Buenos Aires, 25 de julio de 2007
Sr. Presidente de la Nación
Dr. Nestor Kirchner
Reciba el fraterno saludo de Paz y Bien.
Con sorpresa y preocupación nos hemos enterado a través de los medios de comunicación, nota de Adriana Meyer, publicada en Página 12, del día 21 de julio del corriente año, de una información sobre el seguimiento a militantes de derechos humanos por la policía y fuerzas armadas. Entre los denunciados surgen los nombres del Padre Luís Farinello, Las Madres de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Patricio Echegaray y Adolfo Pérez Esquivel, entre otros, acusados de estar vinculados a la FARC y al narcoterrorismo. Lo que consta en el legajo de actuación Administrativa N° 104/2007.
Como usted bien sabe, esas políticas de inteligencia interior están prohibidas por tres leyes nacionales, por lo que se está vulnerando el sistema de derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional. Sin embargo continúan realizándose con total impunidad y, en éste caso concreto, con la participación de fiscales y policías federales quienes entregaron esos informes a la Unidad de Apoyo para la investigación de Delitos Complejos en Materia de Drogas (UFRIDO). Fiscalía General de Mar del Plata, Dr. Alberto Adrián María Gentili.
Llama la atención que ese informe y acusaciones surjan después de la sanción de la Ley Antiterrorista, que el Poder Ejecutivo enviara al Parlamento y que fuera aprobada por los legisladores. Ley que, con el pretexto de combatir al narcoterrorismo, está dirigida a la persecución de las organizaciones populares, como a los organismos de derechos humanos. Son políticas más acordes con la dictadura militar que afectó a nuestro país y a todo el continente latinoamericano que, con lo que debe ser, un gobierno democrático. El art.12 de la ley Autoriza Al Poder Ejecutivo a compartir con otros países información e inteligencia, aún la que posea clasificación de seguridad”…
¿Vuelve el Operativo Cóndor, la internacional del terror, con el país del norte, Sr. Presidente? ¿Se vuelve a aplicar el terrorismo internacional, el intercambio de prisioneros y torturas en otros países, como fue en el continente y en nuestro país, y que hoy se aplica en Guantánamo e Irak ?. Se está re-instalando la Ideología de la Seguridad Nacional, que tanto daño ha hecho al pueblo argentino. El pueblo tiene memoria y heridas profundas aún no cicatrizadas.
Señor Presidente, el gobierno que usted preside, ha tomado como bandera la defensa de los derechos humanos en la construcción democrática. Reconocemos y valoramos los avances logrados en la lucha contra la impunidad. Pero frente a los hechos actuales, las políticas del gobierno deben ser coherentes entre el decir y el hacer; acompañados por hechos concretos en defensa de la vida y dignidad del pueblo argentino. Lo que está haciendo, atenta contra la vida del pueblo.
Existe una fuerte y preocupante contradicción en la política de derechos humanos de su gobierno, al buscar que se sancione la ley antiterrorista, sin un estudio serio y profundo que permitiría avanzar concretamente en la seguridad y protección de los ciudadanos y ciudadanas. En dicha ley, y esto es una señal preocupante, no se menciona en ningún momento el “terrorismo de Estado” que afectó a nuestro país. Usted no puede desconocer que en muchas provincias argentinas se continúa violando sistemáticamente los derechos humanos; ejerciendo las torturas y trato crueles y degradantes. ¿Hasta cuando?
Muchos de nosotros somos sobrevivientes, víctimas del terrorismo de Estado, impuesto por la dictadura militar. Hoy vemos con preocupación que el gobierno vuelve a la aplicación de políticas represivas para penalizar las protestas sociales y acusar a personas y organizaciones de estar vinculadas al narcoterrorismo. Es lamentable que organismos del Estado continúen con prácticas aberrantes que dañan profundamente al pueblo y afectan la construcción democrática.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre ha presentado una demanda judicial reclamando el esclarecimiento de los hechos señalados previamente.
Por lo expuesto, Señor Presidente, solicito que: se investigue y sancione a los responsables y se nos informe sobre las denuncias efectuadas, tanto a mi persona como a la institución que represento, como a los organismos hermanos de DD.HH; se corrija y aclare en la ley antiterrorista con precisión, el delito de terrorista y narcotraficante, a fin de evitar que se utilice en contra de las organizaciones sociales. Y vetar o corregir la ley, incluyendo el terrorismo de Estado, totalmente ignorado en la ley sancionada.
Todo el accionar de la Fundación Servicio Paz y Justicia es público y conocido, tanto en el país como en el exterior. Somos miembros con status consultivo en la ONU y en la UNESCO. Desde sus inicios en la década del 60 viene trabajando con lo sectores sociales más desprotegidos en el continente latinoamericano. Asume la resolución de los conflictos por medios no-violentos y la defensa de los derechos humanos en su integridad, como organismo ecuménico y solidario.
Los organismos hermanos de DD.HH. acusados, son testimonio de lucha en defensa de la vida y la dignidad de las personas y el pueblo; su larga trayectoria y compromiso lo demuestran en los hechos a través del tiempo. La intencionalidad de políticas malsanas, debe ser denunciada y sancionada como corresponde.
Esperando su respuesta le reitero el saludo de Paz y Bien.-
Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nóbel de la Paz
Presidente del SERPAJ
Buenos Aires, 23 de julio del 2007
PD. Ha transcurrido un mes desde el envío a la Presidencia de la presente carta, sin obtener respuesta alguna; es lamentable que a situaciones de tal gravedad no se quiera responder. Son decisiones políticas que tendrán incidencia y consecuencias en la vida del pueblo. Nada de esto es aséptico ya que tiene objetivos claros de avanzar en la represión contra sectores sociales. Es preocupante que el gobierno deje a un lado los avances que logró en política de derechos humanos y recurra a actitudes represivas que afectan a nuestra sociedad.
El gobierno de Bush continúa su presión y extorsión a países del América Latina para que sancionen la ley antiterrorista.
Es necesario que el gobierno haga memoria y tenga claro que el camino elegido es contrario a la vida del pueblo, a los derechos humanos y la democracia.
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