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Tras 25 años impune juzgan a Videla por crímenes de lesa humanidad en Córdoba
Entre marzo y octubre de 1976 fueron fusilados 29 presos políticos detenidos en la Unidad 1 del Servicio Penitenciario Provincial (Barrio San Martín, Córdoba).
En la época en que se cometieron esos crímenes comandaba el Tercer Cuerpo de Ejército el general Luciano Benjamín Menéndez, en tanto que al frente de la Cuarta Brigada Aerotransportada (área 311), unidad de la cual dependía el Servicio Penitenciario, se desempeñaba el general Juan Bautista Sasiaiñ.
@DIN, 20 de noviembre de 2008 - La Justicia Federal de Córdoba resolvió procesar al ex dictador Jorge Rafael Videla y a otros jefes del Ejército durante el último gobierno militar, por violaciones a los derechos humanos cometidos en el Departamento de Informaciones de la Policía (D2) y en la cárcel penitenciaria (UP1) de esta capital.
La decisión fue adoptada por la jueza federal Cristina Garzón de Lascano, en el marco de la causa denominada UP1, donde se investigan los 29 asesinatos cometidos durante simulacros de fuga montados por efectivos policiales y miembros de la Cuarta Brigada Aerotransportada del Ejército que dependía de la unidad comandada por Luciano Benjamín Menéndez, quien purga una doble condena a prisión perpetua.
Este primer procesamiento había sido largamente solicitado por los familiares de las víctimas, ya que el modo como habían sido asesinados constituía un claro ejemplo de violación a todas las leyes humanitarias, incluyendo las de la guerra.
El dictador Jorge Rafael Videla y otros cinco oficiales superiores del Ejército fueron procesados por la Justicia federal de Córdoba por torturas y homicidios agravados cometidos durante la última dictadura contra una treintena de personas secuestradas en la cárcel de San Martín (Unidad Penitenciaria 1) y en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial. La mayor parte de los asesinatos tuvieron lugar entre abril y octubre de 1976 y fueron publicitados como enfrentamientos en supuestos intentos de fugas.
Videla seguirá detenido en la unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, en Campo de Mayo. Los otros cinco militares seguirán en sus hogares. La jueza Cristina Garzón de Lascano, que ordenó los procesamientos, ostenta el récord de militares y policías detenidos en lugares de privilegio, los mismos donde cometieron los delitos.
Los seis represores fueron procesados como autores mediatos de los delitos de lesa humanidad cometidos por subordinados del Ejército y del célebre D2, la mayoría procesados con prisión preventiva.
A excepción de los casos de José René Moukarzel y Raúl Alberto Bauducco, asesinados en el interior de la cárcel de San Martín, los otros 29 presos fueron retirados de sus lugares de detención con la excusa de someterlos a Consejos de Guerra.
Además de Videla, la medida abarcó a cuatro ex miembros del Estado Mayor de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV.
Se trata del entonces jefe, coronel Vicente Meli; y de los jefes de las divisiones Personal, teniente coronel Mauricio Carlos Poncet; de Inteligencia, teniente coronel Raúl Eduardo Fierro; y de Asuntos Civiles, teniente coronel Jorge González Navarro. También del ex jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, general de brigada Víctor Pino Cano. La jueza Garzón de Lascano embargó sus bienes por 200 mil pesos.
Todos tienen más de 70 años y esperan llegar a juicio sin pisar la cárcel: González Navarro y Fierro en sus casas de Córdoba, Meli y Poncet en sus departamentos de Recoleta y Belgrano, respectivamente, Pino Cano en el selecto country Las Tortugas, en Pilar. El criterio de Garzón de Lascano se contrapone al de la Cámara Federal de Córdoba, que la semana pasada revocó el arresto domiciliario del gendarme Luis Alberto Cayetano Quijano y lo envió a la cárcel de Bouwer. También al del Tribunal Oral Federal 1, que en julio condenó a Menéndez & Cía. a pasar el resto de sus días en la cárcel y la semana pasada rechazó los pedidos de tres de los condenados de volver a sus casas.
Por los mismos delitos están procesados el ex jefe del Cuerpo III, general Luciano Menéndez, el oficial Gustavo Adolfo Alsina y los ex policías Carlos Yanicelli, Miguel Angel Pérez y Yamil Jabour, entre otros. Murió impune el ex comandante del área militar 311, general Juan Bautista Sasiaiñ.
Informe de fusilamientos en la UP 1 - Córdoba
Por Familiares, Amigos y Sobrevivientes - Córdoba
Entre marzo y octubre de 1976 fueron fusilados 29 presos políticos detenidos en la Unidad 1 del Servicio Penitenciario Provincial (Barrio San Martín, Córdoba). En la época en que se cometieron esos crímenes comandaba el Tercer Cuerpo de Ejército el general Luciano Benjamín Menéndez, en tanto que al frente de la Cuarta Brigada Aerotransportada (área 311), unidad de la cual dependía el Servicio Penitenciario, se desempeñaba el general Juan Bautista Sasiaiñ. Como tales, ellos fueron los principales responsables de esos asesinatos.
Todos los fusilados eran presos políticos, pero por sobre todo fueron luchadores populares. Fueron asesinados por su compromiso con la causa popular, por luchar por una Argentina más justa. Ese fue el denominador común de sus vidas, más allá del origen político de su militancia.
Tras veinticinco años de gobiernos democráticos, esos crímenes aún siguen impunes. Esa impunidad fue consagrada por los gobiernos de Alfonsín y de Menem. Uno con la Obediencia Debida y el Punto Final; el otro con los indultos. Pero la denuncia no sería completa sino llamáramos la atención sobre la connivencia y complicidad de los jueces en estos asesinatos. Los magistrados que en su momento tuvieron la posibilidad de impedirlos no lo hicieron y los que debieron investigarlos tampoco. El castigo a los asesinos todavía está pendiente.
El asesinato de estos 29 militantes populares, marcó el pico más alto del clima de terror y de muerte creado por los militares en la penitenciaría de barrio San Martín. Los presos políticos de la UP1 estuvieron incomunicados totalmente entre el 24 de marzo de 1976 y el 25 de mayo de 1979, es decir, durante más de tres años.
En ese lapso se vivió un clima de absoluto terror entre los detenidos, frente a los continuos traslados para torturas en campos de concentración, brutales palizas, hambre y, especialmente la muerte cada vez que entraban militares o gendarmes armados hasta los dientes.
Totalmente aislados del mundo exterior, los detenidos estaban hacinados en pequeñas celdas, sin las más mínimas condiciones de higiene, obligados a hacer sus necesidades en latas o en el piso, sin ningún elemento personal propio, salvo una manta; con las ventanas de las celdas tapadas y raciones alimentarias inferiores a las de subsistencia.
Las requisas del personal militar se caracterizaban por los insultos, burlas y todo tipo de vejaciones buscando la degradación de los detenidos. El asesinato era moneda corriente tal como lo demuestran los testimonios siguientes. Para la muerte, los militares no tenían ningún tipo de límite, si es que puede haber uno.
En algunos casos la muerte llegaba tras prolongadas sesiones de tortura, con el agotamiento de los verdugos. Algunos fueron muertos a golpes, tras feroces palizas o estaqueados en el patio de la cárcel en una madrugada de julio, con cinco grados bajo cero. La ferocidad de sus asesinos era sólo comparable al placer que visiblemente le proporcionaban sus crímenes.
Vayan de muestra las palabras del general Sasiaiñ: "Les vengo a comunicar que todos ustedes están condenados a muerte. Pero no se pongan contentos, pues morirán uno a uno muy lentamente, de manera que se arrepientan de haber nacido".
Pero el método más común para el asesinato de los detenidos políticos, fue la aplicación de la llamada "ley de fuga" o supuestos "enfrentamientos" con vehículos civiles nunca identificados, como lo sucedido en los casos González de Baronetto, Hubert, Ceballos, García, Balustra y Díaz o Zorrilla, Barrera, Abdón y Barberis. El ejército los fusilaba a sangre fría y sin ninguna posibilidad de defenderse. Después con absoluto cinismo informaba al juez a cargo de los presos, que habían muerto en un enfrentamiento o al haber intentado escapar.
Lo ocurrido en al penitenciaría fue reconstruido en base a informes y testimonios de muchos de los 800 presos políticos que pasaron por esa cárcel luego del golpe militar de 1976. En algunos casos los datos conseguidos para este material fueron muy escasos y es que el tiempo, y también en ocasiones la distancia, hicieron su trabajo.
De todos modos seguimos en esta empecinada voluntad de memoria, el verdadero altar en el que descansan nuestros muertos queridos. Y alentamos seguir reconstruyendo la vida de cada uno de las compañeras y los compañeros caídos porque ello anima y fortalece la lucha por una nueva sociedad, que continúa como tarea de todos.
Militantes populares fusilados
30 de abril de 1976
Eduardo Daniel Bartoli
17 de mayo de 1976
Miguel Ángel Mozé
José Alberto Svagusa
Luis Ricardo Verón
Eduardo Alberto Hernández
Diana Beatriz Fidelman
Ricardo Alberto Yung
28 de mayo de 1976
Carlos Alberto Sgandurra
José Ángel Pucheta
19 de junio de 1976
Claudio Aníbal Zorrilla
Miguel Ángel Barrera
Mirta Abdon
Esther María Barberis
30 de junio de 1976
Marta Rossetti de Arqueola
José Cristián Funes
5 de julio de 1976
Raúl Augusto Bauducco
15 de julio de 1976
José René Moukarzel
... de julio de 1978
Osvaldo De Benedetti
12 de agosto de 1976
Miguel Hugo Vaca Narvaja
Higinio Arnaldo Toranzo
Gustavo Adolfo De Breuil
20 de agosto de 1976
Ricardo Daniel Tramontini
Liliana Páez
11 de Octubre de 1976
Florencio Esteban Díaz
Pablo Alberto Balustra
Jorge Oscar García
Oscar Hugo Hubert
Miguel Ángel Ceballos
Marta González de Baronetto
19 de junio de 1976
Nunca Más (Libro de la Comisión Nacional encargada de investigar los crímenes de la dictadura)
Informe de fusilamientos en el UP 1 - Córdoba, Marzo de 1977
El 19 de junio, a las 23 hs., fueron retirados de la cárcel, por personal militar, los presos políticos Claudio Zorrilla, Miguel Ángel Barrera, Esther María Barberis y Mirta Abdon.
Todos fueron llevados hasta los terrenos posteriores a la Ciudad Universitaria. Atadas las manos con alambre y obligados a correr, mientras los asesinos los iluminaban con luces de bengala al tiempo que descargaban sobre ellos sus ametralladoras. Los gritos de horror fueron escuchados por obreros nocturnos de Corcemar.
El médico Justo Llamil Chalub certificó estas asesinatos diagnosticando "hemorragia aguda".
Cuando al retornar la democracia, los familiares denunciaron el hecho, la justicia federal al resolver la prisión preventiva del Gral. Luciano Benjamín Menéndez como principal responsable de estos homicidios, fundamentó que: "...se advierte que la policía de la Provincia atribuye la muerte de Barrera, Zorrilla, Barberis y Abdón de Maggi, a que intentaran atentar contra el Hospital Militar el 20 de junio de 1976 a la madrugada; pero, por otro lado y según las constancias del legajo penitenciario N8 2193 perteneciente a Miguel Ángel Barrera, el 19 de junio de ese año, los citados fueron retirados detenidos de la Cárcel para su traslado al Consejo de Guerra Especial estable, a últimas horas del día."
Las contradicciones resultaron demasiado evidentes para ocultar la verdad del fusilamiento. Antonio Zorrilla, el padre de Claudio, responsabilizó además al Gral. Juan Bautista Sasiaiñ, al director de la penitenciaría José Alberto Torres, al director de Institutos Penales Montamat. Otros testigos denunciaron también por estos crímenes al personal carcelario Ponce y Ariza de Miralles, ambos oficiales del Servicio Penitenciario de la Provincia.
Claudio Aníbal Zorrilla
Militante de Política Obrera. Nació el 8 de diciembre de 1954 en la ciudad de Córdoba. Dedicó su juventud por completo a sus convicciones, al punto de dar la vida por ellas. Su entrega fue total. Líder estudiantil desde su secundario en el colegio Ricardo Rojas, llevó su carisma y su decisión a la Facultad de Arquitectura donde despertó la admiración, el respeto y amor de todos sus compañeros.
Sabía hacer sentir su voz en cada encuentro callejero en aquellos duros meses del 74. Sus padres miraban azorados a este hijo indomable que se entregó de llena a la lucha sin saber de miedos.
Fue detenido el 25 de Octubre de 1974, cuando en compañía de su novia efectuaba compras de material para la Facultad de Arquitectura. Alojado en Informaciones de la policía provincial, fue torturado durante veinte días, hasta su traslado a la U.P. 1.
Estando sólo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, el 11 de Diciembre de 1975 sus padres solicitaron el derecho de opción para salir del país. La dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976 y su política de exterminio frustraron las expectativas de sus seres queridos, sus amigos y sus compañeros de militancia.
Miguel Ángel Barrera
Militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ejército Revolucionario del Pueblo.
Nació el 19 de enero de 1951 en la ciudad de Córdoba. Militante popular, obrero y activista del Área Material Córdoba. En el comienzo de la escalada anti-obrera y represiva fue despedido mediante la ley de prescindibilidad.
Detenido junto a su esposa y tuvieron un hijo en prisión que llamaron León. Grandote y bonachón, sus compañeros lo llamaban cariñosamente "Tarzán".
Anhelaba la libertad; vivirla y disfrutarla junto a su pequeño hijo y su familia. Los militares fascistas lo eligieron como víctima sabiendo la pena que causaría su vil asesinato, por el que, cobardemente, pretendieron acusar a sus compañeros.
Fue procesado y posteriormente absuelto por la Justicia Federal, pese a lo que quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, hasta que fue sacado del penal para su fusilamiento. Tenía 24 años.
Mirta Abdón
Militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ejército Revolucionario del Pueblo.
Nació el 17 de enero de 1947 en Córdoba. Estando detenida en la penitenciaría de barrio San Martín tuvo una hija pocos meses antes que la mataran, a los 29 años de edad.
Esther María Barberis
Militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ejército Revolucionario del Pueblo.
Nació el cuatro de agosto de 1956. En la familia le decían "Tati". Era la del medio de cinco hermanos, la protegida del papi. Su infancia y su adolescencia las pasó en San Francisco donde, como cuenta su hermana Ana María, "jugábamos mucho, hacíamos mucho deporte, natación, tenis, voley". Transitó la secundaria en el Colegio Nacional General San Martín donde se recibió de Perito Mercantil a fines de 1973 y fue escolta de la bandera.
A comienzos de 1974 vino a vivir a Córdoba para comenzar sus estudios de Medicina en la UNC. Creía que podía hacer algo por un mundo mejor...
La detuvieron en su casa el 8 de junio de 1975. La torturaron y aunque fue procesada y sobreseída el 20 de febrero de 1976. Nunca le dieron la libertad y fue puesta disposición del PEN.
Al momento del golpe, ella estaba detenida en la Unidad penitenciaria Nº 1. Sus familiares nunca más la volvieron a ver con vida. El 20 de junio de 1976, su hermana y su papá fueron a visitarla, era el día de la Bandera y el día del Padre.
Le llevaron camisetas, frazadas y medicamentos y los guardiacárceles les recibieron todo sin ningún reparo. A poco se dieron cuenta que en esos momentos, Tati ya había sido asesinada.
