Obediencia Debida de Argentina para Estados Unidos su amo. Emilio Marín Mil por Cuba Partido de la Liberación

ARGENTINA APROBÓ OTRA “LEY ANTITERRORISTA”

La administración Bush da sus felicitaciones pero pide otras leyes y concesiones

El país ya había votado hace dos años, a instancias de Washington, dos leyes “antiterroristas”. La semana pasada fue el turno de la tercera norma de ese tipo. Allí no acabará la serie porque el Norte va a pedir más colaboración.

EMILIO MARÍN

“Estados Unidos es el estado terrorista número uno”. La tajante afirmación no tiene el copyright de Fidel Castro ni del norcoreano Kim Jong Il sino del lingüista y profesor estadounidense Noam Chomsky.

Muchos hechos producidos por la administración Bush entre 2001 y nuestros días, cuando promedia su segundo mandato, dan pie a aquella tesis, por si necesitara demostraciones fácticas. Después de la invasión a Irak y las fotos de las torturas en Abu Ghraib, muy pocos discuten quién encabeza el campeonato mundial del terrorismo.

Sin embargo, muchos gobiernos y parlamentos no están prestos a elaborar políticas y leyes para precaverse de los atentados, campañas e infiltración de los marines, los agentes sin uniforme que se reportan a la CIA y los efectivos mandados por el almirante James Stavridis, jefe del Comando Sur con asiento en La Florida.

Entre las autoridades y legisladores que marchan a contramano de la realidad están los argentinos. En el tiempo récord de una semana aprobaron la tercera ley “antiterrorista”. El 6 de junio tuvo la media sanción en el Senado, donde 51 senadores le dieron su okey y sólo el socialista Rubén Giustiniani tuvo el valor de decir no. Ese trámite senatorial insumió apenas una hora y media. El 13 de junio fue el turno de Diputados, donde peronistas, radicales y partidos provinciales garantizaron una amplia diferencia (101 a 35).

Formalmente la norma se refiere a la represión del financiamiento del “terrorismo”, pero con sus diez puntos supone una reforma importante del Código Penal, al crear la figura de la “asociación ilícita terrorista” a cuyos miembros pena con hasta 20 años de prisión. A los colaboradores de la asociación, que recolectaren o proveyesen bienes o dinero, los fulmina con penas de entre 5 a 15 años.

Entre los fundamentos de la ley, y así lo admitió la oficialista miembro informante, la entrerriana Rosario Romero, figuran expresamente “los compromisos internacionales asumidos contra la financiación del terrorismo”. ¿Con quién se contrajeron? Con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que representa a los principales bancos internacionales y fue nominado por el Fondo Monetario Internacional para el seguimiento y control de los movimientos financieros que puedan tener que ver con el terrorismo. Todo el mundo sabe quién está detrás del FMI y es su principal accionista: los EE UU.

Sin cuidar las apariencias, el GAFI dijo al gobierno K que el 23 de junio se reunía en París y Argentina debía tener aprobada su ley antes de esa fecha. Caso contrario habría un comunicado público diciendo que los países debían tener mucho cuidado en sus transacciones financieras y comerciales con Buenos Aires porque allí no cumplen normas internacionales. Se podían achicar el comercio y las inversiones..

El garantismo se opone

En una semana el proyecto tuvo media sanción en la Cámara Alta y salió votada en Diputados, como para que Juan Félix Marteau –delegado argentino ante el GAFI- lleve la buena nueva a la Ciudad Luz el sábado 23.

Uno se queda pensando en cuántos proyectos de ley importantes para el mundo laboral tienen meses y aún años de detención en comisiones sin tener luz verde en el recinto. Por ejemplo, la reforma a la ley de Riesgos del Trabajo, tan resistida por la Unión Industrial. Las iniciativas que tienen la bendición de Bush, el Fondo y su auxiliar GAFI no sufren esas demoras: no van en tren, van en avión.

Lo votado el miércoles pasado no se limita a los aspectos financieros del terrorismo. Se propuso definir qué es una organización terrorista y entre sus rasgos constitutivos incluyó que tenga vínculos terroristas internacionales y posea armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos, etc.

Antes de entrar en la consideración de esa definición, hay que enfatizar en que la norma penará a los miembros de tal asociación, en vez de castigar por la comisión de determinados actos concretos. Esa diferencia fue una de las razones por las que el Centro de Estudios Legales y Sociales asesoró a los legisladores que rechazaban el proyecto oficial.

La directora adjunta del Cels, Andrea Pochak, declaró: “no es lo mismo cometer hechos terroristas, que formar parte de una organización que comete hechos. Acá se condena la pertenencia a esa organización y precisamente el derecho internacional lo que reprime es la conducta terrorista”.

La otra entidad que emitió una opinión garantista fue la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, donde abrevó Giustiniani para fundamentar su voto.

En el sintético debate senatorial, Vilma Ibarra coincidió con el proyecto presidencial. Frente a las críticas de que con ese texto se podía incriminar de terrorista a una organización política, la senadora dijo que la definición de “asociación ilícita terrorista” requiere de todas las características apuntadas. O sea, no basta con tener armas de guerra sino también explosivos, agentes químicos y bacteriológicos, etc.

Pero en noviembre de 1992 la Policía Federal Argentina supo plantar armas y explosivos en un allanamiento a un local de militantes políticos del Partido de la Liberación a los que acusó falsamente de pertenecer a la ORP. El presidente Carlos Menem dijo entonces que podía ser el mismo grupo que había atentado contra la embajada de Israel. ¿Acaso los servicios no podrían plantar otro tipo de armas, para que su acusación “cierre” en los términos de la flamante normativa?

Conviene recordar que la musa inspiradora de esa ley, George Bush, invadió Irak con la falsa acusación de que atesoraba arsenales de armas de aniquilamiento masivo, inexistentes.

Los derechos humanos

La mayoría de los organismos de derechos humanos se expresó en contra de la legislación antiterrorista propiciada por la Casa Rosada; así se alinearon desde las más combativas hasta las menos pasando por la variedad de grises.

Además de reconocer la mano de Washington detrás del proyecto, se tiene una visión crítica de la policía y fuerzas de seguridad, la SIDE y parte del aparato judicial y de ciertos ministerios, propensos a incurrir en arbitrariedades y persecuciones políticas.

La postura democrática tuvo a diputados kirchneristas como defensores, caso de Miguel Bonasso, que fundamentó su negativa recordando que la Cámara había legislado sobre el Código Penal con Juan Carlos Blumberg en los palcos. “Espero que ahora no esté el GAFI allí”, ironizó el ex periodista de Página/12.

Hay que puntualizar que esta es la tercera ley del mismo palo aprobada por la administración K. Las otras dos, con el mismo origen bushista, se aprobaron en marzo de 2005. Una habilitaba la aplicación en nuestro país de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, hecha suya por la OEA en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002. La segunda convalidaba el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, votado por la ONU el 9 de diciembre de 1999.

En función de esas normas se afecta entre otros derechos la institución del asilo de los refugiados políticos. Es que para facilitar la extradición de los presuntos terroristas, los gobiernos se prestarán asistencia jurídica mutua y ninguno de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados será considerado un delito político o un delito inspirado por motivos políticos. Y no existirá a posibilidad de asilo político del supuesto terrorista.

Quiere decir que si un militante colombiano acusado de pertenecer a las FARC fuera detenido en Argentina, ante el requerimiento de Washington sería inmediatamente extraditado. Esto es lo que habitualmente ocurre en Bogotá, pero no en Buenos Aires.

Está servida en bandeja la oportunidad para que la derecha y los servicios hagan de las suyas. Por ejemplo, el viernes 2 de setiembre de 2005 el diario “La Nación” puso en su portada: “Detectaron a 26 miembros del movimiento Jamaat Tabligh; Entraron en el país grupos vinculados con Al-Qaeda; Los primeros ingresos se registraron hace siete meses; buscarían reclutar futuros extremistas”.

Después se supo que los misioneros de Jamaat Tabligh hace veinticinco años que visitan Argentina y que no hay ninguna constancia de que tengan actividad terrorista ni vínculo alguno con Bin Laden.

El Departamento de Estado expresó sus plácemes por la tercera ley pero ya quiere una cuarta, sobre tráfico de personas. Después vendrá la quinta y luego la sexta..