Comienza mañana el juicio por el asesinato de Ana Lia Magliaro
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzará a juzgar el lunes próximo al ya convicto general Alfredo Manuel Arrillaga y al coronel Leandro Edgar Marquiegui, ambos retirados, por el asesinato de Ana Lía Delfina Magliaro, cometido en septiembre de 1976.
Está previsto que el debate se desarrolle en cinco audiencias y estará a cargo del Tribunal integrado por los jueces Nestor Parra, Maria Morgese Martin y Bernardo Bibel. Los fiscales serán Juan Portela y Maria Montero, mientras que representará a ambos acusados el defensor oficial Manuel Balleau, informaron hoy fuentes judiciales. Arrillaga y Marquiegui están imputados como coautores del homicidio de Ana Lía Magliaro, doblemente calificado por ensañamiento y alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.
La mujer había sido secuestrada el 19 de mayo de 1976 en la ciudad de La Plata y el 4 de agosto, después de ser torturada y mantenida en cautiverio ilegal en la Comisaría 5ª platense, el centro clandestino de detención El Vesubio y la Comisaría 34 de la Capital Federal, fue trasladada a Mar del Plata en un avión del Ejército.
En esta última ciudad fue entregada y puesta a disposición de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 (AADA 601), unidad en la que Arrillaga se desempeñaba como jefe de Operaciones y donde firmó la recepción de la prisionera el oficial Valentín Rezett, condenado a prisión perpetua en 2011.
El cuerpo acribillado a tiros y con heridas previas provocadas por torturas de Analía Magliaro fue hallado el 2 de septiembre de 1976 en la calle Ricardo Rojas al 1000 en Mar del Plata, en un hecho presentado por el régimen dictatorial como un "enfrentamiento" con fuerzas de seguridad (Telam)
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Crean la base de datos de víctimas de terrorismo de Estado en San Martín
Es un trabajo de la UNSAM, que permite conocer toda la información acerca de aquellos que fueron perseguidos, secuestrados y asesinados por la dictadura cívico-militar
La Universidad de San Martín presentó la base de datos de víctimas del terrorismo de Estado en el partido del oeste bonaerense. El trabajo es una herramienta de consulta pública y libre acceso a través del sitio web de la UNSAM, que permite a los usuarios acceder a toda la información sobre aquellas personas que nacieron, vivieron, trabajaron o estudiaron en San Martín, hayan sido desaparecidos, asesinados o inhumados en este partido bonaerense durante la última dictadura.
La información que contiene la base está originada en el minucioso trabajo realizado por la Comisión por la Memoria Verdad y Justicia de General San Martín. También cuenta con el apoyo de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, la Secretaría de Extensión Universitaria y la Gerencia de Sistemas de la UNSAM. Está compuesta por 290 registros, pero se espera que su contenido aumente a partir de nuevos datos, fotos y testimonios que se aporten a través de la página web y que puedan ser probados en forma fehaciente.
Esta base permite saber la cantidad de mujeres embarazadas que fueron secuestradas y los meses de gestación que llevaban, con las probables fechas y lugares de nacimiento de sus hijos. Muestra además los nombres, apellidos y número de documento de todas las víctimas, los lugares donde se produjeron los secuestros de cada una de ellas y el establece el sitio en el que estuvieron detenidos. La información se completa con el lugar donde estudiaban o trabajaban y su participación política o gremial, además del estado de los juicios en curso, las causar que ya tienen sentencias y aquellos casos donde no hubo denuncias pero existe algún testimonio por lo cuales se sigue investigando. Hoy dataos sobre la recuperación de los restos óseos, la mayoría de ellos en el cementerio de San Martín, tras el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Para mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección: http://desaparecidossanmartin.unsam.edu.ar
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Catamarca/ Tucuman
Justicia Solidaria 2.0
En el marco del reciente daño provocado por el temporal que es de público conocimiento en nuestra provincia y en provincias vecinas, empleados de la Justicia Federal, a través de su gremio, enviaron donativos a familias damnificadas del interior.
Además el juez Juan Carlos Reynaga participó de un acto similar en Tucumán, donde junto a un grupo de abogados del fuero federal y local realizaron diferentes donativos para la gente de Lamadrid (al sur de Tucumán), que está pasando un difícil momento.
La próxima semana repetirán la colaboración en Paclín y Santa Rosa.
http://www.elesquiu.com/policiales/2017/4/8/justicia-solidaria-244470.html
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PARA EL FISCAL FEDERAL CARLOS AMAD
La Policía "socio insoslayable" para la represión en los '70
El fiscal general Carlos Amad sostuvo que la Policía de Salta "era el socio insoslayable" de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo la represión en la provincia, dado que contaban con el conocimiento del lugar y su estructura desplegada en todo el territorio.
Por Elena Corvalan
"(La Policía) fue el mejor socio que pudieron haber tenido las fuerzas usurpadoras que causaron el golpe del 24 de marzo de 1976", aseguró el fiscal, quien insistió en que la represión se ensañó particularmente con personas que tenían sensibilidad social que militaban en partidos de orientación izquierdista y que llevaban a cabo tareas solidarias.
El fiscal acusó a los ex jefes policiales Miguel Raúl Gentil, Virtom Modesto Mendíaz, Joaquín Guil y Arturo Madrigal. Los alegatos fiscales concluirán en lunes próximo. Amad, que alcanzó a exponer sobre 18 víctimas de los crímenes de lesa humanidad que se juzgan en este noveno proceso oral y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Salta, comenzó alegando sobre seis detenidos de-saparecidos vinculados a la Universidad Nacional de Salta (UNSa): Carlos García, su mujer Nora Saravia; Carlos Rivero; Pedro José Tufiño, Raúl Machaca y Daniel Loto Zurita.
Por los secuestros y desapariciones de García, Saravia, Rivero y Tufiño, cometidos entre el 14 de mayo y el 13 de agosto de 1976, acusó a Gentil, ex jefe de la Policía salteña, y al ex jefe de Inteligencia policial, Guil. Por Loto Zurita y Machaca, secuestrados en septiembre y octubre respectivamente, acusó al sucesor de Gentil, Mendíaz, y a Guil.
Sobre los tres, el fiscal aseguró que tenían el dominio funcional de los hechos porque ocupaban una posición tal que no podían desconocer los secuestros y de-sapariciones de estas personas. "Los jefes ordenaron esto (…) desde sus posiciones de poder y de socios insoslayables de la muerte", afirmó.
El fiscal aseguró que estas personas hoy desaparecidas "eran el oponente que se quería destruir" por el solo hecho de que "eran integrantes de centros de estudiantes, del claustro de profesores (…), esa es la verdadera relación entre ellos (…), eran personas jóvenes, (…), que podrían ser nuestros hijos, ejerciendo sus derechos". Dijo que por razones ideológicas sufrieron "una férrea persecución" y "no sólo que los desaparecieron (a ellos), fueron destruidas sus familias".
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El fiscal los califica de "cobardes"
El fiscal Carlos Amad también acusó a Miguel Gentil y al comandante de Gendarmería Diego Alejandro Varas por la detención ilegal y la desaparición de Osores, de quien dijo que los golpistas lo vieron como un oponente a eliminar precisamente por estas actividades.
El fiscal calificó reiteradamente de "cobardes" a los represores que en 1976 extorsionaron a Osores para que se entregara a cambio de la libertad de su compañera, Pía Vilte, promesa que no cumplieron.
AGMER María Grande reclama desde 2007 el cambio de nominaciónLa escuela que lleva el nombre de "Mayor Juan Carlos Leonetti" miembro del Batallón 601
La escuela de María Grande aún lleva el nombre del militar Leonetti, miembro del temible Batallón 601. |
La escuela pública N° 180 de María Grande, en Entre Ríos, lleva hoy todavía el nombre de "Mayor Juan Carlos Leonetti", el militar integrante del temido Batallón 601. Creada en 1935, la escuela fue trasferida de la Nación a la provincia en 1978 y el 22 de noviembre de 1979 asumió el "padrinazgo" de la escuela el Escuadrón de Ingenieros Blindado II por lo que se colocó la placa con el nombre del militar, que perduraría hasta la actualidad. Antes de que fuera bautizada así, tenía el nombre de su primera directora: "Amelia Rochi". En 2007, la filial María Grande de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) inició una batalla con el Estado para quitarle ese nombre al establecimiento. No sólo se pidió cambiar el nombre a la escuela sino también quitar el busto del militar instalado en el edificio, solicitudes que nunca tuvieron respuesta positiva de parte del gobierno provincial.
En el mediodía del 19 de julio d 1976 un grupo de tareas del Batallón de Inteligencia 601, al mando del capitán del Ejército Juan Carlos Leonetti, llegó en un auto sin patentes a un edificio de departamentos ubicado en la calle Venezuela 3149, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se hallaban el número 1 y el número 2 del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Santucho y Benito Urteaga.
Todos vestidos de civil, escribió Leonardo Castillo, para la agencia Télam, el grupo de tareas abordó al portero en la entrada del edificio y lo obligó a que los guiara hasta el departamento B del cuatro piso, donde irrumpen y se produce un tiroteo. En medio de la balacera, caen Santucho, Urteaga y Leonetti, y además son capturadas Liliana Delfino -la segunda esposa del comandante del ERP- y Ana María Lanzilotto -la compañera de Menna, embarazada de ocho meses-, quienes están desaparecidas desde entonces.
El gobierno de Jorge Rafael Videla informó que Santucho, quien entonces tenía 40 años, murió en Villa Martelli, pero investigaciones posteriores determinaron que llegó muy mal herido a Campo de Mayo, y el destino de sus restos aún se desconoce. Una escuela pública Entre Ríos, la N° 180 de María Grande, lleva hoy todavía el nombre del militar integrante del temido batallón 601.
Creada en 1935, la escuela fue trasferida de la Nación a la provincia en 1978. El 22 de noviembre de 1979 asumió el "padrinazgo" de la escuela el Escuadrón de Ingenieros Blindado II y se colocó la placa con el nombre que tendría de ahí en adelante: "Mayor Juan Carlos Leonetti". Antes de que fuera bautizada así, tenía el nombre de su primera directora: "Amelia Rochi".
En 2007, la filial María Grande de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) inició una batalla con el Estado para quitarle el nombre del militar a la escuela (Analisisdigital)
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Familiares de Guerrero, Nattino y Parada Presentarán Acusación Constitucional contra la Corte Suprema
REDDIGITAL
02 ABRIL 2017
Familiares de los tres profesionales comunistas degollados el 29 de marzo de 1985, anunciaron que presentarán una Acusación Constitucional contra la Corte Suprema, en el Parlamento, por notable abandono de deberes, al liberar a varios de los asesinos sin terminar de cumplir la sentencia a cadena perpetua.
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