Hoy, sábado 30 de mayo y mañana,
domingo 31, el documental Raúl Pellegrin, Comandante
José Miguel, de
Michelle Ribaut, estará disponible en Internet: sitio web de la UTEM.
Muy útil coincidencia –sí, únicamente
coincidencia– es que en recientes días se ha estado promoviendo, como el más
probable candidato del Gobierno a la Corte Suprema, a Raúl Mera Muñoz, ministro
de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quien –entre otros gravísimos fallos–
absolvió a los cuatro viles asesinos de Raúl Pellegrin y Cecilia Magni.
Los Queñes: absolución
de ex uniformados
[…] la causa de derechos humanos conocida como el Caso Los Queñes.
Fue en octubre de 1988 cuando un grupo de militantes del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez (FPMR), a cargo de los máximos referentes de la agrupación, Cecilia Magni
Camino y Raúl Pellegrin Friedmann, atacó este poblado, ubicado
en San Fernando, donde resultó muerto un cabo de Carabineros. Luego, ambos
comandantes, ‘Tamara’ y ‘José Miguel’, como eran conocidos en la interna del
grupo rodriguista, emprendieron la retirada a través de las montañas. Tras su
desaparición y una incansable búsqueda por parte de sus familiares, sus cuerpos
fueron hallados en el Río Tinguiririca, con graves lesiones y desgarros.
Las autopsias posteriores revelaron traumatismo cráneo encefálico, lesiones
toráxicas y otras en las extremidades, todas atribuidas a la participación de
terceros. Se constató, finalmente, que fueron lanzados moribundos al caudal.
Siendo ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en
octubre de 2010, Raúl Mera aseguró que no lograba crearse la “convicción de
los delitos”, pese a la decena de declaraciones e informes que tuvo a la
vista. El fallo terminó por absolver a cuatro carabineros en retiro, procesados
en la investigación como coautores de los homicidios calificados: Julio Verne Acosta
Chávez, Mauricio Bezmalibovic Hidalgo, Juan Ernesto Rivera Irarcher y Walher
Soto Medina.
Cuatro años después, la Corte Suprema ratificó esta sentencia, en un
fallo dividido, reconociendo que existió un “pacto de silencio”
y acreditando
las torturas cometidas por los ex funcionarios policiales. “Se
les golpeó rudamente en zonas vitales por funcionarios policiales encargados de
su custodia e interrogación, mientras se encontraban reducidos y completamente
indefensos, producto de lo cual ambas personas recibieron lesiones
necesariamente mortales, arrojándose sus cuerpos agonizantes al Río
Tinguiririca, tanto para completar el propósito homicida y simular la muerte
por inmersión”, señaló la resolución. Aun así, el criterio fue que no
estaba comprobada la participación de los ex uniformados.
El Informe de la Comisión Rettig califica sus
muertes como violaciones a los Derechos Humanos, con responsabilidad de agentes
del Estado, debido a que en su huida fueron detenidos, torturados y ejecutados.
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