EL TEJADO DE VIDRIO ESTADOUNIDENSE 29 julio 2015
Manuel E. Yepe*
“CADA AÑO, EL Departamento de Estado publica informes sobre los derechos individuales en otros países evaluando la adopción de leyes y regulaciones restrictivas por todo el mundo. Incluso cuando los estadounidenses emitimos juicios sobre países que consideramos que no son libres, confiamos en que cualquier definición de lo que es una nación libre debe incluir a la nuestra como la tierra de la libertad.
Sin embargo, las leyes y prácticas de este país indican que deberíamos sacudirnos de esa confianza. En la década que siguió al 11 de septiembre de 2011, este país ha reducido de manera exhaustiva las libertades civiles en nombre de un expansivo estado de seguridad”.
Tal es la idea que Jonathan Turley resume en un artículo que publica la revista digital Activist Post con el título de “Razones por las que Estados Unidos ya no es la tierra de la libertad”, en el que se refiere a diez facultades que ha asumido el gobierno estadounidense desde el 11 de septiembre de 2001 que justifican este criterio.
Como antes hiciera el Presidente George W. Bush, el Presidente Obama ha proclamado el derecho a ordenar el asesinato de cualquier ciudadano considerado terrorista o cómplice de terrorismo, una facultad por la que Estados Unidos suele acusar a muchos adversarios de ser asesinos extrajudiciales de sus enemigos. Según leyes aprobadas en diciembre, en Estados Unidos los sospechosos de terrorismo pasan a custodia militar y el Presidente tiene la facultad de detener indefinidamente a ciudadanos sospechosos de terrorismo.
El presidente es ahora quien decide si una persona debe ser procesada en tribunales federales o en un tribunal militar, “un sistema que ha sido ridiculizado en todo el mundo por faltar a las protecciones más elementales de un proceso justo”.
Hoy, el presidente puede ordenar vigilancia sin orden judicial, incluyendo una nueva facultad que le permite obligar a que las compañías y organizaciones informen sobre las finanzas, comunicaciones y asociaciones de los ciudadanos.
Actualmente el gobierno hace uso, rutinariamente, de pruebas secretas para detener individuos y emplea pruebas secretas en los tribunales federales y militares. También obliga a que se desestimen demandas contra el gobierno de los Estados Unidos, simplemente mediante declaraciones en las que se afirma que, de hacerlo, el gobierno revelaría información clasificada que podría dañar la seguridad nacional; un reclamo que se expresa en diversas demandas judiciales sobre privacidad y que ha sido ampliamente aceptado por los jueces federales sin ser cuestionados. Incluso las opiniones legales que se citan como base para las acciones del gobierno durante las administraciones Bush y Obama han sido clasificadas como secretas.
Esto permite al gobierno invocar argumentos legales secretos para apoyar procesos secretos usando pruebas secretas. Además, algunos casos nunca llegan a los tribunales. Los tribunales federales suelen denegar demandas constitucionales a políticas y programas a partir de una definición estrecha de su capacidad para entablar acciones judiciales.
El mundo clamó para que se procesara a los responsables de torturas (waterboarding) de sospechosos de terrorismo durante la administración Bush, pero en 2009 Washington prohibió que los empleados de la CIA fueran investigados o perseguidos por tales acciones. Ello no solo vació de contenido las obligaciones previstas en los tratados internacionales sino los principios de Núremberg de derecho internacional. Cuando los tribunales de otros países decidieron investigar a funcionarios de la administración Bush por crímenes de guerra, la administración estadounidense pidió a las autoridades de otros países que no permitieran el avance de tales casos, pese a que Estados Unidos muchas veces había solicitado tal autoridad con respecto a supuestos criminales de guerra de otros países.
El gobierno incrementó el uso de la Corte secreta de Vigilancia del Espionaje Exterior, que ha expandido sus órdenes judiciales para incluir a individuos que se considera que están instigando o asistiendo a organizaciones o gobiernos extranjeros hostiles. En 2011, el gobierno renovó estos poderes, e incluso permitió las investigaciones secretas de individuos que no son parte de algún grupo terrorista identificable. La administración reivindicó el derecho de ignorar los límites parlamentarios de dicha vigilancia.
Al igual que la administración Bush, la administración Obama ha presionado a favor de la inmunidad de las compañías que participan en la vigilancia de ciudadanos sin orden judicial, bloqueando la capacidad de los ciudadanos para oponerse a la violación de su privacidad.
La administración estadounidense ha defendido con éxito su reclamo de que puede usar dispositivos GPS para vigilar los movimientos de ciudadanos específicos sin orden o supervisión judicial. Ahora está defendiendo este poder ante el Tribunal Supremo.
El gobierno dispone ahora de la facultad de transferir, tanto ciudadanos estadounidenses como residentes de otras nacionalidades, mediante un sistema conocido como “entregas extraordinarias”. La administración Obama ha dicho que no continuara abusando de esta práctica de la era Bush, pero insiste en ejercer un derecho ilimitado a ordenar tales transferencias, incluyendo la de ciudadanos estadounidenses.
Estas nuevas leyes llegan con una infusión de dinero en un sistema expandido de seguridad a nivel estatal y federal, incluyendo más cámaras de vigilancia pública, decenas de miles de empleados de seguridad y una expansión masiva de la burocracia dedicada a la lucha antiterrorista.
Algunos políticos dicen que estos mayores poderes son una respuesta a los tiempos en que vivimos y que “la libertad de expresión es una gran idea, pero estamos en guerra”.
“Desde el 11 de septiembre de 2011, hemos creado justamente el tipo de gobierno que los padres fundadores temían: un gobierno con amplios poderes, en gran parte sin control, con la esperanza de que sean usados de manera sabia.
“Para los estadounidenses, la deshonestidad de los políticos no supone una novedad. La cuestión real es si nos estamos mintiendo a nosotros mismos cuando llamamos a este país la tierra de la libertad”, concluye Jonathan Turley.
Selección en Internet: Melvis Rojas Soris
*Periodista cubano especializado en temas internacionales.
informó el Museo “ ERNESTO CHE GUEVARA ” de Caballito, CABA
calle Rojas 129, esq. Yerbal, Buenos Aires (AAC 1405) Argentina
Visitar lunes a viernes de 10 a 19 hs. (corrido) – entrada libre y gratuita
Escuela de Solidaridad con Cuba “ CHAUBLOQUEO ”
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