Un modelo sindical y empresario en la vía muerta de la decadencia
La dirigencia sindical, con honrosas excepciones, está en el pináculo de su desprestigio. Algunos popes directamente están presos. Pero no hay que ser injustos: hay que poner en la picota también a sus socios empresarios.
EMILIO MARÍN
En 2009 fue detenido el jefe de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, en la causa por los medicamentos truchos. Se lo acusó de percibir por tratamientos y remedios que su obra social nunca proveyó. Todavía está entre rejas pese a sus pedidos de excarcelación.
A principios de febrero de este año, el mismo magistrado actuante –Norberto Oyarbide- detuvo a Gerónimo Venegas, de UATRE, muy cercano a Eduardo Duhalde. “Momo”, aliado de la Mesa de Enlace Rural y con stands en cada edición de la Exposición de la Sociedad Rural, terminó excarcelado. En eso influyó la solidaridad extendida por el Consejo Directivo de la CGT, donde hay varios dirigentes temen seguir el camino de Zanola en la causa de los medicamentos, Hugo Moyano incluido.
El martes 22 le llegó el turno a José Pedraza, mandamás de la Unión Ferroviaria, apresado a pedido de la jueza Wilma López, que investiga el crimen cometido por la patota ferroviaria contra el militante del PO, Mariano Ferreyra.
Pedraza fue a parar a Ezeiza, luego de prestar declaración durante varias horas, lo mismo que su adjunto “Gallego” Fernández y un tercer delegado. Con esas caídas, la redada contra la mafia ferroviaria alcanzó la decena de detenidos.
Esa burocracia se sintió en peligro mortal, por lo que lanzó primero un paro de cuatro horas y luego otro de doce, que no alcanzaron a paralizar todo el esquema ferroviario de la Capital y el conurbano. Ramales como el Sarmiento y otras líneas desoyeron la orden de parar. Estos sectores, en vez de cargar con el apelativo de “carneros”, han defendido el honor de los trabajadores del riel, uno de los sectores históricos de la lucha gremial. Esa huelga en solidaridad con la patota ferroviaria era directamente un aval a quienes están acusados de asesinar a sus propios compañeros, luego de empujarlos al abismo del despido y la tercerización.
La detención del jefe de la UF era una crónica anunciada. Solamente Jorge Altamira, del PO, insistió en estos meses que aquél tenía comprada la impunidad gracias a su cercanía con Cristina Fernández. Hasta noviembre de 2009, tal relación existió pero después se fue deshilachando, igual que la mentada “unidad” de la CGT. En política es necesario saber advertir los cambios, cuando éstos suceden. Para poner un caso: Duhalde fue un socio de los Kirchner, pero en 2005 comenzó otra historia, como es evidente.
Pedraza se defendió ante la jueza revolviéndose como trucha fuera del agua. Quizás su único argumento fue que el día antes de la muerte de Ferreyra había compartido un acto con el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, a quien le advirtió de las intenciones de los tercerizados de cortar las vías del Roca. Era una forma de arrimarse al gobierno y procurar un mejor trato judicial, pero no resultó: López denegó la excarcelación. Los más tremendistas evalúan que Pedraza quedará en Ezeiza hasta el momento del juicio oral. Es que además de instigador de la emboscada fatal habría escuchas telefónicas que lo sindican como tramitador de un soborno a un camarista para facilitar las libertades del resto de la asociación criminal.
Empresarios también
Está muy bien que aquella runfla de patovicas, lúmpenes y burócratas dispuestos a matar esté tras las rejas. La justicia dirá su palabra, cuando concluya la investigación, bien encaminada desde que cayó en el juzgado de López y la fiscalía de Graciela Caamaño.
El gobierno nacional deberá pagar la parte de responsabilidad política que le corresponde por su relación con Pedraza, los subsidios estatales al Belgrano Cargas (que la UF integra en forma minoritaria) y el sistema de tercerización, usufructuado por el ahora detenido mediante firmas controladas como la “Cooperativa Unión de Trabajadores del Mercosur”.
Pero resulta indignante que los medios monopólicos quieran aparecer como paladines de la justicia, haciendo leña del Pedraza caído. ¿Y ellos? ¿Acaso Clarín y La Nación no están acusados penalmente de haberse apropiado de Papel Prensa actuando en banda con la dictadura, con los dueños de esa empresa secuestrados y torturados?
El proceso militar, apoyado por esos medios, provocó 30.000 desaparecidos y muertos. ¿Con qué autoridad entonces, un aliado del general Domingo Bussi, como Joaquín Morales Solá, se pone a pontificar sobre los deméritos del burócrata que hace 30 años trabajó como ferroviario?
Pedraza fue el socio de la privatización de un servicio público esencial, que redujo en forma sustancial la red ferroviaria y la plantilla de personal, con graves daños para los trabajadores, la sociedad y la economía nacional.
Pero ese sujeto fue el socio menor, cómplice o coautor de semejante delito de lesa patria. ¿Por qué los medios monopólicos no escrachan a los empresarios que aprovecharon de esa privatización? Se trata de Roberto Urquía, de Aceitera General Deheza, que se quedó con el Nuevo Central Argentino; los Rocca y Techint, con el Ferroexpreso de Rosario a Bahía Blanca; Amalita Fortabat con el ramal a Neuquén; los Soldati con el Tren de la Costa; Franco Macri y socios con el Belgrano Cargas; Impsa-Pescarmona con el San Martín que comunica a Mendoza. Y otro tanto con los servicios de pasajeros: los Roggio en el Subte y el ramal Urquiza; el grupo Plaza-Cirigliano en TBA, en su momento Sergio Taselli en el Gral. Roca y Trenes Metropolitanos, etc.
Aún hoy los privados prestan servicios a cargo del Estado, perciben subsidios millonarios y tercerizan el empleo con consecuencias como el crimen de octubre. Roggio, Hidrovías y EMEPA son los miembros de la UGOFE actuantes en sociedad con Pedraza, a los que paga subsidios Schiavi por orden de Julio De Vido.
A estas empresas –continuidad de la peor época del neoliberalismo- cabría retirarles las concesiones y que el Estado asuma -en asociación con las provincias, trabajadores y usuarios- el proyecto de un Tren para Todos. Falta mucho para entrar pitando a esa estación, pero es la única manera de que la derrota de Pedraza sea definitiva y la muerte de Ferreyra no haya sido en vano.
Ojo con el caso de la ONCCA
No es que todo lo actuado por el PEN haya sido negativo. Cabe rescatar su firmeza en el incidente generado por la Fuerza Aérea estadounidense con el avión cargado de armas y drogas no declaradas. O las inauguraciones de obras como las realizadas en Miramar, la provisión de miles de computadoras a secundarios y algunas concesiones en la negociación salarial docente.
Las clases comenzarán normalmente en la mayoría de las provincias, con un acuerdo de último momento en Capital y Buenos Aires que sería convalidado por educadores de otros distritos. De todas maneras, que el ministro de Educación macrista haya dicho que en julio el maestro porteño ganará un básico de 2.500 pesos parece un festejo desmedido.
Se puede hablar de una suba salarial, como en su momento del anuncio de que las jubilaciones llegarán a 1.272 pesos, pero de allí a creer que ese ingreso es suficiente media una gran distancia.
Hablando de macristas y educación, nunca más nítido el pensamiento de la derecha que con las opiniones de Pirovano. Twitteó que mejor sería declarar la muerte de la educación pública y con el ahorro pagar la educación privada a todos los alumnos. Lo más grave es que este funcionario no está “pirovano” sino que piensa exactamente eso, como tantos macristas que cerraron el pico.
Se podrían rescatar algunas iniciativas del kirchnerismo como las señales de la presidenta para que la centroizquierda bonaerense expresada por Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella opere en 2011 como colectora. Es un gesto destinado a limitar el campo de operaciones de Daniel Scioli y su mano derecha, Ricardo Casal. Los asesinatos producidos por la Policía Bonaerense reactivaron la propuesta de un Acuerdo de Seguridad Democrática auspiciado por un arco amplio de fuerzas democráticas.
Sin embargo es previsible que el gobernador no preste oídos a esa sugerencia de limitar a los jefes policiales, crear la policía judicial y otras reformas más que necesarias. Para muestra basta un botón: Scioli ratificó su oposición a que se considere a los “escraches” de derechos humanos una forma de protesta legítima.
En ese contexto de la principal provincia, habilitar una colectora “por izquierda” parece una buena medida.
Pero esos gestos tuvieron su contracara cuando se publicó en el Boletín Oficial el decreto presidencial disolviendo la ONCCA (Oficina Nacional de Control del Comercio Agropecuario). Se trata de la dependencia que más odio había concitado de la Mesa de Enlace y los exportadores sojeros, que clamaban por su disolución. Ahora lo han logrado, para beneplácito de Eduardo Buzzi, quien declaró: “hagamos de una buena noticia una buena noticia, creo que esto es parte de la impronta que la gestión de Julián Domínguez le viene poniendo a esta etapa donde por fin hay ministerio de Agricultura”.
La disolución aparece como una concesión exagerada a los sojeros, refractarios a todo control estatal. Ojo, porque todo lo que dijo e hizo Buzzi desde marzo de 2008 a la fecha fue contrario a los intereses nacionales y populares.
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