En nombre de La Polilla
Enviado el: Martes, 06 de Abril de 2010
Stella Calloni, Corresponsal, Periódico La Jornada
Viernes 2 de abril de 2010, p. 16
Buenos Aires, 1º de abril. Silvia Suppo, sobreviviente de la pasada dictadura militar, quien fue testigo clave en octubre pasado en el juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa y otros implicados en su secuestro y tortura, fue asesinada el pasado lunes en la provincia de Santa Fe, en lo que conmocionó a organismos de derechos humanos cuyos dirigentes advirtieron que el llamado de algunos políticos de la derecha local a olvidar el “pasado”, potenció “la actividad amenazante de los responsables de crímenes de lesa humanidad y sus defensores”.
Suppo había declarado en la causa Brusa, uno de los varios jueces que colaboraron y participaron de la pasada dictadura (1976-1983), que además tuvo como imputados a Juan Calixto Perizotti, Héctor Colombini, María Eva Aebi, Mario Facino y Eduardo Ramos.
La justicia los sentenció el pasado 21 de diciembre a penas de 19 a 21 años de prisión por privación ilegal de la libertad y tormentos a los que fue sometida Silvia Supo, quien también fue violada.
Secuestrada a los 17 años
Ella fue secuestrada a los 17 años en Rafaela y llevada a un centro clandestino de detención en la ciudad de Santa Fe junto a un hermano y a Jorge Destefanis, con quien después se casó.
Suppo, de 51 años, impulsaba la causa por la desaparición de su compañero de entonces Reinaldo Hammeter, secuestrado y desaparecido el 25 de enero de 1977 en la catedral de Rafaela, una pequeña comunidad de la provincia centro-este de Santa Fe.
Silvia Suppo fue atacada la mañana del 29 de marzo en su pequeño negocio de artesanías en Rafaela, donde la mataron de 12 puñaladas y luego sustrajeron algunos objetos. Una clienta que llegó al lugar la encontró agonizante; falleció en el hospital.
Pero acciones y versiones contradictorias de los policías que investigan el crimen y la detención de dos jóvenes, en cuyas casas –se dice– encontraron algunos objetos robados, no resulta creíble para la mayoría de los organismos.
El Espacio Juicio y Castigo de Rosario reclamó “el inmediato esclarecimiento de este doloroso hecho, ya que sucede en un contexto de declaraciones de algunos nostálgicos golpistas y de actos preocupantes que se vienen dando en distintas provincias. Es necesario que las autoridades arbitren todos los medios necesarios para generar tranquilidad en testigos y querellantes de los distintos juicios para que los mismos sigan adelante con la justa condena a todos los genocidas”.
Según la versión policial, entraron a robarle, pero la abogada Lucila Puyol, de Hijos Santa Fe, consideró que era irresponsable atribuir el hecho a un robo tan rápidamente, y sostuvo su denuncia como “asesinato en su calidad de testigo”. El asesinato ha golpeado también a sus ex compañeros, que destacaron su valor al resistir las torturas y las terribles vejaciones a las que fue sometida, y su coraje para llevar adelante los juicios y reconocer a los responsables.
Asistente a una ceremonia para conmemorar el 34 aniversario del golpe militar en Argentina, el pasado 24 de marzo, en la sede de la ex Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, un centro clandestino de detención durante la dictadura (1976-1983)
Por otra parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió sobre la controversia judicial en torno a la búsqueda de la verdadera identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, dueña del Grupo Clarín, que esto “se está transformando en una guerra que no debería haber existido porque no hay una intención política en medio. Lo que existe es una violación gravísima que no prescribe”.
Sólo “queremos la verdad” sobre la identidad de los jóvenes, saber si son o no hijos de desaparecidos. Si hay amor como dice la señora, ¿por qué no allana esta verdad para los chicos?”, preguntó.
También sostuvo que “si llegan a ser nuestros nietos, nadie los va a sacar de donde están ni les van a impedir vivir con quien quieran, ni hacer su vida normal, ni recibir las herencias que les corresponda: solamente van a saber quiénes son”. Recordó que las Abuelas están detrás del caso desde hace más de 20 años y que fueron voluntariamente pensando que esta señora ( Noble) había adoptado sin saber el origen de estos dos chicos, cosa que ha pasado con otros 15 o 16 casos que hemos encontrado (…) Pensamos que la señora de Noble era inocente, fuimos a hablar en el 92, pero no nos recibió. Dijo además que no aceptan que se quiera utilizar el caso como un tema en la guerra contra el gobierno.
Aismismo familiares que buscan a niños apropiados en la dictadura denunciaron que dos jueces federales que intervienen en causas por robo de bebés participaron de la entrega de un niño en 1976. La denuncia apunta al actual juez de la Cámara Nacional de Casación Penal Wagner Gustavo Mitchell y al integrante del Tribunal Oral Federal 6 de la ciudad de Buenos Aires Jorge Martínez Sobrino por haber entregado un bebé de 20 días apropiado en julio de 1976 al subcomisario Osvaldo Parodi.
La denuncia fue presentada ante la Procuración General de la Nación por la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo María Isabel Chorobik de Mariani junto a otros familiares, la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Anahí. La presentación denuncia que ambos firmaron la entrega definitiva del bebé al policía, un mes después del secuestro y desaparición de la madre. Y se alerta que Martínez Sobrino será uno de los magistrados que encabezará en los próximos meses el juicio por el robo sistemático de bebés y que el juez Gustavo Mitchel, por su parte, al integrar el máximo tribunal penal del país, podría tener que intervenir en la causa.
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Argentina: Asesinaron a Silvia Suppo, ex-detenida-desaparecida, testigo en juicio por desapariciones durante la dictadura militar
Miércoles 31 de marzo de 2010. Nodo50 | Descargar artículo en PDF
Doce puñaladas para una víctima de la dictadura.
Silvia Suppo impulsaba también la causa por la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter. Dos de los imputados viven en Rafaela. Ayer fue asesinada en su negocio en el centro de esa ciudad.
Silvia Suppo fue una testigo importante del juicio contra el ex juez federal Víctor Brusa, y también impulsaba la causa que investiga la desaparición de su compañero, Reinaldo Hammeter, secuestrado el 25 de enero de 1977, en la catedral de Rafaela. Esta causa tiene imputados que viven en la misma ciudad. Ayer, entre las 9 y las 10 de la mañana, fue asesinada de doce puñaladas en su negocio, ubicado en pleno centro de su ciudad, de 95 mil habitantes, donde es inédito un crimen con semejante ensañamiento. Según la versión policial, entraron a robarle, dado que faltaba el dinero de la caja y alguna mercadería de la talabartería. Al cierre de esta edición había dos personas detenidas, de 18 y 19 años, con antecedentes delictivos, y la policía buscaba a otros dos, siempre bajo la hipótesis de robo. En cambio, la abogada Lucila Puyol, de Hijos Santa Fe, consideró una “irresponsabilidad tomar esta determinación a partir de tan pocos elementos. Está claro que este es un asesinato en su calidad de testigo”.
Puyol subrayó que “por su calidad de víctima y de testigo para la causa Brusa, y para la causa de Hammeter, que se encuentra en etapa de instrucción, así como la cercanía con el 24 de marzo y los otros elementos que está aportando la familia, como las intimidaciones permanentes que sufría, está claro que no se puede investigar como un robo”.
La víctima tenía 51 años, dos hijos de 21 y 24, y se encontraba sola en el negocio dedicado a la venta de artesanías en cuero y plata en Sargento Cabral al 200, a pocas cuadras de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional V. También vivía allí. El homicidio ocurrió en horario comercial y a plena luz del día. Recién a media mañana el cuerpo aún con vida de Suppo fue advertido por una ocasional clienta. Suppo yacía sobre un charco de sangre, semiinconsciente, y fue trasladada de urgencia al Hospital Jaime Ferré, donde pese a los esfuerzos realizados falleció minutos después del mediodía, cuando era intervenida quirúrgicamente, debido a un paro cardiorrespiratorio, entre otras complicaciones por las heridas recibidas. Según los investigadores, los atacantes actuaron con total impunidad.
Los hijos de Silvia pidieron que la autopsia se realizara en la ciudad de Santa Fe. Junto a abogados querellantes de las causas por delitos de lesa humanidad se entrevistaron con la fiscal Cristina Fortunato, que entiende en la causa, para pedirle que se tome el caso con la gravedad que corresponde. Subrayaron la importancia del testimonio de la víctima en el juicio contra Brusa, su participación en otro proceso por la desaparición de su compañero –del que también sería una testigo muy importante–, que tiene cuatro imputados, de los cuales al menos dos residen en Rafaela. La familia de Silvia todavía no prestó declaración, pero relatará sobre las permanentes intimidaciones, hechas por personas que se paraban desafiantes frente a su negocio.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Horacio Ghirardi, afirmó: “Estamos siguiendo personalizadamente la investigación, con los jefes policiales y de las distintas áreas, tanto del Ministerio de Seguridad como de Justicia. Lo seguimos muy de cerca para ver cómo evoluciona el hecho”. Justamente, ayer la policía detuvo a dos personas y realizaba allanamientos en la zona de Rafaela en busca de otros dos que –según una fuente– “tendrían alguna implicancia o algún tipo de complicidad”.
Silvia no formaba parte del Programa de Protección a Testigos del Ministerio de Justicia de la provincia, pero su asesinato revela la indefensión en la que se encuentran los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad. “Cuando dio testimonio, se le ofreció su ingreso al programa, pero ella no requirió nada. Aun así, siempre estuvimos en relación con ella”, indicó el director del Programa, Oscar Blando. El funcionario agregó que ayer fueron a hablar con el jefe de la Unidad Regional, Juan Mondino, y el juez de la causa, Alejandro Mognaschi. “Queremos saber si fue un robo o una situación vinculada con los derechos humanos. Si fue un robo, hay que tranquilizar a los testigos. Si no lo fue, es un hecho gravísimo y hay que redoblar los esfuerzos del Estado”, agregó Blando, quien subrayó que la familia de la víctima recibió asistencia de funcionarios del programa.
Suppo declaró el 5 de octubre pasado en la causa conocida como Brusa, que tuvo también como imputados a Juan Calixto Perizotti, Héctor Colombini, María Eva Aebi, Mario Facino y Eduardo Ramos. El 21 de diciembre pasado, se conoció la sentencia de 19 a 21 años de prisión para los acusados de privación ilegítima de la libertad y tormentos. Además, Silvia impulsaba la causa por su compañero desaparecido el 25 de enero de 1977. Allí hay cuatro imputados, de los cuales al menos dos aún viven en Rafaela.
Tras su asesinato, el espacio Juicio y Castigo de Rosario reclamó “al Estado el inmediato esclarecimiento de este doloroso hecho, ya que sucede en un contexto de declaraciones de algunos nostálgicos golpistas y de actos preocupantes que se vienen sucediendo en distintas provincias. Es necesario que las autoridades arbitren todos los medios necesarios para generar tranquilidad en testigos y querellantes de los distintos juicios para que los mismos sigan adelante con la justa condena a todos los genocidas”.
Fuente: Represores Rosario
http://www.nodo50.org/Argentina-Asesinaron-a-Silvia.html
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Lic. Rosa Cristina Báez Valdés "La Polilla Cubana"
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