieron frente a las cámaras de TN, donde resultó evidente que leían poco naturalmente el mismo texto de la publicación, que se les iba mostrando en un telepromter al que no podían dejar de mirar.   En realidad, la aparición pública de los dos jóvenes –por primera vez desde que se inició, hace ocho años, la causa que investiga sus orígenes– fue una desesperada jugada comunicacional preparada a pedido de la dirección del Grupo Clarín por expertos de la agencia La Ese, que dirige el publicista y marketinero político Carlos Souto, el mismo que armó el equipo de falsos foristas que invade las páginas web de los medios e inunda de llamadas los teléfonos de ciertos programas de radio (ver págs. 2 a 4).   La entrada en escena de Marcela y Felipe –algo que los abogados de Clarín siempre trataron de evitar– coincide con el fracaso de las últimas presentaciones judiciales para evitar la comparación, en el Banco Nacional de Datos Genéticos, de las muestras de ADN de los jóvenes con las de todos los familiares de desaparecidos, como establece la ley aprobada por amplia mayoría en las dos Cámaras el año pasado.   Para armar el texto, Souto no sólo trabajó en equipo con los abogados de la directora de Clarín sino que consultó a otro estudio jurídico, con uno de cuyos dueños tiene lazos familiares. En líneas generales, la maniobra intenta instalar a la directora de Clarín en un lugar muy caro en el imaginario de los argentinos: el de una madre que ama a sus hijos. Busca también desplazar la situación de víctimas de Felipe y Marcela de un lugar a otro: en vez de ser posibles víctimas de los delitos de apropiación indebida y robo de identidad, los instala como una “pieza más” de una “embestida” del Gobierno contra el Grupo Clarín.    También pretende presentarlos como personas a quienes se les está invadiendo la intimidad, pero omite deliberadamente decir que la comparación de las muestras de ADN ordenada por la Justicia no apunta sólo a descubrir sus orígenes biológicos –y de ese modo sus verdaderas identidades–, sino que también es necesaria para esclarecer uno o más presuntos delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado. El diseño de la presentación televisiva de los jóvenes evitó el formato de la entrevista, mucho más eficaz para conmover a la audiencia. Prefirió limitarla a la  lectura del texto de la solicitada para no correr los riesgos de decir inconveniencias o cometer fallidos que plantea un diálogo.   Tampoco les habría resultado fácil encontrar un periodista de prestigio - incluso dentro de Grupo - que aceptara hacer preguntas guionadas por abogados y publicistas. Entre otras falsedades, la solicitada preparada por Souto les hace decir: “Nunca tuvimos ningún indicio concreto de que podamos ser hijos de desaparecidos”.    El 12 de mayo de 2003, la propia Ernestina Herrera de Noble escribió una carta abierta en Clarín donde reconocía que “muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal”. Lo único cierto que hay en el texto es que Marcela y Felipe son víctimas.    Aunque no de un ataque orquestado por poderosos enemigos. Claramente son víctimas de sus manipuladores.                                                                                Un cuñado sospechado de represor                                                     En Posadas, Misiones, todos “saben” que el fiscal Juan Carlos Tesoriero fue represor durante la última dictadura militar, pero nadie se atrevió a denunciarlo. Por Liliana Díaz Periodista. Desde Misiones. En Posadas, Misiones, todos “saben” que el fiscal Juan Carlos Tesoriero fue represor durante la última dictadura militar, pero nadie se atrevió a denunciarlo. Tesoriero es el marido de Ana María Souto, hermana de Carlos Souto, y padre de Juan Andrés, empleado de su tío en la agencia La Ese. Según Amelia Báez, subsecretaria de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de Familiares, “Tesoriero nunca dio curso a los numerosos hábeas corpus que presentábamos. Nos recibía apenas en los pasillos de la fiscalía y ninguno corrió nunca”. A pesar de esa convicción acerca del pasado del fiscal federal de Misiones, nunca hubo ninguna denuncia concreta sobre las numerosas versiones acerca de su participación incluso en sesiones de torturas. Se dice también que se apropió de terrenos de personas que fueron sometidas a torturas, pero, llamativamente, nadie puede localizar hoy al único testigo que podía dar cuenta de ello. Graciela Franzen, ex presa política y una de las promotoras de los Jucios por la Verdad, no tiene dudas acerca de la complicidad del fiscal. En el año 2001, en los días previos al inicio de los juicios, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones colaboraba en la investigación de los delitos de lesa humanidad, y se comenzó a vislumbrar por entonces la participación del fiscal en la dictadura.   En ese entonces Juan Carlos Tesoriero envió una carta desde la propia fiscalía al decano de la Facultad de Humanidades y al rector de la Universidad requiriéndoles los nombres de los estudiantes que participaron en la investigación, bajo la acusación de “apropiación de identidad”, ya que el trabajo no era avalado por la institución. Las autoridades felizmente respondieron que los estudiantes gozaban de “libertad de expresión”, pero se corroboró de esa manera lo que para Graciela Franzen es la actuación del fiscal “al mejor estilo de la represión”. En 2001 Franzen ratificó que el fiscal federal Tesoriero “no aceptaba las denuncias de apremios ilegales, decía que habría que torturarlos un poco más y que lo que les hicieron fue poco”. Esto da una pista clara de por qué nadie se atrevió –ni se atreve– a presentar una denuncia contra el fiscal. Como una triste paradoja, una de las hijas de Franzen fue compañera de colegio de una hija del fiscal. Un día, para su cumpleaños, nadie quiso participar de la celebración, ya que todos estaban al tanto de su pasado vinculado a la represión. Las únicas compañeras de colegio que estuvieron al lado de la hija del fiscal fueron hijas de tres ex presas políticas. Sentían que debían ser solidarias.   Mercenarios de finísimos modales Por Eduardo Blaustein   A la fabricación en serie de falsos mensajes de “la gente” algunos la llaman libertad de expresión.   La historia que se cuenta en estas páginas no sólo ayuda a describir cómo se construye opinión pública. Es el último y elocuentísimo grito –emitido por el propio accionar de sus implicados– que señala dónde y cómo opera el poder comunicacional. Revela las asimetrías determinadas por el dinero a la hora de manejar ese poder y las destrezas que se requieren para hacerlo. Cuestiona la transparencia y las presuntas buenas maneras de quienes lo detentan. En su elegante página web la agencia La Ese se presenta como “una formación mutante que se adapta para responder a los sucesivos desafíos que le plantean los distintos escenarios que enfrenta”. Escrita en el lenguaje sobrio, eficaz y un tanto condescendiente que caracteriza al marketing comunicacional, dice también la presentación que “los equipos formados y dirigidos por Carlos Souto han sido y son protagonistas importantes del cambio en el lenguaje político latinoamericano de la última década, en la consolidación del dominio de lo audiovisual, y el desarrollo e integración de las diversas técnicas del marketing político”. De más está decir que la empresa se congratula por esos “cambios de lenguaje” y esos “dominios”. Otros los entendemos como parte de un problema que pinta para el lado de la tragedia cultural. Dice la gente de La Ese acerca del concepto central de la campaña que pusieron en marcha para que Carlos Menem fuera presidente en 2003: “Basamos la estrategia en cambiar drásticamente el discurso, humanizar a Menem y presentar su futura tercera presidencia como la histórica, donde renunciará a cualquier interés personal”. Dice la agencia sobre otra estrategia de campaña que tuvo a cargo, la última de Francisco de Narváez: “Presentar al candidato como un hombre común, con planes para resolver los problemas de la provincia, que habla francamente y con convicción”. Que la política se reduzca a la construcción de pequeñas ficciones astutas a esta gente le importa poco. Para decirlo con más finura: que los candidatos puedan ser redomados hijos de puta, amorales peligrosos, que puedan desplegar sus talentos para la destrucción de un país, esas no son responsabilidades de los publicistas, seres a quienes les sobra sofisticación como para entrar en razonamientos tan tristes.   Que publicistas o empresarios mediáticos se pongan a disposición del mejor postor es un viejo y ceniciento asunto de corazones que atrasan. Ya sea que se hable de las agencias de publicidad nacionales o de la transnacional Burson & Masteller, contratadas por la dictadura de Videla para mejorar imagen. De quienes redactaron con el viejo estilo sensiblero de la revista Gente de los ’70 la solicitada firmada por Felipe y Marcela Noble. O de quienes sean que hayan alquilado sus talentos para reconvertir a la Shell –acusada de contratar mercenarios para asesinar activistas en Nigeria– en una petrolera preocupada por la preservación de la selva amazónica.   Pertenecer tiene sus privilegios. Hace unos años el teórico cultural francés Paul Virilio escribió: “Los medios de comunicación industriales disfrutan de una depravación singular de las leyes democráticas... Si no disponen a priori de la libertad de anunciar falsas noticias, nuestra legislación les concede en cambio el poder exorbitante de mentir por omisión, censurando y prohibiendo las que no les convienen o pueden dañar sus intereses”.   La industria publicitaria disfruta de un privilegio aún mayor: goza de mayor prestigio social, aunque no necesariamente de consenso. La belleza de una buena publicidad está en lo más emblemático del lujoso imaginario del capitalismo tardío. Viejo truco de los reyes de la antigüedad a la hora de glorificar sus hazañas en estatuas, relieves y estelas, destreza llevada a nivel de espectáculo de masas por la iglesia católica a lo largo de dos mil años, la publicidad es arte de punta, el must de la modernidad, reservado a las mentes más abiertas, más talentosas, más audaces. Pero aun cuando se trata de una profesión necesitada de sutilezas, de mediciones finas de impacto del lanzamiento de productos, de complejos galimatías sobre pautas de conducta y consumos, en las lógicas de largo aliento los publicitarios suelen trabajar no para lo nuevo sino para lo ya establecido. Y a veces apelando a la simplificación más primitiva. Es exactamente esto lo que hacen/hacían los equipos desplegados por la agencia de Carlos Souto, reforzando un clásico de la comunicación hegemónica.   De un lado intelectuales o blogueros K “a sueldo del kirchnerismo”. Del otro ciudadanos indignados ante las desmesuras del Gobierno. De un lado la prepotencia totalitaria. Del otro el consensualismo y la santidad. Y aunque como nunca lluevan sobre las pampas misiles en masa contra un Gobierno, la libertad de expresión (¿así se le llama a la fabricación seriada de mensajes desde un call center?) está en riesgo.   Eran estos los foristas. Esta historia echa luz también a un asunto que en relación con lo anterior parece menor, pero tiene su miga. Se trata de nuevo de las responsabilidades de las empresas de comunicación masiva, incluyendo a las publicitarias. Como cualquiera en nuestro oficio, quien escribe, ya fuera trabajando en el diario Crítica de la Argentina o en Miradas, recibió en los foros (presuntos) de lectores la acusación de “a vos te pagan los K”. No es nada simpático ligar insultos gratis, especialmente cuando se apuesta a imprimirle un mínimo sentido de racionalidad, serenidad y justicia al debate de ideas. La pregunta acerca de qué hacer con cieros foristas que –continuando una antigua tradición intoxicadora de los servicios de inteligencia– siembran violencia simbólica en las versiones digitales de los medios sigue por ahora reducida a las redacciones y cafés aledaños. Lo mismo respecto de una larga sospecha: cuántos de los que escriben son reales y cuántos provocadores, rentados, sacados, milicos o canas retirados, fanáticos militantes o no. ¿A quiénes representan realmente? ¿Esos tipos son “la gente”? Ahora lo sabemos: una parte ardua de cuantificar de esos foristas hipotéticos y falsos repiqueteadotes radiales son empleados de la comunicación privada, sin pecado concebida. La misma que sostiene la necesidad de enaltecer los mejores valores ciudadanos. La que nunca crispa, no confronta, no prepotea. Pero seguimos diciendo “foro” y pensamos en una congregación de atenienses calmos inaugurando una democracia plácida. Y seguimos tratando a los oyentes radiales, por zarpados que estén, como fuente de toda razón y justicia. Curiosa cultura de mercenarios discurseando sobre la beligerancia. Curiosas falluterías de una guerra por las conciencias. La que también aparece develada en la web de la empresa de Carlos Souto: “Hoy en día, La Ese está decidida a seguir invadiendo amigablemente el territorio más importante de las campañas en las que interviene: la cabeza y el corazón de quienes votan”. Y gracias, Señor, por la suavidad del adverbio: amigablemente.

 

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De: claudia_camba@fibertel.com.ar      Martes, 27 de Abril de 2010

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Mineria en America Latina expoliación envenenamiento y fraude extorsivo

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Esto es lo que les espera en pocos años a las poblaciones argentinas que hoy sufren a las empresas que explotan minas en la zona.  Y luego le harán juicio al Estado argentino que somos nosotros y les tendremos que pagar “daños y perjuicios” justamente a ellos que hoy envenenan y expolian.   Eladio González    Toto

Nos permitimos circular el artículo LA MINERÍA EN AMÉRICA LATINA: el " premio de montaña"  del libre comercio, escrito por Mario Valencia, miembro de Cedetrabajo - Recalca, sobre la minería en Centro América y en Colombia, y los procesos de resistencia social que para hacerle frente vienen emergiendo en diferentes países del continente americano.

 

LA MINERÍA EN AMÉRICA LATINA:

el ‘premio de montaña’ del libre comercio

Mario Alejandro Valencia. Cedetrabajo / Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio, Recalca.

 

26 de abril de 2010.

 

El río San Sebastián, al oriente de El Salvador, se secó. Fue el resultado de más de 50 años de explotación minera en la región de Santa Rosa de Lima, que ha traído irreversibles impactos ambientales y eliminó las posibilidades económicas de miles de habitantes. Hoy a quienes viven en la rivera de lo que antes era el río solo les queda un drenaje ácido que sale de la mina y sus ingresos de menos de un dólar al día les hace imposible comprar el agua potable que les ofrece la transnacional de agua, cerveza y gaseosa, Sab-Miller. La población que rodea la mina Taladrón se quedó sin el agua, sin el oro y sin las ganancias que de ella provinieron. Como si la miseria en que está sumida la comunidad no fuera suficiente argumento, la transnacional Commer Group, de Estados Unidos, se ha valido del TLC con Centroamérica para demandar por 100 millones de dólares al Estado salvadoreño, con el argumento de obstaculizar el comercio por no otorgarle el permiso ambiental para seguir explotando la mina. Lo mismo hizo la Pacific Rim, de capital canadiense y estadounidense, demandando por la misma suma, por no permitir la explotación de la mina El Dorado, al norte de El Salvador.

 

En Guatemala, también firmante del TLC con Estados Unidos, la situación no es muy diferente. Las comunidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacan, en la frontera con México, resisten el accionar de la estadounidense Goldcorp, y las comunidades del oriente se preparan para el inicio del proyecto Cerro Blanco, en un área protegida forestalmente. Por cuenta de las medidas tomadas por el magnate y ex - presidente Álvaro Arzú, Guatemala reformó su ley minera y ya no recibe el 6% de regalías, sino el 1%; todo para las transnacionales, nada para el pueblo. Es tanto el asalto que sufren, que sus habitantes dicen que el Estado termina pagándole a las compañías para que se lleven el oro. Ahora Arzú aspira a ser el vicepresidente de Sandra de Colom, esposa del actual presidente, y profundizar la política minera que convierte a estos países latinoamericanos en enclaves  neocoloniales de Estados Unidos. En Honduras está concesionado el 31% de su territorio total para exploración minera. Durante la dictadura de Micheletti se aprovechó para aprobar más de 240 concesiones mineras. El gobierno canadiense ha prometido su voto positivo para el reingreso de este país a la OEA si acepta una reforma a la ley de minas que privilegie la inversión extranjera en esta actividad.  

 

El corredor minero de Centroamérica es la mayor ambición de las potencias del Norte en el marco de los TLC y el modelo de Libre Comercio, y una necesidad de Estados Unidos ante la actual crisis económica. La única forma que tiene de recuperar su economía es profundizando el saqueo de estos territorios. Los impactos son evidentes para las mayorías centroamericanas: según el PNUD dos millones de salvadoreños, el 35% de su población, viven en tugurios, por debajo de la línea de pobreza. Este ha sido el resultado de 20 años de neoliberalismo en Centroamérica, el mismo modelo que aplicó Colombia desde Céssar Gaviria y que profundizó Uribe Vélez hasta llevarlo a un nivel superior de sumisión y entrega de la riqueza de este país.

 

Colombia, como país minero, es la máxima apuesta de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea con la firma de los TLC. El objetivo es crear un marco jurídico de carácter supraconstitucional, para obtener jugosas ganancias a través de eliminar los requisitos de desempeño y brindarles Trato Nacional a las grandes compañías mineras. Además, abre las puertas para que podamos ser demandados por estas empresas en caso de que el Estado se interponga en sus intereses económicos o no logren obtener las utilidades esperadas en sus proyectos, caso en el que la nación tendría que indemnizarlos. Para ello ha entregado en concesión cinco millones de hectáreas y otras cinco están en proceso de titulación minera. Son 100.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional que se entregan a los extranjeros, cinco veces más que todo El Salvador, o casi la totalidad del territorio hondureño.  

 

Pero los pueblos de América Latina avanzan en la oposición a la globalización neoliberal, demostrando, con procesos de resistencia y propuestas alternativas, que esto no es inevitable y que sí es reversible. En unos se comienzan a implementar con resultados positivos modelos de desarrollo y consumo diferentes al impuesto por el libre comercio. En otros, como el nuestro, hay un ascenso de los procesos que enfrentan la agresión causada por las transnacionales, en contravía de los intereses de comunidades, trabajadores y pequeños mineros.

Con esa naturaleza se creó recientemente la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional. Su objetivo es articular acciones y buscar la unidad de los sectores que están siendo agredidos y desplazados de sus actividades productivas y laborales por la ilimitada voracidad de las compañías mineras extranjeras, con la complicidad del gobierno nacional. Su avance irá evidenciando el creciente descontento de los sectores democráticos del país frente a este modelo de desarrollo basado en la extracción de nuestras riquezas naturales sin beneficios para los nacionales. La derrota de la actual política minera dependerá de la unidad y movilización de la sociedad colombiana en torno a este objetivo común.

 

En el mismo sentido caminan los movimientos sociales en el resto del continente. En cada país se vienen constituyendo frentes y redes que confrontan los grandes proyectos mineros, sumados a esfuerzos latinoamericanos de unidad en torno a la gran minería transnacional, como el abierto en el “Encuentro latinoamericano por la defensa de los recursos naturales y la vida de los pueblos”, realizado entre el 20 y el 22 de abril en San Salvador. La Alianza Social Continental también se presenta como un espacio de articulación, apoyo e impulso de estas luchas.

 

De cara a las próximas elecciones presidenciales en Colombia, es indudable que la mejor alternativa para los intereses nacionales será la del candidato cuyo programa de gobierno manifieste sin ambigüedades su oposición al neoliberalismo y al saqueo de los recursos naturales, y plantee un modelo económico alternativo, que se aleje de Washington y se acerque a las verdaderas necesidades de las mayorías de sus habitantes.

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