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Un final a toda sangre para la televisión


El "Malevo" Ferreyra

El ex policía tucumano, condenado por violencia y gatillo fácil, brindaba un curioso reportaje mientras la Gendarmería rodeaba su casa. Al terminar, sacó un arma y se disparó ante la cámara. Estaba acusado por una muerte y una violación durante la dictadura.

Por Pedro Lipcovich

“He tratado de obrar con la mayor coherencia”, dijo Mario Ferreyra mientras, con absoluta serenidad, se disponía a matar a un hombre que, en este caso, era él mismo

“Bienvenidos –les había dicho a los periodistas de Crónica TV–, porque van a trasmitir algo que es real.” Segundos después, se disparó un tiro en la sien; la sangre empapó a uno de sus siete hijos, que lo abrazaba ya muerto, mientras los ojos en blanco del ex comisario empezaban a multiplicarse en las pantallas de la televisión.

Todo sucedió sobre el tanque de agua del techo de su casa, adonde una comisión de Gendarmería había llegado para detenerlo, acusado de participar en la detención ilegal de un hombre y en la violación de una mujer durante la última dictadura militar. El Malevo había saltado a la fama en 1993, cuando escapó de la sala donde un tribunal acababa de condenarlo por el asesinato de tres hombres en 1991, cuando comandaba la Brigada de Investigaciones de Tucumán. Luego de 79 días fugado en el monte, fue detenido. Pero sólo pasó cuatro años y medio preso: en 1998, gracias a dos reducciones de pena dispuestas por el entonces gobernador Antonio Bussi, recuperó la libertad. En 2006 fue nuevamente detenido por lesiones, amenazas de muerte y tenencia de armas, pero otra vez lo dejaron libre. El 11 de noviembre pasado, nuevamente un juez había dispuesto su captura, por primera vez en relación con la represión ilegal que había comandado Bussi.

El 11 de noviembre pasado, el juez federal subrogante Nº 1 de Tucumán, Daniel Bejas, libró orden de detención contra Ferreyra y contra el ex comisario Francisco “Pancho” Orce, en la “megacausa” que investiga la existencia de un centro clandestino de detención en el ex arsenal Miguel de Azcuénaga, durante la última dictadura militar. La investigación se refiere a unas 80 víctimas de un total de mil, que se estima pasaron por ese centro durante la intervención militar de Bussi, en Tucumán. Ferreyra y Orce están acusados de haber participado en la privación ilegítima de la libertad de Carlos Osores y en la violación de Graciela Osores, su hermana.

La medida tomada por Bejas había sido recomendada por los jueces Ernesto Wayar, Graciela Fernández Vecino y Marina Cossio de Mercau en su fallo del 17 de septiembre pasado, que confirmó el procesamiento de Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Alberto Cattáneo y Mario Alberto Zimmermann por delitos de lesa humanidad cometidos en el ex Arsenal; en el caso de Bussi, se le imputó la autoría material del homicidio de Luis Eduardo Falú (hermano de Ricardo Falú, ex diputado nacional y ministro de la gobernación de Ramón Ortega).

Ayer, antes de suicidarse, Ferreyra sostuvo que “persiste la actitud de querernos detener. Si no hay decisión suprema, esto no va a tener fin. La policía –afirmó– tiene que adaptarse a cualquier tipo de gobierno, y somos nosotros los que tenemos que pagar las consecuencias”. El jueves pasado, la Justicia había dispuesto medidas de protección para los jueces Bejas y Alicia Noli y para la asesora en derechos humanos Laura Figueroa, quienes habían sido amenazados por Ferreyra.

Antes de 1991, como jefe y caudillo de la Brigada de Investigaciones –sombrero Panamá, camisas negras, patillas inmensas–, había protagonizado varios amotinamientos policiales durante el gobierno de Ramón Ortega. El 10 de octubre de ese año, al mando de ocho efectivos, persiguió a tres hombres; no vaciló en salir de su jurisdicción, en la provincia de Salta, los capturó y, en Laguna de los Robles, los mató a tiros. Después pretendió que había sido un enfrentamiento, pero el 14 de diciembre de 1993, la Sala I de la Cámara Penal tucumana los condenó, a los nueve, a cadena perpetua por homicidio. Cuando terminó de leerse el fallo, el Malevo, esgrimiendo una granada de mano que nadie le había impedido portar, se alzó y, contemplado por los agentes de custodia, escapó con cinco de sus hombres. Estos se entregaron poco después, pero Ferreyra huyó al monte. Lo acompañaba María de los Angeles Núñez, de 19 años, que estaba embarazada de él. Pasaron 79 días hasta que una patrulla lo rodeó y lo capturó cerca del pueblito de Zorro Muerto, en Santiago del Estero.

Sin embargo, Antonio Domingo Bussi, gobernador de Tucumán, en septiembre de 1996 le redujo la condena a 20 años, y en diciembre de 1997 se la achicó otro diez por ciento. La buena conducta en la cárcel, obviamente acreditada por el Servicio Penitenciario provincial, le permitió obtener la libertad condicional el 16 de septiembre de 1998. Dos días después ya tenía trabajo como “supervisor de cobranzas” en una empresa cuyo dueño era Jorge Soria, ex integrante de la Brigada de Investigaciones. El sábado 20 fue homenajeado con un asado por 300 personas –muchas llevaban sombreros como el del Malevo–, en el que participó Enrique Artigas, secretario de Salud del gobierno de Bussi.

En 2003, corrió riesgo de perder la libertad condicional por trabajar en una empresa de seguridad privada, pero nada sucedió. En 2006, una vecina lo denunció, a él y a María de los Angeles Núñez, por pegarle hasta causarle lesiones y amenazarla de muerte. Cuando, por orden del fiscal, fue allanada su vivienda, se encontraron armas de fuego y proyectiles –todas conductas prohibidas en una persona bajo libertad condicional– y se ordenó su detención. Después de dos semanas, el 10 de mayo, se entregó. Pero el 3 de junio la jueza Emma de Nucci le restituyó la libertad condicional, bajo una caución de 5000 pesos. En noviembre de 2007, el propietario de una granja en la localidad de Mista lo acusó de haber ingresado en sus tierras con maquinaria pesada y, junto con varios cómplices, haber cosechado por su cuenta 20 hectáreas de terreno, llevándose 25 toneladas de cereal por valor de 12.500 pesos. Ferreyra declaró ante una fiscalía, y tampoco esa vez le fue retirada la libertad condicional.

El video de la polémica

“Van a transmitir algo real”, aseguró el Malevo Ferreyra a la periodista y al camarógrafo de Crónica TV. Por “algo real” se refería al momento en que tomó un arma de fuego y se disparó un tiro en la sien. Y no se equivocó. Las cámaras no dejaron de registrar la imagen del cuerpo sangrando sin cesar, así como tampoco la cronista dejó de relatar lo que sucedía a cada instante, dando nacimiento a un video que el canal de noticias porteño ya considera un “documento histórico” y que promete generar un debate sobre la ética en la profesión periodística.

En las primeras horas de la tarde de ayer, Ferreyra dejó ingresar a su casa a un equipo de Crónica TV para que le hicieran una entrevista. Se encontraba atrincherado en lo alto de una torre donde está ubicado el tanque de agua de la vivienda, cercada por miembros de Gendarmería.

El eje de la entrevista fue la posible reacción del ex comisario frente a la avanzada de los gendarmes. La cronista le formulaba preguntas como “¿Usted cree que ellos pueden llegar a ingresar a la fuerza, generando un verdadero caos?”, “¿está armado y dispuesto a lo que sea?”, “¿de sacarlo, lo sacarían muerto?”, y hasta la consulta sobre si había solicitado la extremaunción.

“Esto no tiene fin si no hay una acción suprema”, respondió en un momento, en alusión a los juicios por la represión. La “acción suprema” fue tomar un arma, llevarla a la sien y efectuar el disparo. Luego vendría el griterío de la familia y los insultos a los gendarmes, todo prolijamente filmado y repetido reiteradamente por el canal.

La saga de las muertes

Tucumán fue la cuna del terrorismo de Estado. Fue el general Adel Vilas quien instauró allí en 1975 la tortura como método e instaló el primer centro clandestino en Famaillá. En 1985 el nombre del Malevo Ferreyra integró la lista de represores que elaboró la Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de Derechos Humanos provincial. Pero durante 33 años nadie le pidió explicaciones. La reapertura de las causas en 2003 se tradujo allí en dosis homeopáticas de justicia.

En cinco años la lista de procesados no llega a diez: todos altos mandos militares. La parálisis derivó el mes pasado en una recomendación de la Cámara Federal al juez Daniel Bejas para que citara a indagatoria a secuestradores y asesinos. Mientras Su Señoría analizaba la orden, Ferreyra habló en los medios, amenazó a sus acusadores y luego de alegar contra el proceso de justicia se dio el lujo de matarse ante cámara.

Tal como ocurrió con el prefecto Héctor Febres y los coroneles César Anadón y Paul Navone, por decisiones de jueces federales un represor vuelva a burlarse de la Justicia y de toda la sociedad.

Fuentes: Página/12 | www.elortiba.org