Complicidad con la dictadura - Domingo 20 de julio de 2014 |
Allanaron Molinos por una causa que investiga delitos de lesa humanidad
En dos sedes de la empresa se secuestró valiosa información del período correspondiente a 1975-1983, en el marco de la investigación por delitos de lesa humanidad, tras la denuncia de hijos de ex empleados desaparecidos.
La justicia federal de La Plata realizó el viernes el allanamiento de dos sedes de la empresa Molinos Río de La Plata en medio de la investigación por presunta complicidad empresarial en la persecución y desaparición de trabajadores durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de en la sede ubicada en Dean Funes 90, Avellaneda, y en las oficinas comerciales de la calle Uruguay 4075 de Victoria, partido de San Fernando.
Tras la orden del juez Federal platense Humberto Blanco, el operativo fue liderado por el fiscal Sergio Mola y la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), cuya titular es Judith König, y terminó con el secuestro de 24 cajas con actas, memorias y balances relativos al período que va entre 1975 y 1983.
La causa fue iniciada el 11 de junio de 2013 por los hijos e hijas de tres empleados desaparecidos, quienes requirieron que "se investigue especialmente qué fuerzas de seguridad tomaron parte en los secuestros de los trabajadores de la empresa Molinos Río de La Plata, y la responsabilidad de los propietarios, directivos, administradores y/o gerentes de la firma".
Según indicaron los fiscales, en la empresa (que entonces pertenecía al grupo Bunge y Born) había personal de seguridad que "realizaba señalamientos entre los trabajadores", en un contexto de "hostigamiento laboral" hacia delegados y activistas. Incluso la denuncia que inicia la cauda advierte que el 7 de julio de 1976 fueron secuestrados al menos 20 trabajadores de la planta de Avellaneda; otros fueron arrancados de sus domicilios; 22 fueron individualizados en la presentación de los denunciantes, la mayoría secuestrados entre julio y diciembre de ese año.
La justicia federal de La Plata realizó el viernes el allanamiento de dos sedes de la empresa Molinos Río de La Plata en medio de la investigación por presunta complicidad empresarial en la persecución y desaparición de trabajadores durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de la sede ubicada en Dean Funes 90, Avellaneda, y las oficinas comerciales de la calle Uruguay 4075 de Victoria, partido de San Fernando.
Tras la orden del juez Federal platense Humberto Blanco, el operativo fue liderado por el fiscal Sergio Mola y la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), cuya titular es Judith König, y terminó con el secuestro de 24 cajas con actas, memorias y balances relativos al período que va entre 1975 y 1983.
La causa fue iniciada el 11 de junio de 2013 por los hijos e hijas de tres empleados desaparecidos, quienes requirieron que "se investigue especialmente qué fuerzas de seguridad tomaron parte en los secuestros de los trabajadores de la empresa Molinos Río de La Plata, y la responsabilidad de los propietarios, directivos, administradores y/o gerentes de la firma".
Según indicaron los fiscales, en la empresa (que entonces pertenecía al grupo Bunge y Born) había personal de seguridad que "realizaba señalamientos entre los trabajadores", en un contexto de "hostigamiento laboral" hacia delegados y activistas.
Incluso la denuncia que inicia la cauda advierte que el 7 de julio de 1976 fueron secuestrados al menos 20 trabajadores de la planta de Avellaneda; otros fueron arrancados de sus domicilios; 22 fueron individualizados en la presentación de los denunciantes, la mayoría secuestrados entre julio y diciembre de ese año.
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