'LOS NOBLES ESCUDEROS DE LA LIBERTAD DE PRENSA'
Por Juan Manuel Fonrouge. Revista 2010
Los grandes medios de comunicación suelen ampararse en dos instituciones “defensoras de la libertad de prensa” a la hora de denunciar las supuestas violaciones, cuando en realidad son cámaras empresariales defensoras de la libertad de empresa y de los monopolios informativos. Por eso no puede extrañarnos que tanto ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) como la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) hayan tenido un pasado y un presente golpista y autoritario.
Como un jugador de fútbol que exagera al primer contacto y se revuelca en el piso para que le cobren un full, así parecen actuar las cámaras empresariales que dicen defender la “libertad de prensa”, herramienta corporativa de las empresas periodísticas que siempre cobran la falta a favor de los grandes, como Clarín y La Nación para que se regocijen en sus editoriales, como si se tratase de un tribunal de disciplina.
Por su puesto que nada dicen de los reiterados ataques a Canal 7 para que no sea una señal de aire de alcance nacional por parte de empresarios de medios. Porque está claro que no se trata de defender la libertad de prensa, sino de empresa. Porque una cosa es que interceda el incorruptible y benevolente mercado –otro que suele tirarse y revolcarse en el área cada vez que lo tocan- y una cosa muy distinta es que el Estado, corrupto y autoritario, interceda por el derecho a la información.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, mediante una reciente solicitada denunció el carácter “superfluo, anacrónico y perverso del gobierno nacional de controlar al periodismo”. Afirmar que nunca en su historia la asociación tuvo una declaración tan enfática y categórica contra una dictadura militar y que nunca emitió opinión alguna contra la persecución y desaparición de periodistas, a esta altura resulta una obviedad.
ADEPA tiene un doble juego: cuando una dictadura militar o un gobierno afín garantiza la libertad de empresa para los monopolios informativos, aparece claramente como cámara empresarial que sólo defiende los intereses corporativos; cuando un gobierno constitucional quiere rediscutir las reglas impuestas por dictaduras militares, como es el caso de la vigente Ley de Radiodifusión, lo trata de “perverso” y se acuerda de los periodistas, a los cuales el gobierno busca “controlar”.
Pero para no ser parte del “anacronismo” que denuncia la Asociación, podemos mencionar que unos meses atrás, ADEPA organizó una charla con Elisa Carrió y el periodista de Clarín durante la dictadura militar y actualmente de TN, además de editorialista de La Nación, Joaquín Morales Solá. Como moderador de la charla, no tuvieron empacho en elegir a Gregorio Badén, abogado constitucionalista elegido por Luis Patti para su defensa.
Para algunos puede todavía sorprender la pasividad de la doctora Carrió al aceptar la invitación, en donde gozó de la libertad de acusar de “fascista” al gobierno mientras era “moderada” por el defensor de un verdadero “fascista”. Pero para nada puede sorprendernos la presencia del periodista Morales Solá.
El conductor de “Desde el Llano”, programa que se emite actualmente por TN, fue defensor acérrimo de la última dictadura militar y tuvo estrechos vínculos con mientras era periodista de Clarín. De hecho, la justicia lo habría investigado en la causa sobre la identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble -que aún hoy se sospecha que fueron parte del plan sistemático de apropiación de bebés nacidos en cautiverio- para saber si el propio periodista fue el nexo entre los militares y la dueña del oligopolio para obtener el macabro privilegio.
Por su parte, la SIP fue creada en 1943 por dos agentes de la CIA y el representante del Departamento de Estado, Tom Wallace, con el objetivo de apoyar la política exterior norteamericana y la promoción del liberalismo económico.
Entre sus logros figuran producir “materiales para colocarlos en la cadena El Mercurio; en todos los diarios de oposición; en todas las estaciones radiales controladas por los partidos de oposición, y en varios programas regulares de televisión en tres canales”, según un informe del propio Senado de EE.UU. en relación al rol que cumplió la SIP durante el golpe a Salvador Allende en Chile. Hoy su rol sigue siendo el mismo, pero enfoca su cruzada antiautoritaria contra Cuba –aunque el lugar elegido por la SIP para su fundación en el 43 fue la Cuba prostibular del dictador Fulgencio Batista- y Venezuela aunque nunca se proclamó en contra del golpe recibido por el gobierno de Chávez en el 2002.
Tan grotesca es la historia de la SIP que su presidente honorario, el uruguayo Danillo Arbilla se desempeñó como director de prensa de la última dictadura militar uruguaya, entre ellos el diario “La República”. En una carta dirigida a la SIP por su director, Jorge Otero Menéndez, expresa que la designación de Arbilla “constituye un insulto a la conciencia democrática de los pueblos americanos y, particularmente, del uruguayo, que tantas vidas y martirios ha consagrado al ideal de la libertad”.
En definitiva, ambas entidades deberían definir su rol de una buena vez, porque resulta paradójico que un grupo de dueños de medios asuma a la vez la representación de periodistas y, como si fuera poco, de los consumidores.
Los propietarios de los medios son empresarios, por ende, la noticia es su mercancía, y son ellos los que deciden cómo y cuándo se publica determinada información en relación directa con sus intereses económicos y políticos, los cuales suelen imponerse sobre los derechos laborales y profesionales de los trabajadores que dicen representar.
¿Les preocupa verdaderamente la libertad de prensa señores propietarios de medios de comunicación?, entonces cuiden la democracia, porque durante los gobiernos de facto parecen que opinan ustedes solos.
