martes, 18 de febrero de 2014

El Papa dió la orden le ataron la lengua con dos tablas al monje dominico Giordano Bruno y lo quemaron vivo en Campo di Fiori en Roma Italia Museo Che Guevara Toto Chaubloqueo



17 de febrero
EL SABIO MARTIR
Por Ramiro Diez
               
A mediados del siglo XVI, cerca de Nápoles, nació uno de los hombres más brillantes de su tiempo y uno de los más preclaros en muchos siglos.
Se llamaba Filipo y sus ansias de saber lo llevaron por el camino de la filosofía y, más tarde, por los estudios religiosos, imperantes en aquella época.
Entonces cambió su nombre por Giordano, y la historia lo recuerda como Giordano Bruno, sin duda el más brillante de todos los religiosos de la historia católica en dos mil años de existencia.
Giordano Bruno fue el primer intelectual en investigar la lingüística y esta moderna ciencia le debe a él los primeros pasos.
Y también fue el creador de la moderna nemotecnia, al punto que era buscado por reyes y príncipes para enseñar la prodigiosa manera de recordar miles de datos diferentes, sin importar la dificultad de la información o el tiempo transcurrido.
Pero una inteligencia tan brillante lo llevó por caminos que en aquel medio eran prohibidos: Y Giordano Bruno, el brillante monje dominico, incomodó a las autoridades de su congregación, cuando empezó a especular sobre el cosmos y otras materias.

Giordano Bruno dijo, por ejemplo, que el sol era una estrella, y que las estrellas eran soles como el nuestro, pero muy lejanos.
Y declaró que así como la tierra giraba alrededor del sol, alrededor de esos soles también deberían existir otros planetas.
Y dijo que así como en la tierra había vida, en esos otros lugares, en la profundidad del cosmos, también deberían existir otras formas de vida…
Todo esto y mucho más, fue considerado herético y por eso Giordano Bruno fue encarcelado durante diez años y finalmente llevado a la hoguera, en medio del repudio de todos los tiempos.
Aquel horror sucedió un día como hoy, 17 de febrero del año 1600.
Sucedió en Campo di Fiori, en Roma. Y su sacrificio quizás ha sido el más doloroso homenaje al digno ejercicio de pensar y de decir.

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“Algún día América Latina tendrá una voz de continente, una voz que será respetada y oída, porque será la voz de los pueblos dueños de su propio destino”. 

Venezuela asediada por Estados Unidos y sus lacayos mundiales John Kerry desestabilizador serial y compulsivo repudiado en Argentina y en todo el mercosur Chaubloqueo Museo Che Guevara

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
Comunicado
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
rechaza contundentemente las declaraciones del Secretario
de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, en tanto
constituyen una maniobra más del gobierno de Washington
por promover y legitimar los intentos de desestabilización de
la democracia venezolana que han desatado grupos violentos
en los últimos días.
El gobierno de Obama miente cuando pone en
cuestionamiento la vigencia de los derechos humanos y las
garantías democrática en nuestro país. Las instituciones de la
República Bolivariana de Venezuela, constituidas en un
Estado de Derecho y de Justicia, garantizan el ejercicio de los
derechos políticos a todos sus ciudadanos, en un marco de
amplias libertades cívicas consagradas constitucionalmente.
El gobierno estadounidense miente cuando denuncia la
detención de manifestantes pacíficos antigubernamentales. El
Estado venezolano ha actuado y lo seguirá haciendo contra
las acciones violentas de grupúsculos de extrema derecha
que conspiran peligrosamente contra las libertades
democráticas, al atentar contra la vida de nuestros
conciudadanos, contra su libertad de ejercer pacíficamente
sus derechos, así como contra la propiedad pública y privada
mediante actos vandálicos penados por la ley.
El Secretario de Estado John Kerry, en nombre de su
gobierno, sale en defensa del dirigente violento Leopoldo
López. El mundo debe saber que hay pruebas suficientes, de
que los grupos que han originado la violencia de los últimos
días, son liderados por el Señor Leopoldo López, contra
quien se ha librado una orden de captura legal para ser
puesto a la orden de las autoridades y no habrá fuerza ni
chantaje alguno que detenga esta decisión de las autoridades
venezolanas, necesaria para restituir la paz en nuestra Patria.
El gobierno de los Estados Unidos deberá asumir su
responsabilidad ante el pueblo venezolano y ante el mundo,
por permitir que instituciones e individuos estadounidenses,
financien, legitimen y promuevan las acciones de personas y
grupos que atentan violentamente contra la sociedad
venezolana, y buscan torcer la voluntad democráticamente
expresada por nuestro pueblo de construir soberanamente su
destino en paz.
El pueblo y el gobierno venezolanos, de la mano con todas
las instituciones del Estado y las organizaciones del poder
popular, continuarán imperturbablemente ejerciendo todas las
acciones que, en el marco de la Constitución, las leyes y los
principios de una auténtica democracia popular, sean
necesarios para garantizar el normal desenvolvimiento de la
sociedad, y derrotar la agenda de violencia que promueve
abiertamente el gobierno imperial de los Estados Unidos.
Llamamos a la más activa solidaridad de los gobiernos
independientes y de los pueblos del mundo, contra esta grave
intervención norteamericana.
Caracas, 16 de febrero de 2014

Jueces mendocinos juzgados por no investigar denuncias de detenciones ilegales. secuestros tortura violación y muertes Ejercito Fuerza Aérea Policía de Mendoza agentes penitenciarios presos políticos



Lesa Humanidad: por primera vez, ex jueces federales al banquillo

Mendoza juzga desde hoy a los ex jueces Otilio Romano, Luis Miret, Gabriel Guzzo, Guillermo Petra y Rolando Carrizo, entre otros. Se los acusa de no investigar denuncias de detenciones ilegales. Junto a ellos, hay otros 36 acusados por crímenes contra 200 personas..





Con su estilo provocador, el ex juez Luis Miret sacó de su bolsillo una cámara de fotos, enfocó y disparó sobre el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat. El fiscal presenciaba la audiencia, iniciada minutos antes. “Quieren intimidar”, dijo a Infojus Noticias. El presidente del Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza, Alejandro Waldo Piña, le preguntó a Miret si era cierto. El imputado asintió y ratificó que había sacado la foto. Así comenzó hoy el décimo tercer juicio de lesa humanidad en Mendoza, con 41 imputados en perjuicio de 200 víctimas.

Poco antes de las 10, militantes y familiares de víctimas de la última dictadura cívico-militar ocuparon el salón de actos del Poder Judicial provincial. En las inmediaciones del tribunal, cientos de personas siguieron el proceso judicial. Durante la primera audiencia, que duró poco más de dos horas, se realizó la identificación de unos veinte imputados. El juicio continuará el lunes próximo con el resto de las identificaciones.

El TOF 1 está integrado por Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, de la provincia de San Luis y. Los tres eligieron vestirse con traje negro a diferencia de la mayoría de los imputados que prefirió la informalidad de los jeans y camisas.

Uno a uno, los imputados respondieron al TOF preguntas sobre su estado civil, domicilio y actividad actual. Estaban vigilados por otra larga fila de policías locales y del Servicio Penitenciario Federal. También hubo videoconferencia desde el tribunal de Comodoro Py y de los penales de Marcos Paz y Ezeiza, donde están detenidos varios de los acusados. Como Carlos Horacio Tragant, que también es juzgado por el Plan Cóndor. Hubo problemas con las imágenes del proyector y el sonido, que tardaba varios segundos en aparecer.

La particularidad de este proceso es juzgar a exfuncionarios del Poder Judicial de Mendoza. Los ex magistrados Otilio Romano, Luis Miret, Gabriel Guzzo, Guillermo Petra y Rolando Carrizo están acusados de no investigar denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron a sus juzgados en forma de hábeas corpus durante la dictadura. Guzzo se salvó de estar en el banquillo por problemas de salud.

Los ex camaristas Romano y Miret fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura. Durante la dictadura, Romano ejerció como fiscal federal y como juez subrogante. Se lo imputa por no intervenir en delitos de privación ilegal de la libertad agravada de 34 personas que continúan desaparecidas y 26 casos de tortura. Romano estuvo prófugo dos años en Chile y fue extraditado en septiembre del año pasado.

El caso de Luz Faingold será analizado en el juicio. En agosto de 1975, Luz tenía 17 años y estaba secuestrada con otras diez personas en el centro clandestino Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza, donde había sido torturada y violada. Miret la visitó como juez federal y sabiendo de las violaciones y torturas la dejó varios días más en el D2. El juez destituido argumentó que la chica no estaba contenida por sus padres, así que era mejor que se quedara bajo el cuidado de los torturadores.

Con una falta de mérito, Petra benefició al teniente coronel Luis Stuhldreher, que fue intendente de San Rafael en 1976. Se lo había imputado por 18 desapariciones. Gracias al ex juez, Stuhldreher –que estuvo dos años prófugo de la Justicia- nunca llegó al banquillo de los acusados ante un tribunal oral. El Consejo de la Magistratura también investigó a Petra por excarcelar masivamente a represores.

Los otros dos jueces imputados, Guzzo y Carrizo también recibieron denuncias por mal desempeño. En un juicio anterior, el dibujante Daniel Rabanal declaró que cuando era militante montonero semanas antes del golpe militar lo detuvieron ilegalmente y lo torturaron. Cuando lo llevaron todo golpeado ante el juez Carrizo, éste solo se limitó a identificarlo sin atender el estado de deterioro y le puso un defensor oficial que nunca ejerció como tal. En la causa de Rabanal, el juez Carrizo fue reemplazo por Guzzo, que lo condenó a perpetua por el asesinato del policía Alberto Cuello, ocurrida semanas antes.

A lo largo del debate oral, se juzgará la apropiación de Celina Rebeca Manrique Terrera, única nieta recuperada de la provincia También la desaparición de su madre Laura Terrera y de su padre Alfredo Manrique, que fueron secuestrados juntos a su beba en la terminal de micros de la capital provincial.

Otra particularidad del juicio es que los delitos sexuales serán abordados independientemente de las torturas, con entidad propia. Por esto se juzgará a miembros de lo que fue el máximo centro clandestino de la provincia, el Departamento de Información 2 de la Policía de la provincia de Mendoza por "violación agravada por el uso de la fuerza".



Los acusados

Los acusados por el Ejército son el comandante de la Región, Luciano Benjamín Menéndez, el comandante de la VIII Brigada, Roberto Montes; y el jefe de la Compañía de Comunicaciones N° 8, Ramón Puebla. También Tragant, ex director de Liceo Militar General Espejo; y el subdirector Pablo Tradi; los oficiales Dardo Migno y Paulino Furió (sentenciados en juicios anteriores); y el suboficial José Fuertes.

Por la Fuerza Aérea, están imputados los ex vicecomodoros Alcides París Francisca y Mario Laporta, quienes ejercieron la Jefatura de la Policía de Mendoza.

Por parte de la Policía de Mendoza, serán juzgados 16 miembros de distinta jerarquía que revistaban en el D2, incluye a los jefes Aldo Bruno, Ricardo Miranda, Juan Oyarzabal, y Luis Rodríguez; los agentes de inteligencia Eduardo Smaha y Armando Fernández (todos ya condenados en juicios anteriores). A ellos se les sumarán Félix Andrada, Alfredo Castro, Pablo Gutiérrez, Francisco López Rodríguez, Diego Morales, Marcelo Moroy, Timoteo Rosales, Miguel Tello, Julio Lapaz, y Rubén González, acusados por integrar la "patota" del D2.

También serán juzgados policías que cumplían funciones en diferentes comisarías: Armando Guevara; Héctor Camargo, Miguel Ángel, y Juan Carlos Ponce; y Antonio Garro y José Lorenzo. Por la Policía Federal, será enjuiciado Jorge Marchelli, quien era el jefe de la Delegación Mendoza en 1979, y los agentes penitenciarios Oscar Bianchi y Pedro Linares, acusados de torturar a los presos políticos alojados en la cárcel de Mendoza.