CONTRA LA TORTURA EN TIEMPOS DE DEMOCRACIA
En el año 2011, la Legislatura de Río Negro sancionó la ley nº 4621, cuyo objeto era la creación del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Siendo la Provincia de Río Negro una de las primeras en legislar en la materia, se convertiría en una de las pocas provincias en crear el mecanismo de prevención.
Claro que esa ley tenía grandes deficiencias: el organismo no tendría presupuesto para llevar adelante la tarea; quienes fueran integrantes del Comité contra la tortura, luego de pasar por una selección y aprobación a cargo de la Legislatura de Río Negro, no percibirían ningún salario; para poder hacer publico un informe o denuncia debían realizar un procedimiento previo. Aun así, al haberse creado también para controlar al Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la prevención de la tortura, este espacio generó mucho interés en los defensores de los derechos humanos. Los integrantes podían ingresar cuándo y por el tiempo que quisieran sin autorización previa a cualquier penal de la provincia así como a cualquier otro emplazamiento donde se llevara una detención, con el fin de poder fiscalizar la realidad de la vida de quienes estaban detenidos y advertir de primera mano posibles rastros de torturas así como escuchar a los detenidos sin que estos tuvieran miedo de algún tipo de represalia por parte de quienes ejercían violencia sobre ellos. Todo este trabajo se amparaba en una especie de "fueros" que obtenían las personas integrantes de este Comité que les daba inmunidad de arresto y detención y los protegía contra toda acción judicial respecto a las palabras habladas o escritas y a los actos en cumplimiento de su misión.
La verdad es que el tiempo que funcionó el comité se realizaron varias denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. La personas privadas de su libertad -ya sean condenados o procesados- se sentían con la libertad de hablar, de ser escuchados. Se llevaron casos testigos donde la persona detenida era trasladada a modo de represalia por el servicio penitenciario. Se realizaron mediaciones en los llamados “motines” que no son mas que acciones de reclamo de personas que se encuentran en un continuo estado de abandono. Se realizaron inspecciones en centros de detención en horarios poco habituales, en principio porque los integrantes debían llevar a cabo la tarea fuera del horario laboral, y en segundo lugar porque las cárceles son muy distintas durante el día que durante la noche. Ante una inspección, los integrantes del organismo no realizaban comunicación previa a las autoridades, llegaban e ingresaban sin previo aviso, lo que muchas veces permitió constatar las verdaderas condiciones de detención de las personas privadas de la libertad.
Cabe aclarar, que, como el estado rionegrino no invirtió un solo centavo, todo el gasto económico para el funcionamiento del comité así como la movilidad de los integrantes fue en su totalidad soportado por la CTA de los Trabajadores y SITRAJUR.
En el año 2014 se reforma la ley: se le otorga un presupuesto, se decide que los integrantes serían rentados, pero en la práctica jamás se puso en funcionamiento y la provincia de Río Negro nunca más volvió a constituir el comité al día de la fecha. La Liga Argentina por los Derechos Humanos ha participado de las audiencias publicas a fin de integrar el organismo, ha presentado proyectos, ha realizado visitas a los centros de detención, es por esto por lo que consideramos que la suspensión de esta Comisión es una claro retroceso en las políticas de derechos humanos en la provincia. Nuevamente el estado rionegrino embiste contra su obligación de erradicar toda forma de tortura, nuevamente pretende con el proyecto de reforma N° 418/2019 utilizando argumentos falaces, evadir su responsabilidad para con los derechos de las personas en contexto de encierro.
El nuevo proyecto afecta directamente un principio fundamental de los derechos humanos, el principio de no regresividad, ya que le quita la autonomía financiera, al pretender que el comité funcione solo a través de un sistema de reconocimiento de gastos, sin ser remunerado el trabajo de los integrantes del Comité, y peor aún dejando afuera a las entidades sindicales, las que no solo han sostenido económicamente al organismo sino que fueron las principales propulsoras de su conformación. De aprobarse el proyecto, los integrantes del comité tendrían que gestionar autorizaciones previas de las autoridades para ingresar a un establecimiento de detención, afectando claramente los estándares internacionales establecidos en el protocolo facultativo de la Convención Contra la Tortura.
Quizás la mas escandalosa de las modificaciones propuestas es la que reduce a 2 las organizaciones sociales que pueden integrar el comité, prohibiendo específicamente a las entidades sindicales participar y exigiendo además trámites administrativos formales que no demuestran la experticia ni la capacidad ni el compromiso con la temática. A demás, propone incorporar representantes del Poder Ejecutivo, ¿es acaso un intento de controlarse a sí mismo? Claramente deja a las organizaciones civiles en una minoría absoluta, sin capacidad de decisión, y mucho menos de acción. Es decir, el estado rionegrino pretende ser el juez de sí mismo en conductas violatorias a los derechos humanos.
Río negro, una provincia que ha sufrido la desaparición forzada de un trabajador golondrina en manos de la policía (caso SOLANO), que no ha podido esclarecer la desaparición y muerte de un policía que tiene como principal sospechoso a la misma fuerza policial. Una provincia en donde los muertos en condiciones de detención suman mas de 12 en menos de una década. Donde la muerte por gatillo fácil en las principales ciudades es un reclamo constante. Es en este contexto que el estado rionegrino presenta este proyecto y pone como excusa la falta de interés de las organizaciones. No es falta de interés de las organizaciones, todo lo contrario: es un reclamo constante de la Liga Argentina por los derechos humanos la conformación URGENTE y puesta en marcha del Comité contra la tortura de Río Negro.
Con esta nota llamamos a las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos a que unamos nuestros reclamos y hagamos realidad este trabajo contra la tortura y por convertir los lugares de detención en un espacio seguro para la sociedad penitenciaria.
Andrea Reile
Abogada LADH Fiske Menuco
