lunes, 26 de noviembre de 2018

ley de residencia de Argentina Miguel Cané UIA contra anarquistas y socialistas Frondizi Hilda Wajselfisz Polaca


Horacio Rovito.
SI LA HISTORIA LA ESCRIBEN LOS QUE GANAN, ESO QUIERE DECIR QUE HAY OTRA HISTORIA.
 DURANTE AÑOS, INCLUSO BAJO GOBIERNOS "NACIONALES Y POPULARES", SE REPRIMIO DURAMENTE A LOS LUCHADORES POPULARES INMIGRANTES, EXPULSANDOLOS DEL PAIS PARA IMPEDIR EL AVANCE DE LA CONCIENCIA Y LA ORGANIZACION DE LOS TRABAJADORES. DIFUNDIR.
LA LEY DE RESIDENCIA.
Se conoce como Ley de Residencia o Ley Cané a la ley 4.144 de Residencia sancionada por el Congreso de la Nación Argentina en 1902 que permitió al gobierno a expulsar a inmigrantes sin juicio previo. La ley fue utilizada por sucesivos gobiernos argentinos para reprimir la organización sindical de los trabajadores, expulsando principalmente anarquistas y socialistas. Surgió a partir de un pedido formulado por la Unión Industrial Argentina al Poder Ejecutivo Nacional en 1899, a raíz del cual el senador Miguel Cané presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto de expulsión de extranjeros.
Miguel Cané escritor, abogado, periodista y político e impulsor de la Ley de Residencia. 1892.
Durante sus 56 años de vigencia se utilizaron diversos "criterios de expulsión", pero fundamentalmente dirigidos contra los movimientos de resistencia obrera —sobre todo en sus primeros tiempos de aplicación—, en ocasiones también para la deportación de tratantes de blancas u otros delincuentes y de espías alemanes concluida la Segunda Guerra Mundial, y alcanzó incluso a los pequeños comerciantes (almaceneros españoles) durante la campaña peronista "contra el agio y la especulación", en 1946.1​
La Ley de Residencia se insertó dentro de una serie de medidas represivas promovidas por los sectores terratenientes e industriales entonces en el gobierno en la figura del Partido Autonomista Nacional y llevadas a cabo por medio del Estado contra anarquistas, socialistas y activistas obreros en general que incluyeron el estado de sitio, allanamiento de locales de la Federación Obrera Regional Argentina y del Partido Socialista, incautamiento de periódicos como La Vanguardia y La Protesta, represión de huelgas y manifestaciones mediante arrestos y deportaciones
LA LEY DE RESIDENCIA DURANTE EL GOBIERNO DE PERON:
Cuando la reforma constitucional de 1949 dispuso en el art. 31 que “La ley establecerá las causas, formalidades y condiciones…para expulsar del país a los extranjeros”, el convencional radical Moisés Lebensohn afirmó que “La Ley de Residencia, sancionada por la oligarquía para reprimir al movimiento obrero, cuya derogación comprometieron los diputados gremialistas, no solo queda, sino incorporada al texto constitucional”.2​
José Marotta, diputado nacional por la Capital Federal, Partido Peronista (1946-1950), afirmó: “En el Parlamento argentino jamás se han sentado más trabajadores… no puede ser más propicio el momento para satisfacer esa acariciada y vieja aspiración. Es un deber ineludible en homenaje a tantos luchadores obreros que fueron mártires…”..3​
Cuando la oposición -incluido el diputado conservador Pastor- intentó derogarla, la mayoría peronista se opuso y el diputado Montiel integrante de esa bancada fundaba su negativa en que "antes la ley nos sacrificaba a nosotros porque la manejaban ellos, ahora la ley la manejamos nosotros y no se debe temer arbitrariedades".4​Cuando John William Cooke presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados afirmó en un discurso cuando el cuerpo trataba respecto de la Ley de Residencia que sería útil contra los “extranjeros indeseables” que podían llegar al país en la posguerra y votó contra su derogación.5​
Uno de los casos en que fue aplicada fue el del comunista paraguayo Obdulio Barthe, que fue detenido en Buenos Aires, brutalmente torturado, y expulsado en 1950 al Paraguay gobernado por Federico Chaves, donde estuvo 4 años en prisión.5​6​7​8​
También fueron expulsado trabajadores y activistas gremiales que provenían de regímenes autoritarios, como por ejemplo Francisco Guerreiro Apolonio, trabajador petrolero, a quien el gobierno argentino no le permite viajar para refugiarse en Holanda y lo entregan en Portugal a la policía del dictador fascista António de Oliveira Salazar.4​9​ El italiano Armando Mirra que se atrevió a cuestionar la política inmigratoria argentina en la revista Tempo, fue deportado en tanto su familia argentina continuaba en el país.9​ Se conoce la expulsión durante el gobierno peronista de 13 estudiantes peruanos en total, algunos de los cuales al llegar a su país fueron recluidos en el presidio El Frontón. Hilda Wajselfisz, estudiante de Bellas Artes nacida en Polonia fue detenida y deportada en 1954 por decreto reservado firmado por Perón y Ángel Borlenghi]]. 10​ Por su parte, el griego Kiriakos Kisikis fue extrañado en 1951 y quedó en el campo de concentración de Makronisos. 11​
Fue derogada en 1958, bajo el mandato presidencial de Arturo Frondizi.
Contenido de la Ley de Residencia:
Santiago Locazi, uno de los principales instigadores de la huelga general de 1902, siendo deportado a Italia a bordo del Luca Di Galiera gracias a la Ley de Residencia.
Artículo 1º: El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida del territorio de la Nación a todo extranjero que haya sido condenado o sea perseguido por los tribunales extranjeros por crímenes o delitos comunes.
Artículo 2º: El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público.
Artículo 3º: El Poder Ejecutivo podrá impedir la entrada al territorio de la república a todo extranjero cuyos antecedentes autoricen a incluirlo entre aquellos a que se refieren los artículos anteriores.

Artículo 4º: El extranjero contra quien se haya decretado la 
expulsión, tendrá tres días para salir del país, pudiendo el Poder 
Ejecutivo, como medida de seguridad pública, ordenar su detención
 hasta el momento del embarque.

Artículo 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo"

El presupuesto de la expulsión resulta así tan amplio y genérico que al Poder Ejecutivo no le era requerido mencionar alguna sentencia judicial y, ni siquiera, algún hecho concreto sino que le bastaba expresar su opinión sobre el individuo en cuestión para fundamentar su decisión.
Cabe agregar que el extranjero contra quien se hubiere decretado la expulsión, tenía tres días para salir del país y el Poder Ejecutivo quedaba autorizado también a mantenerlo detenido hasta el momento del embarque.
Finalmente, la ley disponía que el Poder Ejecutivo podía impedir la entrada al país a los extranjeros cuyos antecedentes autorizaran a incluirlo en los casos mencionados.
iNFORMACION: WIKIPEDIA.-