en el pecho de su madre (de Plaza de Mayo) la foto del hijo secuestrado, torturado y asesinado por la Dictadura Militar en Argentina DOCUMENTO DEFINITIVO DE LOS ORGANISMOS CONVOCANTES AL ACTO EN REPUDIO AL PODER JUDICIAL
- 11 DE JUNIO DE 2009 a las 10 hs. en OROÑO 940 FRENTE A LOS TRIBUNALES FEDERALES DE ROSARIO -
Pese a las ampulosas y reiteradas declaraciones sobre “el año de los juicios” contra los genocidas, nada ha cambiado sustancialmente y la inmensa mayoría de los asesinos del pueblo pueden seguir confiando en un Poder Judicial lento, parcial a su favor, despreciativo de los reclamos de víctimas y familiares.
Queremos corregir la versión generalizada sobre lo que llaman la “apertura de los juicios orales”. La verdad es que debería hablarse de la apertura de muy pocos juicios orales, solamente contra algunos pocos criminales de lesa humanidad y en relación a sólo algunos pocos de los crímenes cometidos.
En su recientemente inaugurada publicación en Internet sobre el tema “Lesa Humanidad” -en lo que es casi un rechazo público del pedido de decenas de querellantes y organizaciones para que se considere que en Argentina hubo lo que hubo , es decir, un genocidio- la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de su Centro de Información Judicial, vuelca un panorama de la marcha de los juicios.
Aunque no pongan mucho esmero en su actualización ni en la precisión de los datos -y esto siempre en contra de quienes reclaman y no de los genocidas- las cifras a nivel nacional son escalofriantes.
Pero como siempre hemos conjugado el panorama general dentro del cual estamos necesariamente inmersos y atentos, con las manifestaciones locales de la realidad, dejamos la siguiente cuenta, gruesa e imperfecta quizás, pero correcta en lo que demuestra, de lo que sucede en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario, que tiene como subordinados a los jueces de Reconquista, Paraná, Santa Fe, San Nicolás y Rosario, es decir, gran parte de lo que estuvo sometido al II Cuerpo de Ejército.
Hay 47 imputados para 184 víctimas en 33 causas.
Pensar que en la zona de Rosario solamente, se registran más de 500 desaparecidas/os, más de 200 asesinadas/os y miles de secuestros, torturas, robos de bienes y sobre todo, robos de bebés, por parte de los represores, da la cabal idea de la impunidad imperante luego de 33 años de la instauración de la Dictadura Genocida.
En esta región también se cumple la regla que denunciamos más arriba: muy pocos juicios, solamente contra algunos pocos criminales y en relación a sólo algunos pocos de los crímenes cometidos.
Este accionar del Poder Judicial es constitutivo de la impunidad.
Los que hoy convocamos siempre hemos tenido como objetivo la condena penal, hemos luchado por CÁRCEL COMÚN A LOS GENOCIDAS y lo hemos hecho desde las situaciones más difíciles, como cuando regían las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Precisamente en ese marco hostil a los reclamos populares por parte de los Gobiernos, el Parlamento que las había aprobado y el Poder Judicial que se apoltronó en las condiciones que mejor le convenían a sus íntimas relaciones con los elencos dictatoriales, no cejamos ni un momento.
Quienes hoy convocamos hemos sido iniciadores, adherentes, sostenedores en definitiva, del Primer Encuentro Nacional de Derechos Humanos, que se realizó en Rosario el 10 y 11 de junio de 2000 bajo una denominación que claramente indicaba el propósito de nuestra lucha: “Juicios por la Verdad: Camino al juicio y castigo a todos los culpables”.
Luchábamos por cárcel a los genocidas, porque siempre entendimos que no hay memoria sin verdad ni verdad sin justicia. Porque a nuestras/os hermanas/os no les debemos un recuerdo simplemente, sino el castigo a sus asesinos.
Porque el pueblo no triunfará jamás si se admite como cosa común la convivencia con sus propios verdugos. Porque el castigo no puede limitarse a la condena social, importante solo si es un principio de ejecución de un castigo efectivo.
Y hoy debemos decir que el panorama es insultante para la memoria de nuestros caídos y para nuestro propio y justo esfuerzo.
Han querido instaurarse criterios de optimismo para prestigiar magros logros. No se trata de eso. Se trata de conciencia clara y cruda sobre la situación. Por supuesto que nos alegramos de cada paso que damos, como cuando algún represor es condenado o va preso, pero eso no nos borra de la mente todo lo que no hemos podido dar por los mil escollos que nos plantea el sistema.
Se habló hace muy pocos meses y aún hoy, de la aceleración de las causas. Lo primero que se hizo, en nombre de tal reclamo que todos compartimos, es echarle culpas a las esforzadas querellas que deben no sólo empujar todos los días cosas que la llamada “justicia” niega y retarda, sino investigar, acusar, conseguir pruebas y hasta atrapar a los criminales.
Así dice la Corte Suprema de la Nación en una Acordada en la que enumera las “dificultades” ante las que se encuentra la “justicia”:
".....se pueden señalar –dice La Corte- algunas situaciones problemáticas:
Punto f de la acordada) “ Subsistencia del criterio que había regido en los juicios por la verdad para obtener toda la información posible acerca del esclarecimiento de la suerte corrida por miles de personas desaparecidas o que sufrieron distintos vejámenes durante el periodo de la represión ilegal y junto con ello la pretensión de que se investigue la totalidad de los hechos y la responsabilidad de todos los involucrados.”
Así que mientras la cosa era un simple "juicio por la verdad", para saber en que oscuro y siniestro lugar fue torturada/o, violada/o, destrozada/o, asesinada/o bestialmente un/a compañera/o, la cosa no era "problemática", era un ejercicio de "memoria", que a la luz de esto que dice la Corte, se convierte en un ejercicio de masoquismo y una morbosidad extrema, de interés por la noticia de sangre de un ser querido, de un/a compañero/a.
Ahora, si no se trata de "la verdad", sino del castigo, del juicio penal, toda averiguación se convierte en "problemático".
Es decir que -y debemos reiterarlo para marcar a fuego esta proclama por la impunidad- lo problemático para la Corte Suprema es la intención de obtener toda la información posible sobre la suerte de las/os compañera/os y “la pretensión de que se investigue la totalidad de los hechos y la responsabilidad de todos los involucrados”.
Consecuentes con este tipo de proclama, pasaron los Tribunales inferiores a la acción y una de las primeras medidas en que se manifiesta la “aceleración de los juicios” es en la exclusión de querellantes como Justicia Ya, nada menos que de un caso como la “Causa ESMA” - en la que tanto aportaron- lo que anticipa su proscripción en todos los demás.
De un plumazo borraron de las causas a una gran cantidad de organismos que la constituyen y que, oh casualidad, son los que impulsan la tipificación de genocidio para el “plan sistemático de exterminio”.
Y tampoco es casual que en la Acordada que citamos, uno de los puntos atribuye a las querellas la dilación de los juicios. Para que se entienda bien: las querellas, sobre las cuales recae el 90 por ciento del trabajo de investigación en la mayoría de los casos, y sin las cuales ni un sólo juicio avanzaría un milímetro, son responsables de dilaciones según la Corte Suprema.
Y todo esto declaradamente, como lo hizo notar en sus dichos el Presidente de la Corte, Lorenzetti y su par Zaffaroni, señalando los trastornos que originan la “multiplicidad de las querellas”.
Tamaña barbaridad sólo pretende ocultar que ahora son los jueces investidos de facultades los que contribuyen a la dilación real, no imaginada. Es el caso del juez Martín Gutiérrez, que precisamente en Santa Fe, ha iniciado un nuevo modus operandi para retrasar los pasos de los procedimientos: se excusan por sentirse “violentados moralmente” por cualquier declaración que reclame, precisamente, por la aceleración.
Sin embargo este Juez de espíritu tan sensible, había anulado la elevación a juicio oral de la causa contra el jefe más notorio de la represión en Santa Fe, el Coronel Rolón. Y este caso si que es una obra maestra del terror vigente.
Tengamos presente el derrotero de impunidad trazado por este caso por los jueces santafesinos. En noviembre se decreta la elevación a juicio oral y un mes hábil después, en febrero de 2009, Gutiérrez y sus amigos anularon esa medida, con lo que volvió al inicio, para producir una demora mayor.
Pero no tuvo que padecer mucho tiempo más: un mes después Casación le dio la libertad porque es un viejito enfermo que no puede ser juzgado, y eso se concretó inmediatamente. Así que hay un impune más, sin siquiera perspectiva de juicio. Ya está, ya el Poder Judicial arregló sus asuntos.
Técnicamente vivirá lo que sea y morirá inocente. Así de sencillo. Tenía imputación por 14 víctimas, casos probados desde homicidio a desapariciones, torturas, etc.
Consecuentes asimismo con la proclama de los “supremos”, los juicios son cada vez menos públicos, lo que resulta de gran beneficio para los imputados y niega al conocimiento popular las circunstancias que desnudan el real carácter de las fuerzas que participaron de ese plan.
El periodismo se ha visto sometido no sólo a las hasta ilegales restricciones para el trabajo de difusión, sino que ha sido burlado incluso cuando intentó esgrimir una disposición de la misma Corte ordenando el acceso a las audiencias por parte de todos los medios y con todos los recursos técnicos.
Los Tribunales inferiores hicieron caso omiso de lo ordenado y la Corte no tomó ni la más mínima medida para que se cumplieran sus órdenes.
Pero aún más, ahora van contra los periodistas que investigan y denuncian (el caso de Paso de Los Libres) .
Fueron denunciados por publicar los nombres de los “servis” aún en actividad que torturaron y asesinaron en el chupadero de La Polaca, después que un testigo los pusiera de manifiesto en el juicio.
Y “la justicia” dio curso a esa infame apriete impulsado por un milico de alto rango de inteligencia, con lo que en su sacrosanta mano se convierte en un “proceso”.
Pero no menos terrible es el verdugueo a que son sometidos testigos, víctimas y familiares, en las causas abiertas y especialmente en las audiencias.
El caso actual y más escalofriante es el del juicio por la muerte del Negrito Floreal Avellaneda. La jueza Lucila Larrandart no sólo acosa a la madre del Negrito sin el más mínimo recato, sino que, en una actitud de hostigamiento, hasta ampara la burlona actitud de los defensores de los genocidas hacia quién no sólo es querellante por ser la madre del asesinado, sino también víctima de secuestro, torturas y cárcel al mismo tiempo que el joven compañero.
Ya hemos señalado al principio la situación en Rosario pero seremos un poco más precisos.
Por el Juzgado Federal Nº 4 han pasado varios nombres desde la apertura de los juicios penales. Digerónimo, Vera Barros, Sutter Schneider (hijo de un jerarca de la Dictadura, el ex Ministro Eduardo Sutter Schneider) y ahora Bailaque.
Éste viene precedido de una celebridad como represor de los compañeros de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, cuando mediante su orden Gendarmería Nacional y Policía Provincial, desalojaron el piquete de Termap.
Casi cuarenta trabajadores fueron apresados y torturados incluso con amenazas de violación a las compañeras. Sin embargo, o precisamente por ese antecedente y otros de igual naturaleza, fue propuesto para Juez Federal y está a cargo del Juzgado Federal Nº 4 de Rosario.
En dicha función ha producido resoluciones afines con la pretensión de impunidad de los genocidas, como es el caso de la falta de mérito y orden de libertad consecuente por el delito de desaparición forzada de la que es víctima el compañero Tito Messiez.
En defensa de los represores Ariel Porra, Carlos Sfulcini y nada menos que el Barba Juan Andrés Cabrera, ha esgrimido que aún procesándolos por el secuestro -el que dice que está probado que fueron ellos-, aún así, no son responsables de su desaparición porque no tenían capacidad de mando para cometerlo.
Es casi increíble, pero es así. Dice que está probado que lo secuestraron, que lo llevaron a La Calamita, que lo torturaron por unas 5 horas pero que después de ello, después de esas 5 horas que estuvo en su poder , aún así, no son responsables de su desaparición porque no tenían capacidad de mando.
De hecho que las resoluciones están apeladas, pero se trata de reclamos ante la misma Cámara Federal de Rosario que sistemáticamente ha ordenado libertades del mismo calibre para los genocidas.
Pero debemos advertir que esta es la misma Cámara que ordenó libertades de represores sin reparo alguno, como en el caso del abogado Carlos Sfulcini, alias “Carlitos” y varios más de sus cómplices, entre otras "medidas" que han originado una generalizada repulsa.
Y por si este escalón fuera poco, por encima está la Cámara de Casación, que para no extendernos en demasía, en estos días ha dejado en libertad bajo caución a nada menos que “El Ciego” Lofiego, el torturador insignia de Feced, que por sus méritos supo ganarse el apodo de “Doctor Menguele”
Compañeros, compañeras, no debemos creer que “el año de los juicios” se contrapone, como algunos pretenden, a la movilización popular haciendo de ésta un recurso perimido.
Todo lo contrario: la existencia de los mismos nos pone ante la realidad de una práctica del Poder Judicial que trae como efectos la continuación de la impunidad por otros medios.
Y esto nos exige ser muy firmes. Como cuando nos movilizamos contra los indultos, como cuando nos movilizamos por la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, debemos movilizarnos más que nunca por CÁRCEL COMÚN A LOS GENOCIDAS, COMPLICES CIVILES Y BENEFICIARIOS.
En este orden debemos tener presente que nuestra movilización debe conservar el contenido de denuncia a los que tienen el poder, de ninguna manera reducirlas al aplauso fácil a un cuerpo que viene ejecutando el plan sistemático de impunidad desde hace 33 años.
Ni siquiera por algún resultado ni por la presencia dentro de ese organismo de algún funcionario que haya cumplido con las exigencias de quienes demandan justicia.
Es este cuerpo, esta institucionalidad del sistema la que merece nuestro repudio.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
APARICION CON VIDA YA DE JULIO LOPEZ
Convocan:
- FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS
- ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS DE ROSARIO (APDH)
- UNIDAD ANTIREPRESIVA POR LOS DERECHOS HUMANOS (UADH)
- CENTRO DE PROFESIONALES POR LOS DERECHOS HUMANOS ROSARIO (CeProDH)
Adhieren:
- LA COORDINADORA ANTIRREPRESIVA POR LOS DERECHOS DEL PUEBLO (CADeP)
- Juan Carlos Wlasic. Presidente APDH-Mar del Plata. (Prof. Titular DDHH y Gtías Constitucionales - Fac de Derecho, Univ Nac Mar del Plata -
- Programa "Desde el sur"
- Biblioteca Popular "Natalio Sviser"
- Programa “Contra la Pared” FM Aire Libre
- Red Eco Alternativo - Colectivo de comunicación y cultura -
- Red Nacional de Medios Alternativos
- Pablo Fernandez p/ APDH delegación Tucumán
( ( ( Difundirlo, enviar adhesiones. Gracias compañeros ) ) )
