Los verdugos de la dictadura argentina eligen el suicidio antes que rendir cuentas
Imágenes de los expedientes de los llamados 'vuelos de la muerte' en Argentina.
Juan Ignacio Irigaray | Buenos Aires
Actualizado viernes 01/06/2012 11:07 horas
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Igual que hicieron los 'reichführer' alemanes Adolf Hitler y Heinrich Himmler, algunos nazis de Argentina optan por quitarse la vida antes que rendir cuentas a la sociedad por sus salvajadas durante la dictadura (1976-1983). El último ha sido el ex represor Miguel Ángel Junco, 64 años, apodado 'Ratón' por sus camaradas, que escapando de sus captores se arrojó a las vías del tren justo antes del paso de un convoy, que terminó arrollándolo.
'Ratón', un suboficial de la Policía Federal, había sido torturador, según los sobrevivientes de los campos de concentración 'Club Atlético', 'El Banco', y 'El Olimpo', que funcionaron en la ciudad de Buenos Aires. El juez federal Daniel Rafecas había ordenado su arresto para indagarlo como imputado de alrededor de 300 crímenes contra la Humanidad. Los agentes fueron a buscarlo a su casa pero la mujer explicó que se había marchado de viaje a una provincia.
Sin embargo los detectives desconfiaron de esa versión y afinaron la búsqueda. Cuando ya lo tenían en la mira y todo indicaba que iban a pillarlo, el ex represor corrió por el andén de la estación de ferrocarril Flores y se zambulló debajo de una locomotora a toda marcha. Murió en forma instantánea. Entre sus ropas encontraron un papel con el mensaje póstumo y lacónico: "Avisen a mi esposa al domicilio Zelarrayan 531, 3 A".
'Ratón' era consciente de que si lo detenían muy probablemente sería condenado a cadena perpetua, por la gravedad de los crímenes que se le imputaban -secuestros, torturas, asesinatos- y acabaría sus días encerrado en una prisión común. Allí le aguardaban sus ex camaradas Juan Carlos Chacra, alias 'Paco' y Carlos Lorenzzati, alias 'Gato viejo', que no tuvieron valor para matarse y hoy cumplen arresto provisorio.
Este ha sido el quinto suicidio de un verdugo de la dictadura argentina (1976-1983). El más sonado hasta ahora era el prefecto Héctor Febres, que ingirió cianuro dentro de la celda, en 2007, sólo 48 horas antes de que lo condenaran por torturador. Lo que nunca nadie a ha explicado es cómo obtuvo el veneno en una prisión de la Prefectura Naval (policía de costas), fuerza a la cual pertenecía.
Otro caso famoso ha sido el del teniente coronel Paul Navone, que se disparó en la sien un día antes de declarar en el juzgado por el robo de mellizos en 1978 a una prisionera política, que dio a luz en cautiverio y sigue desaparecida. Navone escribió una carta a sus familiares agradeciendo por "los momentos vividos" y aclaró que se trataba de "una decisión personal".
También el capitán Alfredo Marcó fue encontrado muerto. Se disparó un tiro en la sien con un revólver del calibre 38 en su casa de la ciudad de La Rioja. Era sospechoso de haber intervenido en el asesinato del obispo riojano Enrique Angelelli, el 4 de agosto de 1976. Según varios sobrevivientes del campo de concentración, el militar adelantó a los reclusos que en breve Angelelli iba a aparecer muerto en un falso accidente de tráfico.
El policía retirado Segundo Wenceslao Garro, que actuó en el Departamento de Informaciones D2 de la policía de la provincia de San Luis y fue sindicado como torturador, se marchó de su casa, en 2009, hacia una zona rural y a un lado de la carretera, colocó su pistolón de caza en el corazón y apretó el gatillo. Su cadáver fue encontrado varios días más tarde.
En 2000, cuando en Argentina aún regían leyes de impunidad para los verdugos, el juez español Baltasar Garzón ordenó la captura de unos 80 represores de la dictadura argentina, basándose en el principio de la Justicia Universal. Entre ellos el prefecto Juan Antonio Azic que no lo soportó y fue a rezar a la virgen. Delante de la figura religiosa se descerrajó un tiro en el mentón, pero falló en el intento –quedó herido- y sobrevivió. Recientemente fue condenado a cadena perpetua.
Argentina es el único país de Latinoamérica que sigue juzgando a todos los dictadores y represores de su 'guerra sucia', que arrojó de 10.000 a 30.000 desaparecidos, según los recuentos oficiales documentados y de los organismos defensores de los Derechos Humanos, respectivamente. Otros países, por ejemplo Chile, han realizado algunos juicios mínimos, pero la mayoría no sentó a sus verdugos al banquillo.
Hay 281 represores condenados y 785 procesados a la espera de juicio oral. Otras 16 personas fueron enjuiciadas y resultaron absueltas, según el conteo hecho por el Ministerio Público.
