Un homenaje al padre Mugica Una escultura de hierro del sacerdote, similar a las de Evita en el edificio de Obras Públicas, se emplazará en 9 de Julio y Arroyo, mirando hacia la Villa 31.
Los automovilistas que transiten la autopista
Illia hacia el centro de la ciudad se encontrarán, dentro de dos meses, con una
imagen inesperada. En la esquina de 9 de Julio y Arroyo los recibirá una figura
de hierro de tres metros, montada sobre una base de hormigón: en rigor, un
rostro fácilmente reconocible, con la mirada dirigida hacia la cercana Villa 31
de Retiro y el clergyman que suelen usar los sacerdotes. El monumento, tallado
por el artista Alejandro Marmo junto a un grupo de trabajadores metalúrgicos,
representará al cura villero Carlos Mugica, de cuyo asesinato por la Triple A
se cumplirán 40 años el próximo 11 de mayo.
El reconocimiento a Mugica a través de una
obra de arte que pasará a formar parte del patrimonio de la Ciudad de Buenos
Aires, surgió de una iniciativa personal de la presidenta de la Nación. La
propia Cristina Fernández, a través del secretario general de la Presidencia,
hizo llegar una propuesta a los legisladores porteños del Frente para la
Victoria. La iniciativa pretende rendir un homenaje permanente al cura que,
proveniente de una familia adinerada, se comprometió con los más pobres, asumió
el peronismo con convicción y terminó asesinado por la banda paramilitar que
había creado el entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega.
La idea debía concretarse en una donación del
Estado nacional a la administración porteña. Pero de acuerdo a lo que determina
la Constitución local, cualquier donación que reciba la comuna, sea de un
particular o provenga de otra jurisdicción, debe ser aprobada en la
Legislatura. Y eso fue lo que sucedió ayer, luego de que la titular de la
bancada del FPV, Gabriela Alegre, presentara en el recinto el proyecto de ley
3004/2013. Aprobado por 52 votos a favor, ninguna abstención y tres en contra,
acepta el donativo, autoriza el emplazamiento de la estatua "en el cantero
central de la Avenida 9 de Julio con la intersección de la calle Arroyo",
y el cumplimiento en un plazo breve del "procedimiento de doble
lectura", que consiste en la realización de una audiencia pública para que
opinen los ciudadanos.
El debate en el recinto mostró una
coincidencia casi generalizada, con pocas excepciones. La conveniencia de que
la ciudad incluya en su patrimonio urbano un reconocimiento a Mugica fue
compartida por casi todos los bloques. Sólo votaron en contra los legisladores
de izquierda Alejandro Bodart (MST) y Marcelo Ramal (PO), más Pablo Bergel, del
bloque Verde Alameda. Plantearon que la mejor reivindicación de Mugica sería la
de urbanizar las villas de la ciudad, y que hasta que eso no se concrete, no
debería haber homenaje alguno. La respuesta a ese argumento partió, entre
otros, de Alegre y del ex canciller Jorge Taiana (ambos del FPV). "Los
monumentos nos comprometen con la memoria de la persona homenajeada. Y este
homenaje a Mugica nos compromete a trabajar por el derecho a la vivienda y por
condiciones dignas de vida para todos los habitantes de las villas de la
ciudad", aseguró Alegre en diálogo con Tiempo Argentino. Taiana, quien en
su juventud conoció al sacerdote –fue el consejero espiritual de su hermana
mayor y su cuñado–, destacó la justicia del reconocimiento. "Es posible
que Carlos rechazara el homenaje si estuviera vivo, pero sería un error. Carlos
era desprendido, sólo veía su tarea, pero nosotros, como legisladores, sí
tenemos la obligación de rescatar su figura, su ejemplo de vida y su
compromiso. Tenemos el derecho, y hasta diría el deber, de rescatar su historia
para nuestra sociedad y las generaciones futuras", argumentó Taiana en su
breve discurso.
El ex canciller recordó cuando visitó al cura
villero en la casilla de madera que se había construido en la terraza del
departamento familiar de los Mugica, en la Recoleta, y cuando lo llevó a la 31.
"No nos olvidemos que tuvo un paso por la función pública. A comienzos del
'73, Carlos participa y se va del gobierno porque se pelea con López Rega, una
de las razones por las que perdió la vida. Según las investigaciones, lo
mataron el comisario (Rodolfo) Almirón y el comisario (Juan Ramón) Morales, que
eran los jefes de las Tres A", subrayó Taiana. Consultado por este diario,
Marmo, el escultor a cargo de la obra, explicó que "este trabajo, al igual
que los murales de Evita en las fachadas del Ministerio de Desarrollo Social,
forma parte del movimiento cultural 'Arte en la fábrica', que empecé en los
'90, cuando las fábricas se estaban desmantelando: como artista, fui integrando
a obreros metalúrgicos que eran expulsados de su empleo. Son trabajadores de
fábricas recuperadas construyen, o participan en la construcción, de los íconos
del Bicentenario Argentino, de personalidades destacadas por su compromiso
social y su trabajo pastoral, como Carlos Mugica", evaluó Marmo. En los
últimos años, el escultor trabajó junto a metalúrgicos de las cooperativas de
trabajo ex SIAM, ex Coventry y Los Constituyentes.
El asesinato
El asesinato
A 40 años
El escultor Alejandro Marmo, a cargo de la obra, explicó que será inaugurada el 11 de mayo próximo, en ocasión de cumplirse 40 años del crimen de Mugica por la Triple A.
El escultor Alejandro Marmo, a cargo de la obra, explicó que será inaugurada el 11 de mayo próximo, en ocasión de cumplirse 40 años del crimen de Mugica por la Triple A.
Obispos, sacerdotes, monjas y laicos asesinados
Entre los religiosos católicos, también hubo víctimas del terrorismo de Estado
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La Masacre de San Patricio, los asesinatos de los obispos de La Rioja, Enrique Angelelli, y de San Nicolás, Carlos Ponce de León, y del padre Carlos Mugica, y los sacerdotes conocidos como "mártires de El Chamical", son algunos ejemplos de la persecución del gobierno militar a aquellos religiosos católicos que trabajaban para la gente humilde.
Si bien la jerarquía de la Iglesia católica
fue cómplice del régimen militar hubo una minoría llamados los “curas rojos” o
comunistas que luchó contra las atrocidades que se cometieron. Este grupo se
caracterizó por la expresa condena a las violaciones de los derechos humanos,
la participación en manifestaciones, cartas y homilías públicas contra el
accionar represivo, las denuncias al exterior y el acompañamiento a los
familiares de desaparecidos.
Según el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, al menos dieciocho sacerdotes fueron asesinados o figuran como desaparecidos, otros diez curas estuvieron presos en la dictadura; treinta fueron secuestrados y derivados a los centros clandestinos de detención y luego liberados; once seminaristas fueron asesinados o figuran como desaparecidos y se cree que son más de medio centenar los católicos laicos víctimas de la represión ilegal.
El primer religioso asesinado fue el padre Carlos Mugica quien fue ametrallado el 11 de mayo de 1974 en esta Ciudad, todavía durante el gobierno de Estela Martinez de Perón, y cuando la Triple A realizaba la persecución para eliminar a la “guerrilla”.
Ya bajo la dictadura militar, las primeras víctimas de la Iglesia aparecieron en la provincia de La Rioja. El 18 de julio de 1976, el párroco francés Gabriel Longueville y el sacerdote Carlos de Dios Murias fueron secuestrados en la parroquia El Salvador, de El Chamical, y sus cuerpos fusilados, con los ojos vendados, aparecieron en un descampado al sur de la ciudad. Hoy el sitio se denomina "Los Mártires" y un oratorio honra sus memorias.
El ex titular del tercer cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, es uno de los principales imputados en la causa por el asesinato de los sacerdotes Murias y Longueville, cuyo juicio iba a comenzar el 15 de marzo y fue postergado. Paralelamente, se instruye también en el Juzgado Federal de La Rioja la investigación por la muerte, en un accidente automovilístico confuso, del obispo de La Rioja monseñor Enrique Angelelli, ocurrida el 4 de agosto también de 1976. Angelelli viajaba a Buenos Aires en una camioneta con la denuncia sobre el secuestro y homicidio de los dos sacerdotes. El obispo riojano no desconocía su situación, por lo que en más de una oportunidad puso a disposición de las más altas
autoridades eclesiástica su renuncia.
“Es hora de que la Iglesia de Cristo en la Argentina discierna a nivel nacional nuestra misión y no guarde silencio ante hechos graves que se vienen sucediendo”, decía Angelelli en una carta a su confidente, Monseñor Zaspe, en abril de 1976. Y agregaba: “O nos respaldamos en serio o que se busque otro pastor para esta diócesis”.
Los religiosos palotinos Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, fueron asesinados en la madrugada del 4 de julio de 1976 por un grupo de tareas que ingresó por la fuerza a la iglesia de San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano. Los religiosos fueron sorprendidos mientras dormían, atados y golpeados y luego ejecutados por la espalda. Unas horas más
tarde, un hombre que cada domingo tocaba el órgano durante la misa halló los cadáveres acribillados -algunos habían recibido más de 60 balazos- junto a la leyenda "Esto les pasa por envenenar la mente de la juventud". La conocida como "Masacre de San Patricio" nunca fue esclarecida, aunque algunos testigos coincidieron en que los autores pertenecían a un grupo de tareas de la ESMA, el principal centro de detención y torturas de la dictadura.
En tanto, monseñor Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás de los Arroyos, también fue asesinado en un supuesto accidente el 11 de julio de 1977. Aquel día se dirigía a la Capital Federal para entregar a la nunciatura documentación relativa a la represión ilegal implementada en la provincia de Santa Fe.
La documentación desapareció luego del supuesto accidente y según el relato de un colaborador del obispo, en una reunión luego del entierro de Angelelli, Ponce de León había comentado: “Ahora me toca a mí”.
Uno de los casos que tomó más trascendencia a nivel internacional fue el de las monjas francesas de las Misiones Extranjeras, Alice Domon y Léonie Duquet, cuya desaparición ocurrió en diciembre de 1977, junto a denominado grupo de la Iglesia de la Santa Cruz que integraban las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Por la desaparición de las Domon y Duquet, antes de que se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la Argentina, la Justicia francesa condenó a cadena perpetua al represor de la Armada Alfredo Astiz, quien por estos crímenes hoy sí es juzgado en nuestro país.
Hasta ahora, el único miembro de la Iglesia que fue sentenciado en firme por violaciones a los derechos humanos, es el ex capellán de la policía bonaerense, Christian Von Wernich.
Según el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, al menos dieciocho sacerdotes fueron asesinados o figuran como desaparecidos, otros diez curas estuvieron presos en la dictadura; treinta fueron secuestrados y derivados a los centros clandestinos de detención y luego liberados; once seminaristas fueron asesinados o figuran como desaparecidos y se cree que son más de medio centenar los católicos laicos víctimas de la represión ilegal.
El primer religioso asesinado fue el padre Carlos Mugica quien fue ametrallado el 11 de mayo de 1974 en esta Ciudad, todavía durante el gobierno de Estela Martinez de Perón, y cuando la Triple A realizaba la persecución para eliminar a la “guerrilla”.
Ya bajo la dictadura militar, las primeras víctimas de la Iglesia aparecieron en la provincia de La Rioja. El 18 de julio de 1976, el párroco francés Gabriel Longueville y el sacerdote Carlos de Dios Murias fueron secuestrados en la parroquia El Salvador, de El Chamical, y sus cuerpos fusilados, con los ojos vendados, aparecieron en un descampado al sur de la ciudad. Hoy el sitio se denomina "Los Mártires" y un oratorio honra sus memorias.
El ex titular del tercer cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, es uno de los principales imputados en la causa por el asesinato de los sacerdotes Murias y Longueville, cuyo juicio iba a comenzar el 15 de marzo y fue postergado. Paralelamente, se instruye también en el Juzgado Federal de La Rioja la investigación por la muerte, en un accidente automovilístico confuso, del obispo de La Rioja monseñor Enrique Angelelli, ocurrida el 4 de agosto también de 1976. Angelelli viajaba a Buenos Aires en una camioneta con la denuncia sobre el secuestro y homicidio de los dos sacerdotes. El obispo riojano no desconocía su situación, por lo que en más de una oportunidad puso a disposición de las más altas
autoridades eclesiástica su renuncia.
“Es hora de que la Iglesia de Cristo en la Argentina discierna a nivel nacional nuestra misión y no guarde silencio ante hechos graves que se vienen sucediendo”, decía Angelelli en una carta a su confidente, Monseñor Zaspe, en abril de 1976. Y agregaba: “O nos respaldamos en serio o que se busque otro pastor para esta diócesis”.
Los religiosos palotinos Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, fueron asesinados en la madrugada del 4 de julio de 1976 por un grupo de tareas que ingresó por la fuerza a la iglesia de San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano. Los religiosos fueron sorprendidos mientras dormían, atados y golpeados y luego ejecutados por la espalda. Unas horas más
tarde, un hombre que cada domingo tocaba el órgano durante la misa halló los cadáveres acribillados -algunos habían recibido más de 60 balazos- junto a la leyenda "Esto les pasa por envenenar la mente de la juventud". La conocida como "Masacre de San Patricio" nunca fue esclarecida, aunque algunos testigos coincidieron en que los autores pertenecían a un grupo de tareas de la ESMA, el principal centro de detención y torturas de la dictadura.
En tanto, monseñor Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás de los Arroyos, también fue asesinado en un supuesto accidente el 11 de julio de 1977. Aquel día se dirigía a la Capital Federal para entregar a la nunciatura documentación relativa a la represión ilegal implementada en la provincia de Santa Fe.
La documentación desapareció luego del supuesto accidente y según el relato de un colaborador del obispo, en una reunión luego del entierro de Angelelli, Ponce de León había comentado: “Ahora me toca a mí”.
Uno de los casos que tomó más trascendencia a nivel internacional fue el de las monjas francesas de las Misiones Extranjeras, Alice Domon y Léonie Duquet, cuya desaparición ocurrió en diciembre de 1977, junto a denominado grupo de la Iglesia de la Santa Cruz que integraban las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Por la desaparición de las Domon y Duquet, antes de que se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la Argentina, la Justicia francesa condenó a cadena perpetua al represor de la Armada Alfredo Astiz, quien por estos crímenes hoy sí es juzgado en nuestro país.
Hasta ahora, el único miembro de la Iglesia que fue sentenciado en firme por violaciones a los derechos humanos, es el ex capellán de la policía bonaerense, Christian Von Wernich.