sábado, 11 de febrero de 2012

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De: Sergio Ortiz [mailto:ortizserg@gmail.com]
Sábado, 11 de Febrero de 2012


La fauna madrileña más derechosa le hincó el diente al juez Garzón

 

http://www.laarena.com.ar/opinion-la_fauna_madrilena_mas_derechosa_le_hinco_el_diente_al_juez_garzon-70547-111.html

EN REPRESALIA POR SU INTENTO DE INVESTIGAR AL FRANQUISMO
La fauna madrileña más derechosa le hincó el diente al juez Garzón

Baltasar Garzón asociará siempre el 9 de febrero a un suceso doloroso. Un fallo judicial lo expulsó por once años de las filas de la justicia, en los hechos una tarjeta roja definitiva. Una injusticia.


EMILIO MARÍN

El Tribunal Supremo español, con el voto unánime de siete integrantes, degradó a Garzón, inhabilitándolo a ejercer la magistratura por once años. Fue en la causa Gürtel, donde aquél investigaba a una mafia de lavado de dinero, de empresarios vinculados al Partido Popular, de derecha.
Según la acusación, acogida por el Tribunal Supremo, el magistrado había pinchado los teléfonos de los empresarios detenidos para escuchar las conversaciones con sus letrados. Garzón no actuó como Mauricio Macri y su primer jefe policial, Fino Palacios, quienes están procesados por espiar ilegalmente a políticos, empresarios, familiares de víctimas de la AMIA, etc. No, el juez andaluz dio intervención a las secciones de la policía y la justicia que debían entender en el asunto. Y su abogado justificó el proceder, al sostener que ejecutivos presos y letrados convenían en esos diálogos cómo seguir con los negocios sucios.
Los afectados denunciaron por prevaricato (fallar a sabiendas de contrariar la ley) al ex titular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional. Dijeron también que se les había afectado en la organización de su defensa, en ese proceso Gürtel, lesionándoles un derecho fundamental.
De nada valió que el letrado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, citara antecedentes de que la justicia había avalado intercepciones telefónicas a detenidos. Garzón pidió aportar las pruebas que documentaban lo que habría sido un procedimiento legal y correcto de su parte. Tampoco tuvo suerte.
Llamativamente, por unanimidad, esos magistrados de la instancia superior de la justicia española, fallaron en su contra. Como Garzón tiene 56 años, esa inhabilitación de 11 años para ejercer el cargo, luce como definitiva. Si queda en pie y las apelaciones anunciadas fueran denegadas, el andaluz tendría 67 años cuando expire ese plazo. Y en España rige una limitación de edad, de 70 años, para desempeñarse en esos plazos. Está claro que con este gobierno del PP y aún con otro del PSOE, al que es afín, no lograría las facilidades para sortear esa limitación como sí tuvieron en Argentina Ricardo Levene (h), hasta los 81, o Enrique Petracchi, que tiene 78 y sigue en la CSJN.
El fallo tiene un fuerte condimento político. Es imposible de separarlo del contexto político, donde el PP ha vuelto al Palacio de la Moncloa con Mariano Rajoy como jefe del mismo. Los siete supremos pueden jurar y perjurar que no quisieron lavar el honor de los “populares” manchado por aquél escándalo de corrupción. Pero no lo creerían ni ellos…
El condenado emitió un comunicado criticando el fallo y al Tribunal, por no haber atendido a sus explicaciones y rechazado pruebas, adelantando que apelará. Su abogado precisó que será ante el Tribunal Constitucional y que, si no son atendidas las objeciones, irá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La bronca de la derecha
El proceso celebrado en enero de 2012 y que tuvo su fallo el 9 de febrero no es el único que venía afectando a Garzón, quien tenía dos causas abiertas.
Una, menor, porque había sido denunciado por prevaricato. Supuestamente no había actuado con firmeza contra el Banco Santander porque la entidad financiera había financiado sus viajes y conferencias en universidades norteamericanas.
La otra, mucho más política y grave, llevó a su suspensión en mayo de 2010, luego que el neofranquismo reaccionara como una bestia herida, embistiéndolo, luego que aceptara una querella donde se reabriría la investigación de crímenes cometidos por ese bando en la Guerra Civil de 1936-1939.
Los defensores del Generalísimo muerto en 1975 consideraron que esos crímenes eran cosa del pasado, pisado, y ya habían prescripto. El juez, en cambio, aplicaba el criterio de que eran delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, y siguió adelante, receptando denuncias de familiares de fusilados y enterrados clandestinamente en fosas comunes. No vaya a creerse que ese método fue una completa invención de Jorge Rafael Videla y los militares argentinos de 1976…
Pero Garzón no pudo ir muy lejos. En mayo de 2010 le cortaron “las piernas”, suspendiéndolo como juez. Era evidente que los grandes capitales españoles y bancos, junto a sectores más reaccionarios del PP y sobre todo de la cúpula eclesiástica, iban a obturar a como diera lugar esa búsqueda de justicia. Y algo que se dijo muy poco, si es que se mencionó: Juan Carlos de Borbón, hijo putativo del dictador, tampoco tenía ningún interés en revolver ese pasado. Los Borbones fueron enemigos de la República y se amigaron con Franco, quien bendijo a “Juanito” para que adornara la “transición” junto a los militares como Carrero Blanco, políticos como Fraga Iribarne y otros operadores para garantizar que no se hurgaría en ese pasado. En la nueva España habría “destape”, drogas y toda la joda que quisieran, pero democracia con República, ni pensarlo. Y todo dentro de la OTAN, gracias al “socialista” Felipe González.
La derecha española venía molesta con el juez por lo menos 1998, cuando pidió la detención y extradición del ex dictador Augusto Pinochet, a la sazón enfermo en Londres.
Si requerir la prisión del genocida transandino era algo penoso para el franquismo y sus ramificaciones españoles, que el magistrado quisiera levantar la tapa del closet del terrorismo de Estado durante el franquismo era algo intolerable. Esos poderosos intereses políticos fueron en definitiva los que pusieron al acusado ante un virtual pelotón de fusilamiento el 9 de febrero.

No es un santo
La realidad siempre es más variada y contradictoria de lo que muchas mentes están dispuestas a admitir. Ante la suspensión de Garzón en mayo de 2010, organismos de derechos humanos de Argentina lo invitaron al mes siguiente a visitar el país. Y fue un invitado de lujo, con distinciones en La Plata, declaraciones en Córdoba (justo se juzgaba al general Luciano B. Menéndez por los 31 fusilamientos en la UP 1), amables reportajes en Página/12, participación en la Marcha de la Resistencia, etc.
Las Madres Línea Fundadora, las Abuelas, el CELS, la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires y otros organismos saludaron al visitante como si fuera la encarnación universal de los derechos humanos.
Esas declaraciones laudatorias se repitieron ayer, al conocerse la sentencia en su contra. Y aquí convendría hacer una precisión política, para tratar de abarcar la verdad, relativa, pero más abarcadora que la de los panegíricos.
Una cosa es que Garzón sea un juez democrático, y que ayudó a la causa de los derechos humanos en Argentina cuando requirió la extradición de represores a fines de los ´90 y condenara al ex marino Adolfo Scilingo, en Madrid, por su participación en los “vuelos de la muerte”.
Esa parte de la biografía mueve a solidaridad y reconocimiento, lo mismo que el hecho de haber sido objeto de un linchamiento judicial esta semana.
Pero hay otro rostro de Garzón, menos conocido para los argentinos. Y es su activa campaña de persecución política contra la izquierda y el nacionalismo vasco, donde incurrió en muchas injusticias y violaciones de la ley. Su juzgado persiguió a la ETA, pero no sólo a su brazo armado sino también a fuerzas legales como Herri Batasuna, periódicos, radios, grupos juveniles, etc. Los líderes de HB y sus sucedáneos legales, parlamentarios y voceros fueron demonizados, perseguidos, proscriptos y detenidos, fulminadas sus personerías y clausurados sus locales.
“También, de 1998 a la fecha, se ha empeñado en perseguir, criminalizar y cerrar medios de comunicación y casas editoriales independientes bajo la acusación de estar en el «entorno» de la ETA. Así fueron cerrados el periódico Egin, La Voz de Euskadi, Euskaldunon egunkaria, la editorial Ardi Bertzale y la radio Egin Irratia. En la actualidad tiene en la mira al periódico Gara”, escribió Sergio Cáceres en agosto de 2003 (“Baltasar Garzón, gavilán y paloma”) http://lahaine.org/espana/baltasar_paloma.htm.
A fines de 2009 había 640 presos del nacionalismo vasco en cárceles muy  lejanas de sus familias, para seguir atormentando a unos y otros. El magistrado era conciente de que ellos eran torturados por la policía durante los cinco días de incomunicación que permitía la legislación poco democrática y que las mujeres eran violadas. Es que luego los detenidos le denunciaban  lo ocurrido, sin conmoverlo.
Hoy Garzón es paloma, pero antes fue gavilán y es difícil predecir qué clase de ave será mañana o si será una mezcla de ambas, según los temas, las causas y los procesados.

 



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Sergio Ortiz
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