miércoles, 18 de febrero de 2015

ARGENTINA fiscales no investigan ni condenan a autores de 4.321 asesinatos cometidos contra jóvenes, por aparato represivo del estado gatillo fácil tortura muerte

 

 

De: Creciendo desde Abajo [mailto:creciendodesdeabajo@yahoo.com.ar]
Enviado el: miércoles, 18 de febrero de 2015

 

Aportamos datos publicados 30 Enero 2015 por CORREPI_Coordinadora contra Represión Policial e Institucional, y copia archivo presentado en el año 2010.   

 

 

De Walter Bulacio a Ismael Sosa:  4.321 pibes asesinados el aparato represivo del estado argentino

 

 

30 de Enero de 2015

Ismael Sosa suena a Walter Bulacio, porque era un pibe que quería ir a un recital de rock, y se topó con la policía. Y suena a Luciano Arruga, porque estuvo desaparecido, desde que se lo vio detenido, hasta que apareció su cuerpo –esta vez cinco días, no cinco años después.

Suena también a un montón más de pibes apaleados y verdugueados en otros recitales, a la salida de bailantas, en canchas de fútbol o en la esquina, nomás.

Suena a los 218 desaparecidos en democracia, a los 2.778 asesinados por el aparato represivo estatal desde el 25 de mayo de 2003, a los 4.321 desde diciembre de 1983.

Esta vez fue en Córdoba. Tocaba La Renga (una de las bandas más solidarias, por largos años, con la campaña de CORREPI Por Walter y Por Todos) y el chico que flotaba en el Embalse de Río Tercero se llamaba Ismael Sosa.

Pronto leeremos, como en 1991, como todas las otras veces, las "explicaciones" de la policía y de sus responsables políticos. Nos hablarán de que los pibes "se querían colar", que había "inadaptados" y que los uniformados tuvieron que emplear "la fuerza mínima necesaria para restablecer el orden".

En 1991, el argumento del comisario Miguel Ángel Espósito fue que los chicos "estaban aglomerados en la vía pública y bailaban".

El comisario que hace hoy de Espósito en Villa Rumipal, Córdoba, explicará pronto a algún medio el rol de la policía: Como brazo armado del estado, dirigido por el gobierno de turno, su función es garantizar el orden establecido, y, cuando se ve amenazado, restaurarlo por medio de la fuerza. Eso se llama control social. Con "la fuerza mínima necesaria", desde luego. Eso se llama economía de recursos.

Entre Walter e Ismael, miles de chicos fueron asesinados a golpes o con otros métodos de tortura, en la calle, en comisarías u otros lugares de detención; murieron fusilados por el gatillo fácil o desaparecieron a manos de las fuerzas de seguridad argentinas.

De vuelta: 2.778 asesinados por el aparato represivo estatal desde el 25 de mayo de 2003, y 4.321 desde diciembre de 1983. Más de doscientos desaparecidos. El 51% del total no había cumplido 25 años. Ninguno era el hijo de un empresario, de un diputado, de un banquero o de un juez. Todos eran hijos del pueblo trabajador.

Mañana CORREPI va a marchar junto a los familiares y amigos de Luciano Arruga e infinidad de organizaciones, en el sexto aniversario del asesinato y desaparición de Luciano Arruga. Será también una marcha por Ismael,  y por Walter, y por los 4.321.

¡Contra la represión, organización y lucha!

 

 

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CORREPI : Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional 

 

ARCHIVO 2010

Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2010

Una vez al año, desde 1996, CORREPI, acompañando su tarea militante diaria, presenta el Archivo de Casos de Personas Asesinadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Con estos datos nos proponemos mostrar que el alcance y la extensión de la represión que padece el pueblo, responde a una política de estado. Un estado dividido en clases, que necesita de la explotación de la amplia mayoría del pueblo por una reducida minoría, y que, para poder garantizarla, inevitablemente hace uso de la violencia y la represión. Esta sistematicidad de la represión queda evidenciada cuando vemos que todos los gobiernos, sean de la procedencia que sean, como administradores de este estado de clase, garantizan el disciplinamiento y el orden social con la represión, que puede adquirir, según las circunstancias, distintas modalidades, pero cuyo denominador común es la sistematicidad.

El caso de un gobierno como el de los Kirchner es paradigmático en este sentido. Frente a su autoproclamación como gobierno "defensor de los DDHH", se contraponen los datos concretos que evidencian la efectividad de su política represiva. Gracias a su demagogia, ha logrado una importante legitimación que silencia, aún más, el alcance de su eficacia represiva: Son 3.093 los datos confirmados de personas asesinadas por el estado desde diciembre de 1983 a noviembre de 2010. De ellas, 1.633 fueron muertas bajo la administración del gobierno de los Kirchner. Hasta 2009, el año 2001 había sido el año con mayor registro de muertes a manos del estado, con 242 casos. Pero en 2009 las fuerzas de seguridad estatales mataron 253 personas; y en los 12 meses transcurridos desde que presentamos el Archivo 2009, registramos 219 casos. Se evidencia, así, que la represión de la clase dominante es aún mayor en momentos de cíclicas crisis del capitalismo.

Este Archivo no es un pulido trabajo estadístico por muchos motivos. El fundamental es que, a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Es imposible calcular la "cifra negra" del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Sólo podemos afirmar que, permanentemente, incorporamos, además de los casos ocurridos en el año en curso, otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos.

En segundo lugar, este no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos, aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal sea sumamente útil y permita acceder a una realidad que padecemos a diario, pero que los distintos gobiernos ocultan con el fin de mantener su legitimidad. Con la confección del Archivo, CORREPI se propone generar una herramienta que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de militantes, organizaciones, periodistas, y la sociedad en su conjunto, un reflejo de lo que es el día a día represivo en nuestro país.

El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, no es, entonces, contribuir a un simple lamento por la creciente cantidad de pibes muertos. Nuestro fin es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.

Las pautas que utilizamos para la construcción del Archivo son las siguientes:
1. Incluimos todo caso que implique la aplicación de política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal cuyo resultado sea la muerte de la víctima.
2. Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad "privada" o fuerzas armadas.
3. No incluimos enfrentamientos reales.
4. Incluimos todas las modalidades represivas que utilizan los gobiernos. A los fines estadísticos, las clasificamos en: gatillo fácil (fusilamientos); muertes en cárceles y comisarías (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas; muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para "resolver" un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos; otras circunstancias (desapariciones, etc.).
5. Cerramos la búsqueda de datos entre fin de octubre y principios de noviembre, de modo que buena parte de noviembre y todo diciembre se incluyen en el Archivo siguiente.

Algunas conclusiones:

Este año se evidencia un avance cuantitativo y cualitativo en la represión que llamamos "selectiva", es decir, la que se descarga contra las organizaciones y militantes populares. En "democracia", son 56 los asesinados en movilizaciones populares, cifra que muestra claramente cuál es la respuesta de los diferentes gobiernos de turno ante los reclamos del pueblo: Víctor Choque en 1995, Teresa Rodríguez en 1997, los muertos en la masacre del puente de Corrientes en 1999, los 39 muertos en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el puente Pueyrredón en 2002, Luis Cuéllar en 2003, Carlos Fuentealba en 2007 y Juan Carlos Erazo en 2008. En 2010, cuatro manifestantes fueron asesinados mientras participaban de una movilización: Facundo Vargas (Pacheco), Nicolás Carrasco (Bariloche), Sergio Cárdenas (Bariloche) y Mariano Ferreyra (Ciudad de Buenos Aires). Los tres primeros, en marchas contra el gatillo fácil (caso Villanueva, el primero, y Bonefoi, los dos restantes). Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, fue asesinado cuando, junto a su organización, acompañaba una medida de fuerza de los trabajadores ferroviarios tercerizados.

Mucho más ocultas se mantienen las cifras que corresponden a los ajusticiamientos del gatillo fácil y las muertes por la tortura en cárceles, comisarías e institutos de menores. Es la represión de tipo "preventivo" que se aplica con mayor sistematicidad, que tiene por objeto controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase.

Los números confirman que, en la Argentina "democrática", una vez finalizado el trabajo encomendado a los militares de la última dictadura, la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del nuevo sistema político. A partir de 1983, ya no se reprimiría tanto en forma abierta y selectiva, sino silenciosamente, con masividad y sin repercusión pública. La dictadura cumplió la tarea, iniciada años antes, de aniquilar la resistencia de trabajadores organizados altamente combativos, de organizaciones revolucionarias y de grupos políticos radicalizados. Reemplazados los gobiernos militares por los "presentables" gobiernos "democráticos", cobró central importancia esta "represión preventiva", cuyo objetivo es disciplinar a la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación. Así, los gobiernos que administran el estado argentino tratan de garantizar que "Nunca Más" el sistema de explotación capitalista sea cuestionado seriamente en el país. Qué mejor, para alcanzar ese fin, que atemorizar al pueblo por medio de castigos ejemplares aplicados cotidianamente, potenciados por un alto grado de naturalización hacia el interior de la clase reprimida, y de invisibilización hacia afuera.

Si la pertenencia a la clase trabajadora es la regla casi absoluta, al punto que los pocos casos registrados de víctimas de clase media o alta afectan a quienes estaban en el lugar, con la ropa o el aspecto "equivocados", el análisis del componente etario permite ratificar que los jóvenes son el blanco favorito de esa política preventiva. Los jóvenes son el sector con mayor potencialidad de rebeldía, y, por ende, quienes primero y más profundamente deben ser disciplinados. Más de la mitad del total (53%) corresponde a la franja de varones pobres de menos de 25 años.

La distribución territorial de los casos, aun haciendo abstracción de que hay distritos de los que tenemos ninguna o poquísima información, ratifica que el gatillo fácil y la tortura no son patrimonio de una provincia o una fuerza, sino que son utilizados en todo el país, cualquiera sea el color del gobierno local, con expresa preferencia por los grandes conglomerados urbanos que concentran el mayor índice de pobreza, y, por lo tanto, tienen una mayor necesidad de prevenir la potencial organización popular contestataria. Como se aprecia en los gráficos, la distribución de casos en proporción a la población de cada provincia licua la hegemonía bonaerense, destruyendo el mito de que el gatillo fácil es sólo o mayoritariamente herramienta de los "patas negras", que quedan equiparados, y hasta superados, según el caso, por sus colegas de otras fuerzas o provincias. Igualmente ilustrativo es el cuadro comparativo de ciudades de con gobiernos locales de distinto signo político.

Otra conclusión que surge del estudio de los datos objetivos es que, como dice CORREPI, "no hay purga que pare el gatillo fácil", ni se puede atribuir superficialmente la continuidad y profundización represiva a "resabios de la dictadura, a "desbordes individuales" o a "planes de estudio inadecuados con poca formación en DDHH". Es significativa la cantidad de hechos protagonizados por "nuevos cuadros" de las estructuras que, una y otra vez, han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos y talleres de DDHH, muchas veces dictados por dirigentes de ONGs que apuestan a la posibilidad de la "democratización" del aparato represivo del estado.

Se observa, a partir del último tercio de los '90, que los integrantes de otras fuerzas de seguridad, como prefectura naval o gendarmería, aparecen con mayor frecuencia como victimarios. Ello responde linealmente a la creciente presencia de estas fuerzas, otrora limitadas a las fronteras o los cursos fluviales, en el patrullaje urbano, participando activamente en el control territorial. Gendarmería ha sido también, desde mediados de los '90, la fuerza favorita a la hora de reprimir conflictos sociales, y la preferida en los crecientes procesos de militarización, como en Santa Cruz o el Hospital Francés. Igual camino sigue la Prefectura, cuyo grupo de elite Albatros tuvo intervención en conflictos gremiales como el de los trabajadores pesqueros de tierra en el puerto de Mar del Plata o el del Casino.

No es ajena a este incremento la influencia del entrenamiento y "capacitación" para enfrentar conflictos de baja intensidad, bajo la excusa de la "guerra global contra el terrorismo", que todas las fuerzas de seguridad, y en particular, sus grupos de choque y desplazamiento rápido, vienen recibiendo, en forma creciente, por parte de EEUU. Además de los cursos, programas de "intercambio", ejercicios conjuntos y otras iniciativas del Ministerio de Defensa y el Departamento de Estado norteamericanos, hay un constante aporte en tecnología y pertrechos.

La creación de policías municipales son un elemento de perfeccionamiento y descentralización de la tarea represiva estatal que permite una mayor efectividad y control sobre los territorios más pobres del conurbano bonaerense.

Párrafo aparte merecen las estructuras de seguridad, custodia o vigilancia privadas, generalmente dirigidas por miembros de alto rango del aparato represivo oficial, en retiro o en actividad. Sus integrantes, en la mayoría de los casos, son también personal de las fuerzas, incluyendo exonerados, disponibles o suspendidos por delitos diversos, lo que hemos probado una y otra vez, desmintiendo lo que declama la letra de las leyes y reglamentos.

El reciente asesinato de Mariano Ferreyra hace visible el uso de patotas paraestatales, en general dirigidas o compuestas por elementos de choque vinculados a la estructura del partido de gobierno (punteros barriales, "batatas" sindicales o miembros de barras bravas de fútbol), que toman en sus manos, en apariencia "privadas", la represión a los trabajadores organizados por fuera de las burocracias. Este mecanismo, que ha usado con particular predilección el gobierno asumido en 2003 y reelecto en 2007, tiene la enorme ventaja de poner al aparato represivo oficial a resguardo de eventuales críticas, al tiempo que sirve para anatemizar la organización independiente de los trabajadores. Siempre que pueden, ante los ataques de las patotas, los medios titulan "batalla entre sectores sindicales", sin distinguir, deliberadamente, entre las burocracias oficialistas y los delegados o comisiones internas no burocráticas.

A poco de cerrar la recepción de datos para este Archivo, mientras seguimos preguntando dónde están Jorge Julio López, Luciano Arruga, Luciano González, y medio centenar más de desaparecidos en "democracia", la policía de Santiago del Estero sumó el nombre de Juan Ramón Díaz, de 23 años, a esa lista.

También es constante, aunque con una incidencia muy menor en el total, el número de hechos que podemos denominar "intrafuerza" o "intrafamiliar", es decir, episodios en los que víctima y victimario resultan camaradas de una misma fuerza, o parientes. Se comprueba así que los integrantes del aparato represivo del estado utilizan, para dirimir sus conflictos personales, sus "internas" y hasta sus problemas conyugales o familiares, los métodos, herramientas y recursos que el estado pone a su disposición para cumplir su fin institucional. Como lo explicaba Rodolfo Walsh hace casi medio siglo, "sus conflictos personales y aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía del arma reglamentaria"(1) .

Por último, es necesario destacar la persistencia, como política de estado, de la sistemática aplicación de tormentos a personas legal o ilegalmente detenidas, que en muchos casos ocasiona la muerte del torturado. Una parte significativa de las muertes en cárceles y comisarías corresponde a torturas seguidas de muerte, pese a lo cual no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito. Paralela y complementariamente al uso habitual de métodos de tortura como el apaleamiento, el submarino seco ("bolsita") o la picana eléctrica, el aparato judicial es reacio a calificar hechos obvios de tortura como tales, porque esa figura legal señala con más claridad que ninguna otra la responsabilidad institucional. Jueces y fiscales, así como compiten por quién usa más tipos alternativos (apremios, severidades o vejaciones), todos excarcelables, y que permiten poner rápidamente en la calle a los torturadores, agudizan su inventiva para caratular escandalosamente "homicidio preterintencional en concurso con vejaciones", o bien "homicidio calificado en concurso con apremios", clarísimos casos de tormento seguido de muerte. Mucho menos aplican la figura que alcanza a los superiores jerárquicos por la facilitación de la tortura(2).

En relación a las muertes en las comisarías, cabe destacar también que la gran mayoría de las personas que luego fallecen, no estaban detenidas por delitos y a disposición de un juez, sino que habían sido víctimas de arrestos policiales para establecer identidad (averiguación de antecedentes) o contravenciones y faltas, probando así que estas facultades de las fuerzas de seguridad para detener personas arbitrariamente son clave para brindar la ocasión para la tortura. El estado hace una defensa irrestricta de las normas que permiten a las policías detener indiscriminadamente "sospechosos", cuyo perfil siempre coincide con lo que ellos mismos describen como "morocho, joven y de barrios conflictivos". Esa defensa institucional de las faltas, contravenciones y la averiguación de antecedentes incluye mantener incumplida la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el Caso Bulacio que ordenó a la Argentina, hace más de seis años, derogarlas por ser contrarias al Pacto de San José de Costa Rica. Sobre esos inverosímiles suicidios en cárceles y comisarías, decía también Walsh, en el artículo citado: "Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados".

1) La secta del gatillo alegre: El enigma de La Matanza, Rodolfo Walsh, 1968.
2) Nada más claro, para entender esta permanente política judicial en el marco del conjunto de las políticas represivas del estado, que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en 2007, en el caso del comisario de la PFA René Jesús Derecho. Se juzgaba un hecho puntual de tortura, cometido en 1988 por el funcionario en una comisaría. La Corte decidió que, como "en democracia" la tortura no puede considerarse sistemática, se trataba de un delito individual ajeno a la categoría de crimen estatal. Por ende, tampoco era un delito de lesa humanidad. Con ese razonamiento, resolvieron los cortesanos que la acción penal estaba prescripta, liberando al funcionario de toda responsabilidad penal.

 

 

GRÁFICO N°1: Cantidad de casos acumulados por archivo.

El gráfico nº 1 corresponde al acumulado de casos en cada actualización del Archivo, desde la primera publicación en 1996. Cada año, además de los casos ocurridos en los últimos 12 meses, incorporamos otros de los años anteriores, que recién llegan a nuestro conocimiento.

GRÁFICO N°2: Cantidad de casos durante las gestiones de Nestor Kirchner y Cristina Fernandez de Kirchner

Hasta el año pasado, nunca se había superado el total de casos de 2001 (con 39 víctimas, solamente, entre el 19 y 20 de diciembre). En 2009, Cristina Fernández de Kirchner impuso un nuevo récord. Con 997 asesinados durante la presidencia de Néstor Kirchner y 637 en lo que va de la presidencia de Cristina Fernández, el gobierno inaugurado en 2003 es el que más ha matado, a través de su aparato represivo, desde 1983.

GRÁFICO N°3: modalidades.

Es evidente la supremacía, como modalidad de la represión preventiva, de los fusilamientos de gatillo fácil, seguidos por las muertes bajo custodia.
Se manifiestan en especial las siguientes modalidades:
1- El fusilamiento o gatillo fácil "propiamente dicho", la mayoría de los casos motivado por la "pinta" de la víctima (joven y pobre) y respecto de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, o que huyen sin poner en riesgo a terceros luego de un delito consumado o tentado. Es evidencia flagrante de que las políticas de mano dura y tolerancia cero, que consisten en la ejecución extrajudicial sumarísima, se aplican cotidianamente, al amparo del consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar estos homicidios. Se continúa verificando en algunas zonas –como el conurbano bonaerense o algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires- el accionar de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de "limpieza social" fusilando metódicamente adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal, así como las desapariciones, especialmente de jóvenes, previamente hostigados por el personal policial;
2- La muerte de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias, en comisarías o en institutos de menores, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios. Muchos de estos casos son, lisa y llanamente, hechos de tortura seguida de muerte;
3- La muerte de transeúntes o terceros provocada por el desprecio por la vida humana por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier precio la captura de un delincuente real o presunto aunque ello implique poner en peligro a personas ajenas al hecho;
4- Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, que suman 56 desde 1995. Es importante señalar que, del total de siete asesinados en movilizaciones populares por el gobierno kirchnerista (Cuéllar, Fuentealba, Erazo, Vargas, Cárdenas, Carrasco y Ferreyra), los últimos cuatro ocurrieron durante el año 2010, en enero, junio y octubre.
5- Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para "hacer estadística" y exhibir una eficiencia muy lejana a la real; los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, y los hechos de corte privado, por discusiones familiares o laborales, que son literalmente "liquidados" por el funcionario público usando su condición de tal.
6- Se reconfirma la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de "operaciones de prensa" para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.

GRÁFICO N°4: Víctimas mayores y menores de edad.

El 32% de los casos corresponde a personas de 21 años o menos. Pero si se analizan los rangos de edad que muestra el siguiente gráfico, se constata que apenas un 12% tenían más de 36 años. La joven edad de las víctimas es un claro indicador del contenido de control social de la represión preventiva.

GRÁFICO N°5: Rango de edad de la víctima.

El 52% de los casos corresponde a personas de 25 años o menos. Si se suman los de 35 o menos, se llega al 71%.

La distribución territorial de los casos parece mostrar una hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestran este gráfico y la tabla con los valores parciales.

GRÁFICO N°6: Cantidad de casos por provincia.

 

Pero si se obtiene el índice de casos por millón de habitantes de cada distrito, vemos una imagen bien diferente:

GRÁFICO N°7: Índice de casos por millón de habitantes.

 

Se revela así que, dejando de lado la colosal supremacía poblacional de la Pcia. de Buenos Aires, cae a un tercer lugar en el cálculo por millón de habitantes, detrás de Tierra del Fuego y Santa Fe, gobernadas por el ARI y el Partido Socialista, respectivamente. Esto confirma que las políticas de mano dura no son patrimonio exclusivo bonaerense ni de un partido político en particular: son una necesidad operativa del sistema político-económico imperante, gobierne quien gobierne.

A similar conclusión se debe llegar si se comparan los parciales de diferentes municipios con gobiernos de distintos partidos políticos, como lo muestra el Gráfico nº 8. Peronistas kirchneristas o antikirchneristas, radicales, del Partido Socialista, del PRO, de partidos vecinalistas o "progresistas" con proyección nacional, todos reprimen al unísono, más allá de sus variantes en el discurso, porque todos gobiernan para la burguesía. Nótese el índice del partido de Morón, por ejemplo, superior al de la ciudad de Buenos Aires y parejo con Hurlingham, o los muy elevados de Tigre, Lomas de Zamora y Rosario.

GRÁFICO N°8: Comparación de municipios con gobiernos de distintos partidos (casos por 100.000 habitantes).

Finalmente, el Gráfico nº 9 muestra la proporción entre las distintas fuerzas, con preeminencia absoluta de las policías. Debe repararse en la alta incidencia de la policía federal, responsable por sí sola del equivalente a una sexta parte del conjunto de todas las provinciales. La participación de gendarmería y prefectura se sigue incrementando, a medida que toman más intervención en el patrullaje urbano. La diferencia entre el parcial correspondiente al servicio penitenciario (21%) y las muertes bajo custodia (34%) se debe a que buena parte de esas muertes en calabozos se produce en comisarías.

GRÁFICO N°9: Porcentaje según fuerza.

Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional.

www.correpi.lahaine.org/

 

correpi@fibertel.com.ar

 

 

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A la breve compilación de estos tres materiales recientemente enviados, queda por agregarle, para un cuadro completo de LA VIOLENCIA ESTATAL EN LA ARGENTINA, todo aquello referido a la "desaparición" de personas, tanto en dictadura como en democracia, prostitución y trata de personas, con su consecuencia, solamente en la Argentina, de CIENTOS de mujeres y niñas "desaparecidos": es decir, secuestrados y esclavizados, o asesinados, comercio de órganos, esclavitud, superexplotación, esclavización de niños, mal llamado "trabajo infantil", violencia de género, maltrato institucional, abandono y desprotección de los niños y los mayores, desocupación, indigencia, pobreza, tortura en comisarías e instituciones públicas, manicomialización, criminalización de la protesta y de la pobreza, entre otros modos de violencia grave o extrema.

 

Este panorama demuestra sin ambages la constitucionalidad VIOLENTA del Estado capitalista, tanto en sus formas democráticas como dictatoriales y es un importante punto de partida para discusiones cruciales referidas al posible futuro socialista de nuestros países y el carácter de la "liberación" y "libertad" por las que luchamos.

 

www.signosdeltopo.com.ar

 

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Nicolás Maduro Golpe continuado en Venezuela extrema derecha y CIA en acción CELAC UNASUR ¿porque no te callas Maduro? Chaubloqueo Museo Che Guevara Caballito Bs.As. Argentina vene1


                                                                        Ojos para la Paz

Nuestra solidaridad con el legítimo gobierno de Venezuela y nuestro rotundo rechazo a la política desestabilizadora,  golpista y belicista del gobierno de los EE.UU., al que el presidente Obama ha llevado a 134 guerras.  Ya no es el gobierno hegemónico pero no aceptan su declive y se han vuelto más peligrosos que nunca. 

El Gobierno Bolivariano logró desactivar una nueva acción, esta vez concebida en el plano militar. Un grupo de oficiales de la aviación pretendía provocar un hecho violento contra el Presidente de la República y algunas instituciones fundamentales del Estado. El plan golpista estuvo orquestado por sectores de la ultraderecha venezolana quienes ofrecieron dinero y una serie de prebendas a los oficiales que participarían en la acción. Todo esto contó con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América.


 

Fecha: 17 de febrero de 2015 17:15:01 GMT+01:00

Para: "solidaridad.embve-espana" <solidaridad.embve-espana@mppre.gob.ve>

Asunto: Fwd: Denuncia del Presidente Nicolás Maduro sobre nuevas acciones en el marco del Golpe continuado en Venezuela

 

 

Estimados colegas,

Por medio de la presente remitimos (abajo y en PDF) documento con la Denuncia del Presidente Nicolás Maduro Moros ante el país y la comunidad internacional sobre nuevas acciones en el marco del Golpe continuado contra la República Bolivariana de Venezuela y la injerencia de los Estados Unidos de América.

Agredeciendo su atención a este delicado asunto y su apoyo,

Atentamente,

Embajada de la República Bolivariana de Venezuela

ante el Reino de España.-


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DENUNCIA DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO ANTE EL PAÍS Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL SOBRE NUEVAS ACCIONES EN EL MARCO DEL GOLPE CONTINUADO CONTRA LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA INJERENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

 

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha venido denunciando desde el año 2014 la actuación de la derecha venezolana y de factores extranjeros para derrocar al gobierno democráticamente constituido en el país. Las violentas agresiones contra la democracia venezolana provienen de los sectores de la ultraderecha extrema y violenta que han tenido como objetivo amenazar la estabilidad del sistema democrático, tratando de imponer su agenda por encima de la voluntad popular que se ha ratificado sucesivamente en las distintas elecciones de los últimos 15 años en el país.

 

Desde el 23 de enero del año 2014, estos grupos desestabilizadores echaron a andar una nueva arremetida contra la democracia venezolana. El plan denominado “La Salida” hizo un llamado a manifestaciones supuestamente pacíficas. Sin embargo, la acción orquestada por estos factores, pronto devino en una ola de violencia desmedida en algunos estados y municipios del país, controlados por autoridades locales contrarias al gobierno revolucionario.

 

En este contexto Leopoldo López, dirigente del Partido Voluntad  Popular, declaró a través de las redes sociales:Hemos planteado la necesidad de una salida al desastre, una salida que pasa por construir una fuerza popular que esté activa en las calles” “Nos vemos en las calles de Venezuela”, precisó, al tiempo que manifestó que el país se acerca a “La Salida y al cambio”.

 

Este llamado fue secundado por distintos sectores de la derecha venezolana que echaban a andar el plan desestabilizador y que condujo a las acciones violentas y vandálicas que comenzaron el 12 de febrero de 2014.  El trágico saldo de la acción perpetrada por este grupo dejó un total de 43 muertes, cientos de lesionados y daños incalculables al patrimonio público.

 

Los acontecimientos violentos propiciados por estos sectores de la oposición, fueron tergiversados por los medios de comunicación nacional e internacionales haciéndolos ver como manifestaciones “pacíficas” que fueron objeto de represión por parte del gobierno venezolano, señalando la acción de los agentes de orden público que ejercieron en defensa del pueblo y de la paz del país, como violatorias de los derechos humanos.

 

Una vez fracasada esa escalada de violencia sin sentido, el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado sincero al diálogo y al entendimiento. Con la participación de la UNASUR se impulsó una mesa en la cual se convocaron a esos factores. Sin embargo, este esfuerzo fue depreciado por parte de la oposición venezolana. Una vez más la agenda que asumieron fue la de la acción desestabilizadora. A partir de ese punto se recrudeció la acción del golpe continuado en el país. Los sectores de oposición, con apoyo del gobierno de los Estados Unidos, han aplicado un plan para intentar vulnerar el orden constitucional y derrocar al gobierno.

 

Debido al fracaso de la violencia creada en las calles, la burguesía desató la guerra económica contra el pueblo venezolano, buscando con ello crear un clima de insatisfacción en los sectores populares que produjera saqueos y un estallido social. De esta forma, por la vía del acaparamiento, la especulación y el contrabando, se quiso privar al pueblo venezolano de los principales productos para la alimentación y la higiene.   Esta acción, aún en desarrollo, está siendo desmontada por el Gobierno Bolivariano, el cual ha dedicado grandes esfuerzos por frenar la guerra contra la economía, que afecta directamente al pueblo venezolano.

 

Así mismo, el Gobierno Bolivariano logró desactivar una nueva acción, esta vez concebida en el plano militar. Un grupo de oficiales de la aviación pretendía provocar un hecho violento contra el Presidente de la República y algunas instituciones fundamentales del Estado. El plan golpista estuvo orquestado por sectores de la ultraderecha venezolana quienes ofrecieron dinero y una serie de prebendas a los oficiales que participarían en la acción. Todo esto contó con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América.

 

En dicho plan golpista, cabe resaltar la existencia de un plan para eliminar físicamente al dirigente opositor Leopoldo López, y con ello generar un mayor caos que facilitaría la caída definitiva del Gobierno. Asimismo, es destacable que esta semana varios dirigentes opositores habrían suscrito un documento para la  “transición”, en la que participarían voceros de la oposición política de ultraderecha venezolana, tales como María Corina Machado, Julio Borges, Antonio Ledezma, entre quienes se formaría la eventual Junta de Gobierno.

 

De igual manera, este frustrado golpe de Estado tenía como objetivo la muerte de altos funcionarios del Gobierno Bolivariano, tales como el Presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tibisay Lucena, Jorge Rodríguez y Tareck El Aissami. 

 

En este orden de ideas, es necesario informar que el desmantelamiento de este golpe ha merecido hasta la fecha, la privación de libertad de 10 oficiales, mientras se encuentran en fuga -fuera del país- otros 3 militares.

 

Asimismo se identificaron elementos electrónicos como: computadoras, sables, uniformes, tabletas, ropa usada para el video, fotos de un alcalde de oposición (Antonio Ledezma) y un documento para la “transición” ubicado recientemente en un diario de circulación nacional. Además, los detenidos confesaron que la publicidad en la prensa era una de las señales para la actuación.

 

En este contexto, se han observado las múltiples declaraciones de los políticos opositores, al Gobierno venezolano, que reflejan claramente una postura hacia un cambio de gobierno, al margen de la normativa constitucional vigente, incluso haciendo llamados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para alterar el hilo constitucional en el país; tal y como lo señalara una organización de venezolanos en los Estados Unidos de América en un comunicado donde piden “liberarnos del yugo de la mafia totalitaria que ejerce el poder y ha llevado a Venezuela a la ruina”; o como se aprecia en las declaraciones efectuadas por el dueño de un medio de comunicación escrita el mismo día en que se supone habría ocurrido el atentado golpista: “En Venezuela hay elecciones en 2018, pero la situación es tan catastrófica, el descontento es tan grande en todos los sectores, incluido el chavismo y las Fuerzas Armadas, que puede pasar cualquier cosa”.

 

Todos estos elementos, son una clara evidencia del plan continuo por parte de sectores desestabilizadores en Venezuela, que tienen como firme objetivo vulnerar el orden constitucional del país.

 

Paralelamente a la situación que han intentado crear estos grupos de derecha en nuestro país, se observa una marcada participación o intervención del Gobierno de los Estados Unidos de América.   Sus principales representantes gubernamentales, se han dado a la tarea de emitir juicios desproporcionados y errados sobre la actuación del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros, con miras a crear una matriz internacional, para justificar un golpe de Estado, la intervención extranjera y una llamada “transición pacífica” a la democracia.

 

El Golpe continuado fue preparado por etapas, entre los factores tanto nacionales como internaciones, interesados en la “Salida” del Presidente Maduro y por tanto del Gobierno Revolucionario.

 

El Gobierno de los Estados Unidos de América, haciendo alarde de su pretendida hegemonía, ha venido incumpliendo sistemáticamente con la obligación internacional de la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela, al desarrollar toda una línea de acciones de carácter declarativo y legislativo, con el fin de desacreditar y perjudicar al Gobierno Bolivariano del Presidente Nicolás Maduro Moros y la institucionalidad democrática venezolana, y con ello subvertir el sistema democrático participativo y protagónico constitucionalmente vigente.

 

En efecto, el Gobierno estadounidense, mediante pronunciamientos oficiales, ha mantenido desde el año 2014 su aviesa conducta de descalificar públicamente las políticas desarrolladas por el Estado venezolano, para enfrentar las situaciones de crisis promovidas por el sector de la ultraderecha política venezolana.

 

Ello se observa cuando, el Secretario de Estado, John Kerry [21.05.2014], tergiversa situaciones puntuales de violencia ocurridas en Venezuela, tildándolas de manifestaciones pacíficas, insiste en la falsa violación de los derechos políticos en nuestro país y se atreve a exigir la liberación de las personas que promovieron actos criminales y de vandalismo, justificándolas en el hecho de que “intentaban ejercer su derecho democrático de expresar disentimiento”.

 

En igual sentido, el Vicepresidente estadounidense, Joe Biden, durante su visita al Brasil [16 y 17.6.2014], expresaba sin disimulo que el Gobierno de los Estados Unidos de América consideraba que había un debilitamiento de las instituciones democráticas venezolanas, lo que se traducía en una falta de democracia y en que no había garantía de los derechos humanos. 

 

El 30 julio de 2014 el Departamento de Estado imponía restricciones al otorgamiento de visas para funcionarios públicos venezolanos, bajo el pretexto de que existía una intimidación judicial de la disidencia política venezolana, así como un uso excesivo de la fuerza para el control de las situaciones de violencia puntual que apenas, para esa fecha, ocurrían aisladamente en entornos urbanos, y que ellos entendían como protestas pacíficas, teniendo como objetivo dicha restricción asegurar que los violadores de derechos humanos rindan cuentas.

 

El Departamento de Estado, a través de su vocera, Jen Psaki, ha brindado declaraciones continuas y reiteradas que sirven para sostener las falsas matrices de opinión sobre la situación económica en nuestro país, así como ha construido una línea de opinión que refiere a la supuesta criminalización de la disidencia política venezolana, obviando los hechos delictivos y vandálicos que líderes políticos de la ultraderecha venezolana alentaron y promovieron directa y públicamente, siendo éstos la verdadera razón de sus procesos judiciales.

 

En este mismo sentido, el Gobierno de los Estados Unidos de América no ha escatimado oportunidades para cuestionar la probidad del sistema judicial venezolano, y en particular cuando se refiere al proceso judicial del ciudadano Leopoldo López.

 

También es importante mencionar que, el Gobierno estadounidense en su Estrategia de Seguridad Nacional para el 2015, mantiene la línea de opinión tergiversada sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, la criminalización de la disidencia política y la prohibición de la libertad de expresión, lo cual tiene el agravante de que establece como línea de acción, continuar apoyando a la oposición política venezolana para el cambio del régimen constitucional democrático, participativo y protagónico en Venezuela.

 

Por otra parte, es imperioso referirse a la nefasta «Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela», sancionada por el Congreso estadounidense y puesta en vigor por el Presidente Barack Obama en diciembre de 2014; pues esa “ley”, de eminente carácter intervencionista, encuentra sustento en la convicción del Gobierno de ese país de que el Gobierno Bolivariano de Venezuela viola los derechos humanos al hacer cumplir la ley y mantener la paz y la seguridad de todos los venezolanos, aun cuando ello signifique impedir que grupúsculos violentos pagados por la ultraderecha política venezolana cometan acciones vandálicas y delictivas.

 

Durante su tramitación parlamentaria, el Gobierno de los Estados Unidos de América manifestó ante el Congreso que a través de las sanciones establecidas en esta “ley”, se favorecerían las pretensiones de la oposición política venezolana.

 

Es necesario mencionar que esa legislación estadounidense establece sanciones de carácter unilateral no autorizadas por el derecho internacional contra los intereses de la Nación venezolana, lo cual, según la doctrina internacionalista contemporánea, sustentada en la reciente jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y en la práctica de los órganos del sistema de las Naciones Unidas, es una violación del principio fundamental de la no intervención en los asuntos internos de otro Estado, consagrado como obligación universal en el derecho internacional que rige las relaciones internacionales entre los Estados, a fin de garantizar la paz y la seguridad internacionales.

 

Adicionalmente, cabe señalar que la citada ley tiene como objetivo coaccionar al Gobierno Bolivariano de Venezuela, a través del “ataque selectivo” a los intereses patrimoniales de ciudadanos venezolanos señalados sumaria y secretamente por el Departamento de Estado (órgano del Poder Ejecutivo), para aplicar sanciones confiscatorias y violatorias de los derechos fundamentales reconocidos en el mundo civilizado.

 

Esta acción injerencista del Gobierno de los Estados Unidos de América ha sido reconocida y condenada firmemente por los Estados de la región, siendo destacable los llamados al Gobierno de los Estados Unidos de América para que respete, en sus relaciones con los Estados de Latinoamérica y del Caribe, el compromiso de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro Estado y observe los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –CELAC) y, se abstenga de imponer sanciones unilaterales que vulneran el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros Estados (Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR— y Mercado Común del Sur –MERCOSUR).

 

Sin embargo, el Gobierno estadounidense hizo caso omiso a este llamado al cumplimiento del derecho internacional, y reiteró y amplió las medidas sancionatorias contra funcionarios del Gobierno venezolano, las cuales fueron rechazadas nuevamente por los organismos regionales antes señalados, y de igual forma se pronunció la comunidad internacional a través del Movimiento de Países No Alineado (MNOAL), el cual instó “a derogar tales medidas coercitivas ilegales que afectan el espíritu de diálogo y entendimiento político entre Venezuela y los Estados Unidos de América”.

 

A la luz de lo anterior, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela solicita que la comunidad internacional rechace enérgicamente la injerencia sistemática y continuada que mantiene el Gobierno de los Estados Unidos de América en nuestros asuntos políticos internos, puesto que ello atenta contra los valores fundamentales de la convivencia pacífica entre los Estados, y contraviene el derecho internacional universal establecido en la Carta de las Naciones Unidas.

 

 

NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE LA NO INJERENCIA EN LOS ASUNTOS INTERNOS DE LOS ESTADOS, VULNERADA POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS:

 

  • El numeral 7 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, dispone claramente como principio fundamental que regula el accionar, tanto de la Organización como de sus países miembros, la obligación de no intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados.
  • Este principio, está plenamente desarrollado en la «Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de Conformidad con la Carta de las Naciones Unidas» (Resolución de la Asamblea General de la ONU N° 2625 (XXV) del 24 de octubre de 1970), en la que se prevé lo siguiente:

 

«Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del Derecho Internacional.»

 

  • De igual manera, el artículo 3 (e) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece como un principio de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de la organización «la obligación de no intervenir en los asuntos de otro Estado», y el artículo 19 de la misma Carta, dispone expresamente que:

 

«Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.»

 

La codificación normativa de este principio hace indudable su obligatoriedad para todos los países de la región, a fin de mantener una buena relación que propenda al aseguramiento de la paz y la seguridad internacionales.

 

  • Otra manifestación más de que este principio universal constituye una costumbre hemisférica, practicada con plena obligatoriedad por todos los países de la región americana, puede apreciarse en el párrafo 23 de la Declaración de Caracas del 2 y 3 de diciembre de 2011, emanada de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la cual este mecanismo político e integracionista, que es el de mayor representatividad americana, reconoció como unos de sus valores y principios orientadores, el respeto a la soberanía; el respeto a la integridad territorial y; la no injerencia en los asuntos internos de cada país. 

 

  • Siendo reafirmada esta postura principista en la Declaración Especial sobre la Democracia y el Orden Constitucional en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) del 3 de diciembre de 2011, donde quedó expresado lo siguiente:

 

«Ratificamos la vigencia del Estado de Derecho, el respeto a la autoridades legítimamente constituidas como expresión de la voluntad soberana de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos y la defensa de las instituciones democráticas, que constituyen garantías indispensables para asegurar la paz, la estabilidad y la prosperidad  económica y la justicia social…»

 

  • De igual modo, en el ámbito regional, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) ha reafirmado en diversas ocasiones la convicción de sus Estados miembros en relación a la obligatoriedad para toda la comunidad internacional del principio de la no intervención, el respeto irrestricto de la soberanía de los Estados, y la no injerencia en los asuntos internos. Ello en aras de mantener la seguridad regional y la paz internacional.

 

  • En la Decisión para el Establecimiento del Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR, del 16 de diciembre 2008, la Unión enfáticamente dispuso en su artículo 3, como principios rectores para la defensa suramericana:

 

«(a) [El] respeto de manera irrestricta a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados, la no intervención en sus asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos.

 

(e) [La] salvaguarda de la plena vigencia del Derecho Internacional, en concurrencia con los principios y normas de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el Tratado Constitutivo de UNASUR.

 

(m) Reafirmar la convivencia pacífica de los pueblos, la vigencia de los sistemas democráticos de gobierno y su protección, en materia de defensa, frente a amenazas o acciones externas o internas, en el marco de las normativas nacionales…» 

 

  • La Declaración Conjunta de la Reunión Extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas, del 28 de agosto de 2009, reiteró su énfasis a que «el irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados, la no injerencia en asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos son esenciales para consolidar la integración regional», y, en este orden de ideas expresó la «disposición de consolidar en Suramérica una zona de paz, fundamento para el desarrollo integral de nuestros pueblos, y la preservación de sus recursos naturales, a través de la prevención de conflictos, la solución pacífica de las controversias y la abstención de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza.»  



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