Es el hijo de Iris García Soler y de Enrique Bustamante, desaparecidos en 1977
Otro nieto que recuperó su identidad
Tiene 40 años, vive en el Interior y está haciendo el primer contacto con su familia biológica. Sus padres fueron secuestrados por la Policía Federal y su madre lo tuvo en la ESMA en julio de 1977.
El hijo de Iris Nélida García Soler, nacido en la ex Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar, separado de su madre y apropiado, ayer recuperó su identidad y se convirtió en el nieto 122 de la historia de búsqueda y lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y los familiares de desaparecidos.
El joven es hijo de García Soler, una joven mendocina, y Enrique Bustamante. Según informa Abuelas de Plaza de Mayo en su registro de nietos buscados, Soler y Bustamante eran militantes de Montoneros y fueron secuestrados por personal de la Policía Federal en enero de 1977 en la pensión en la que vivían, en la ciudad de Buenos Aires. Ella estaba embarazada de tres meses. Fueron vistos en el centro clandestino de detención Club Atlético, que funcionó en el cruce de Paseo Colón y San Juan. A Iris su familia la llamaba "Tita" o "Pajarita", pero durante su cautiverio su apodo cambió. Sus compañeros de encierro comenzaron a llamarla "la lobita" por su vínculo con Enrique, a quien en la militancia se lo conocía como el "Lobo".
En julio de 1977 el embarazo de Iris llegó a término y entonces fue llevada a la Esma. Dio a luz a un varón que de inmediato se transformó en uno de los 400 niños y niñas apropiados durante en dictadura y buscados por Abuelas de Plaza de Mayo hasta. La madre, al igual que Enrique, permanece desaparecidos.
Ese hijo tiene hoy 40 años, dos hijos porpios y no vive en la ciudad de Buenos Aires. Por el momento, está en proceso de recuperar su identidad y el contacto con su familia biológica, algunos de cuyos miembros supieron ayer de la noticia y la celebraron. "Quiero compartir esta emoción e indescriptible alegría que acabo de vivir al conocer la noticia que ha sido encontrado mi sobrino apropiado", escribió Alicia, prima hermana de Iris. "Imaginarán la enorme felicidad de toda la familia al saber que pronto este joven de 40 años, padre de dos hijos, que vive en el interior, podrá conocer a su familia biológica después de una larga espera y quizás una eterna búsqueda", continuó. ( Pagina 12)
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JUJUY/ SALTA. JUECES DE LA DICTADURA. SE COMPLICA LA SITUACION JUDICIAL DEL JUEZ FEDERAL MARIANO CARDOZO
El magistrado ha sido apuntado por familiares y fiscales del Ministerio Público de la Acusación del fuero federal. Se sospecha que desde su rol como fiscal y posteriormente ya en funciones como juez, garantizó la impunidad a secuestradores y torturadores, que ejecutaron la desaparición de al menos 32 personas.
Cardozo es titular de un caso resonado en la provincia de Salta que investiga una estafa millonaria a los afiliados de PAMI en la vecina provincia.
Quizás por eso llamó la atención en los medios salteños que el juez jujeño, además, esté involucrado en causas que tienen que ver con la violación de derechos humanos.
Según repasa La Gaceta de Salta, el juez Federal n° 1 de Jujuy, Mariano Wenceslao Cardozo, está imputado por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura militar, tanto por hechos cometidos mientras era fiscal como cuando comenzó como juez.
Debido a excusaciones presentadas por fiscales jujeños, tuvieron que hacerse cargo de la causa los fiscales federales de Salta, Eduardo Villalba y Carlos Amad. Entre los delitos que los representantes del Ministerio Público le endilgan al magistrado están los de prevaricato, negarse a hacer cesar detenciones ilegales y garantizar la impunidad de quienes hicieron desaparecer y mataron a personas.
En términos generales los que se investiga es la omisión sistemática de perseguir delitos cometidos durante la dictadura, garantiza la impunidad de los responsables, todo como parte de un plan previamente convenido.
Fuentes cercanas a la causa la compararon con la que en Salta se realizó contra el ex juez Federal Ricardo Lona, por la similitud en los delitos que se imputan. Además, contaron que es una causa grande y compleja porque comprende 32 hechos investigados cometidos entre fines de los '70 y comienzos de los '80.
La imputación se concretó en 2016 y el 12 de abril del año pasado solicitaron por primera vez que el juez Fernando Luis Poviña lo cite a indagatoria. Ante la inacción del magistrado a cargo de la causa, volvieron a hacerlo meses después y una tercera, efectuada la semana pasada. Hasta el momento no obtuvieron resultados.
El martes último, organizaciones de Derechos Humanos de Jujuy se movilizaron en la capital provincial para lograr el conocimiento del estado de la causa y exigir su avance. Le requirieron a la Cámara Federal n° 2 que fije fecha de indagatoria para Cardozo.
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En un depósito de la Seccional Primera de la Policía aparecieron pruebas "sensibles", anunciaron funcionarios policiales y el secretario de Derechos Humanos. Aparecen nombres, fechas y otras precisiones desde el 24 de marzo de 1976.
Documentación que contiene información sobre los secuestrados durante la dictadura en nuestra provincia apareció en un depósito de la Seccional Primera de la Policía. El hallazgo se produjo en las últimas horas, por parte de funcionarios policiales, y a partir de una decisión del gobernador Carlos Verna se destinaron al Archivo de la Memoria en la Secretaría de Derechos Humanos y a la Justicia Federal que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en ese período.
El anuncio se hizo durante una conferencia de prensa, este miércoles, en el organismo a cargo de Antonio Curciarello. También estuvieron el jefe de Policía Roberto Ayala y el jefe de la Primera, Pablo Contreras.
La documentación incluye menciones a los "detenidos" -dijeron los funcionarios, en referencia a los secuestrados- desde el 24 de marzo de 1976, en que se produjo el golpe cívico-militar.
http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/112-portada/cuater/28225-encontraron-documentacion-de-secuestrados-durante-la-dictadura
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LA PAMPA
POLEMICA POR CUADRO EN LA SEDE POLICIAL DE SANTA ROSA DEL EX JEFE DE
POLICIA DE LA DICTADURA LUIS BARALDINI
El secretario de Derechos Humanos de La Pampa, Antonio Curciarello, se pronunció a favor de retirar una placa colocada en una sede policial de Santa Rosa que recuerda el paso del represor de la dictadura Luis Baraldini, sindicado por víctimas como el "ideólogo de la represión en La Pampa". "No estoy de acuerdo con que (la placa) esté si implica algún homenaje", sostuvo el funcionario de DDHH en una conferencia de prensa que ofreció en Santa Rosa, acompañado por el actual jefe de la Policía, Roberto Ayala.
Pese a su posición adelantó que evaluará qué hacer en los próximos días, mientras Ayala no ocultó sus discrepancias con Curciarello. "Conozco la placa desde que entré en la Policía. Si se va a sacar o no, si es homenaje o no, lo veremos con el transcurso de los días", opinó el jefe policial.
"Lo que recuerda esa placa no sé si es un homenaje, recuerda que de tal día a tal día estuvo ese jefe de Policía. Están los jefes de todos los procesos militares del país", remarcó.
La chapa que recuerda a Baraldini, quien fuera jefe de la Policía pampeana en la última dictadura cívico militar, está colocada sobre una pared del primer piso de la sede policial, y rodeada de otras plaquetas que recuerdan a cada uno de los uniformados que fueron jefes de la Policía. Incluso, el sitio del recordatorio está dispuesto a sólo unos pasos de la oficina del actual jefe Ayala.
Baraldini, quien hoy está detenido, es una figura paradigmática en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en La Pampa que se llevará a cabo este año o el próximo. Su actuación durante la dictadura fue en la denominada subzona 1.4, que estuvo a su cargo, y centenares de víctimas que fueron testigos lo señalaron como el autor intelectual de diversos delitos durante la represión ilegal en La Pampa.
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ROSARIO
EL FISCAL ADOLFO VILLATE SOLICITO PRISION PERPETUA PARA LOS DIEZ IMPUTADOS EN LA CAUSA "GUERRIERI III"
El fiscal federal Adolfo Villate solicitó este jueves la pena de prisión perpetua para los diez imputados en la causa "Guerrieri III" por 47 secuestros de personas, de las cuales 24 permanecen desaparecidas desde la última dictadura cívico militar. Este viernes es el turno de escuchar la acusacón de los abogados de Hijos.
El alegato de Villate se inició el 7 de abril pasado y, tras un receso, concluyó este jueves con el pedido de penas perpetuas para los imputados, por cometer los delitos de genocidio; desaparición forzada de persona y privación ilegítima de libertad, agravada por persecución política a las víctimas. En el debate oral, iniciado el pasado mes de octubre, están acusados los tenientes coroneles retirados Pascual Guerrieri, Juan Amelong, Jorge Fariña y Marino Héctor González.
También están imputados los ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) Alberto Pelliza, Walter Pagano; Eduardo Costanzo, Ariel López; Juan Andrés Cabrera y el ex comisario Rodolfo Daniel Isach, que al parecer por entonces duplicaba su sueldo al percibir otro del Ejército.
Isach es el único de los acusados que no posee una condena anterior por crímenes de la dictadura, pues estuvo prófugo desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2012, cuando fue capturado en su casa del balneario de Ostende, entre Pinamar ý Valeria del Mar.
Rodolfo Isach –cuyo hermano permanece prófugo y también es requerido por la Justicia Federal por delitos de lesa humanidad- también integró la Policía de Santa Fe durante los años de la última dictadura.
Según el fiscal Villate, existen pruebas en el juicio para demostrar la participación de Isach como PCI del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, en cuyos registros quedó inscripto como "Ricardo Infante".
Según testimonios producidos en el proceso oral, el nombre de guerra utilizado por Isach -que en democracia fue el titular de una comisaria en San Lorenzo- era "Agustín".
En cuanto al "Tucu" Constanzo, describió con muchos detalles las actividades de la patota, por lo que hay expectativa acerca de si el tribunal lo considerará un atenuante.
Todos los acusados formaban parte de un "grupo de tareas" del Destacamento de Inteligencia 121 bajo cuyo mando operacional funcionaron los centros clandestinos de detenciones conocidos como "La Calamita", "Quinta de Funes", "La Intermedia" y "Escuela Magnasco".
En la causa se ventilan los casos de 47 víctimas del Terrorismo de Estado, de las cuales 24 permanecen desaparecidas ( Redaccion Rosario)
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CORDOBA
JUICIO A LOS EX JUECES Y EX FISCALES DE LA DICTADURA
NO SE TERMINA DE CONFORMAR EL TRIBUNAL
El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba (TOF2) resolvió posponer para una fecha a definir el juicio que debía comenzar el 27 de abril, dado que aún no se pudo conformar el tribunal para enjuiciar a magistrados y funcionarios judiciales que están imputados por delitos de Lesa Humanidad cometidos en el ejercicio de sus funciones durante la última dictadura. El presidente del TOF2, Julián Falcucci, confirmó esta mañana que la falta de integración definitiva del tribunal "hace imposible comenzar" el debate oral y público el 27 de abril; no obstante, destacó que se están realizando todas las diligencias del caso para tratar de que el inicio sea antes de la feria judicial.
El tribunal quedó incompleto luego de que el juez federal catamarqueño, Juan Carlos Reynaga, planteara la "imposibilidad" de integrar el cuerpo de jueces en esa fecha debido al cronograma de audiencias ya fijadas. En reemplazo de Reynaga había sido designada la magistrada del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, María Ivon Vella, quien excusó con similares argumentos a los de juez Reynaga.
En la 'causa Cornejo, Antonio Sebastián y otros', más conocida como la 'Causa de los Magistrados', se encuentran imputados los magistrados y funcionarios judiciales Antonio Sebastián Cornejo, Miguel Angel Puga, Carlos Otero Álvarez, Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro.
Los delitos que deberán enfrentar en el proceso de enjuiciamiento son los de 'abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de las obligaciones de perseguir la delincuencia y encubrimiento'. Los presuntos actos delictivos fueron cometidos durante sus funciones que ejercieron en el período que rigió la última dictadura cívico-militar, y que salieron a la luz a través e las pruebas documentales y testimoniales durante las audiencias de los juicios por delitos de Lesa Humanidad que se realizaron en la ciudad de Córdoba.
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NOTICIAS · TERRORISMO DE ESTADO
Lesa Humanidad| Causa Pino Cano: Todos absueltos
· 19 de abril, 2017
El Tribunal absolvió a los militares Víctor Pino Cano, Enrique Nones Ruiz y Luis Alberto López de los delitos por los que fueron imputados. El 26 de abril, a las 13, se darán a conocer los fundamentos. Es el primer juicio donde no hay condenados.
Redacción PrensaRed
El tribunal conformado por Julián Falcucci (presidente) y los vocales José Vicente Muscará y Camilo Quiroga Uriburu, dictaminó que los tres imputados fueran absueltos. Claudio Orosz, abogado de Hijos y Familiares, representante de la familia de Pablo Balustra, manifestó su conformidad con el fallo porque entiende que tratándose de un juicio penal debe haber pruebas de certeza como lo exige el código penal. "Nosotros no queremos parecernos a los genocidas. Buscamos Justicia como nos enseñaron las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. Si no se supera el estado de la duda, hay absolución", expresó.
Por su parte Adriana Gentile (Fundación María Elba Martínez), manifestó que les costó incriminar a Mones Ruiz "debido a la falta de elementos probatorios concretos; pero teníamos expectativas de condena respecto a Pino Cano y López. El primero por su participación dentro de la cadena de mandos y el segundo por ser un eslabón importante en el hecho donde resultaron muertos Pucheta y Sgandurra. Por eso pedimos cadena perpetua para Pino Cano y 15 años de prisión para López". No obstante, dijo que "este juicio sirvió para continuar ejercitando la memoria y mantener vivo el ejemplo de militancia y compromiso de nuestros representados: José Ángel Pucheta y Miguel Hugo Vaca Narvaja, torturados y luego asesinados junto a otros compañeros, en 1976".
Víctor Pino Cano fue absuelto en los delitos que tuvieron como víctimas a José Ángel Pucheta, Carlos Alberto Sgandurra, Ricardo Daniel Tramontini, Liliana Felisa Páez de Rinaldi, Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar García, Oscar Hugo Hubert, Miguel Ángel Ceballos, Florencio Esteban Díaz y Marta Juana González de Baronetto. (Hecho2)
Pedro Mones Ruiz, fue absuelto en relación a cinco hechos que afectaron a José Ángel Pucheta, Carlos Alberto Sgandurra, Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo De Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo. En tanto que el tercer absuelto fue Luis Alberto López por dos hechos que afectaron a José Ángel Pucheta y Carlos Alberto Sgandurra. (Hecho3)
Asimismo declaró la "nulidad parcial" del alegato de las abogadas Adriana Gentile y Gabriela Noemí Bautista, apoderadas de las querellantes Elba Inés Pucheta y Raquel Altamira de Vaca Narvaja "con relación de los hechos primero y segundo del auto de elevación a juicio, y sólo en lo que atañe a la responsabilidad endilgada a Enrique Pedro Mones Ruiz".
La causa, desprendimiento de la causa Videla, comenzó el pasado 8 de marzo. Los tres militares habían sido sobreseídos por la titular del Juzgado federal n°3 Cristina Garzón de Lascano. López de Filoñuk apeló y la Cámara revocó los sobreseimientos ( Fuente;Prensared)
En 1990, mucho después de perder a su hermano Alfredo, la autora viajó a Londres y conoció a un amigo de él que había estado preso y exiliado. Ocho años más tarde formaron pareja.
Por Susana Rosano
Recién hoy, a los cincuenta y ocho años, soy consciente del tajo que me produjo la dictadura, de que mi vida entera puede ser escindida en dos partes: una infancia común, la de una rubiecita clase media, con papá psiquiatra, mamá profesora y escuela privada y confesional, y una larga supervivencia, a partir de 1976, desde la inconsciencia de los 17 años.
Fue allí, de un día para el otro, en que Agustín Feced (el jefe de la policía de la provincia Santa Fe en Rosario que comandó el período más feroz de la represión durante la última dictadura), en persona, con un grupo de tareas armado hasta los dientes, allanó mi casa de calle España, me llevaron detenida, juraron que donde lo encontraran lo iban a asesinar a Alfredo, mi único hermano, militante de la UES y de 19 años, y cumplieron.
