jueves, 6 de diciembre de 2007

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CLAUDIO CAPUANO
Un derecho a conquistar

"Trabajamos con la premisa de que salud no es ausencia de enfermedad, sino la capacidad de la comunidad para detectar identificar y resolver, en forma solidaria, todo lo que limite su potencialidad vital. O sea, no es solamente individual, sino global. En cuanto a los derechos humanos, entendemos que los tratados, pactos y protocolos internacionales no nos dan los derechos humanos, solo conforman un ordenamiento legal que en algunos lugares permiten tenerlos o no. Sin una activa defensa y participación, es imposible alcanzarlos, por eso decimos que el derecho humano a la salud, es un derecho a conquistar", señala Capuano.
La cátedra libre desarrolla líneas de investigación sobre producción pública de medicamentos, atención primaria de la salud, salud materna e infantil, medio ambiente y salud, y salud mental. Además de lo académico, participa en diversos ámbitos desde los cuales se impulsan iniciativas en materia sanitaria (por caso, organizó recientemente el 5º Encuentro por la Producción Pública de Medicamentos), entre las que sobresale la red de laboratorios, creada en setiembre con el apoyo de la Secretaría de Ciencia y Técnica y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

– ¿Cuál es su opinión sobre la política de medicamentos desarrollada en los últimos años, que goza en general de una buena imagen pública?

–Cuando asumió la presidencia Duhalde, en plena crisis de 2001, su ministro de Salud tomó dos medidas principales: la primera, la ley de medicamentos genéricos. La segunda, reconversión de un crédito blando del BID con el cual inicia el Programa Remediar. Este programa, según datos oficiales, está orientado a dar acceso a medicamentos a 16 millones de personas y cubrir lo que sería la atención ambulatoria. Constaba en principio de 56 medicamentos, y luego quedó en 48. Parecería que está bien, que es valorable, pero nosotros marcamos una contracara. La Argentina cuenta con una capacidad instalada de 39 unidades productoras de medicamentos, laboratorios públicos que dependen del Estado nacional, provincial o municipal, que están trabajando a una capacidad utilizada de entre un 25 y 50%. Esta capacidad utilizada es fácilmente superable, pero además sería potencialmente notable si trabajaran en red. El programa Remediar, hasta el año pasado, le costó a nuestro país 233 millones de dólares, en parte financiado por el BID y el resto con recursos propios. Toda esa plata, el 100%, fue a parar a laboratorios privados. Estos 233 millones de dólares, el 60% de los cuales proviene de un préstamo que endeuda al país, no dejaron nada acá. Mientras tanto tenemos 32 unidades productoras estatales, que producen todos los medicamentos que necesita el programa Remediar. Por eso decimos que con una inversión no muy importante se puede reemplazar en poco tiempo la provisión privada. Concretar esto requiere de una decisión política.

–Mientras tanto, avanzaron creando la red de laboratorios públicos.

–Sí. Venimos trabajando desde hace ocho años, y en ese camino conseguimos que se formalice la red y a partir de esto también pensamos que los laboratorios estatales pueden trabajar en forma conjunta con las universidades y la Secretaría de Ciencia y Técnica, generando un polo de investigación y desarrollo científico-tecnológico que pondría a la Argentina, en poco tiempo, en un lugar privilegiado en América.

–¿Cómo aspiran a que se financie la red?

–Ese es el gran tema. Estamos dando los primeros pasos, que son aquellos que permitan comenzar a trabajar en forma coordinada. Pero es indispensable que se implemente la producción pública de medicamentos como una política de Estado. Ese es nuestro objetivo.

–¿Para quién fabrican en la actualidad los laboratorios públicos?

–En la ciudad de Buenos Aires funcionan dos laboratorios públicos, uno es Talleres Protegidos, que produce drogas antituberculosas destinadas al programa de tuberculosis de la ciudad. Son drogas que no se venden en laboratorios privados. Y está el Malbrán, que produce sueros y vacunas. Los otros laboratorios producen medicamentos, como el Municipal de Córdoba, para abastecer a los hospitales y los centros de atención primaria. Lo mismo hace el de Rosario y el de Río Negro.
Según las cifras del Gobierno Nacional, para atender a 16 millones de personas se utilizan 500 millones de comprimidos al año. Nuestra cátedra hizo un relevamiento de los laboratorios públicos y su capacidad utilizada, de cada una de las máquinas, de los recursos técnicos y humanos. Tomamos nueve unidades productoras, relevamos su capacidad utilizada, qué producían y cuál era su capacidad potencial. Según ese estudio, tomando veinte días al mes, un solo turno, once meses al año, podían llegar a producir, solo esas nueve unidades productoras, 900 millones de comprimidos. Contra 500 que utiliza el Programa Remediar. Y estas nueve unidades de las 32 existentes, están produciendo en la actualidad 300 millones de comprimidos.

–Habría que cambiar la concepción actual del medicamento, que aparece como un bien comercial más que como una herramienta fundamental para preservar la salud.

–Seguro, el medicamento no puede ser una cuestión mercantil, es un bien de uso de alguien que lo necesita, que si no recibe ese tratamiento no accede a su derecho a la salud. Si se aplicara esta visión, tendríamos una herramienta extraordinaria para incidir en el mercado farmacológico. La cantidad de medicamentos que pueden producir estos laboratorios equivale al 17% del total de la industria privada, nacional e internacional. Si actuaran en red podrían regular ese mercado. Pero, insisto, esto solo es posible en el marco de una política nacional, una política de Estado en medicamentos.

–¿Los laboratorios públicos están en condiciones de fabricar todas las especialidades necesarias para atender la salud de la población?

–Todas las incluidas en el programa Remediar. La Argentina cuenta con 17 mil formas farmacéuticas, ahora, que éstas sean eficientes y eficaces es muy distinto a que estemos ante un medicamento básico esencial. En este caso nos referimos a medicamentos básicos esenciales.

–¿Cómo cree que está instalado el tema de la salud en la sociedad? Más allá de las quejas por mala atención, por tener que ir por la madrugada al hospital para ser atendido, ¿existe conciencia acerca del derecho básico a la salud?

–Que un paciente tenga que ir a las tres de la mañana para conseguir un turno de atención en un hospital, que deba pasar meses en lista de espera para una cirugía cardíaca, o que sea derivado a un centro privado por alta complejidad, son ejemplos de lo que es una política sanitaria. Todo eso marca política de Estado. No es casual la situación de los hospitales. ¿Cuánta gente accede a alta complejidad? Muy poca. Pero el Estado, cuando un paciente se complejiza, lo deriva a un centro privado en lugar de montar servicios públicos. Es la misma línea de los medicamentos, en lugar de fortalecer los sistemas públicos, se derivan recursos al sector privado.
La gente que está trabajando en los hospitales hace una tarea admirable, los comparo con los que trabajan en las unidades productoras de medicamentos. Sin dudas jugaron un papel preponderante para que no haya un retroceso peor. Cuando en los 90 se intentó privatizar el Malbrán, varias veces, la acción decidida de los trabajadores lo impidió.

–El concepto de atención primaria es clave para un sistema de salud. ¿Cómo analiza su aplicación en la Argentina?

–Aquí cuando se habla de atención primaria se la define como la atención al pobre, pero no se habla de una política de Estado que disponga atención primaria de la salud para toda la población. Se la entiende desde los políticos y las autoridades como las salas para atender a la gente pobre. Pero es un concepto distinto. Cuando uno plantea atención primaria se refiere a políticas de salud. Toda la población debe tener derecho a la salud mediante programas activos que lleguen a todo el país. Eso no se hace. Se aplican políticas financiadas por el Banco Mundial o el BID, planes focalizados o parcializados sobre determinada población. En definitiva son políticas compradas, como paquetes cerrados.

Jorge Vilas
Foto: Sebastian hacher/Sub.coop