Arg - Con presiones, amenazas y chicanas intentan la nulidad del juicio por crímenes contra la humanidad en el caso CNU. |
i) Ex integrantes de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) despliegan estrategia de nulidad del juicio en su contra al tiempo que se intensifican las amenazas y el hostigamiento contra los abogados de la acusación.
El juicio: El juicio contra la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) entra en su recta final, no sin toda una serie de incidentes, tanto procesales como extra procesales, para los familiares de las víctimas y sus abogados. Este juicio, que es el primer juicio oral y público contra la CNU, dio comienzo el 8 de junio de 2015 y se sustancia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mar del Plata. Los imputados iniciales fueron diez, nueve civiles y un militar retirado: 1. José Luis Granel, abogado 2. Roberto Alejandro Justel, comerciante 3. Luis Roberto Coronel, abogado 4. Juan Carlos Asaro, chofer de taxi 5. Mario Ernesto Durquet, profesor de filosofía 6. Raul Rogelio Moleon, fotógrafo 7. Juan Pedro Asaro, librero 8. Marcelo Arenaza, broker en comercio exterior 9. Fernando Alberto Otero, militar retirado y actualmente peón de campo, 10. Gustavo Modesto Demarchi, abogado y ex fiscal. A estos diez iniciales se sumó un procesado que estaba prófugo, Raúl Arturo Viglizzo, y que hubo de entregarse finalmente a la justicia. En el transcurso del juicio murieron dos de los acusados, Luis Roberto Coronel y Marcelo Arenaza. Siguen prófugos Fernando Federico Delgado y Eduardo Salvador Ullúa, sobre quienes pesan órdenes de captura y se ofrecen recompensas. Fueron detenidos en España en enero de 2013, pero no extraditados, otros dos procesados sobre los que pesan Órdenes Internacionales de Detención a través de Interpol, Daniel Alejandro Ullúa y Beatriz María Arenaza Corres. Todos ellos pertenecieron a la organización criminal "CNU". Son 8 los casos de víctimas de crímenes de lesa humanidad que son objeto del proceso. Las acusaciones van desde el homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, a la privación ilegal de la libertad agravada, entre otras, así como asociación ilícita. Todo ello como actos delictivos perpetrados en el marco de un plan sistemático de exterminio implementado desde el Estado, es decir, con arreglo a un plan o política preconcebidos y con finalidad delictiva. El tribunal estaba compuesto inicialmente por los jueces Víctor Bianco, Elvio Osores Soler y Luis Imas, a quienes se sumó Alfredo Ruiz Paz como magistrado sustituto. No obstante, y como explicaremos después, ante la intempestiva renuncia del juez Elvio Osores Soler, el juez Alfredo Ruiz Paz pasó a ser integrante del Tribunal en reemplazo del mismo. Esta causa tiene su origen en la solicitud realizada por el abogado César Sivo, con el patrocinio letrado de las Dras. Natalia Messineo y María Fernanda Di Clemente, para que se ordenara la instrucción de una investigación criminal para analizar las conductas de los civiles que participaron en la represión ilegal a partir del año 1975. A partir de la gran cantidad de elementos probatorios, en 2008 el TOF de Mar del Plata formuló la denuncia penal y luego la Cámara de Apelaciones confirmó los procesamientos de los 11 imputados, destacando que "esta particular estructura organizativa y de funcionamiento de la asociación ilícita en el período de tiempo investigado en esta causa -comprendido entre el 20 de febrero de 1975 y el 13 de marzo de 1976- obedeció al modo en que pasó a llevarse a cabo la política estatal de persecución sistemática de opositores políticos a nivel nacional, que hasta entonces no se había servido de instrumentos legales que acompañaran el accionar de los grupos paraestatales fomentados o tolerados por el propio Estado". Junto con el hecho de que la inmensa mayoría de los acusados son civiles, de este juicio hay que destacar también:
Cabe señalar que Gustavo Modesto Demarchi, procesado en esta causa, había sido oficialmente declarado prófugo de la justicia el 14 de noviembre de 2010. De hecho, para escapar de la acción de la justicia se fugó a Colombia, y, a pesar de un intento de concesión de asilo "político" por parte de las autoridades de este país, finalmente la Corte Suprema colombiana concedió su extradición a Argentina mediante resolución de 28 de marzo de 2012. Su entrega a Argentina se materializó el 21 de septiembre de 2012. Días después, el 10 de octubre, el juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti, del Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, decretó el procesamiento con prisión preventiva de Gustavo Modesto Demarchi, por delitos de lesa humanidad cometidos en 1975 y 1976 por la organización Concentración Nacional Universitaria. Tanto el ex fiscal Demarchi como el juez Hooft integraron los grupos de exterminio creados a partir de 1972 por la Marina de Guerra, concretamente el Grupo de Tareas 6 con sede en la base de submarinos de Mar del Plata y subordinado a la Jefatura del Servicio de Inteligencia Naval de la Marina Guerra, con sede en Puerto Belgrano. En 1974 Demarchi se convirtió en el primer fiscal federal de Mar del Plata y, según la investigación penal, tenía un rol fundamental dentro de la CNU: contrataba la mano de obra para cometer los crímenes y luego pedía el sobreseimiento o archivo de las causas que involucraban a algún integrante de la organización ultraderechista. Bajo sus órdenes, operaban Ullúa, Durquet, Delgado, Fernández Rivero, el librero Asaro, Viglizzo, el fotógrafo Moleón, Piatti y González. Desde que empezó el procedimiento, su estrategia para perpetuar su situación de impunidad se basa en la inversión del carácter de las partes en el proceso, intentando mostrar a los acusados como víctimas y a los acusadores como investigados. Para ello Demarchi y los abogados de la CNU recurren a la búsqueda de paralelismos de victimizaciones falsas, a la deslegitimación de las acusaciones mediante denuncias falsas, la presión contra los abogados intervinientes y el amedrentamiento de testigos. Todo ello está en consonancia precisamente con el accionar de la organización paramilitar con finalidad delictiva que fue la CNU y de la que los acusados formaron parte. La CNU: La Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) nació en 1968 en La plata como una fuerza de choque dentro de la derecha peronista y en 1975 se convirtió en una herramienta del Estado. La CNU era una agrupación de ultraderecha de carácter paramilitar que actuaba en la ciudad de Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca y otras localidades dentro del país. La conformaban, entre otros, determinados funcionarios estatales de la Universidad de Mar del Plata, de la Fiscalía Federal de dicha ciudad, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal. Sus integrantes más sobresalientes fueron Piero Asaro, sindicado por el Fiscal Federal como ideólogo de la CNU, junto al Fiscal Gustavo Demarchi, Raúl Viglizzio, Eduardo Cincotta, José Luis Granel y Roberto Coronel, quienes decidían el accionar de los miembros "operativos" de esa agrupación, Eduardo Ullúa, Oscar Corres, Juan Carlos González y Roberto Justel, entre otros. El elemento político que inspiraba a los integrantes de la CNU estaba en completa sintonía con la política fomentada por funcionarios estatales que dieron origen a la Triple A, la tristemente célebre Alianza Anticomunista Argentina, una organización de carácter criminal creada por el ex Ministro de Bienestar Social, José López Rega, conducida por funcionarios del Estado, la cual actuó en en el país entre 1973 y 1975 con la finalidad de eliminar "subversivos" u opositores al gobierno. La CNU forma parte del proyecto de la Marina de Guerra para las universidades nacionales. El proyecto de la Marina de Guerra, liderado por el ya fallecido Almirante Massera, arranca en 1970 en Puerto Belgrano y es reflejo, sin lugar a dudas, de las ideas nacionalsocialistas y de la estrategia diseñada por Licio Gelli, líder de la logia Propaganda 2, a la cual pertenecían Massera y López Rega, entre otros. Las actividades criminales de la logia han sido objeto de una profunda investigación por parte del Senado y la justicia italianos. Hay que destacar que este proyecto político-ideológico toma fuerza tras la terminación del régimen de Onganía, de modo que ya en 1972 la Marina de Guerra contaba con un proyecto desarrollado que significaba la planificación del exterminio mediante la creación de Grupos de Tareas, los cuales, basados en la experiencia alemana durante la Segunda Guerra Mundial, tendrían su funcionamiento a partir de un modelo de contrainteligencia que pretendía la persecución y el exterminio de estudiantes, intelectuales, trabajadores y activistas sociales, quienes, según su interpretación, eran los agentes encubiertos del comunismo internacional. En la semántica de la represión eran denominados "subversivos". El Almirante fallecido se hizo cargo del control político de las universidades nacionales en forma indirecta primero y, después, en forma directa a partir del nombramiento de un tal Frattini - miembro del Opus Dei y conocido reaccionario- como Director General de Universidades durante la época del Ministro Ivanissevich. En esa época era necesaria la aprobación de Puerto Belgrano para cualquier nombramiento en las Universidades Nacionales. El control de las Universidades Nacionales se realizó a sangre y fuego con el apoyo de estas fuerzas reaccionarias y nacionalsocialistas. El modelo fue la represión en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Mar del Plata y en la Universidad del Sur. Para llevar adelante este plan de exterminio se utilizaron los "Grupos de Tareas", que en la práctica eran grupos compuestos por civiles e integrantes de otras fuerzas militares. Estos grupos son una copia funcional y metodológica de los Einsatzgruppen nacionalsocialistas, utilizados para las operaciones de exterminio en el Este de Europa. En el plan elaborado, las regiones cercanas a las bases navales eran de jurisdicción única de la Marina de Guerra. Así figura en el denominado "Plan de Capacidades" elaborado en 1972, modificado en noviembre de 1975 y en junio de 1976, este último firmado por el entonces Comandante de Operaciones Navales, Vicealmirante Luis Mendía. Por ello podemos decir, sin lugar a duda jurídica alguna, que en las tres zonas mencionadas las operaciones del ejército eran subsidiarias de las ordenadas y dirigidas por la Marina de Guerra. En el caso de Mar del Plata se usó la fuerza de tareas número seis (FUERTAR6) que dependía operativamente de la Fuerza de Submarinos y estaba integrada por la Agrupación de Buzos Tácticos, Agrupación Comandos Anfibios, Escuela de Submarinos, Escuela Antisubmarina, Escuela de Buceo, Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, Prefectura de Mar, Prefectura de Mar del Plata, Prefectura Quequen, Subprefectura General Lavalle y dependencias con asiento en Mar del Plata y zona de influencia. Hoy sabemos por las investigaciones judiciales llevadas adelante en la ciudad de Mar del Plata que entre sus integrantes estaban el Juez Pedro Federico Hooft, nacionalsocialista, miembro de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) y que durante todo el período de la dictadura vivió en el interior de la Base Naval de Mar del Plata, y también el Fiscal Gustavo Modesto Demarchi. La estrategia de defensa jurídica de la Marina de Guerra, una vez hubo terminado el Juicio a los comandantes conocido como Causa 13, fue muy simple pero muy eficaz: dejaron expuesto al escarnio del imaginario colectivo a los oficiales identificados en el "Acta de acusación de la fiscalía en la causa nº 761 ESMA - Hechos que se denunciaron como ocurridos en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada" (Grupo de Tareas 3.3.2), y a algunos de los colaboradores que figuraban en los documentos de los juicios militares que había instrumentado la armada para tratar de cumplir con el juicio a los oficiales navales implicados en la represión ante sus propios tribunales militares. La causa nº 761 fue abierta a partir de la propia sentencia de la Causa 13 y luego "suspendida" por la denominada Ley de Punto Final. Esta estrategia jurídica fue organizada y financiada desde Bahía Blanca, según declaraciones de los propios abogados defensores. Esto fue complementado con un férreo control político social en la ciudad de Bahía Blanca y con un control muy especial de los tribunales federales de esa ciudad y de la Capital Federal, donde lograron que la "Causa Marina" fuera dejada al margen de la agenda judicial. El Almirantazgo con sede en Puerto Belgrano se ha preocupado por la suerte de sus oficiales, especialmente de las vicisitudes del Teniente de Fragata Miguel Angel Cavallo, muy relacionado con la ciudad de Punta Alta, hasta conseguir la anulación del juicio oral en España y trasladarlo a Buenos Aires, donde quedó incluido en los hechos del Grupo de Tareas 3.3.2. (Causa ESMA). En esta operación, que supuso la puesta en marcha de una sofisticada estrategia de ingeniería jurídico-procesal en Argentina y España, la Marina de Guerra contó en Argentina con el apoyo de la asesoría del abogado Eduardo Salerno, responsable del Departamento de Derechos Humanos del Almirantazgo, al frente del cual en ese momento se encontraba el Jefe del Estado Mayor General de la Armada de la República Argentina, Almirante Jorge Omar Godoy. Hasta que el Capitán de Corbeta Adolfo Francisco Scilingo Manzorro, nacido el 28 de julio de 1946 en la ciudad de Bahía Blanca, se presentara en Madrid a efectos de rendir declaración ante la justicia española, ningún oficial naval había explicitado el funcionamiento de las operaciones criminales de la Marina de Guerra en sede judicial. La CNU es responsable de desapariciones forzadas y asesinatos de opositores durante la preparación del golpe militar de 1976 y la posterior dictadura. Su finalidad era el exterminio de opositores. Actuó de manera sistemática, es decir, conforme a un plan o una política preconcebidos, lo que eleva la categoría de sus crímenes a crímenes contra la humanidad. Así lo calificó la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de Capital Federal en la causa n° 40.188 "ROVIRA, Miguel s/prisión preventiva", en fecha 14 de marzo de 2008, especificando que se trató de una organización que llevó a cabo su plan criminal con la participación o tolerancia del gobierno de iure o con el despliegue de un poder que neutralizó los resortes institucionales de dicho gobierno. En este mismo sentido corresponde tener en cuenta la conclusión a la que llegó el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en la Resolución Final recaída en el incidente 890/12, caratulado "Colegio de Abogados de Mar del Plata y otros s/denuncia s/desaparición forzada de personas s/inc. Universidad Nacional de mar del Plata s/actividades de inteligencia de la represión ilegal" del 8 abril de 2008. Allí puede leerse, cuando se hace referencia a actividades de la CNU: "Los hechos que se describirán a continuación han sido cometidos por un grupo organizado, con armamento de guerra recibido de la "Triple A" , de quien también recibieron credenciales oficiales y explosivos; dichos operativos contaron con la cobertura de la Policía Provincial y Federal local, con la complicidad omisiva de los servicios de inteligencia y de las Fuerzas Armadas, lo cual, solo de manera ingenua podría sostenerse que fue decidido en esta ciudad. Muy por el contrario, todo indica que la decisión de facilitar la comisión de todos estos delitos fue tomada en instancias superiores". Las actividades de individualización de personas ideológicamente distantes del pensamiento que caracterizaba a sus integrantes estuvieron estratégicamente planificadas durante mucho tiempo, lo que posibilitó alcanzar el fin propuesto con el máximo rendimiento. Muchos de sus miembros ocupaban cargos estatales y obtenían ayuda de reparticiones administrativas del gobierno provincial y nacional, como sucedió en el seno de la Universidad de Mar del Plata. El beneficio de obtener estos nombramientos en el seno de la Universidad estaba dado por la posibilidad de una más efectiva persecución política de los militantes de izquierda. Al menos desde mediados del año 1974 la CNU pasó a ser un brazo regional de la Alianza Anticomunista Argentina - Triple A-, con la finalidad de llevar adelante los objetivos de la misma. En ese sentido, "...cometieron delitos de toda especie, desde homicidios hasta robos calificados por el uso de armas, sustitución de chapas patentes de los vehículos que utilizaban para cometer los distintos hechos de persecución política, falsificación de documentos, utilización de documentos y/o credenciales falsas; intimidaciones públicas, incendios dolosos, coacciones, robos de automotor, privaciones de la libertad y otros injustos. A estos efectos establecieron una organización en la que se dividían los roles y funciones...". Asimismo, con el advenimiento de la dictadura cívico-militar el 24 de marzo del año 1976, algunos de los miembros de esta organización pasaron a formar parte directa del aparato represivo "oficial", llegando inclusive parte de éstos a actuar como agentes de diferentes "servicios". Entre la prueba aportada al procedimiento figuran una serie de documentos provenientes del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, los cuales demuestran la directa vinculación entre el accionar de la CNU y las fuerzas represivas después del golpe de estado de 1976. Los documentos permiten constatar que exmiembros de la agrupación de ultraderecha CNU de Mar del Plata, formados en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y que ejercieron la abogacía durante décadas, después del golpe de Estado de 1976 integraron patotas del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 601, unidad del Ejército responsable de secuestros, torturas y desapariciones. También varios de los imputados aparecen mencionados en los Legajos del Archivo de Prefectura, demostrando sus vínculos con el SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado). Según los registros hallados en la Comisión Provincial por la Memoria, en junio de 1976, bajo el subtítulo "factor subversivo" y con las firmas de los prefectos Juan Eduardo Mosqueda y Ariel Macedonio Silva, se señala que "la colaboración de la CNU con el GADA 601 fue indispensable para la identificación de los elementos de izquierda" y "permitió purificar las distintas facultades de la universidad nacional". Para los fiscales Laura Mazzaferri, Daniel Adler y María Eugenia Montero, los once acusados conformaron una "asociación ilícita" comandada por Demarchi para perseguir y eliminar a opositores políticos. Los hechos: Los crímenes que se juzgan en este juicio fueron cometidos entre febrero de 1975 y marzo de 1976, en Mar del Plata, tras la muerte del jefe de la CNU Ernesto Piantoni. "Ernesto Piantoni, a quien se lo recuerda como "el hombre de López Rega en Mar del Plata", era abogado, egresado de la Universidad Católica de Mar del Plata; tenía el monopolio local de la distribución de golosinas y cigarrillos; era miembro fundador del Sindicato de Abogados Peronistas, asesor legal de la CGT local y coordinador de los cursos de Doctrina Peronista. Lo mataron el 20 de marzo de 1975 en una operación de Montoneros y poco después, durante la noche de su velatorio, se decidió una serie de crímenes de acuerdo con la fórmula "Cinco por uno". En la madrugada del 21 de marzo, a horas del sepelio del líder de la CNU Ernesto Piantoni, un grupo armado irrumpió en la vivienda de España 856. Enrique "Pacho" Elizagaray, hijo del senador provincial del Frejuli, Carlos Elizagaray, y referente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), estaba esa noche en la casa de sus tíos, la familia Videla. Cuando llegó el grupo armado intentó escapar por los techos, pero una ráfaga de balas lo alcanzó y murió de inmediato, tras recibir 23 impactos. Su tío el teniente primero (RE) Jorge Enrique Videla Yanzi y sus hijos, Jorge Lisandro y Guillermo Enrique, fueron subidos a los autos que esperaban en la calle. Sus cuerpos fueron hallados en el paraje Montemar. Jorge Lisandro tenía 57 heridas de bala, su hermano Guillermo -de apenas 16 años, cursaba quinto año en el Colegio Mariano Moreno- tenía 27 heridas, y su padre Jorge, 33. Esa misma madrugada, un grupo de jóvenes armados con ametralladoras secuestró al cirujano Bernardo Goldemberg de su casa ubicada en Falucho 3634, en presencia de su esposa. Su cadáver fue luego hallado en las afueras de Mar del Plata con 42 heridas de bala. Más tarde, el 25 de abril de 1975, sobre la avenida Edison, a unos tres kilómetros de Mario Bravo, se encontró un Peugeot 504 gris íntegramente quemado. En el asiento trasero se encontraba el cuerpo calcinado del contador público Daniel Gasparri. A unos metros, estaba tendido el cuerpo sin vida de Jorge Alberto Stoppani, ambos con innumerables impactos de bala. La última víctima cuyo caso debate esta primera elevación a juicio por los crímenes cometidos por integrantes de la CNU marplatense, es María del Carmen "Coca" Maggi, decana de la Facultad de Humanidades y secretaria general de la Universidad Católica. Un grupo de civil la secuestró el 9 de mayo de 1975, a las 2:15 de la madrugada, en la casa ubicada en Maipú al 4000, donde vivía con sus padres. Cuando apenas había pasado un mes de su secuestro, y aunque el cuerpo aún no había aparecido, se ordenó el archivo del sumario judicial. Posteriormente, un día antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, su cuerpo sin vida fue encontrado de manera casual en cercanías del balneario Mar Chiquita, unos 30 kilómetros al norte de Mar del Plata." La CNU busca la nulidad del juicio: Dentro de la estrategia de la defensa de los acusados, y ya en la etapa final del juicio oral, a punto de dar inicio la etapa de alegatos, uno de los jueces que componen la Sala del Juicio, el Dr. Elvio Osores Soler, ha renunciado a seguir en la causa alegando problemas de salud. No ha solicitado licencia al tribunal, sino únicamente no continuar en la causa CNU. Esta misma estrategia ha sido la empleada por la defensa de los integrantes de esta organización con finalidad delictiva en la ciudad de la Plata. Horacio Insanti, abogado defensor de Juan Pedro "Piero" Asaro, ha explicado esta estrategia a medios de comunicación locales afines a la Marina argentina y a los acusados, advirtiendo de la posibilidad de que el juicio sea declarado nulo, ya que, informa este abogado, "si a alguno de los otros dos jueces le sucediera cualquier cosa que requiera una licencia de más de 30 días, el juicio automáticamente es nulo y no se podría volver a celebrar. Esto determinaría inmediatamente la libertad". Ante la duda existente sobre el informe médico que avalaría esta decisión, los acusadores introdujeron un pedido para que no se acepte la renuncia al juez "saliente", a lo que el tribunal integrado por el cuarto juez, decidió pedir un nuevo informe médico. Los abogados de la acusación son conscientes de que un nuevo juicio es impensado, ya que los testigos no volverían a declarar, a lo que se suma que será difícil integrar un nuevo tribunal. Por lo pronto, el juicio oral se ha visto nuevamente demorado, y estos retardamientos favorecen a los acusados en esta causa. Si se mantiene el último cronograma, el juicio se reanudará los días 13, 14 y 15 de septiembre, en las audiencias previstas para los alegatos de las querellas, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Después hará uso de la palabra el Ministerio Público Fiscal. Por último, harán planteos las defensas de los imputados. A trece meses de iniciado el debate judicial, que involucró a más de 200 testigos, se resolvió habilitar al juez Alfredo Ruiz Paz como integrante del Tribunal, en reemplazo de Elvio Osores Soler. Ruiz Paz se sumará pues a Luis Imas y Víctor Bianco. Tal como se recordó en el sitio Fiscales, "en la última audiencia, el imputado Gustavo Demarchi, a quien le aceptaron que se defienda a sí mismo, pidió la nulidad del debate, al entender superados los plazos de suspensión de las audiencias". La cuestión fue contestada por el Ministerio Público Fiscal, en la palabra del fiscal general Daniel Adler: "Estamos llegando al final del debate y sorprende que salgamos con una cuestión procesal de menor cúneo. Desde la cuestión normativa, no puede haber nulidad sin agravio, y no se ha manifestado la posibilidad de indefensión", sostuvo al solicitar el rechazo del planteo. La querella de la APDH, a cargo de César Sivo, entendió que la situación evidenciaba la inconveniencia de que Demarchi siguiera autodefendiéndose. Tras una deliberación, los jueces resolvieron rechazar el planteo de Demarchi, en consonancia con lo requerido por el MPF y una de las querellas. En su resolución, por unanimidad, plantearon que nunca transcurrió el plazo extraordinario de suspensión al que alude el artículo 365, dado que hubo una comunicación telefónica con el secretario del Tribunal cuando venían en viaje. La certificación realizada por este funcionario judicial, dijeron, "zanja definitivamente la cuestión que inquieta al impugnante", y recordaron que el propio codefensor del imputado reconoció que fue notificado telefónicamente por el secretario. Además, sumaron que "la impugnación no se hace cargo del supuesto gravamen". "La nulidad por la nulidad misma, no puede sino derivar en el rechazo in límine del artículo", señalaron. Amenazas, intimidación y hostigamiento: Desde el inicio de este procedimiento las presiones en forma de amenazas, intimidación y hostigamiento contra los abogados de los familiares de las víctimas han sido constantes y bien planificadas. Sin ir más lejos, y como ha denunciado la organización irlandesa dedicada a la defensa de los defensores de derechos humanos, Front Line Defenders, "[E]l 3 de agosto de 2016, el abogado de derechos humanos Sr. César Sivo participó en condición de acusador en la audiencia oral de Gustavo Modesto Demarchi... Demarchi, un antiguo fiscal federal, quien continúa siendo una figura influyente, declaró durante la audiencia que quienes presentaron los cargos contra él 'iban a tener problemas'. Previamente, en julio de 2016, un individuo que se identificó como el abogado de Demarchi contactó a un amigo de César Sivo y pidió que le dijera al defensor que 'se empezara a preocupar'". Estas amenazas son los últimos incidentes en el contexto de una campaña de desprestigio contra César Sivo. La campaña ha sido liderada por el medio "Noticias y Protagonistas", el cual ha incluso publicado fotos de la casa del defensor de derechos humanos con su dirección". Esta campaña se ve fortalecida a través del control de los medios que son propiedad de Florencio Alchery Iglesias, de clara formación ideológica franquista, ideología que ha sido, y es, socia natural del nacionalsocialismo, campo ideológico del juez Hooft y del ex Fiscal Demarchi. Es precisamente desde estos medios desde donde se lleva a cabo un control social de las formas de pensamiento y opinión, organizándose a través de los mismos campañas claramente difamatorias contra abogados y jueces defensores de los derechos humanos o, simplemente, contra la aplicación de la justicia a las víctimas de la dictadura militar. Se trata del Diario "La Prensa", en Buenos Aires; el Diario "La Capital"; tres emisoras AM: Radio Atlántica, Radio Mar del Plata y Radio 14.60, así como de varias emisoras de FM musicales. A estos medios se suman en la actualidad diarios de carácter nacional, como Clarín o La Nación, que replican la estrategia de la CNU de presentar a los acusadores en las causas por crímenes contra la humanidad como integrantes de lo que en la terminología impuesta por los acusados se ha dado en llamar la "mafia judicial de Mar del Plata", expresión convertida en eslogan en apoyo al juez Federico Hooft y al fiscal Gustavo Demarchi. Como pone de manifieto Front Line defenders, "[A]nteriormente, en momentos claves de juicios por crímenes de lesa humanidad en los cuales el abogado César Sivo ha tenido un papel crucial, la campaña de desprestigio, amenazas y ataques contra él se intensificaron. Familiares del defensor de derechos humanos también han sido acosados en redes sociales y en dos ocasiones entraron forzosamente en la oficina de su esposa, quien también es abogada, para destruir propiedad privada y retirar información confidencial, sin que nada de valor monetario fuera sustraído". No es de extrañar pues la campaña de hostigamiento e intimidación contra los abogados querellantes en las causas penales por delitos de lesa humanidad, como el Dr. César Sivo, así como contra miembros de la magistratura, dado el control político social que aún mantiene el Almirantazgo sobre los medios de prensa locales que están en las jurisdicción de sus Bases Navales y donde actuaron los Grupos de Tareas encargados de las operaciones de exterminio. Ya en septiembre de 2008 la abogada Natalia Andrea Messineo hubo de solicitar la intervención urgente del Ministerio Fiscal para garantizar la seguridad del Dr. César Sivo, esto sucedía días después de que fueran detenidos en Mar del Plata ocho represores de la Base Naval, Prefectura y Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), al mismo tiempo que se realizaban audiencias ante el Tribunal Oral Federal Nro. 5 de Buenos Aires que daban cuenta del funcionamiento de los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en la Seccional Cuarta y en La Cueva. La intimidación en contra del Dr. César Sivo surge de la contrainteligencia naval ligada a las operaciones encubiertas para defender, valga la expresión, a los Grupos de Tareas. Las evidencias son especialmente claras. Así por ejemplo, a mediados de 2006, en un paredón frente al domicilio particular de este abogado apareció pintada con los colores de reglamento naval un ancla del mismo tipo de las usadas reglamentariamente por la Marina de Guerra. Eso, sumado a insultos dirigidos contra su persona, no dejaban duda alguna del siniestro simbolismo naval. Es precisamente desde 2006, año en que se interpone la denuncia contra el juez Hooft, en que la campaña en contra de este abogado se hizo más virulenta. Desde esa fecha, las operaciones de contrainteligencia encaminadas a obtener el abandono de la causa por parte principalmente del Dr. Sivo, han incluido diversas acciones, desde organización de pretendidas manifestaciones frente a su estudio jurídico, pasando por presión indebida sobre su entorno de trabajo así como sobre clientes del despacho, intromisión en la vida familiar e incriminaciones falsas, para lo cual recurren a diversas técnicas de vigilancia, de interceptación de comunicaciones y de infiltración. El montaje de causas judiciales contra abogados y jueces se remonta incluso al año 2001, de forma paralela a la celebración del conocido como "Juicio por la Verdad" de Mar del Plata. La primera causa trascendente la prepara el juez Federico Hooft contra el entonces Fiscal General ante el TOF de Mar del Plata, Dr. Marcelo García Berro, que intervenía en el Juicio por la Verdad mencionado. En otra operación de contrainteligencia naval, se implica al TOF del MdP en una causa por desaparición de estupefacientes mediante la declaración de un "arrepentido", detenido en instalaciones de la Prefectura Naval, a quien un abogado vinculado a Demarchi le habría entregado por escrito el texto de la declaración. También el abogado César Sivo ha tenido que hacer frente a falsas incriminaciones en casos en que se tiene constancia de que abogados de la trama de Hooft y Demarchi ofrecían reducciones de pena a detenidos en procesos por delitos de narcotráfico por incriminarle. Tanto el juez Hooft como el ex fiscal Demarchi han presentado denuncias contra jueces y abogados encaminadas a bloquear las causas en que han sido imputados por crímenes contra la humanidad, logrando hasta ahora acompasar los tiempos procesales de esas denuncias con el desarrollo de las causas reales y ello como forma de control procesal de los casos en su contra y como asidero mediático para la deslegitimación de los abogados de los organismos de derechos humanos, y principalmente César Sivo. De hecho, este tipo de actos intimidatorios es propio de las causas que afectan a la Marina de Guerra argentina, como sucedió también con las intimidaciones recibidas en Madrid por el único abogado que defendió la calificación penal de crímenes contra la humanidad en el caso Adolfo Scilingo, postura ético-penal que fue finalmente la ganadora a pesar de la presión en contra ejercida desde los sectores de la Marina. El común denominador en estas situaciones es que se está ante procedimientos por crímenes contra la humanidad contra elementos de la Marina de Guerra argentina. [Fuente: Radio Nizkor, Mar del Plata (Arg) y Madrid (Esp), 08sep16]Durante el último mes, a medida que sus esfuerzos han tenido éxito en las cortes, defensores y defensoras de derechos humanos en busca de la verdad y la justicia por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura militar han sido blanco de ataques y hostigamientos. El 13 de agosto de 2016, seis individuos entraron a la fuerza a la casa de la abogada de derechos humanos Sra Laura Figueroa, radicada en Tucumán, y destrozaron sus pertenencias sin llevarse nada. El ingreso se dió mientras la abogada participaba en una ceremonia donde los restos de un activista desaparecido forzosamente durante la dictadura fueron devueltos a su familia. Laura Figueroa es abogada de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán, a través de la cual se ha dedicado a obtener justicia para los familiares de desaparecidos que fueron detenidos en el centro "Pozo de Vargas". Este es el tercer ingreso ilegal en su domicilio que Laura Figueroa ha experimentado en los 14 años que ha abogado por los desaparecidos. En el mismo día, otras dos defensoras de derechos humanos fueron intimidadas. Las defensoras han sido testigos en casos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Una de ellas recibió durante todo el día llamadas telefónicas amenazantes a su celular, mientras que la otra defensora fue seguida por un vehículo no identificado desde su casa hasta un sitio donde se encontraría con familiares de víctimas quienes conmemoraban el 42 aniversario de la masacre de la Capilla del Rosario, perpetrada por tres militares que habían sido condenados a cadena perpetua y, hace poco, absueltos por la Cámara de Casación. Los nombres de las defensoras se mantienen confidenciales por razones de seguridad. El 3 de agosto de 2016, el abogado de derechos humanos Sr César Sivo participó en condición de acusador en la audiencia oral de Gustavo Modesto Demarchi, a quién le ha demandado por crímenes de lesa humanidad debido a su presunto involucramiento liderando un grupo paramilitar responsable por desapariciones forzadas y asesinatos de opositores durante la dictadura. Demarchi, un antiguo fiscal federal, quien continúa siendo una figura influyente, declaró durante la audiencia que quienes presentaron los cargos contra él "iban a tener problemas". Previamente, en julio de 2016, un individuo que se identificó como el abogado de Demarchi contactó a un amigo de César Sivo y pidió que le dijera al defensor que "se empezara a preocupar". Estas amenazas son los últimos incidentes en el contexto de una campaña de desprestigio contra César Sivo. La campaña ha sido liderada por el medio "Noticias y Protagonistas", el cual ha incluso publicado fotos de la casa del defensor de derechos humanos con su dirección. Anteriormente, en momentos claves de juicios por crímenes de lesa humanidad en los cuales César Sivo ha tenido un papel crucial, la campaña de desprestigio, amenazas y ataques contra él se intensificaron.. Familiares del defensor de derechos humanos también han sido acosados en redes sociales y en dos ocasiones entraron forzosamente en la oficina de su esposa, quien también es abogada, para destruir propiedad privada y retirar información confidencial, sin que nada de valor monetario fuera sustraído. Entre 1976 y 1983, Argentina fue gobernada por una serie de juntas militares represivas, lo cual resultó en la desaparición de más de 30,000 personas, siendo las y los estudiantes universitarios, líderes sindicales, disidentes políticos y defensores/as de derechos humanos las personas más afectadas por la persecución. Un momento clave para la justicia transicional en el país tuvo lugar en junio de 2015, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las dos leyes que impedían el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. A partir de ese momento, las y los defensores de derechos humanos, junto a asociaciones de sobrevivientes y familiares de víctimas, han liderado los esfuerzos contra la impunidad. Front Line Defenders expresa su preocupación por los ataques contra los defensores de derechos humanos Laura Figueroa y César Sivo, los cuales considera estar directamente ligados a su trabajo legítimo y pacífico en favor de los derechos humanos. Front Line Defenders también expresa su preocupación por el patrón de amenazas y acoso contra defensores y defensoras de derechos humanos involucrados en la búsqueda de la verdad y la justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina. Front Line Defenders insta a las autoridades en Argentina a que: 1. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los actos de intimidación contra Laura Figueroa, César Sivo y sus familiares, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley; 2. Tomen todas las medidas necesarias, en consulta con la defensora y el defensor, para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica de Laura Figueroa, César Sivo y sus familiares, incluyendo el refuerzo de cualquier medida de protección vigente cuando sea necesario; 3. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Argentina, en el desarrollo de sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias [Fuente: Front Line Defenders, Dublin, 19ago16]Más Información sobre el Caso CNU: Dictadura Militar y Nacionalsocialismo: Se intensifican las operaciones de contrainteligencia en defensa del Ataques y hostigamiento contra defensores/as de derechos humanos Human rights defenders seeking truth and justice for crimes Con recambio de juez, el 13 de septiembre arrancan los alegatos en el juicio CNU. Con cambios en el Tribunal y un planteo de nulidad rechazado, Una Justicia que se pone al servicio del poder, ¿es Justicia? Uno de los jueces del Juicio CNU presentó su renuncia y se retomarán Murió otro imputado en la causa CNU. 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Judge Pedro Federico Hooft took part in the commission of crimes against humanity Sentencia que confirma resolución del Jury a favor del juez Voto en disidencia del juez Eduardo Nestor de Lázzari en la Acta de la audiencia preliminar en el marco del juicio por los crímenes Memo informativo sobre la causa CNU Requerimiento de elevación a juicio contra miembros de la CNU Texto del procesamiento con prisión preventiva de Demarchi Ficheros audio:
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