sábado, 26 de noviembre de 2011

Justicia boliviana condenó y encarceló a ex paramilitar

De: OMAR ZM [mailto:ozam_a@hotmail.com]

MINISTERIO DE JUSTICIA ENVIA A EX PARAMILITAR A LA CARCEL A CUMPLIR CONDENA

Viernes, 23 de Noviembre de 2012 22:35 Unidad de comunicacion

El Ministerio de Justicia a través del Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas (CIEDEF) gano un Amparo Constitucional en contra de Justo Sarmiento Alanes involucrado en el asesinato y posterior desaparición forzada de José Carlos Trujillo Oroza y José Luís Ibsen Peña en 1972 durante la dictadura de Banzer Suárez.

El Amparo Constitucional se origino en función de que el sentenciado Sarmiento Alanes, consiguió por parte de la Sala Penal Primera de la ciudad de Santa Cruz  el beneficio de arresto domiciliario, arguyendo delicado estado de salud, situación que llamó la atención del equipo técnico del CIEDEF, la cual es informada a las autoridades del Ministerio de Justicia para constituirse como parte demandante ante esta irregularidad tomando en cuenta que los delitos de lesa humanidad y genocidio no reciben preferencias y que las condenas deben cumplirse a cabalidad según sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocidas por el Estado Plurinacional de Bolivia.

La audiencia se realizo este 21 de noviembre en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a partir de la hora 16:00 en la Sala Civil Primera contando con la presencia de la defensa de Justo Sarmiento Alanes (no se presento el imputado), los abogados del equipo técnico del CIEDEF; La resolución del amparo constitucional restablece que el condenado cumpla los 20 años de presidio en la Cárcel de Palmasola  por los delitos ya señalados.

De esta forma el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas (CIEDEF), dependiente del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales realiza el seguimiento pormenorizado de los procesos y cumplimiento de condenas de los involucrados de forma directa e indirecta en las desapariciones forzadas de periodos dictatoriales de 1964 a 1982, además de realizar la investigación y recuperación de restos de personas desaparecidas como parte del mandato del nuevo Estado Plurinacional de luchar contra la impunidad.