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domingo, 10 de septiembre de 2017 10:31 a.m.
Operativo Independencia: El viernes 15 el veredicto. JUSTICIA + Cordoba: Perkins: Con la memoria intacta + Condenaron a ocho años a los dos represores del norte santafesino + La Pampa: Comenzo el Juicio Escuelita V +Papel Prensa: Se reimpulsa por una denu
Operativo Independencia: La Fiscalía pidió diez condenas a perpetua y siete penas de entre 3 y 20 años de prisióN
Dolores Ahualli, Carolina Frangoulis, Agustin Chit, Julia Vitar,
Pablo Camuña del Ministerio Publico Fiscal y el querellante
Pablo Gargiulo (HIJOS). Una generacion promedio 40 años por mas Memoria,Verdad y Justicia.
"Justicia" fue la última palabra con la que el fiscal federal de Tucumán, Pablo Camuña, cerró el petitorio en el alegato del juicio oral por los crímenes contra 266 víctimas durante el Operativo Independencia, tras pedir previamente la condena a prisión perpetua para diez ex militares y ex policías y la imposición para otros siete de penas de 3, 7, 12, 13, 18 y 20 años de prisión.
La Fiscalía -que estuvo representada también por los fiscales ad hoc Agustín Chit y Julia Vitar- cerró esta tarde su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán tras seis jornadas consecutivas, en las que expuso las pruebas recogidas en el debate oral y público, que comenzó en mayo del año pasado.
Los representantes del MPF pidieron además que "se imponga el cumplimiento efectivo de las penas requeridas en una unidad penitenciaria" y citaron al respecto la jurisprudencia reciente de ese mismo tribunal que determinó que "la condena en un juicio oral importa per se un considerable incremento en los riesgos procesales [es decir, la posibilidad de fuga] los cuales deben ser conjurados por los tribunales en virtud del especial deber de cuidado que tienen en casos en los que, como el presente, se pueda generar una situación de impunidad de autores de graves violaciones a los derechos humanos".
Antes de solicitar las penas, los fiscales pidieron a los jueces que se tengan por acreditados los delitos perpetrados contra 266 víctimas de las 271 que integran el objeto procesal de la causa, que se califique a los hechos que las perjudicaron como delitos de lesa humanidad y que "se declare como garantía de no repetición que en la provincia de Tucumán, durante la implementación del Operativo Independencia, no existió un conflicto armado interno".
CORDOBA TRABADORES DE PERKINS CON LA MEMORIA INTACTA
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Condenaron a ocho años de prisión a los dos represores del norte santafesino
Sin dudas sobre el papel de Los Pumas
El fallo del Tribunal Oral santafesino acredita que en el cuartel de la guardia rural en Santa Felicia funcionaba un centro clandestino de detención. Noce y Mulasano recibieron penas de 8 años por secuestros y torturas a 15 militantes.
Los dos represores de la patota del norte santafesino que reivindicaron el terrorismo de estado ante sus jueces, Juan Antonio Mulasano y Omar Noce, ya tienen su sentencia. El Tribunal Oral de Santa Fe los condenó a ambos a 8 años de prisión por secuestros y torturas a 15 militantes políticos y gremiales, entre ellos el ex intendente de Vera Juan Antonio Giordano y el referente de las Ligas Agrarias, Eduardo Sartor. La pena duplica el tiempo que estuvieron prófugos para zafar del primer juicio al grupo de tareas en 2013, pero es menor a la que pidió la acusación: el fiscal Martín Suárez Faisal había solicitado 9 años para Mulasano y 10 para Noce y el abogado querellante Iván Bordón 15 años para el segundo. El fallo es histórico porque prueba que el cuartel de la Guardia Rural Los Pumas, en Santa Felicia, cerca de Vera, era un centro clandestino de la dictadura y eslabón del circuito represivo del norte que triangulaba con la III Brigada Aérea y la Jefatura de Policía de Reconquista.
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Pidieron que estén presentes todos los acusados en el Juicio La Escuelita V
Seis de los siete imputados participaron de la audiencia por videoconferencia
El quinto tramo del juicio La Escuelita inició esta mañana, con siete ex jefes militares y de fuerzas de seguridad acusados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la región.
Sin embargo, la mayoría de los imputados no se hicieron presentes, y el abogado querellante de la APDH, Juan Cruz Goñi, con el acompañamiento de la fiscalía, reclamó la presencia de todos, ya que participaron a través de videoconferencia.
Como parte de los argumentos técnicos, Goñi planteó que el código exige la presencia física de los imputados, y que también la presencia física posibilita un reconocimiento por parte de los testigos. "Son imputados que han cometido crímenes atroces y han gozado de un tiempo de impunidad", agregó Goñi, como parte del aspecto político de los fundamentos.
Sin embargo, el tribunal integrado por los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom y Pablo Díaz Lacava, decidió rechazar el pedido y argumentó que la presencia virtual de los acusados basta y que se puede llevar adelante el juicio.
Los imputados son el ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada, Oscar Reinhold (quien sigue la audiencia desde Comodoro Py); el oficial de Inteligencia del Ejército, Jorge Héctor Di Pasquale (con prisión domiciliaria en Buenos Aires); el agente de Inteligencia Sergio San Martín (sigue la audiencia desde Comodoro Py); el coronel de Inteligencia que integraba el Destacamento de Inteligencia 182, Jorge Eduardo Molina Ezcurra (sigue la audiencia desde Comodoro Py); el interventor militar en la Comisaría 24 de Cipolletti, Gustavo Vitón (se encuentra en La Plata); el jefe de la Comisaría 24 de Cipolletti, Antonio Camarelli (tiene prisión domiciliaria en Viedma); y el subcomisario de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza, el único presente.
Por su parte, el ex comandante de la Sexta Brigada, José Luera, quedó fuera del juicio por ser declarado incapaz de afrontarlo por cuestiones de salud.
La próxima audiencia será el 19 de septiembre, en el Salón de Amuc, Avenida Argentina 1500 de esta ciudad.
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Se reimpulsa así una denuncia del abogado Llonto desestimada por Rafecas en 2016
Papel Prensa: Fiscal pide investigar si Avruj incumplió con sus deberes al no apelar sobreseimientos
La fiscal federal Paloma Ochoa reclamó hoy investigar si el secretario de DDHH Claudio Avruj incumplió con sus deberes al no apelar el fallo que sobreseyó a directivos de Clarín y La Nación en el caso Papel Prensa. La fiscal apeló el fallo del juez Rafecas, que el pasado 29/8 desestimadó "por inexistencia de delito" la denuncia realizada por el abogado Pablo Llonto sin realizar ninguna de las medidas de prueba requeridas, informaron fuentes judiciales. En la denuncia que impulsa ahora Ochoa, Llonto había acusado a Avruj de incumplir con lo previsto en el Decreto 1210/10, por el cual se instruyó a la Secretaría de DDHH para que actúe como querellante en la causa por el traspaso de las acciones de Papel Prensa, concretado a fines de 1976, durante la última dictadura.
Para Llonto, la decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de no apelar los sobreseimientos dictados por el juez Julián Ercolini en diciembre pasado evidencian que el Estado abandonó su rol activo como querellante en el expediente e incumplió con el decreto vigente, redactado por el gobierno anterior.
Avruj "resolvió que el Estado nacional (...) no presente recurso de apelación ante la resolución de sobreseimiento de aquellos imputados a quienes la misma Secretaría de Derechos Humanos denunció, formuló denuncia y querelló en 2010", había denunciado Llonto.
"Esta decisión, tomada a voluntad y conciencia, y con dolo del secretario Avruj, se resolvió y ejecutó entre el 16 y el 26 de diciembre", indicó en el primer párrafo de su denuncia el abogado Llonto.
El mismo abogado denunciante y la fiscal Ochoa presentaron sus respectivas apelaciones a la decisión de Rafecas para que sea la Cámara Federal porteña la que determine si debe iniciarse o no una investigación sobre la actuación del secretario de Derechos Humanos.
En diciembre pasado, el juez Ercolini había sobreseído al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, la dueña del mismo grupo mediático Ernestina Herrera de Noble y el directivo de La Nación, Bartolomé Mitre.
El sobreseimiento, luego confirmado por la Cámara Federal porteña, fue apelado por el fiscal del caso, Franco Picardi, y por las querellas particulares pero no por la 1976, pasaron a manos de su esposa Lidia Papaleo y a Rafael Ianover, ambos querellantes en la causa.
Las acciones fueron finalmente vendidas meses más tarde a los diarios Clarín, La Nación y La Razón pero, según denunciaron Papaleo y Ianover muchos años después, la venta fue producto de maniobras extorsivas que incluyeron secuestros, presiones y amenazas de personeros de la dictadura.
La investigación judicial se orientó a determinar si la venta de acciones de Papel Prensa S.A. en noviembre de 1976 fue una transacción obligada, producto de una coacción previa desplegada contra el grupo vendedor.
Entre los imputados por esa presunta maniobra estaban Magnetto, Mitre y Herrera de Noble, el intermediario Guillermo Gainza Paz y el entonces funcionario Raymundo Pío Podestá, quienes fueron sobreseídos.
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La Cámara no hizo lugar a las recusaciones contra el Juez Vaca Narvaja
Por mayoría la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones rechazó el planteo presentado por los abogados de los represores en contra del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N°3 de Córdoba. El voto en disidencia fue de Ignacio Vélez Funes. El fallo implica que el Juez mantiene la competencia en materia de derechos humanos. Bazán afirmó que casará la resolución.
Por Katy García – PrensaRed
La Cámara Federal de Apelaciones dio a conocer ayer en horas de la tarde el fallo que resolvió el incidente planteado por los abogados de la Unidad de Letrados Móviles Natalia Bazán, Mauricio Zambiazzo y Berenice Olmedo, en representación de sus asistidos.
En respuesta al pedido de formulado por la letrada Natalia Bazán, durante la audiencia oral realizada el 17 de agosto pasado, cuando pidió su apartamiento por "temor de parcialidad", la Cámara Federal de Apelaciones resolvió con los votos de Eduardo Ávalos y Graciela Montesi "no hacer lugar a las recusaciones planteadas por la defensa en contra del señor Juez Federal N° 3 de Córdoba". Ignacio Vélez Funes planteó el voto en disidencia. En un escrito de 44 páginas fundamentan la resolución.
El juez Hugo Vaca Narvaja rechazó los argumentos referidos al exilio y pago de indemnización como un hecho "novedoso" y afirmó que las expresiones de los imputados Jorge Exequiel Acosta y Arnoldo José López referidas a una "enemistad manifiesta" carecen de sustento y "no resisten análisis alguno, ni merecen explicación de su parte para desvirtuarlos". Advirtió en su escrito que cinco planteos similares habían sido revocados por la Cámara. Asimismo, dice, que la Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, no hizo lugar a las quejas presentadas en cada caso.
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La Cámara de Apelaciones de Salta concedió prisión domiciliaria al militar Juan Carlos Jones Tamayo
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta concedió prisión domiciliaria al ex jefe del Servicio de Inteligencia del Área 323 en Jujuy Juan Carlos Jones Tamayo, uno de los responsables del hecho conocido como "La Noche del Apagón", en Ledesma, y también partícipe en otras cinco causas. El represor de la dictadura se encontraba con prisión preventiva en la ciudad salteña de Güemes. La información fue confirmada a Télam por la abogada querellante de víctimas Paola Álvarez Carreras, quien fue notificada ayer jueves de la resolución.
La cámara salteña consideró que el coronel (RE) Jones Tamayo cumple con los requisitos de ley de prisión domiciliaria al indicar que "sufre de dolencias y enfermedades que no pueden ser tratadas dentro del penal".
Álvarez Carreras cuestionó esta decisión debido a que "existe un informe anterior del cuerpo forense del Poder Judicial Federal que estableció una vez que el procesado, tras una intervención quirúrgica, podía volver a la unidad penitenciaria sin perjuicio de los controles médicos que necesitara".
El militar llevaba 8 años sin ser indagado ni procesado. Jones Tamayo estuvo prófugo por más de 3 años hasta octubre del año 2014, cuando fue capturado en el barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires.
Alvarez Carreras señaló que el represor está imputado en seis causas en donde se investigan los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, ser autor mediato de un delito; dirigir operativos ilegales; privación de la libertad agravada; torturas y tormentos agravados y homicidios calificados por alevosía.
"Para nosotros es sumamente grave esta resolución, y no tiene que ver con que nos empeñemos en que los procesados no sigan el tratamiento de salud que corresponda, pero en este caso no se está considerando la gravedad de que esta persona estuvo tres años prófugo de la Justicia", sostuvo.
"Si nunca se lo pudo juzgar es porque él [Juan Carlos Jones Tamayo] no se puso a disposición de la Justicia y transcurrido el tiempo accede al beneficio contrariando el informe de los propios médicos", añadió la abogada querellante.
La resolución judicial también indica que el procesado será monitoreado a través de la pulsera electrónica a cargo del patronato de liberados, al tiempo que no tendrá custodia permanente de ninguna fuerza federal o local.
La Cámara de Apelaciones de Salta que le permitirá a Jones Tamayo esperar los juicios en su domicilio, está integrada por Guillermo Elías, Renato Rabibaldi Cabanillas y Ernesto Solá.
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MILANI. EL JUEZ RAFECAS ELEVO A JUICIO ORAL LA CAUSA POR ENRIQUECIMIENCITO DEL EX JEFE DE EJERCITO
En la investigación, el magistrado tuvo por acreditado que el ex jefe del Ejército no pudo justificar la compra de una casa en el barrio La Horqueta, en San Isidro, por un valor declarado de 1.500.000 pesos, suma que no encontró justificación
En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito del ex jefe del Ejército César Milani, el juez federal Daniel Rafecas rechazó este viernes tres planteos de la defensa (de nulidad, de prescripción y de oposición a los requerimientos del fiscal y de la OA), y dispuso la elevación a juicio oral y público de la causa.
Debe recordarse, que en este proceso, César Milani y el ex capitán del Ejército Eduardo Barreiro fueran procesados por el juez Rafecas en diciembre de 2016 por encontrar a Milani autor penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito, mandando a trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $5.000.000, y a Barreiro como partícipe necesario, embargándolo en $2.000.000, fallo que fue confirmado recientemente por la Sala II de la Cámara Federal.
El delito prevé una pena de dos a seis años de prisión, multa de hasta el 100% del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta y perpetua.
En la investigación, el juez tuvo por acreditado que Milani no pudo justificar la compra de una casa ubicada en el barrio de "La Horqueta", en San Isidro, provincia de Buenos Aires, por un valor declarado de $1.500.000, suma que no encontró justificación en razón de que, a la fecha de la compra del mentado inmueble en el año 2010, Milani no registraba en sus declaraciones frente a la AFIP, como frente a la Oficina Anticorrupción, valores que sustentaran y/o justificaran la procedencia y origen de los fondos que le permitieran tal adquisición.(CIJ)
La agencia de noticias de DH se edita desde 2007. Marcho con tu rostro y llevo en mi memoria tu proyecto politico
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¡¡ APARICION CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO !!
en este link verás el video sobre nuestro museo.
https://www.youtube.com/watch?v=jGPLj1nGEsY
| Argentina: El Che lives on! Get lost in Buenos Aires ... Izquierdista entusiasta, y compañero revolucionario Eladio Gonzalez muestra el contenido de su afamado museo Che Guevara en Caballito, Buenos Aires..
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informó el Museo " ERNESTO CHE GUEVARA " de Caballito, CABA
calle Rojas 129, esq. Yerbal, Buenos Aires (AAC 1405) Argentina
Visitar lunes a viernes de 10 a 19 hs. (corrido) – entrada libre y gratuita
Escuela de Solidaridad con Cuba " CHAUBLOQUEO "
Registro donantes voluntarios de Células Madre (INCUCAI)
Coordinador ex Mesa Vecinal Participativa en Seguridad de Caballito
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Las Islas Malvinas fueron, son y serán siempre ARGENTINAS.
Guantánamo es cubano ¡ fuera los norteamericanos de allí ! invasores colonialistas como los ingleses.
