El derrumbe La tragedia La responsabilidad La empresa Los clientes La intencionalidad
Escrito por Telam - TVP
Más de un año de investigaciones y peritajes concluyeron que el incendio fue intencional, igual que en otras partes del mundo donde ocurrieron hechos similares con la empresa
El derrumbe La tragedia La responsabilidad La empresa Los clientes La intencionalidad
IRON MOUNTAIN
Informe Especial
Télam- TVP
2/06/2015
El derrumbe
A las 9.04 de la mañana del miércoles 5 de febrero se derrumbó una pared de más de 10 metros de un edificio en llamas en el barrio porteño de Barracas causando la muerte inmediata de ocho bomberos voluntarios y dos rescatistas.
El comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica, los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Béliz y los agentes bomberos Maximiliano Martínez y Matías Montecheli -todos integrantes del Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal Argentina-; los bomberos Sebastián Campos y Facundo Ambrosi del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha (La Boca); y los rescatistas Pedro Baricola y José Méndez de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fallecieron en la mayor tragedia de la historia de los bomberos voluntarios en Argentina, que ocurrió en un depósito de la firma Iron Mountain una multinacional que brinda el servicio de guarda de documentación a grandes empresas, muchas de ellas también multinacionales.
Algunas de las firmas que se contaban entre los clientes de IM fueron denunciadas en el último tiempo por lavado de dinero y otros delitos financieros.
Muchos de los documentos que estas empresas guardaban en el depósito de Barracas desaparecieron con el siniestro.
Más de un año de investigaciones y peritajes concluyeron que el incendio fue intencional -igual que en otras partes del mundo en donde ocurrieron hechos similares-; y que la empresa, en acuerdo con sus clientes más comprometidos, hizo desaparecer toneladas de información.
Además, hay una responsabilidad indubitable del Gobierno porteño a cargo de Mauricio Macri, que permitió la habilitación de un edificio que no estaba en condiciones de funcionar para tal fin.
Este informe especial de la Agencia Télam, realizado en conjunto con un equipo de la Televisión Pública, propone una visión integral de esta complicada trama de omisiones y delitos que terminó con la vida de 10 personas.
La tragedia
Eran las 9.04 de aquel miércoles 5 de febrero de 2014, cuando la pared del depósito de Iron Mountain colapsó. La muerte de los bomberos cambió abruptamente la rutina cotidiana del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha: desde entonces, la ausencia se apoderó del lugar.
A casi un año y medio de la tragedia que consumió la vida de dos compañeros que se desempeñaban allí desde muy pequeños, Miguel Gómez, segundo jefe de los Bomberos Voluntarios, recorrió junto a los equipos de la Agencia Télam y la TV Pública el lugar que se cobró la vida de Facundo Ambrosi, Sebastián Campos, otros siete bomberos de otras dependencias y dos rescatistas civiles.
"Venir acá me hace mal", dice Gómez en la esquina de Azara y Jovellanos, a unos metros de un pequeño altar que recuerda a los bomberos fallecidos, convertido hoy en un baldío rodeado de rejas y policías que custodian el lugar.
Miguel dice que permanecer en el cuartel de bomberos significa: "recordarlos a ellos constantemente".
Ese día, cuenta Nora Fernández -la mamá de Facundo, que forma parte de la familia de bomberos que son los Ambrosi- "se recibió una llamada directa alrededor de las ocho de la mañana, Miguel Gómez fue con cuatro bomberos", entre ellos Sebastián Campos como chofer.
Facundo Ambrosi, quien aún permanecía en el cuartel, "fue a la terraza y vio que había mucho humo, y cuando salió se encontró con un fuego terrible y muchos bomberos de otros lugares", entre ellos, el Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal Argentina de Barracas y Villa Domínico; y rescatistas de Defensa Civil.
"A las 9,15, más o menos, yo estaba en el cuartel y me avisaron que había sucedido un accidente.
Entonces llamé y me transformé, sabía que algo estaba sucediendo"-cuenta Nora- "constataron que había una pared caída que le dio de lleno a Sebastián y que Facu quedó atrapado en los escombros".
Facundo, hijo de bomberos, padre de cuatro niños -entre ellos un pequeño aprendiz de bomberos de la Brigada Infantil de Vuelta de Rocha- permaneció 12 días internado y finalmente se convirtió en el décimo fallecido por la tragedia de Barracas.
Entre los fallecidos también se cuenta al rescatista de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Pedro Barícola, "una persona feliz, un muy buen padre que le gustaba hacer su trabajo, que era el de ayudar al prójimo", tal como lo recuerda su hermana Sandra, quien dialogó con la prensa respecto de su decisión de presentarse como querellante en la causa que investiga la causa del incendio en el depósito.
Según la familia Barícola, también el Gobierno de la Ciudad es responsable: "hay encubrimiento" para no "esclacecer este hecho" y para "tapar pruebas".
El día del velorio de los fallecidos, el ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro se acercó al lugar: "cuando hablé con él me dijo textualmente que no había un protocolo armado para esto, y que ahora estaban tomando cartas en el asunto, aunque ya era muy tarde porque tenía a mi hermano ahí.... ha sido poco feliz lo que nos ha dicho", sostiene.
El 18 de mayo pasado, y tras insistentes pedidos de la oposición al PRO en la Legislatura porteña, el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Juan José Gómez Centurión, se presentó al recinto y buscó eludir las responsabilidades del Gobierno de la Ciudad en el hecho; e incluso deslizó la responsabilidad de los hechos sobre uno de los bomberos fallecidos, cuando, según Sandra Barícola, "en realidad este galpón nunca tendría que haber estado funcionando".
Sin embargo, el jefe de de la zona 3 de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal, Gustavo Benzi, explicó que allí existe una "oficina técnica que aprueba planos y proyectos de instalación en edificios existentes como el de Iron Mountain", y que en Barracas "se aprobó en 2006", aunque desde esa fecha no pudieron "seguir verificando" ya que no poseen "la postestad para hacerlo", como sí a la AGC.
La ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez, sostuvo tras las acusaciones de Gómez Centurión, que se trata de "una falta absoluta de respeto a los que ya no están, a sus familias y a todos los bomberos de la Policía Federal Argentina, que se forman y capacitan y tienen un nivel de conocimiento para pertenecer a los bomberos cada vez más importante".
La responsabilidad
"No podría haber sido habilitado nunca"
Dice Edgardo Castro sobre el depósito de Barracas que se cobró la vida de 10 bomberos.
Castro es el inspector de la Ciudad de Buenos Aires que en 2008 inspeccionó el edificio de Iron Mountain y pidió su clausura por "riesgo de incendio".
Organigrama de las omisiones
La cadena de responsabilidades dentro del Gobierno de la Ciudad comienza con el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, titular de la cartera desde el inicio de la gestión macrista en la Ciudad y presidente de la Fundación Pensar (la "usina de ideas PRO", tal como se sostiene en su página web).
Antes de 2007, se había desempeñado como Director Ejecutivo del diario La Nación e integró el directorio de los diarios Los Andes (Mendoza) y La Voz del Interior (Córdoba), ambos pertenecientes al Grupo Clarín.
Su currículum también contiene una extensa experiencia en el sector privado: comenzó en la empresa Hewlett-Packard, fundó la AFJP Máxima y fue miembro del Directorio de La Buenos Aires Seguros y de Docthos, ambas parte del Grupo HSBC.Máxima y HSBC tenían documentos en el depósito de Iron Mountain incendiado.
Además, trabajó durante años en el holding financiero Grupo Roberts, adquirido al 100% por el HSBC en 1997.
De Cabrera dependen directamente una serie de funcionarios involucrados en el incendio, entre ellos su mano derecha, el Subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor, encargado de ordenar las inspecciones en los edificios de la Ciudad.
El organismo práctico que depende de la Subsecretaría de Sabor es la Dirección General de Protección de Trabajo, comandada por Fernando Macchi, al que responden los inspectores de la Ciudad, entre ellos Castro.
En escala ascendente, Macchi, Sabor y Cabrera son responsables, así como el jefe de Gobierno Mauricio Macri, de quien se develó, tras una cámara oculta dada a conocer por la Agencia Télam, que llamaba por teléfono para "frenar" las inspecciones y así impedir las clausuras, tal como reconoció el actual Director General de Hábitat dependiente de la Subsecretaría de Inclusión Social -también dependiente de Desarrollo Económico-, Fernando Cohen.
En el ministerio de Desarrollo Económico hay también otras cuatro subsecretarías, entre ellas la de Inversiones, a cargo de Carlos Luis Pirovano, que se constituye en otro de los organismos encargados de "beneficiar" a Iron Mountain con exenciones impositivas.
Pirovano fue asesor en el Congreso de la Nación del diputado Álvaro Alsogaray, entre 1994 y 2007 ocupó diversos cargos en el banco HSBC, y también fue ejecutivo de Máxima AFJP, al igual que Cabrera.
Al ingresar en 2007 a la gestión, impulsó el Distrito Tecnológico una zona franca de impuestos y gravámenes para los barrios de Barracas y Parque Patricios para empresas del sector.
Uno de los primeros beneficiados, que ya se encontraba en la zona, fue Iron Mountain, empresa a la que no le correspondían esos beneficios dado que no se dedicaba a ninguna actividad encuadrada dentro de la categoría “desarrollo tecnológico”, sino al almacenamiento de documentos.
En 2010, Pirovano y Cabrera propusieron una ampliación del Distrito para que pudieran ingresar los barrios de La Boca y Villa Lugano, en donde Iron Mountain también tiene depósitos.
En 2009, el jefe de Gobierno Mauricio Macri le entregó un premio a Iron Mountain junto a otras dos empresas (TaoIT y Tata) por ser las primeras en inscribirse en el Registro de Empresas TIC que funcionan en el Distrito Tecnológico porteño.
Pese a las 15 alertas que recibió el Gobierno de la Ciudad de distintos organismos de control entre 2007 y 2013, el depósito de Barracas nunca fue clausurado.
Tampoco se tomó ninguna medida con el otro edificio de la empresa ubicado en La Boca, que había sido objeto de las mismas advertencias.
Cuando la administración porteña decidió intervenir, un año después de realizada la actuación de los organismos de control, Iron Mountain vació el galpón para evitar la clausura.
La empresa
Iron Mountain
Iron Mountain significa en español "montaña de hierro" y, en efecto, se debe a que Herman Knaust, el fundador de la empresa, compró en 1936 una mina de hierro a 9.000 dólares bajo una montaña en Livingtson (New York, Estados Unidos) para darle un impulso a su negocio de cultivo y venta de hongos, que decidió plantar allí.
Unos años después de finalizada la segunda Guerra Mundial, con el inicio de la llamada Guerra Fría, fue cuando la industria de los hongos decayó.
Entonces, en 1951, Knaust entendió que el negocio en ese entonces era el de proteger información de corporaciones por un eventual ataque nuclear u otros desastres, razón por la que inauguró "Iron Mountain Atómica Storage, Inc".
Un depósito bajo tierra, en donde se almacena información,hasta el día de hoy, en 200 bóvedas de alta seguridad.
En 1970, Knaust cayó en bancarrota y la empresa fue adquirida por un inversor privado, Vincent Ryan.
Tras décadas de expansión, hoy IM opera en 36 países, con más de 17.000 empleados, y tiene unos 156.000 clientes que confían a la empresa el almacenaje de su información.
NML Elliott Capital Management un fondo buitre cuyo director es Paul Singer fue uno de los accionistas de Iron Mountain hasta hace tres años, con un porcentaje accionario bajo.
De todos modos, Singer impuso a dos hombres de su confianza como directores de la compañía en 2013.
En Argentina, la empresa abrió sus puertas en el año 2000 tras adquirir Cada Storage y Box Security, dos empresas que brindaban esos servicios en el país. Posteriormente, compraría Megabox S.A., luego de que su quiebra fuese declarada en 2011.
IM cuenta con cuatro galpones para el almacenamiento de información ubicados en Pedro de Mendoza 2143, Zaraza 6135, Amancio Alcorta 2482 y Azara 1245.
Este último fue el que se incendió en febrero de 2014. Iron Mountain Argentina es propiedad de una firma radicada en Luxemburgo, poseedora del 96,8% de la filial, llamada Iron Mountain South América; el resto pertenece a Iron Mountain Chile Servicios S.A.
La Unidad de Información Financiera (UIF) -querellante en la causa que investiga el incendio en Barracas-, denunció que ambas empresas son "sociedades fantasma o pantalla" constituidas con el objetivo de "ocultar al titular real y el origen de los fondos".
Pedro Meierhold, curiosamente, o no tanto, es a su vez presidente para Latinoamérica y para Argentina de la misma empresa (es decir, preside una filial supranacional a cargo de otra nacional que también preside, valga la redundancia).
Iron Mountain tiene un depósito en Lugano que no reúne condiciones de seguridad
En los últimos 25 años cinco depósitos de Iron Mountain alrededor del mundo se incendiaron.
En marzo de 1997, tres incendios afectaron a dos depósitos ubicado en New Jersey, Estados Unidos.
Según el informe anual de 1999 de la compañía, las autoridades locales determinaron que los tres incendios fueron causados intencionalmente; sin embargo, Iron Mountain negó “cualquier responsabilidad por la destrucción o el daño de los registros de sus clientes como resultado de los incendios”.
La empresa, por esto, debió enfrentar demandas de quienes vieron afectados sus documentos.
Unos años más tarde, en julio de 2006, se incendiaron con diferencia de una semana dos depósitos: uno en Inglaterra y otro en Canadá.
El que afectó el depósito de Londres provocó la destrucción total del depósito, y de acuerdo a un informe difundido por los bomberos de esa ciudad, se concluyó que el incendio también fue intencional y que “un guardia contratado por servicios de seguridad tercerizados” fue quien “desactivó el sistema automático de rociadores en el edificio”, según relata la compañía.
En Ottawa, unos días antes, otro incendio había afectado un depósito de Iron Mountain, pero apenas afectó al tres por ciento de los documentos.
En noviembre de 2011, otro incendio afectó una instalación de la empresa, esta vez, en la ciudad italiana de Aprilia, debido a una “falla eléctrica” según las primeras investigaciones de la policía local.
Otra vez, el incendio generó la pérdida total de los documentos que allí se guardaban.
Los clientes
Un informe del área Operativa de Mercado de Capitales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) al que Télam tuvo acceso exclusivo, determinó que 29 investigaciones que lleva a cabo el organismo "se vinculan con las empresas clientes de Iron Mountain", que tenía documentación de 642 clientes/ empresas en el edificio afectado.
De estos 43 "habrían tenido mayor cantidad de documentación en los sectores 7 y 8", en donde comenzó el siniestro.
Entre ellas, Máxima AFJP, BNP Paribas, Arcos Dorados S.A, JP Morgan, Monsanto Argentina, Telefónica Argentina y Cargill, entre otras.
Tal como indicó José Sbatella, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), "ninguna de las empresas perjudicadas denunció el incendio por haberle provocado pérdidas".
Sin embargo, las dos empresas más afectadas por el siniestro fueron el grupo HSBC y el Banco Patagonia.
El Grupo HSBC, en ese momento investigado por evasión tributaria y lavado de dinero por la AFIP, informó que, en el depósito de Iron Mountain, contenía 86.654 cajas con documentación; de las cuales pertenecían 46.528 al HSBC Bank Argentina; otras 15.935 a La Buenos Aires Seguros, y 4.191 a NyL Seguros -ambas empresas del Grupo.
En el sector 7 y 8 (en donde comenzó el fuego), entre las tres empresas guardaban 33.342 cajas; es decir, casi el 40% del total de la documentación.
Asimismo, de acuerdo al detalle brindado por Iron Mountain a pedido de la Procelac, algunas cientos de cajas de empresas del grupo también se guardaban allí, tales como del HSBC Bank USA y HSBC Arg. Holding S.A..
En lo que hace al HSBC Bank Argentina, se determinó, de acuerdo a la información brindada por la empresa -que en los sectores en donde comenzó el siniestro había 26.326 cajas (el 56,5% del total).
De esas cajas, 11 tenían "el rótulo 'lavado de dinero', vinculadas con el 'centro de servicios sucursales', 'peatonal Florida' y 'COAS' (año 2003, 2007 y 2010); a las que deben sumarse seis cajas con el título 'list lavado dinero' y 'mov lavado', vinculadas a los sectores 'títulos' y 'compliance' (cumplimiento)", cita el informe, y completa: "En relación a la sucursal de Avellaneda se vio afectada una caja con el rótulo 'sdo lavado dinero ccion P.TV”.
Tal como sostiene Procelac, "llamativamente", el HSBC retiró, entre diciembre de 2013 y febrero de 2014 -antes del siniestro-, unas "249 cajas, muchas de las cuales poseen documentación del año 2010 en adelante"; junto con otras 28 de HSBC Seguros de Vida S.A.
Otra de las empresas que más afectada vio su información guardada en Iron Mountain fue el Banco Patagonia que tenía un total de 65.705 cajas en el depósito, y 57.015 en los sectores 7 y 8, en donde comenzó el incendio.
El informe de Procelac afirma que "se vieron afectadas por el fuego cajas con el rótulo 'Lavado de dinero', relacionadas a 'Network Efficiency'".
Si bien de acuerdo a esa información brindada por la entidad, el organismo que investiga la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos estima que 'ha sido afectado por el incendio prácticamente el 50% de los documentos que posee el Banco Patagonia S.A.";comparando el informe presentado por Iron Mountain sobre la documentación guardada en el depósito de Barracas, 'surgen archivos en los que aparecen cajas pertenecientes al Banco Patagonia Sudameris S.A. en listados separados, en algunos casos de sólo una caja, situación que hace presumir que el total de cajas afectadas por el siniestro puede ser mayor".
Otras tres empresas afectadas por el siniestro que contenían información "de interés", son Sideco Americana (propiedad del Grupo Macri), que poseía una caja con el rótulo "Perú (Coima Gral Egesur Electr)" y el BNP Paribas sucursal Buenos Aires, ya que "fueron destruidas por el fuego cinco cajas con información relativa a transferencias internacionales varias, incluidas transacciones con entidades relacionadas con este banco en las Islas Caymán", un paraíso fiscal.
Asimismo, tal como destaca Procelac, "se vieron afectadas otras dos cajas con el rótulo 'antiterrorismo', con información relativa al año 2005".
En cuanto al JP Morgan Chase Bank (el principal banco de inversión de Estados Unidos) fueron destruidas 4000 de las 4406 cajas que guardaba en el depósito.
El organismo informó que, si bien no era "posible inferir el contenido de las cajas" por estar rotuladas con códigos numéricos, dos de ellas "contenían rótulos 'Cablevisión prospects' y 'Cablevisión U$S 250.000.000' -correspondientes al año 2001-; y cinco cajas contenían el rótulo 'Government Bonds' (títulos de deuda soberana)".
La intencionalidad
Iron Mountain está involucrada en dos causas judiciales paralelas: la que busca establecer los causales del incendio en el depósito de Barracas y la que investiga un presunto lavado de dinero de la empresa.
En mayo de 2014, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó una denuncia contra Iron Mountain por presunto lavado de dinero; causa que quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.
Es que la autoridad tributaria detectó maniobras financieras sospechosas de la compañía por 17,8 millones de dólares entre 2007 y 2014.
La investigación que acompaña el expediente judicial identificó en el funcionamiento de Iron Mountain Argentina SA una serie de comportamientos e inconsistencias que caracterizan delitos de lavado de dinero; pero la investigación que venía realizando el organismo se aceleró tras el accidente ocurrido en uno de los depósitos de la empresa.
La denuncia de AFIP está enmarcada en la ley 25.246 que en su artículo 21 considera como operaciones sospechosas de lavado de dinero “aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada”.
Las oficinas de la empresa fueron allanadas unos días después. Iron Mountain negó "categóricamente" el lavado de dinero y dijo que se trata de una empresa "confiable" y que "realiza negocios de manera ética y cumpliendo con las leyes de cada país en los que está presente".
Actualmente, la causa sigue su curso.
En tanto, la causa judicial para establecer los causales del incendio quedó en manos de la fiscal Marcela Sánchez, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37.
El incendio y posterior derrumbe del depósito comenzó seis minutos antes de las ocho de la mañana y, tras que los empleados del lugar dieran aviso, bomberos voluntarios y de la PFA, personal de Prefectura Naval Argentina y de la Guardia de Auxilio y Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concurrieron al depósito de calle Azara 1245.
Ocho bomberos y dos rescatistas murieron como consecuencia del derrumbe de una pared de casi 10 metros de alto, que se desplomó sobre ellos causando el fallecimiento inmediato de nueve de ellos y heridas graves a otros; uno de los cuales murió tras 12 días de agonía.
Durante los meses subsiguientes al incendio, y en el marco de la causa, declararon empleados del depósito y bomberos que participaron en la extinción del fuego: los primeros, presentes al momento del inicio del siniestro y responsables de reportarlo, afirmaron que los aspersores de agua no se habían activado.
Los escombros del depósito siniestrado de Iron Mountain -cuya remoción se realizó por tramos, con la participación de más de 20 peritos en las labores de desarme de los restos dejados por el fuego- fueron examinados por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); y la División Siniestros de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina.
El informe que fue elevado a la Fiscalía por la PFA determinó que el incendio fue intencional, ya que se encontraron "dos transformaciones y almas de conductores eléctricos".
Además, durante las tareas de remoción efectuadas en los depósitos 7 y 8 -donde comenzó el siniestro-, se secuestraron "restos de combustos de papel, cartón vidrio, mampostería y metales", y tras realizarse pruebas de laboratorio se demostró que, "de un total de 27 muestras, 15 de ellas dieron resultado positivo" en la presencia de "sustancias aplicadas en función acelerante de la combustión".
Además, curiosamente, según el informe de la PFA, estos "no se corresponden con la instalación propia del lugar", ya que en los otros elementos eléctricos del depósito, "no se encontraron componentes similares".
Luego de la inspección y el análisis de pruebas, la PFA concluyó que el incendio fue intencional, ya que "teniendo en cuenta las marcas de fuego y análisis de laboratorio se han establecido áreas donde se habrían aplicado sustancias combustibles en función acelerante del fuego".
Además "la generación del evento es atribuible a dispositivos colocados con la finalidad de hacer entrar en combustión las cajas de cartón y papeles depositados"; así como que "la aplicación de una sustancia combustible en función acelerante del fuego" explica cómo fue que se activó el detector de fuego del sector N°8 tan sólo ocho minutos después que fuese activado el del depósito N° 7, tal como consta en las pruebas que se desprenden del informe de la Federal.
El informe pericial -el primero de los tres requeridos por la fiscalía de Sánchez, además del que está confeccionando el INTI y la UTN.-concluye:
"Por lo expuesto, surge como única hipótesis de inicio del fenómeno una maniobra tendiente a provocarlo".
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