CAPÍTULO DE NUESTRO LIBRO "CONSPIRACIÓN EN EL CORAZÓN DE LOS ANDES"
SÉPTIMO ENVÍO
EL NARCOTRÁFICO AL SERVICIO DE ESTADOS UNIDOS. Adys Cupull y Froilán González
Estados Unidos y sus ejecutores de la DEA y la CIA, han utilizado la lucha contra el narcotráfico, con fines políticos, económicos, de espionaje e injerencias en los asuntos internos de otros países, entre ellos Bolivia, donde se conocen los permanentes vínculos de esa misión diplomáticas, con narcotraficantes y redes de conexiones, entre ambos países.
En Bolivia las autoridades denunciaban con frecuencia, rastros de drogas en aviones de pasajeros y carga, con destino a Estados Unidos, incautación de envíos y detención de ciudadanos, asesinatos de militares vinculados al narcotráfico, allanamientos de domicilios, secuestro de personas, casas de torturas, violación de acuerdos y tratados con las autoridades de Bolivia y la llegada de funcionarios de Estados Unidos que presionaban para que fueran puestos en libertad.
Se denunció la existencia de pactos entre narcotraficantes económicamente poderosos e influyentes, con la CIA y la DEA, a cambio de grandes sumas de dinero o de servilismo y el traslado a Estados Unidos de bolivianos, para ser interrogados, acusaciones a inocentes que afectaban intereses norteamericanos.
Que algunos partidos políticos, entregaban a la CIA y a la DEA, las listas de sus candidatos, desde presidentes, ministros, diputados, senadores, alcaldes de ciudades, cantones, municipios, provincias y departamentos y gestionaban financiamiento a campañas electorales.
También se reportó que organizaciones no gubernamentales (ONG), ejercían presión para la destitución de funcionarios boliviano, así como la existencia de un sistema de inteligencia antidroga, dirigida por la Embajada de Estados Unidos, que cometían atropellos en los mercados de coca, donde secuestraban personas, falsamente acusadas de narcotraficantes, y grababan a funcionarios de la corte suprema de justicia.
En medio de este panorama, el 5 de septiembre de 1986, un crimen conmovió a la sociedad boliviana, cuando en la finca Huanchaca, en el departamento de Santa Cruz, asesinaron al naturalista y reconocido científico Noel Kempff Mercado. Dos de sus acompañantes, corrieron la misma suerte, pero el biólogo, Vicente Castelló, logró escapar.
La avioneta en que viajaban, aterrizó de emergencia en una pista en la selva, perteneciente a una fábrica de cocaína y en ese lugar fueron asesinados. Cuando se iniciaron las investigaciones, con un operativo de fuerzas conjuntas, bolivianas y norteamericanas, donde encontraron restos de la fábrica, recuperaron los cadáveres y se incautó un helicóptero.
Se reveló que la DEA conocía la existencia de narcotraficantes en el lugar, pero no habían informado a las autoridades bolivianas y cuando se solicitó la captura del jefe de la DEA en Bolivia, Estados Unidos protegió a los involucrados y se negó a proporcionar informaciones. Las investigaciones las encabezó el ex diputado Edmundo Salazar, que al acumular las evidencias y complicidad de Estados Unidos con los narcotraficantes y a punto de solicitar al Parlamento, el retiro de los oficiales norteamericanos y la expulsión de la DEA del país, fue asesinado.
La comisión parlamentaria, que investigaba el asesinato del científico, exigió la expulsión de los funcionarios de la DEA vinculados con este caso y se descubrió que 11 de ellos y 170 militares norteamericanos, tenían rango diplomático de Estados Unidos y gozaban de inmunidad.
También se denunció, que la CIA y la DEA, financiaban a la contra nicaragüense, con el dinero obtenido del narcotráfico y una de sus fuentes principales, era la fábrica de cocaína de Huanchaca y que utilizaban al general panameño Manuel Noriega, como vínculo para el tráfico de armas, drogas y crimen organizado.
Varias fuentes señalaron, que Noriega, era agente de la CIA desde su época estudiantil, ingresó al ejército con el grado de subteniente, y llegó a comandante y con el apoyo de la CIA, fue nombrado al frente del aparato de Inteligencia y se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Panamá y cuando el 31 de julio de 1981, el general Omar Torrijos, murió en un misterioso accidente de aviación, asumió la jefatura de la Guardia Nacional y luego la presidencia del país.
Otras testigos señalaron que Manuel Noriega, cansado del desprecio, discriminación y chantajes de la DEA y CIA, tomó una actitud antinorteamericana y esas agencias en venganza, lo acusaron de varios crímenes, ante un tribunal federal estadounidense. Noriega respondió adoptando un discurso cada vez más antiestadounidenses y estaba dispuesto a poner en manos de la justicia, una investigación, donde se probaba documentalmente, la participación de la CIA, en el accidente aéreo, donde pereció Omar Torrijos y los vínculos de los norteamericanos con el narcotráfico, para el financiamiento de los contras nicaragüenses.
Para evitar el escándalo, el presidente George Bush, decidió actuar y confiscar la comprometedora documentación, que fue uno de los móviles de la sorpresiva invasión a Panamá, que se produjo el 20 de diciembre de 1989. Muchos no entendieron la extremada violencia, los armamentos modernos y sofisticados y 24 mil soldados, para una población desarmada y un ejército formado por los norteamericanos.
La ciudad fue bombardeada, especialmente los barrios pobres y densamente poblados, lo que ocasionó un número indeterminado de muertos y heridos. Las bombas impactaron en las más importantes instalaciones militares y sus zonas aledañas, con el deliberado propósito, de eliminar los focos de resistencia. Barrios populares fueron prácticamente desaparecidos.
Connotados delincuentes, criminales y prófugos de la justicia, formaron pandillas o bandas, que incrementaron la violencia, con uso de armas de guerra y llevaron a cabo, crueldades, ejecuciones y ajustes de cuentas. La ausencia de policías, facilitó los saqueos y actos de vandalismo, lo que produjo pérdidas millonarias, aeropuertos, escuelas, edificios públicos y viviendas fueron destruidos o dañados.
Estados Unidos no compensó a Panamá por los daños causados. Tiró un manto de olvido para borrar el crimen. Pérdidas de familiares, propiedades, negocios, instituciones culturales y Panamá fue convertido en un país ocupado y sometido a la tutela yanqui, víctima de la manipulación por los grandes medios de comunicación, especialmente de España y América Latina.
La oligarquía panameña se sometió al ocupante, algunas fuentes estiman, que la intervención dejó, entre 3000 y 5000 muertos y aproximadamente 20 000 personas sin hogar. Los muertos fueron incinerados o sepultados en fosas comunes, sin registros ni controles. La empresa privada, estimó las afectaciones en 1500 millones de dólares y la pérdida directa de fuentes de trabajo, elevando el desempleo a más del 30 por ciento.
El 23 de septiembre 1991, se reabrió el caso de Huanchaca y después de los trámites de rigor, la Comisión de Lucha contra el narcotráfico, convocó al ex representante de la DEA en Bolivia, el mexicano Jesús Gutiérrez, para que presentara declaraciones, Estados Unidos rechazó el pedido y atentó contra la labor de esclarecer el asesinato.
Las investigaciones sobre el caso Noel Kempff Mercado, continuaron y el 21 de junio de 1992, la Embajada de Estados Unidos admitió, que el organismo antinarcótico de su gobierno, tenía conocimiento sobre la existencia de la fábrica y que entre los bienes incautados figuraba un avión, propiedad de la Embajada de Estados Unidos, a quien el narcotraficante lo había alquilado mediante un contrato.
El 11 de enero de 1994, la policía boliviana, denunció que la DEA, estaba investigando la vida de personalidades y altos funcionarios, presuntamente, implicados en varios casos de corrupción y que la Embajada de Estados Unidos perseguía a los productores de coca en Bolivia y otros países y no a los traficantes y redes en Estados Unidos.
El 4 de mayo de 1995, un ex agente de la DEA, informó que la fábrica de drogas Huanchaca era uno de los mayores laboratorios de elaboración de cocaína en los años 80, para financiar operaciones encubiertas de Estados Unidos y la CIA.
El 23 de marzo de 1995, el Fiscal de la República de Bolivia admitió, que el Ministerio Público y los Fiscales de Sustancias Controladas, dependían económicamente de Estados Unidos y las autoridades judiciales, reconocieron que recibían un plus a sus salarios, proveniente de la Embajada de Estados Unidos.
El bloqueo a Cuba (que abarca mil facetas todas inhumanas y genocidas) ha sido incorporado por los habitantes del planeta como algo normal, malo pero aceptado, tras medio siglo es parte del paisaje de este mundo globalizado por el TERROR que impone Estados Unidos de mil formas. Brutalmente con invasiones periódicas, crímenes selectivos, torturas permitidas por el Senado Norteamericano, campos de concentración y tortura como Guantánamo, ocupación en cantidad de países mediante bases militares autorizadas, ó directamente impuestas violentamente como Guantánamo. También a diario y minuto a minuto, influenciando subliminalmente a miles de millones de seres humanos mediante periodistas mercenarios, escritores, poetas y artistas de todas las ramas que se venden por dólares o por exhibirse entre los "habitantes de primera". El resultado de este teorema es sencillo SOMOS COMPLICES de un crimen que consiste en haber apartado, aislado, agredido, calumniado y perjudicado a una población de once millones (hoy) de habitantes, por el solo hecho de poseer la menor mortalidad infantil de las tres Américas y la mayor cantidad de médicos por habitante de las tres Américas. Y se podrían llenar páginas con estadísticas que demuestran cual es el mejor sistema social del mundo y porqué se quiere acabar con el ejemplo cubano. Eladio González toto director fundador del primer museo suramericano Comandante Ernesto Che Guevara de Buenos Aires. CHAUBLOQUEO. "El objetivo primo de la guerra psicológica es crear, en el o los adversarios, un clima mental, una serie de sentimientos que, conduciéndolos por las sucesivas etapas del miedo, del pánico, de la desorientación, del pesimismo, de la tristeza, del desaliento, en fin, los lleve a la derrota." Dr. Ramón Carrillo Ministro de Salud de la Nación 1946-1954 - presidencia Perón.
