De: Jorge Araya [mailto:siemprepelusa@hotmail.com]
Enviado el: martes, 1 de diciembre de 2020 15:05
Tan infame como provocadora impunidad para montón de cobardes torturadores y asesinos: "seria y profunda involución en materia de Derechos Humanos, violentándose principios de la proporcionalidad de la pena y la garantía de no repetición..."
Caso Colombo: absuelven a 60 ex agentes de la DINA por secuestro de 16 víctimas
Entre los favorecidos por esta sentencia se encuentran ex agentes como Pedro Espinoza, Miguel Krassnoff Martchenko, Ricardo Lawrence y Basclay Zapata.
| 30 de noviembre 2020
La Corte de Apelaciones de Santiago dictó fallo de segunda instancia en el Episodio Operación Colombo, proceso en que se investigaron numerosos secuestros calificados de 16 militantes de izquierda, mayoritariamente del MIR, ejecutados por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, ocurridos entre el 17 de junio de 1974 y 6 de enero de 1975.
El fallo que fue pronunciado por los ministros Juan Cristóbal Mera, Mireya López y abogado integrante don Jaime Guerrero, revocó y modificó sustancialmente la sentencia de primera instancia, dictada por el magistrado en visita Hernán Crisosto Greisse.
De esta manera se absuelve a 30 agentes de la DINA que habían sido condenados como cómplices. Así, también, 31 agentes condenados como autores fueron absueltos. Finalmente, los condenados por la sentencia de segunda instancia suman 42 agentes de la DINA, de los cuales ninguno cumplirá en cárcel, pues todos vienen siendo beneficiados con la libertad vigilada o remisión condicional de la pena.
Quedan favorecidos entre otros agentes, César Manríquez, Pedro Espinoza, Miguel Krasnoff y Raúl Iturriaga Neumann, todos ellos venían siendo condenados a penas de 20 años de presidio en el fallo del Ministro Crisosto, las cuales quedaron reducidas a cuatro años, con libertad vigilada.
El resto de los sentenciados, en su mayoría, fueron sancionados por la Corte de Apelaciones a tres años y un día, con libertad vigilada, en circunstancias que el ministro en visita les había asignado una pena de 13 años de presidio, sin beneficio. Se trata de los ex miembros de la DINA Fernando Lauriani Maturana, Gerardo Godoy García, Ricardo Lawrence Mires, Ciro Torré Sáez, Manuel Carevic Cubillos, Rosa Humilde Ramos, Hermon Alfaro Mundaca, Nelson Paz Bustamante, José Aravena Ruiz, Claudio Pacheco Fernández, Nelson Ortiz Vignolo, José Ojeda Obando, Hugo Hernández Valle, Juan Urbina Cáceres, Manuel Rivas Díaz, Rissiere Altez España, Daniel Cancino Varas, Alfredo Moya Tejeda, Gerardo Meza Acuña, Manuel Avendaño González, Raúl Rodríguez Ponte, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Gerardo Urrich González, Sergio Castillo González, Teresa Osorio Navarro, José Fuentes Torres, Pedro Alfaro Fernández, Hiro Álvarez Vega, Gustavo Carumán Soto, Orlando Torrejón Gatica, Enrique Gutiérrez Rubilar, Luis Videla Insunza, Osvaldo Pulgar Gallardo, José Yévenes Vergara Olegario González Moreno, Orlando Manzo Durán , Basclay Zapata Reyes, Samuel Fuenzalida Devia.
El fundamento de esta rebaja sustancial de las penas y que dejó a todos los condenados sin tener que cumplir en la cárcel es la aplicación de la atenuante de la irreprochable conducta anterior y de la media prescripción, siendo Jaime Guerrero, abogado integrante, quien se manifestara disidente al respecto.
Para el abogado querellante, Nelson Caucoto, este fallo “constituye una seria y profunda involución en materia de derechos humanos, violentándose principios de la proporcionalidad de la pena y la garantía de no repetición a las que se encuentra sujeto nuestro país, en el marco del derecho internacional de los Derecho Humanos”.
El jurista expresó que “nos resulta inaceptable un fallo de esta naturaleza, que afecta tan directamente a los familiares de las víctimas, que han confiado ciegamente en la acción de la Justicia, durante 45 años, para que, finalmente, esa profunda y anhelada aspiración se esfume de golpe con un fallo como este”.
Caucoto agregó “La opinión pública coincidirá con nosotros cuando decimos que se violenta el sentido común y el sentimiento de justicia, cuando acreditados 16 secuestros calificados, no existe ninguna condena de cárcel efectiva. ¿Qué valor se asigna a la vida de estos 16 chilenos que fueron secuestrados y hechos desaparecer por una dictadura brutal, y que los mantiene hasta hoy sin saber dónde se encuentran o donde fueron dejados sus restos? En qué pie queda la garantía de no repetición, que obliga a Chile en el concierto internacional. Se puede secuestrar y hacer desaparecer a decenas de víctimas y quedar en libertad. Eso es impunidad, pura y dura”.
Para Nelson Caucoto, este fallo debe constituir una señal de alerta para el mundo de los Derechos Humanos, las agrupaciones de víctimas y el País, en general.
La Operación Colombo fue un gran operativo de inteligencia de la DINA, que intentó hacer aparecer como abatidas en el exterior a 119 personas secuestradas en Chile, las que habrían perecido luego de enfrentarse entre ellos. Este montaje comunicacional fue desbaratado años después, a través de las investigaciones judiciales, demostrándose como una gran mentira implementada por la Dictadura.
Este proceso investigó la suerte de 16 de esas 119 víctimas. Se trata de Francisco Aedo Carrasco, Jorge Elías Andrónicos Antequera, Juan Carlos Andrónicos Antequera, Jaime Buzio Lorca, Mario Calderón Tapia, Cecilia Castro Salvadores, Rodolfo Espejo Gómez, Agustín Fioraso Chau, Gregorio Gaete Farías, Mauricio Jorquera Encina, Isidro Pizarro Meniconi, Marcos Quiñones Lembach, Sergio Reyes Navarrete, Ida Vera Almarza, Juan Carlos Rodríguez Araya y Jilberto Urbina Pizarro.
A 45 años de la Operación Colombo: lucha, (in)justicia y memoria
Nicolás Arraño Moreno
| 24 de julio 2020
Esta semana se conmemoran 45 años de Operación Colombo o Caso 119, operativo civil y militar llevado a cabo en 1975 por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuyo fin fue encubrir, mediante un montaje comunicacional, la desaparición forzosa de 119 chilenos y chilenas. Considerada como la primera acción informal de la Operación Cóndor, la desaparición de estas 119 personas contó con la colaboración de los servicios de inteligencia de Brasil y Argentina que, a través de publicaciones en falsos periódicos, divulgaban listas de chilenos, hasta ese momento desaparecidos, que habrían perecido asesinados en diferentes países.
Sin lugar a duda, el Caso 119 resultó ser un operativo impresionante en cuanto a la capacidad de coordinación entre diversos actores civiles, militares, nacionales e internacionales, para falsear la realidad. El camino, plagado de montajes, omisiones y mentiras ha hecho de la búsqueda de justicia una tortuosa experiencia para los familiares que, en base a fuerza, lucha y compromiso, han sabido construir, mucho antes de que los criminales fuesen condenados, la senda de la memoria.
En el presente texto hacemos un balance de los avances en materia de justicia y en las formas de levantar memoria, a partir del Caso 119, entendiendo estas dos luchas como fundamentales para la construcción de una sociedad que no dé lugar al olvido ni a la impunidad. De esta manera, memoria y justicia aparecen como caminos que se entrecruzan y dialogan, cimentados, paso a paso, por los familiares, compañeros y compañeras de los 119, que han hecho de la lucha su vida.
La guerra sicológica: Operación Colombo
Desde su inicio, el 11 de septiembre de 1973, la Dictadura aplicó, entre sus actos criminales, la desaparición forzada de personas, práctica que, según diversos estudios, ha sido considerada como la más cruel de las formas de violación de Derechos Humanos, pues impide a los familiares procesar el respectivo duelo psicológico y material, lo que se traduce en un daño permanente, definido como cronificación del daño.
Esta práctica, según consigna el Informe Rettig [Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación], consistió en la aprehensión y secuestro de la persona, para ser trasladada a algún lugar clandestino de reclusión, “acción acompañada o seguida de medidas de ocultamiento y negativas oficiales” a reconocer la detención, impidiendo “la disposición de sus restos, de modo que no pudieran ser encontrados”. Dicha fórmula, implica, además, una compleja situación desde el punto de vista jurídico, y de aplicación de justicia o, más bien, de imposibilidad de su aplicación. En efecto, al no haber pruebas materiales de los hechos, se depende sólo de los testimonios de las personas que estuvieron con el prisionero y/o de testigos. A lo anterior, debemos sumar el hecho que a los detenidos se les aplicó legislación en tiempos de guerra, lo cual configura una ilegalidad, que contraviene todos los principios y tratados internacionales referentes a los Derechos Humanos (DD.HH.).
Para atender el desarrollo del Caso 119, se debe comprender la estrategia de guerra psicológica desplegada por el Régimen, en su afán de “conquista del espacio interior de las personas”, al cual se penetra a través de mensajes. “Tales mensajes actúan sobre los sentimientos y pensamientos de los individuos, con el fin de cambiar sus conductas y comportamientos”, es decir, en su intento por encubrir la acción represiva y desmoralizar la resistencia al Régimen, manipulando la opinión pública y el sentido común.
Será en el marco de estas políticas represivas y de exterminio, que, en 1975, la DINA, en colaboración con los servicios de inteligencia de Brasil y Argentina, llevaron a cabo la denominada Operación Colombo. Así, entre el 27 de mayo de 1974 y el 20 de febrero de 1975, fueron secuestrados por la DINA 100 hombres y 19 mujeres, la mayoría menores de 30 años, entre los cuales 94 eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), 10 del Partido Socialista (PS), nueve del Partido Comunista (PC), dos del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), uno de la Liga Comunista y tres sin militancia conocida.
Ante la temprana presión de los familiares, del Comité de Colaboración para la Paz y de organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denunciando los secuestros y presentando recursos de amparo reiterativamente, es que los servicios de inteligencia dan paso a un macro-montaje comunicacional, con el fin de ocultar las acciones criminales que tenían deparadas para los 119. De esta manera, comienzan a publicarse, en distintos medios de prensa nacionales, notas acerca de la instrucción militar que estarían recibiendo en el extranjero opositores al régimen. Así, el 12 de junio de 1975, el vespertino La Segunda notificaba, en sus titulares, Dos mil marxistas reciben instrucción en Argentina y Se organizan guerrillas en contra de Chile, indicando que entre ellos se encontraban opositores dados por desaparecidos en Chile. A esto le siguió una seguidilla de publicaciones de la prensa controlada por la Dictadura, denunciando el falso plan subversivo que se ideaba desde el extranjero, por grupos de izquierda.
No obstante, la guerra sicológica promovida por la DINA requirió de la cooperación de sus pares argentinos y brasileños, quienes, a través de ficticios medios de prensa, anunciaban la muerte de 119 chilenos y chilenas. De este modo, el 25 de junio, en Curitiba, Brasil, un diario de irregular circulación llamado O’Día anunciaba que 59 chilenos, militantes del MIR, habían resultado muertos en enfrentamientos con la policía argentina, en Salta. Asimismo, en Buenos Aires el 15 de julio, la revista Lea publicaba, mediante un reportaje acerca de la “vendetta chilena”, que 60 miristas chilenos habían sido asesinados en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia por “sus propios compañeros de lucha”. Ninguno de estos medios se publicó de nuevo y de la única edición de O’Día las autoridades brasileñas se desentendieron; sin embargo, para el caso argentino, el único número de Lea fue editado por la empresa Codex, vinculada al Ministerio de Bienestar Social argentino, que se encontraba a cargo del líder de la Triple A [Alianza Anticomunista Argentina], José López Rega.
El único fin de estas publicaciones fue que las noticias repercutiesen en Chile y sirviesen de referencia para la prensa nacional. Luego, el montaje continuaría con la publicación del día 23 de julio de 1975, en el diario El Mercurio, de la lista de 60 miristas asesinados, citando a Lea. Al día siguiente, La Segunda, bajo el titular Exterminan como ratas a miristas, divulgaba la lista de 59 muertos, haciendo alusión a lo publicado por O’Día. Finalmente, el día 25, La Tercera titulaba Miristas asesinados en Argentina se burlaban de tribunales chilenos, replicando la información. El cruel montaje, perpetrado bajo la lógica de la guerra sicológica, se encontraba consumado. No obstante, las labores de los familiares, compañeros y compañeras, organismos de DD.HH., prensa internacional y las investigaciones, realizadas a posteriori por el juez Juan Guzmán; han dejado al descubierto esta gran farsa.
La reacción de los familiares y compañeros: injusticia dictatorial, lucha y memoria
Desde el comienzo de las detenciones, los familiares buscaron la forma de denunciar lo que acontecía. En ese sentido, acudieron al Comité de Colaboración para la Paz, que se mostró, con un gran sentido de humanidad y solidaridad, como un pilar de apoyo, brindándoles asistencia jurídica y espiritual. Así, aun creyendo en las labores judiciales, se presentaron múltiples recursos de amparo por cada uno de los detenidos.
El 28 de mayo de 1975, se logró presentar ante la Corte de Apelaciones una solicitud colectiva de 164 familiares de detenidos desaparecidos, para investigar su paradero, la que fue rechazada. En tanto, el 8 de julio se replicó la solicitud en la Corte Suprema, corriendo la misma suerte. Al momento de la publicación de las listas, por parte de la prensa dictatorial, ya se habían presentado recursos de protección por la mayoría de los 119, en distintos juzgados del País. Sin embargo, la respuesta del Poder Judicial ante las desapariciones fue nula, tal y como consigna la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA):
“Los tribunales aceptaron las peticiones del Gobierno de que estos no podían solicitar, directamente, informaciones a la DINA sobre los detenidos y jamás se constituyeron en los recintos secretos en que se denunció podrían encontrarse los detenidos. De los miles de recursos de amparo que se presentaron, muy pocos fueron acogidos y, en el caso de los desaparecidos, puede afirmarse, ninguno de ellos logró salvar la vida de un desaparecido”.
De esta forma, los familiares y compañeros, asumiendo que el Poder Judicial no actuaría, se volcaron hacia la organización, la lucha y la persistencia para denunciar y visibilizar las desapariciones. Congregados en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), fueron múltiples las acciones emprendidas que buscaban conmover a la opinión pública, tanto nacional como internacional. Se escribieron cartas a las autoridades, a los tribunales, a la Cruz Roja Internacional, se realizaron campañas internacionales y se tomaron las calles.
Al publicarse las listas de los 119, las agrupaciones de DD.HH. y la militancia de izquierda se percataron, inmediatamente, del montaje. Julio Moreno Fuenzalida, hermano de Germán Moreno Fuenzalida, quien aparece en una de las listas, el mismo 24 de Julio de 1975 escribía una carta desde su prisión política, en Ritoque, a su madre y hermana, en la que versaba:
“La noticia de las muertes de Germán, Marcos y otro centenar de compañeros nos golpea brutalmente […]. Mamá, Nany, el dolor del asesinato de nuestro hermano no nos pertenece, no tenemos derecho a considerarlo solamente nuestro, su muerte es un golpe para todos los trabajadores, los campesinos, los pobres, porque por ellos vivió y murió, es un golpe para todos los que consideran como suya la causa del Socialismo que es también la nuestra”.
Así, también, el 31 de julio de 1975, 95 detenidos del Campamento Melinka, en Puchuncaví, que decían haber visto a gran parte de los desaparecidos de las listas en distintos centros de detención, iniciaron la primera huelga de hambre en dictadura, denunciando la falsedad de las publicaciones de la prensa y exigiendo verdad y justicia. Así, fueron muchas las protestas que marcaron la lucha de los familiares y compañeros de detenidos desaparecidos, entre las que destacan dos huelgas de hambre, desarrolladas, en 1977, en la sede de la CEPAL [Comisión Económica para América Latina y El Caribe] y en la Iglesia San Francisco; una tercera en 1978 con motivo del decreto Ley de Amnistía en parroquias de Santiago y en el local de la UNICEF [Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia]; y el encadenamiento, en 1979, al ex Congreso Nacional, en aquel entonces Ministerio de Justicia. Todas estas acciones no obtuvieron respuesta sobre el paradero de los desaparecidos, pero, sin embargo, fueron forjando el camino de la memoria que luego develaría el montaje. Pues, tal y como indica Carla Peñaloza, “la temprana organización de los familiares de las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos y la creación de redes de solidaridad y denuncia que los cobijaron, favorecieron la construcción de una memoria de los vencidos”.
(In)Justicia Transicional y Memoria: condenas, colectivos y memoriales
Al momento de asumir como Presidente de la República, Patricio Aylwin, en marzo de 1990, anuncia las aspiraciones de su gobierno por esclarecer la verdad acerca las violaciones a los Derechos Humanos, ocurridas entre 1973 y 1990. Bajo este principio, el 25 de abril se aprueba el Decreto Supremo 355, que crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, presidida por el jurista Raúl Rettig, cuyo informe, entregado nueve meses después, resultó categórico, al reconocer los crímenes perpetrados por el Estado, de manera sistemática, durante los 17 años de la dictadura.
Para la calificación de los casos, resultaron fundamentales los archivos que habían formulado en su lucha, durante toda la Dictadura, las agrupaciones de familiares de las víctimas y de DD.HH. Si, bien, el Informe contribuyó al reconocimiento oficial de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, carecía de un carácter vinculante con la Justicia y, en la medida que no contó con la colaboración de las Fuerzas Armadas, tampoco significó un avance para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. Además, el cariz pactado de la transición contemplaba la mantención de enclaves autoritarios y la vigencia de la Ley de Amnistía, promulgada en dictadura, que constituyeron trabas enormes a los procesos que se pudiesen impulsar en la búsqueda por verdad y justicia.
Ante tal panorama desalentador en materia jurídica, las acciones de memoria se mostraban como una opción para palear el dolor, mientras los tribunales mantuviesen impunes a los criminales y no se supiera del paradero de los desaparecidos. En ese sentido, la inauguración, en 1994, del Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutado Políticos del Cementerio General marcó un hito, ya que entregó a los familiares y al pueblo chileno un espacio donde poder conmemorar y llorar a los arrebatados y arrebatadas por el terrorismo de Estado.
Las conmemoraciones, año a año y el levantamiento de sitios de memoria, a partir de la recuperación de centros de detención, ha enriquecido la tarea de memoria desplegada por las agrupaciones de DD.HH. y familiares. A pesar de que la Justicia no ha obrado como se desearía, la organización civil, con apoyo institucional, ha impulsado iniciativas ejemplares en materia de memoria. En ese sentido, los proyectos de Londres 38, la Casa de la Memoria de José Domingo Cañas, el Parque por la Paz Villa Grimaldi y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, todos vinculados al Caso 119, son ejemplos de la fructífera labor realizada, que ha fomentado la construcción de una sociedad sin amnesia, que promueva los valores democráticos con miras al futuro. En este tránsito, el Centro Cultural 119 Esperanzas y el Colectivo 119 Familiares y Compañeros, en conjunto con diversos actores sociales, sean estudiantes, trabajadores o pobladores, han desarrollado distintas actividades y proyectos, a lo largo de los años, entre los cuales se cuentan un memorial en la Bahía de Quintero, erigido junto al sindicato de pescadores de la Caleta El Manzano, en 2010, otro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, inaugurado el 2014, junto a los estudiantes o la producción del documental 119 esperanzas, en 2013, por sólo mencionar algunas, a las que se suman los actos realizados en cada fecha conmemorativa, en los múltiples espacios de memoria.
En cuanto a la justicia, en 1998, el juez Baltasar Garzón incluyó la desaparición de los 119 entre las causas que motivaron la detención de Pinochet en Londres, mientras que, en los tribunales chilenos, el juez Juan Guzmán fue el encargado de investigar a la DINA. En aquel proceso, Guzmán determinó investigar el paradero de algunos de los 119, en el marco de la Operación Cóndor, pues la vinculación entre ambas operaciones quedó en evidencia tras descubrir distintos archivos en Argentina, el año 1978, en la oficina de Mario Arancibia Clavel, ex miembro de Patria y Libertad y agente exterior de la DINA, que participó en los atentados contra el ex comandante en jefe Raúl Schneider y en el doble asesinato de Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. Entre los documentos encontrados, había cedulas de identidad de desaparecidos chilenos, algunas de las cuales correspondían a víctimas de la Operación Colombo, así como, también, se encontró una lista de otros 32 nombres que aparecieron en las listas de los 119. En otros procesos, llevados adelante en el país vecino, se ha evidenciado la colaboración de Arancibia con los grupos de exterminio de la dictadura argentina, llegando a establecerse su implicancia en la Operación Cóndor y quedando demostrado el rol que supuso la Operación Colombo como antecedente para la coordinación entre los servicios de inteligencia de las dictaduras de Latinoamérica, adscritos a la Doctrina de Seguridad Nacional.
En Chile, el escenario judicial cambió cuando los jueces comenzaron a aplicar la figura del secuestro permanente, lo que implica que el delito, mientras no aparezca el cuerpo, aún se mantiene vigente. Por otra parte, comenzaron a primar las normas internacionales acerca de las violaciones a los Derechos Humanos, consagradas en el Convenio de Ginebra y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que indican a los crímenes de lesa humanidad como inamnistiables e imprescriptibles, de manera tal que estos avances en materia judicial han permitido los procesos indagatorios que, hasta hoy, siguen su curso.
Aunque el Caso 119 no ha sido llevado como causa conjunta a la Justicia, muchos de los detenidos de la operación han sido incluidos en las causas de las casas de memoria ya nombradas o, bien, cada familia ha iniciado procesos de forma particular. Lo que, sin duda, marcó un hito en cuanto a la justicia transicional en Chile fue cuando, el 28 de enero de 2005, la policía de investigaciones tomaba detenido en su hogar al ex director de la DINA, el general (r) Manuel Contreras, para ser trasladado al Penal Cordillera y cumplir, ahí, una condena de 12 años, por el caso de Miguel Ángel Sandoval, víctima de la Operación Colombo. A su vez, fueron sentenciados el coronel (r) Marcelo Moren Brito y el brigadier (r) Miguel Krassnoff. Con este hecho comenzaría un desarrollo de mayor apertura de procesos, a los que le siguieron múltiples sentencias.
De acuerdo con la información proporcionada por la abogada Loreto Meza, del entonces Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a agosto del 2016, por las víctimas de la Operación Colombo se habían dictado 52 condenas efectivas y ejecutoriadas, habiendo 35 causas sentenciadas en primera o segunda instancia, 10 en investigación o etapa de sumario y 19 procesos en etapa de plenario, esperando que se dicte sentencia. No obstante, al observar los nombres de los militares a quienes se dictan diferentes condenas, estos se repiten una y otra vez, resultando sentenciados nada más que un reducido número de agentes de la DINA, principalmente, su plana mayor: Manuel Contreras, Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito, Basclay Zapata Reyes, Pedro Espinoza Bravo, Francisco Ferrer Lima, Rolf Wenderoth Pozo, Raúl Iturriaga Neumann y Osvaldo Romo Mena, único civil condenado.
Así, el Poder Judicial ha ignorado, al momento de ejercer justicia por el caso 119, la gran cantidad de funcionarios y agentes, civiles y militares con los que contó la DINA. Además, ha desconocido a los otros grandes promotores de la guerra sicológica: La prensa y periodistas involucrados, muchos de los cuales mantuvieron impunemente sus trabajos en los medios escritos nacionales, como dejó demostrado el trabajo de la periodista Lucía Sepúlveda. A esto se le suma que el dictador Augusto Pinochet, quien emitía órdenes directas a la DINA, manteniéndose al tanto de todos sus movimientos y, por lo tanto, fue ideólogo activo de la Operación Colombo, murió impune. Aunque desaforado, a petición del juez Guzmán, en 2004, el tirano falleció el 10 de diciembre del 2006, sin condena alguna.
Reflexiones
Es posible sostener que la Justicia fue, en primera instancia, la vía a la que recurrieron familiares y compañeros de los 119, quienes, por medio de presentaciones, requerimientos y diligencias judiciales buscaban saber la verdad, aunque, con un aparato judicial absolutamente al servicio del terrorismo de Estado, no lograban prácticamente nada. No obstante, todas aquellas denuncias y registros formulados por la AFDD, el Comité de Colaboración para la Paz y, luego, la Vicaría de la Solidaridad, hoy constituyen los archivos del sufrimiento que, como señala Carla Peñaloza, han sido concebidos “en un primer momento como testimonios de denuncia, de investigación y condena a la Dictadura y hoy como archivos de memoria”.
Ignorados y violentados por el Poder Judicial, la acción y movilización se constituyó como el camino a seguir para las agrupaciones, a fin de visibilizar el Caso y las sistemáticas violaciones a los DD.HH. Así, los familiares y compañeros de las víctimas, arriesgando incluso sus vidas y sin temor a represalias, en plena dictadura tenían el coraje de protestar, denunciar y mostrar a la oprimida opinión pública chilena, los crímenes que el régimen pretendía ocultar. En esta seguidilla de acciones es donde las agrupaciones germinan la semilla de la memoria, que hoy se configura como un sólido y robusto árbol que ha facilitado y posibilitado las labores en materia de justicia y reparación. De esta forma, los familiares, en su desesperación por denunciar y saber la verdad, abrieron, sin proponérselo, la senda de la memoria herida que hoy vemos consolidada, más no concluida.
La lucha de las agrupaciones logró concientizar a gran parte de la sociedad chilena respecto a las violaciones a DD.HH. que perpetraba la dictadura, de manera que, una vez llegada la democracia y con una sociedad al tanto de los crímenes, la fuerza de las agrupaciones se volcó a la búsqueda de verdad y justicia y a la construcción de memoria. Con un trabajo de visibilización y denuncia realizado durante toda la Dictadura y con el montaje comunicacional de la Operación Colombo derribado, en el período transicional la lucha debía darse tanto en el ámbito jurídico –en tribunales, tratando de condenar a los culpables y de conocer el paradero de los 119– como en la esfera social, promoviendo el principio pedagógico de la memoria de mantener presente los hechos traumáticos de nuestro pasado reciente y haciendo del nunca más un compromiso con la democracia.
En cuanto a los procesos judiciales, las cifras expuestas muestran los avances a lo largo del periodo transicional. A pesar de los procesos en curso y los ya ejecutoriados, las condenas por el caso 119 sólo han implicado la pena de cárcel para la plana mayor de la DINA, repitiéndose, en cada sentencia, los mismos nombres, desconociendo que dicha organización contó con miles de funcionarios y colaboradores, tanto militares como civiles. Además, Pinochet murió sin cumplir condenas y no ha habido condena alguna para los periodistas que formaron parte activa del montaje de la Operación Colombo, omitiendo el rol criminal jugado por la prensa proclive a la Dictadura. Mención aparte merecen las condiciones en que los criminales han sido encarcelados.
Los años siguen pasando y los pactos de silencio se mantienen intactos, la pregunta ¿dónde están? no halla su respuesta, la mayor parte de los criminales mueren sin ser condenados, en tanto los familiares de los y las 119 también fallecen. La atrocidad y brutalidad de la desaparición implica, para el familiar, el compañero o la compañera, una angustia latente, por lo que el daño se prolonga en el tiempo, significando que toda medida reparatoria resulte insuficiente, pues el luto es de nunca acabar. Esta cronificación del daño, sumada a la impunidad biológica a la que ha apelado, constantemente, el Poder Judicial, hace difícil que podamos hablar de justicia y reparación.
La desaparición de los cuerpos es un atentado a la Historia, pues los criminales consideraron que había personas que no merecían permanecer en nuestro tiempo y espacio, ni podían dejar huella en esta tierra. Pero, a pesar del intento del terrorismo de Estado de eliminar de todo relato a los 119, surge con fuerza la memoria y una tortuosa búsqueda de verdad y justicia. Este arduo trabajo y compromiso, que han mostrado desde un principio las agrupaciones de familiares y DD.HH., hace posible que hoy sea insostenible la negación de los crímenes que la Dictadura perpetró y pretendió ocultar.
El mayor homenaje para los 119, es continuar la senda de la memoria, haciendo honor a sus vidas entregadas a la militancia y a sus convicciones. Hoy, el pueblo chileno los releva en las luchas por las que vibraron y se entregaron. De esta manera, la ausencia de los cuerpos es compensada con memoria y lucha.
Lista de los 119 compañeros y compañeras:
- Arturo S. Aguilera Peñaloza
- Francisco Aedo Carrasco
- Rubén David Arrollo Padilla
- Miguel Acuña Castillo
- Víctor D. Arévalo Muñoz
- Alberto Vladimir Arias Vega
- Jorge Elías Andrónico Antequeras
- Juan Carlos Andrónico Antequeras
- María Inés Alvarado Boergel
- María Angélica Andreoli Bravo
- René R. Acuña Reyes
- Eduardo Alarcón Jara
- Sonia del C. Bustos Reyes
- María Teresa Bustillos Cereceda
- Jacqueline del C. Binfa Contreras
- Jaime M. Buzio Lorca
- Carmen C. Bueno Cifuentes
- Arturo Barría Araneda
- Antonio S. Cabezas Quijada
- Francisco J. Bravo Núñez
- Mario A. Carrasco Díaz
- Mario E. Calderón Tapia
- Alfonso A. Chanfreau Oyarce
- Claudio Contreras Hernández
- Juan A. Chacón Olivares
- Cecilia G. Castro Salvadores
- Abundio Contreras González
- Ismael Darío Chávez Lobos
- Carlos L. Cubillos Gálvez
- Manuel Cortes Joo
- Roberto S. Chaer Vásquez
- Washington Cid Urrutia
- Jacqueline Drouilly Yurich
- Luis E. Duran Rivas
- Muriel Dochendorff Navarrete
- Jorge H. Orival Briceño
- Bernardo de Castro López
- Félix de la Jara Goyeneche
- Jorge Espinoza Méndez
- Modesto S. Espinoza Pozo
- Martín Elgueta Pinto
- Adolfo A. Espejo Gómez
- Luis F. Fuentes Riquelme
- María Teresa Eltit Contreras
- Julio Flores Pérez
- Albano A. Fiorasco Chau
- Néstor A. Gallardo Agüero
- Luis J. Guajardo Zamorano
- Héctor M. Garry Hermosilla
- Rodolfo V. González Pérez
- Gregorio A. Gaete Farías
- Alfredo G. García Vega
- Carlos A. Gajardo Wolff
- Hernán G. González Inostroza
- María E. González Inostroza
- Jorge A. Herrera Cofré
- Juan E. Ibarra Toledo
- José A. Jara Castro
- Mauricio Jorquera Encina
- María Isabel Joui Petersen
- Sergio H. Lagos Hidalgo
- María C. López Stewart
- Violeta del C. López Díaz
- Ofelio de la Cruz Lazo Lazo
- Eduardo E. Lara Petrovich
- Mónica LLanca Iturra
- Ramón I. Labrador Urrutia
- Juan A. Molina Mogollones
- Sergio Montecinos Alfaro
- Pedro Merino Molar
- Leopoldo Muñoz Andrade
- Germán Moreno Fuenzalida
- Eduardo F. Miranda Lobos
- Rodolfo Marchant Pereira
- Eduardo A. Morales Chaparro
- Eugenia del C. Martínez H.
- Agustín A. Martínez Meza
- Juan B. Maturana Pérez
- Zacarías Machuca Muñoz
- Ramón Núñez Espinoza
- Marta A. Neira Muñoz
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