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EL
AJUSTE DE MACRI NO CIERRA SIN REPRESIÓN AL CONFLICTO SOCIAL
Acuerdos con EE UU e Israel para reforzar aparato represivo
Fin de año presenta un panorama económico-social desolador para buena
parte de los argentinos. La recesión golpea duro el trabajo y el
ingreso. El gobierno nacional firma acuerdos con países poco
democráticos para mejor reprimir la protesta social.
EMILIO MARÍN
Puede haber diferencias no sustanciales entre los estudios del Indec
oficialista de Jorge Todesca, el Observatorio Social de la
Universidad Católica Argentina, el instituto CIFRA de la CTA de los
Trabajadores, el Centro de Economía Política Argentina y
consultoras privadas, pero en lo troncal los números van muy
parejos, siempre en aplazo de la gestión gubernamental.
Por ejemplo, el PBI terminará con un 2,4 por ciento negativo en el 2016.
La UCA asevera que el desempleo ya llegó al 10 por ciento, los
temidos dos dígitos, luego que la última medición del Indec
arrojara un 9,3 por ciento. Para CEPA de Hernán Letcher eso supone
más de 213.000 despedidos en la economía formal, a lo que debería
agregarse más del doble de pérdida para los trabajadores "negro".
Según la UCA el número de pobres había aumentado en 1.4 millón de
personas, con lo que más del 32 por ciento de los argentinos está
en esa triste condición. Y no es que en el gobierno anterior la
cifra correcta fuera del 5 o 6 por ciento, como macaneaba el Indec de
Guillermo Moreno, pero era sensiblemente menor. Los sindicatos se
quejaron por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, de
quienes han podido mantener el empleo, porque la inflación cerrará
el año en 42 por ciento; los salarios perdieron alrededor del 10 por
ciento y las jubilaciones un poco más.
Y no se trata solamente de protestas de los asalariados y jubilados,
que han estado a la cabeza de los conflictos laborales. También hay
reclamos de Pymes y cooperativas, como se vio meses atrás en la
resistencia a los tarifazos en la energía dictados por Macri y el ex
CEO de Shell, Juan J. Aranguren.
La insatisfacción social y gremial es tal que en la ciudad de Buenos
Aires hay piquetes y marchas todos los días, caotizando el tránsito.
Son protestas legítimas, no siempre bien conducidas, pero con muchas
razones de ser. Y en los hechos pulverizan la "cláusula de paz
social" firmada un mes atrás por los dirigentes del Movimiento
Evita, Barrios de Pie y CCC con los ministros Jorge Triaca y Carolina
Stanley. La pobreza y el hambre no respetan treguas cupulares.
Recetas represivas
No vaya a creerse que el conflicto social es sólo de los sectores muy
humildes. Centenares de jóvenes profesionales están ocupando hace
casi una semana el ministerio de Ciencia y Técnica conducido por el
ubicuo Lino Barañao (hombre del agrobusiness como se alertó aquí
desde que fue promovido a ministro por CFK). Esos científicos claman
contra los recortes presupuestarios y pérdida de puestos de trabajo
en el Conicet, decididos por Macri y Prat-Gay en contraste con tantas
medidas favorables al agro, la banca, la exportación y la minería.
No hace falta ser adivino para pensar que si esta protesta social sigue
in crescendo, al margen de una pausa posible en tiempos de Fiestas y
vacaciones, en algún momento van a producirse picos altos de
confrontación política entre el gobierno (el nacional y algunos
gobiernos de provincia) y los sectores afectados por el ajuste.
¿Cuál puede ser en ese caso la actitud del PRO-Cambiemos?
En principio insistirá en su política, mezcla de unas pocas zanahorias
y unos cuantos garrotes. Prometerá ampliar los fondos previstos de
10.000 millones de pesos para atender la emergencia social, por
ejemplo, o puede negociar otra vez con la CGT algún parche como el
bono de fin de año, que será pagado por una minoría de empresas
privadas y con cantidad pequeña de efectivo por el Estado y algunos
gobernadores.
Agotadas esas instancias, saldrá a relucir el "palito de abollar
ideologías", diría Quino por medio de la inolvidable Mafalda. La
policía y Gendarmería ya lo hicieron en este 2016, comenzando por
las balas de goma y palos a los despedidos en la Municipalidad de La
Plata y los obreros de Cresta Roja, y siguiendo con otros casos donde
se llevó a la práctica el nunca aplicado completamente "protocolo
anti piquetes".
De esa represión policial no se salvan siquiera legisladores que
concurren solidarios por determinadas causas, como se vio esta semana
con la diputada Mayra Mendoza, del Frente por la Victoria, tomada
violentamente del cuello y arrojada al suelo por la policía de Jujuy
cuando sólo quería ingresar al juicio de Milagro Sala. El caso de
Sala es también paradigmático por estar presa casi un año, siendo
legisladora del Parlasur y a pesar de los pronunciamientos habidos
por su libertad del Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Frente al recrudecimiento de las protestas callejeras, por un lado, y
mayores robos y delitos comunes, por el otro, salen a flote otra vez
las corrientes punitivas, de orientación derechista, que claman para
que se ponga orden con más represión y endurecimiento de penas.
Esta película de terror ya se vio en tiempos del seudo ingeniero
Juan Carlos Blumberg.
Ese
endurecimiento de penas y mayores facultades a la policía agravaron
el problema y encima dejaron un saldo muy doloroso de presos y
muertos. El último informe de la Correpi, presentado este mes,
indicó que el gobierno de Macri es responsable de 259
muertes por violencia institucional, entre casos de "gatillo
fácil", muertes de personas detenidas y desapariciones forzadas.
Peligrosos acuerdos
Cuando MM era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y debió dar
explicaciones de haber designado a Jorge "Fino" Palacios al
frente de la Metropolitana, estando imputado en el atentado a la
AMIA, adujo que se los habían recomendado las embajadas de Israel y
EE UU. Esa dependencia suya en materia de seguridad se mantiene inalterable. Su
ministra de Seguridad y autora del referido "Protocolo anti piquetes", Patricia Bullrich, estuvo en noviembre en Israel con una
amplia comitiva. Allí se reunió con el ministro
de Seguridad Pública, Gilad Erdan, y participó de la 4ª
Conferencia Internacional ISRAEL HLS & CYBER 2016, en Tel Aviv.
Ese evento sirve al estado sionista para promover su imagen de escudo de
seguridad y vender equipos y armamentos. Participan funcionarios del
gobierno de Benjamin Netanyahu y gobiernos amigos, empresas,
consultores, distribuidores y firmas privadas de seguridad.
Bullrich y su secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, fueron a
aprender de un Estado que oprime, bloquea e invade en forma genocida
al pueblo palestino. Y con ese aliado tan admirado la ministra firmó
acuerdos para enfrentar la inseguridad, el narcotráfico y el
terrorismo, y adquirió drones, cámaras y radares. También habrá
validado nuevos acuerdos para que las fuerzas de seguridad continúen
cursos de perfeccionamiento con los efectivos israelitas y el Mossad.
Además el gobierno nacional firmó con EE UU un acuerdo para que las FF AA
argentinas se unan con la Guardia Nacional de Georgia. El compromiso
recién fue dado a conocer oficialmente en Buenos Aires el 14 de
diciembre en un acto donde habló el ministro de Defensa, Julio
Martínez, con presencia de los embajadores Noah Mamet y Martín
Lousteau.
El Centro de Militares por la Democracia (Cemida), con las firmas del
Coronel ® José L. García y Elsa Bruzzone, alertó que ese acuerdo
ubica a los militares argentinos como dependientes de la Guardia
Nacional de Georgia, dentro de un Programa de Asociación Estatal
(SPP por su sigla en inglés), bajo la órbita del Comando Sur del
Ejército norteamericano.
El disfraz de ese intervencionismo es prestar colaboración humanitaria
en casos de catástrofes naturales, pero también añade "la
seguridad fronteriza y la cooperación en Operaciones de Paz y su
preparación". Según el comunicado norteamericano, "la Guardia
Nacional llevará a cabo acciones militares entre los dos grupos, no
sólo en apoyo de los objetivos de seguridad y defensa sino que
también hará uso de las relaciones de toda la sociedad y recursos
para facilitar las acciones interinstitucionales y de respuesta,
no sólo con los medios militares sino también con el
gobierno, y los sectores sociales y económicos".
Esto abre una puerta peligrosísima a la intervención militar yanqui en
seguridad interna que las fuerzas argentinas tienen vedado realizar
por ser diferente a la seguridad nacional. Se le permitirá hacer al
Comando Sur hacer lo que está prohibido por ley de Seguridad
Interior a los uniformados argentinos.
El ministro Martínez informó que la presidencia había autorizado un
plan de compra de 40.000 millones de pesos para aviones, blindados,
patrulleras oceánicas, fusiles y pistolas, a empresas
norteamericanas, italianas e israelíes. ¿Acaso para reforzar una
hipótesis de conflicto por Malvinas? No. Nada que ver, con el Reino
Unido y con participación ilegal de los kelpers, el vicecanciller
argentino acaba de firmar en Londres un vergonzoso acuerdo para poner
la soberanía bajo la sombrilla menemo-cavallista y hacer negocios
con quienes usurpan esa parte del territorio nacional.
Las armas actuales y las nuevas por comprar, así como las hipótesis de
conflicto, no apuntan al Atlántico Sur contra la potencia
colonialista. La mira de Macri está puesta en el frente interno.
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