JUEVES 14 DE FEBRERO DE 2013.
RESUMEN DE MEDIOS - DDHH.
- ESMA III: declaran los imputados por
los “vuelos de la muerte”. Hoy empiezan a ser indagados siete pilotos y
tripulantes. Se los acusa de haber participado de esta metodología de asesinato
y desaparición de personas secuestradas por la dictadura.
- Santa Fe Norte: Se reanuda este jueves el
juicio oral por delitos de lesa humanidad. Es ante el Tribunal Oral Federal de
esa ciudad. Se juzga a Jorge Benítez, Eduardo Luque, Omar Machuca, Rubén
Molina, Arnaldo Neumann, Carlos Nickisch y Danilo Sambuelli, por delitos en
perjuicio de 35 víctimas. Hay alrededor de 70 testigos convocados
- Mar del Plata: El
Tribunal Oral Federal dará a conocer este viernes la sentencia en el juicio
oral por delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad en perjuicio de 69
víctimas. Se investigan hechos ocurridos en los centros clandestinos de
detención que funcionaron en la Base Naval de Mar del Plata, en la Escuela de
Suboficiales de Infantería de Marina y en la sede de Prefectura Naval Argentina
en aquella ciudad.
- Mar del Plata: El
jurado del juicio político que se le sigue al magistrado marplatense Pedro
Cornelio Federico Hooft por supuestos delitos de lesa humanidad en Mar del
Plata quedó conformado por once integrantes. El jurado será presidido por el
ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Juan Carlos Hitters. Este
proceso, iniciado en 2006, ha sido demorado por diversas recusaciones y
excepciones opuestas por el acusado, por lo que las actuaciones llegaron
inclusive a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- Jujuy: El Tribunal Oral Federal
fijó para el 21 de febrero próximo la fecha de inicio de las audiencias de
alegatos en el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en esa
provincia.El debate es encabezado por los jueces René Vicente Casas, Marcelo
Juárez Almaraz y Daniel Morin y son juzgados los ex militares Mariano Rafael
Braga, Antonio Orlando Vargas y José Eduardo Bulgheroni. Están acusados por los
delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y
homicidio en perjuicio de 43 víctimas. En tanto los abogados querellantes
solicitaron que Vargas sea trasladado hasta la sede del Tribunal desde el Penal
de Ezeiza, donde fue llevado por razones de salud.
-Tucumán/ Jefatura II -
Arsenales II: Continúan las audiencias en la Megacausa. La primera
testigo será la Directora del Centro Ulloa de la Secretaría de DDHH de la
Nación, Fabiana Rousseaux. Declarará sobre los efectos psicosociales del
Terrorismo de Estado.
- El Tribunal Oral en
lo Criminal Federal N° 5 de la Capital difundió este miércoles los fundamentos
de la sentencia que, el 21 de diciembre pasado, condenara a la pena de 23 años
de prisión a Héctor Pedro Vergéz en un juicio oral por crímenes de lesa
humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.
-Salta: Entre el 12
y hoy (14 de febrero de 2013) se cumplen 38 años del homicidio del periodista
Héctor Luciano Jaime, cometido a manos de integrantes de las fuerzas de
seguridad de la provincia en 1975. Su caso integra la lista de causas
acumuladas por las que desde mayo del año pasado se está juzgado a 17
represores, entre ellos el ex comisario Joaquín Guil y el militar y ex jefe de
la Policía de Salta, Miguel Gentil, acusados por este hecho. Jaime fue
secuestrado el 12 de febrero de 1975, a la salida del diario El Intransigente,
en el que trabajaba por entonces. Dos días después los restos de su cuerpo
sometido a una explosicón (se cree que mediante la utilización de gelamón)
fueron encontrados el en el paraje El Encón Chico.
- La Rioja: El tribunal oral que
condenó a prisión perpetua a los represores responsables del asesinato de los
sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville en La Rioja durante la
última dictadura cívico-militar, afirmó que hubo "complicidad" de la
Iglesia católica en los crímenes llevados a cabo entre 1976 y 1983.
- Piden que Jorge
Zorreguieta sea citado como testigo en la causa de Campo de Mayo. El abogado
Pablo Llonto solicitó que fuera citado el ex secretario de Agricultura de la
dictadura. Es para que explique supuestas gestiones que habría hecho para
averiguar el paradero de desaparecidos.
- La Fiscalía de la Cámara
Federal de Casación Penal apeló ayer el sobreseimiento del ex presidente
Fernando de la Rúa por los asesinatos de cinco manifestantes y 117 lesionados
que hubo durante la represión policial del último día de su gobierno, el 20 de
diciembre de 2001
- Durante una visita de la
Comisión Provincial por la Memoria al Centro de Recepción de Menores platense,
encontraron a un chico de 17 en una jaula, esposado a la reja. Denunciaron
torturas. El Centro ya había sido motivo de denuncias
- Tucumán: La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le exigió al Estado argentino que
tome medidas urgentes para proteger a la comunidad indígena El Nogalito, en el
departamento Lules. La medida dispuesta por la CIDH responde a una presentación
formulada por la organización Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste
Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales). Andhes acudió al
organismo internacional para dar a conocer la situación que enfrentan las
comunidades indígenas que habitan en Tucumán. En el documento que se remitió a
la CIDH se detallan los continuos desalojos a los que están siendo sometidos
los pueblos originarios en los últimos años.
- Se estrena el documental
“El Arbol de la Muralla”. El ejercicio de la palabra, como forma de memoria y
como acceso a la verdad, tal como lo consagran las tradiciones judías, es la
base de este film en el que Jack Fuchs, que estuvo en el campo de exterminio de
Dachau, entrega sus recuerdos como un legado.
-Uruguay: Sorpresa,
indignación, dolor. Eso generó entre los referentes de las organizaciones
vinculadas a los derechos humanos la noticia de que la Suprema Corte de
Justicia (SCJ) decidió trasladar a la jueza Mariana Mota de la órbita penal a
un juzgado civil. Mota ha tenido una destacada participación en causas contra
militares y civiles responsables de crímenes cometidos en la última dictadura.
- ONU reconoce que
Francia viola los DD.HH. en Malí. La alta comisionada de las Naciones
Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, reconoció que Malí corre
el riesgo de entrar en una espiral de violencia “catastrófica” por las
constantes torturas y violaciones de DD.HH., tras la intervención de fuerzas
francesas en enero pasado en esa nación.
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en la megacausa que investiga los crímenes
cometidos en la escuela de mecánica de la armada
ESMA: declaran los imputados por los vuelos
de la muerte
Hoy empiezan a ser indagados siete pilotos y
tripulantes. Se los acusa de haber participado de esta metodología de asesinato
y desaparición de personas secuestradas por la dictadura.
Por:
Tiempo Argentino
Una de las etapas más esperadas del juicio
por la megacausa de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se reanuda hoy
en Comodoro Py, donde declararán por primera vez los imputados por los llamados
vuelos de la muerte, metodología de asesinato y desaparición de las personas
secuestradas por la represión.
"En el centro clandestino de detención,
tortura y exterminio que funcionó en la ESMA la denominación 'traslado'
implicaba que la persona privada ilegalmente de su libertad era adormecida con
una dosis de pentotal, desnudada, subida a un avión y arrojada viva al río o al
mar", evocaron desde el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en
la sede de la ex ESMA.
El tercer juicio oral y público por los
delitos de lesa humanidad allí perpetrados durante la última dictadura
cívico-militar, retomará hoy su curso con la declaración a indagatoria de cinco
de los siete pilotos y tripulantes acusados de haber participado en los vuelos
de la muerte. El juicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Federal Nº 5
es el primer proceso oral y público en la Argentina sobre esta práctica
sistemática.
Los pilotos Alejandro Domingo D'agostino y
Enrique José De Saint Georges, y los tripulantes Rubén Ricardo Ormello y
Gonzalo Torres de Tolosa, prestarán declaración mañana a partir de las 10 en
Comodoro Py; mientras que el imputado Julio Alberto Poch deberá ampliar su
indagatoria el próximo lunes, y Mario Daniel Arrú lo hará el jueves.
"Los vuelos de la muerte fueron una de
las prácticas más emblemáticas del terrorismo de Estado", consideraron
desde el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en un comunicado sobre la causa
que tiene como imputados a pilotos que habrían comandado los aviones y
tripulantes considerados como "partícipes necesarios" de esta
práctica criminal.
En el juicio por la megacausa que investiga
los hechos ocurridos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada son juzgadas en
total 67 personas, acusadas de haber cometido delitos de lesa humanidad en
perjuicio de 789 víctimas. Y, a partir de marzo, contará con la declaración de
más de 800 testigos, que desfilarán por los tribunales de Comodoro Py.
Entre las víctimas de los vuelos de la muerte
se encuentran integrantes de Madres de Plaza de Mayo, como es el caso de la
miembro fundadora Azucena Villaflor, y también las monjas francesas Léonie
Duquet y Alice Domon, quienes formaban parte del grupo de mujeres que se reunía
en la Iglesia de la Santa Cruz para buscar a sus seres queridos desaparecidos y
cuyos restos lograron ser identificados por el Equipo Argentino de Antropología
Forense.
El proceso es oral y público y se retoma hoy
desde las 10 en los Tribunales de Retiro, en la calle Comodoro Py 2002. Los
interesados en escuchar las audiencias, que se realizan los lunes, miércoles y
jueves, deben ser mayores de 18 años y pueden ingresar sólo con presentar un
documento de identidad.
Asimismo, para quienes no puedan concurrir y
quieran contar con información de las audiencias, el Espacio Memoria y Derechos
Humanos realiza una cobertura de todas las instancias del juicio con crónicas
diarias que pueden consultarse en el sitio de Internet <www.espaciomemoria.ar>. «
Audiencias
Cronograma
A partir de las 10 se inician las
declaraciones en Comodoro Py. Siguen mañana y el lunes.
Lesa humanidad: continúa el juicio oral por
crímenes cometidos en la ESMA
Será este jueves. En la jornada, el Tribunal
Oral Federal N° 5 tiene previsto tomar declaración indagatoria a Alejandro
D'Agostino, Rubén Ormello, Gonzalo Torres de Tolosa y Enrique De Saint Georges,
imputados por los llamados “vuelos de la muerte”
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5
de la Capital (integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y
Leopoldo Bruglia) ranuda este jueves el juicio oral por crímenes de lesa
humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
En la jornada está previsto que el tribunal
indague a los imputados Alejandro Domingo D’Agostino, Rubén Ricardo Ormello,
Gonzalo Torres de Tolosa y Enrique De Saint Georges, acusados por los llamados
“vuelos de la muerte”.
Es en el marco de la megacausa que unifica
los diferentes tramos identificados con los números de causa 1282, 1349, 1415,
1492, 1510, 1545, 1668, 1689 y 1714, en los que se investigan el período del
año 1976 en adelante y la investigación denominada “Vuelos de la muerte”.
En el debate se juzga a 68 acusados con
respecto a 789 hechos acaecidos en ese centro clandestino de detención, para lo
cual han sido convocados alrededor de 900 testigos.
A partir de marzo, comenzarán a dar fe de lo
ocurrido unos 800 testigos
ESMA: Declaran mañana cinco de los siete
miembros de la Armada acusados por "vuelos de la muerte"
El tercer juicio oral por delitos de
lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante
la última dictadura militar, retomará mañana su curso con la declaración a
indagatoria de cinco de los siete pilotos y tripulantes acusados de haber
participado en los denominados "vuelos de la muerte". El juicio que
lleva adelante el Tribunal Oral en lo Federal 5 es el primer proceso oral y
público en Argentina sobre esta práctica sistemática de asesinato en masa.
Mañana está prevista la declaración
indagatoria de cinco de los siete imputados, quienes podrán ampliarla la
próxima semana.
Los pilotos Alejandro Domingo D`agostino,
Enrique José De Saint Georges, y los tripulantes Rubén Ricardo Ormello y
Gonzalo Torres de Tolosa prestarán declaración mañana a partir de las 10 en
Comodoro Py; mientras que el imputado Julio Alberto Poch deberá ampliar su
indagatoria el próximo lunes, y Mario Daniel Arrú deberá hacerlo el jueves.
"Los vuelos de la muerte fueron una de
las prácticas más emblemáticas del Terrorismo de Estado", considera un
comunicado del Espacio Memoria y Derechos Humanos sobre la causa que tiene como
imputados a pilotos que habrían comandado los aviones y tripulantes
considerados "partícipes necesarios" de esta práctica de asesinato en
masa.
En el juicio son juzgadas en total 67
personas por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 789 víctimas, y está
previsto que a partir de marzo depongan más de ochocientos testigos.
Entre las víctimas de los "vuelos de la
muerte" se encuentran la primera líder de las Madres de Plaza de Mayo,
Azucena Villaflor, y las reigiosas francesas Leonie Duquet y Alice Domon,
quienes formaban parte del grupo de mujeres que se reunía en la Iglesia de la
Santa Cruz para organizar la búsqueda de sus seres queridos.
Los restos de las tres fueron identificados
por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
"En el centro clandestino de detención,
tortura y exterminio que funcionó en la ESMA la denominación 'traslado'
implicaba que la persona privada ilegalmente de su libertad era adormecida con
una dosis de pentotal, desnudada, subida a un avión y arrojada viva al río o al
mar", recordaron desde el Espacio que funciona en la sede de la ex ESMA.
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Se reanuda este jueves el juicio oral por
delitos de lesa humanidad en Santa
Fe
Es ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad.
Se juzga a Jorge Benítez, Eduardo Luque, Omar Machuca, Rubén Molina, Arnaldo
Neumann, Carlos Nickisch y Danilo Sambuelli, por delitos en perjuicio de 35
víctimas. Hay alrededor de 70 testigos convocados
El Tribunal Oral Federal de Santa reanudará
este jueves el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en aquella
provincia durante la última dictadura.
En el debate son juzgados Jorge Alberto
Benítez, Eduardo Luque, Omar Machuca, Rubén Molina, Arnaldo Neumann, Carlos
Nickisch y Danilo Alberto Sambuelli, por crímenes en perjuicio de 35 víctimas.
El tribunal, integrado por los jueces María
Ivon Vella, José María Escobar Cello y Otmar Osvaldo Paulucci, prevé escuchar
durante el debate el testimonio de cerca de 70 testigos.
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Se conocerá este viernes la sentencia en el
juicio oral en Mar del Plata por crímenes de lesa
humanidad
El debate es encabezado por el Tribunal Oral
Federal de esa ciudad. El Ministerio Público Fiscal y los querellantes
solicitaron prisión perpetua para siete acusados. Se investigan crímenes
cometidos a 69 víctimas en tres centros de detención
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata
dará a conocer este viernes la sentencia en el juicio oral por delitos de lesa
humanidad cometidos en aquella ciudad en perjuicio de 69 víctimas.
En el debate son juzgados Alfredo Manuel
Arrillaga, Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Roberto Pertusio, Rafael
Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani, Mario José Osvaldo Forbice, Justo Alberto
Ignacio Ortiz, Juan Eduardo Mosqueda, Ariel Macedonio Silva, Julio Cesar
Falcke, Ángel Narciso Racedo y Juan Carlos Guyot.
En esta causa, además, estaba involucrado
Aldo Carlos Máspero, quien fue apartado por cuestiones de salud. Mientras que
durante la instrucción de la misma fallecieron los imputados Juan Carlos
Malugani y Pedro Barda.
Se investigan hechos ocurridos en los centros
clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval de Mar del Plata, en
la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la sede de Prefectura
Naval Argentina en aquella ciudad.
Las penas solicitadas
Los representantes del Ministerio Público
Fiscal, la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la
Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH) solicitaron la pena de prisión perpetua para Arrillaga,
Lombardo, Marino, Pertusio, Guiñazú, Lodigiani y Forbice.
Las mismas partes, en sus respectivos
alegatos, requirieron que se les imponga la pena de 25 años de prisión a Ortiz,
Mosqueda, Silva, Falcke y Racedo.
En tanto que los acusadores difirieron en la
solicitud de pena realizada para Guyot. La fiscalía y el organismo provincial
de derechos humanos solicitaron que se le aplique la pena de 4 años de prisión,
mientras que la dependencia nacional requirió que le apliquen 15 años y la APDH
pidió 6 años para este acusado.
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Las recusaciones y excepciones venían
demorando este momento desde 2006
Mar del Plata: Quedó constituido un nuevo
"jury" de 11 miembros para el escurridizo juez Hooft
El jurado del juicio político que se
le sigue al magistrado marplatense Pedro Cornelio Federico Hooft por supuestos
delitos de lesa humanidad en Mar del Plata quedó conformado por once
integrantes, informaron hoy fuentes judiciales. El jurado será presidido por el
ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Juan Carlos Hitters, y
estará compuesto por los abogados conjueces José Luis Núñez, Eduardo Gustavo
Adolfo López Wesselhoefft, Héctor Ricardo Martín, José Miguel Nemiña y Atilio
Ricardo Rosello. También integrarán el jurado los legisladores Abel Eduardo
Buil, Guido Martín Lorenzino Matta, Lucía Portos, Raúl Joaquín Pérez y Fernanda
Carolina Antonijevic. Este proceso, iniciado en 2006, ha sido demorado por
diversas recusaciones y excepciones opuestas por el acusado, por lo que las
actuaciones llegaron inclusive a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Inclusive, tanto el actual presidente del
jurado como el resto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia fueron
varias veces recusados por el magistrado marplatense -actualmente en
funciones-, incidentes que luego de un largo trámite han quedado desestimados.
Fuentes judiciales señalaron que
"próximamente" el jurado deberá resolver si corresponde la suspensión
del juez, y tendrá que indicar la fecha en la que se llevará a cabo el debate
oral.
Hitters, titular de este jury, es miembro de
la Corte provincial desde hace 17 años, de la cual fue presidente en dos
oportunidades, es profesor universitario y autor de varios libros de derecho.
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Fijan fecha de inicio de alegatos en juicio
por delitos de lesa humanidad en Jujuy
Arrancarán el 21 de febrero próximo, ante el
Tribunal Oral Federal de esa ciudad. Son tres los imputados, por violación de
domicilio, privación ilegítima de la libertad y tormentos, en perjuicio de 43
víctimas
El Tribunal Oral Federal de Jujuy fijó para
el 21 de febrero próximo la fecha de inicio de las audiencias de alegatos en el
juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en aquella provincia
durante el último gobierno militar.
El debate es encabezado por los jueces René
Vicente Casas, Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morin y son juzgados los ex
militares Mariano Rafael Braga, Antonio Orlando Vargas y José Eduardo
Bulgheroni.
Están acusados por los delitos de violación
de domicilio, privación ilegítima de la libertad y homicidio en perjuicio de 43
víctimas.
Será cuando comience la etapa de alegatos
Jujuy: Piden que el acusado Antonio Orlando
Vargas comparezca en persona, el día 21
Jujuy.- Los abogados querellantes en el primer
juicio de lesa humanidad que se les sigue en Jujuy a tres militares represores
durante la dictadura cívico militar, pidieron hoy al Tribunal Oral Federal que
uno de ellos, detenido en la Unidad Penal de Ezeiza, esté presente el 21 de
febrero, cuando se inicien los alegatos. Se trata de Antonio Orlando Vargas,
quien se desempeñó como interventor en el Servicio Penitenciario de Jujuy,
presente solo en la primera audiencia del juicio -realizada el 12 de julio del
año pasado- y posteriormente trasladado a la unidad de Ezeiza por razones de
salud. Vargas declaró por teleconferencia y luego siguió por ese medio la etapa
probatoria, que finalizó el viernes pasado. La presentación la hizo el abogado
querellante de la Secretaría de los Derechos Humanos de la Nación, Juan Manuel
Sivila, quien fue recibido por el juez René Vicente Casas, integrante del TOF.
Participan también como letrados querellantes
en las cinco causas unificadas que tiene el juicio Paula Alvarez Carreras,
María José Castillo y Ariel Ruarte. Integrantes de Madres y Familiares de
Detenidos Desaparecidos, Agrupación de Ex presos políticos e HIJOS acompañaron
la presentación del pedido, al igual que el fiscal Francisco Snopek.
El Juez Daniel Morín, integrante del TOF, es
presidente del trámite en las dos causas en las que está imputado Vargas por
privación ilegítima de la libertad calificada. Se trata de las causas Luis
Aredez y otros y la del ex dirigente minero de El Aguilar, Avelino Bazán y
otros 27 trabajadores.
La causa Aredez se relaciona con la Noche del
Apagón en Libertador, Calilegua y El Talar, cuando fuerzas conjuntas de
Ejército, policías y Gendarmería detuvieron a más de 400 personas, y una
treintena de ellas están desaparecidas. En esta última causa están procesado el
dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier y el ex administrador general
del establecimiento, Alberto Lemos. Los otros imputados son Mariano Braga y
José Bulgheroni, ambos oficiales de Inteligencia del Área 323, que tenía como
jefe al coronel Néstor Bulacios.
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Megacausa Jefatura II - Arsenales II
Especialista brindará testimonio sobre
efectos psicosociales durante la dictadura
Continúan las audiencias en la Megacausa
Jefatura II – Arsenales II. La primera testigo será la Directora del Centro
Ulloa de la Secretaría de DDHH de la Nación, Fabiana Rousseaux. Declarará sobre
los efectos psicosociales del Terrorismo de Estado.
Continúan las audiencias de la Megacausa
Jefatura II – Arsenales II. El primer testimonio lo brindará Fabiana Rousseaux,
Directora del Centro Ulloa de la Secretaría de DDHH de la Nación.
“Rousseaux declarará acerca de los efectos
psicosociales del Terrorismo de Estado y específicamente de la práctica de la
desaparición forzada de personas. Para quienes no conozcan a Fabiana Rousseaux
es una eminencia en el tema, una profesional prestigiosa y brillante”, indicó
la abogada querellante Julia Vitar.
También declararan Lucia Campos, Lili Gómez
de Campos y Oscar Z. Campos. “Son hijos, esposa y hermano respectivamente de
Enrique Aurelio Campos, conocido como ‘Negro Manuel’ militante peronista y
montonero secuestrado en julio de 1977 en el departamento de Cruz Alta. Fue
visto por Juan Martín secuestrado en Jefatura de Policía, donde llegó herido de
bala”, comentó la letrada.
En este sentido mencionó que Campos “fue
intendente de la localidad de Aguaray en Salta, durante el Gobierno de Ragone,
de donde tuvo que irse por ser un perseguido político, como otros militantes
populares de esa provincia”.
Vitar, además pidió que “la mayor cantidad de
personas puedan acompañarnos esta semana en las audiencias, ha sido un comienzo
duro por el peso y el valor de los testimonios, y necesitamos la presencia de
la mayor cantidad de compañeros y compañeras que se sientan comprometidos con
la Memoria, la Verdad y la Justicia”.
Finalmente expresó que “para las madres,
padres, hermanas/os, esposas/os, hijas/os y sobrevivientes que declaran, no hay
nada más reconfortante que sentir el aplauso y el calor de un público que los
acompaña y reivindica su lucha y su compromiso después de tantos años”.
A partir de las 9:00 son las audiencias
orales y públicas en Crisóstomo Alvarez y Chacabuco, cualquiera puede ingresar
con su DNI siendo mayor de 18 años.
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Difundieron fallo que condenó a Héctor Vergéz
por crímenes de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército
Se trata de los fundamentos de la sentencia
dictada el 21 de diciembre pasado, por el Tribunal Oral Federal N° 5 de la
Capital. Vergez fue condenado a 23 años de prisión. Había sido imputado por
secuestros y tormentos, en perjuicio de cuatro víctimas
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5
de la Capital difundió este miércoles los fundamentos de la sentencia que, el
21 de diciembre pasado, condenara a la pena de 23 años de prisión a Héctor
Pedro Vergéz en un juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en
jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.
El tribunal -integrado por los jueces Ángel
Gabriel Nardiello, José Martínez Sobrino y Néstor Guillermo Costabel- impuso
esa condena al imputado al hallarlo responsable de los delitos de privación
ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados,
cometidos en 1977, en perjuicio de cuatro víctimas.
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Luciano Jaime, un crimen que todavía espera
justicia
Por Elena Corvalan
Entre el 12 y hoy (14 de febrero de
2013) se cumplen 38 años del homicidio del periodista Héctor Luciano Jaime,
cometido a manos de integrantes de las fuerzas de seguridad de la provincia en
1975. Su caso integra la lista de causas acumuladas por las que desde mayo del
año pasado se está juzgado a 17 represores, entre ellos el ex comisario Joaquín
Guil y el militar y ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil, acusados por
este hecho. Jaime fue secuestrado el 12 de febrero de 1975, a la salida del
diario El Intransigente, en el que trabajaba por entonces. Dos días después los
restos de su cuerpo sometido a una explosicón (se cree que mediante la
utilización de gelamón) fueron encontrados el en el paraje El Encón Chico, a
pocos kilómetros de esta ciudad. A pesar de los años transcurridos, el crimen
aún sigue impune. En el proceso oral que se lleva a cabo ante el Tribunal Oral
en lo Federal Criminal de Salta se han conocido datos que dejan en claro que
del secuestro y homicidio participaron otros autores materiales, y
encubridores, la mayoría de ellos integrantes de la Policía de Salta. Uno de
los más complicados, sobre el que ya pesa un pedido de investigación es el
comisario retirado Roberto Arredes, también involucrado en otros crímenes de
lesa humanidad. No se han dilucidado responsabilidades hacia arriba en la
cadena de mando. Durante la investigación en primera instancia la Justicia
Federal llegó a la conclusión de que el asesinato de Jaime estuvo enmarcado en
el plan sistemático de eliminación perpetrado en el país desde los comienzos de
la década del 70, que en Salta recrudeció tras la intervención al gobierno de
Miguel Ragone, en noviembre de 1974, y que alcanzó su apogeo tras el golpe de Estado
del 24 de marzo de 1976. Los testimonios dan cuenta de que en el ejercicio de
su trabajo, Jaime terminó enfrentado a la cúpula policial que encabezaban
Gentil y Guil. Aún antes del inicio del debate oral y público, la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta recomendó que se profundice la investigación
para determinar si también deben ser imputados los comisarios Víctor Hugo
Almirón y Arredes. En el juicio ha quedado bastante claro que el asesinato de
Jaime estuvo motivado en la cobertura que realizó del homicidio del militante
justicialista Eduardo Fronda, cometido el 8 de enero de 1975. El cuerpo de
Fronda fue encontrado en Campo Belgrano, camino a Lesser, cerca de la ciudad de
salta. Como periodista de la sección Policiales en el diario El Intransigente,
Jaime vio el cuerpo de Fronda: la edición del 9 de enero del diario lo muestra
señalando con un dedo el torturado cadáver de Fronda. Periodista y víctima se
conocían desde antes. También Jaime tenía militancia en la JP, y apoyaba al
gobernador Ragone, igual que Fronda. En la edición del 9 de enero de 1975 Jaime
describió el crimen de Fronda: contó de las huellas de la tortura que tenía el
cuerpo, de las vendas en los ojos, la boca amordazada y las marcas de las
muñecas. Luego difundió datos de una autopsia que daba cuenta de que Fronda
había sufrido torturas. Además, aunque no lo publicó, Jaime informó a la
familia de Fronda que lo había visto en la Central de Policía el 7 de enero. En
octubre del año pasado, por primera vez desde que fuera asesinado, su esposa,
Irma Rosa Chica, se atrevió a dar testimonio ante los jueces: lo hizo para
acusar a los ex jefes policiales Guil, Arredes, Enrique Trovatto y Abel Vicente
Murúa (estos dos últimos, fallecidos) de ser algunos de los autores del
homicidio de su marido.
“La Policía me lo ha matado. En ese
entonces estaba un grupo, yo me acuerdo de 4 nombres pero era un grupo, que era
una mafia que estaba metida en la Central (de Policía). Había sucuchos así, ahí
picaneaban, torturaban a la gente”, aseguró Chica.
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El fallo sobre el crimen de sacerdotes
riojanos
"Hubo complicidad de la Iglesia"
El tribunal oral que condenó a prisión
perpetua a los represores responsables del asesinato de los sacerdotes Carlos
de Dios Murias y Gabriel Longueville en La Rioja durante la última dictadura
cívico-militar, afirmó que hubo "complicidad" de la Iglesia católica
en los crímenes llevados a cabo entre 1976 y 1983.
Por:
Tiempo Argentino
En un hecho histórico, los magistrados que
juzgaron al ex jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, al
vicecomodoro Luis Fernando Estrella y al ex comisario riojano Domingo Benito
Vera, señalaron en los fundamentos de la sentencia no sólo la
"indiferencia" sino también la connivencia de la jerarquía
eclesiástica con el aparato represivo estatal.
El 18 de julio de 1976 un grupo de hombres
que se presentó con credenciales de la Policía Federal se llevó a De Dios
Murias y al francés Longueville de la casa parroquial de la Iglesia El Salvador
bajo la excusa de pedirles declaraciones para la liberación de unos presos. Dos
días después, sus cuerpos aparecieron con los ojos vendados y marcas de tortura
cerca de las vías del tren. Los jueces advirtieron que aún hoy
"persiste" una "actitud reticente de autoridades eclesiales e
incluso miembros del clero al esclarecimiento de los crímenes que ahora
juzgamos", y advirtieron: "No se trató aquí de hechos aislados y
fuera de contexto. Por el contrario, claramente, el asesinato de Murias y
Longueville debe interpretarse y comprenderse en el contexto de un plan
sistemático de eliminación de opositores políticos (...) Murias y Longueville
formaban parte de un grupo de la Iglesia considerado 'enemigo' y 'blanco'",
expresa la sentencia.
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PIDEN QUE JORGE ZORREGUIETA SEA CITADO COMO
TESTIGO EN LA CAUSA DE CAMPO DE MAYO
Cita para el papá de Máxima
El abogado Pablo Llonto solicitó que fuera
citado el ex secretario de Agricultura de la dictadura Jorge Zorreguieta. Es
para que explique supuestas gestiones que habría hecho para averiguar el
paradero de desaparecidos.
Por Adriana Meyer
No asistirá a la ceremonia real en Holanda,
como tampoco estuvo presente en la boda de su hija, la futura reina de ese
país. Sin embargo, es probable que el ex secretario de Agricultura de la
dictadura Jorge Zorreguieta se vea obligado a presentarse como testigo si la
Justicia decide citarlo en la causa por los crímenes cometidos en Campo de
Mayo. Los querellantes solicitaron al Juzgado Federal 2 de San Martín que lo
convoque para que explique las gestiones que habría realizado para la
liberación de un secuestrado en ese campo de exterminio, en el marco de un
expediente en el que están siendo buscados y convocados nuevos sobrevivientes y
ex conscriptos que ya están prestando testimonio. El objetivo es dar con nuevas
víctimas y profundizar la investigación de esta megacausa. El pedido fue
realizado por el abogado Pablo Llonto, en nombre de los querellantes nucleados
en la Comisión Campo de Mayo, y la jueza Alicia Vence se expediría al respecto
en los próximos días.
La comisión viene haciendo un relevamiento
para dar con posibles sobrevivientes, de los pocos que hubo en ese circuito de
centros clandestinos. Ellos podrían dar su testimonio por primera vez, como
sucedió el año pasado con el ex juez Hernán Bernasconi, cuyo relato está
permitiendo la identificación de nuevas víctimas, según explicó Llonto a
Página/12. Lo mismo estaría sucediendo a partir de los datos aportados en
declaración testimonial por algunos de los centenares de soldados que hicieron
su conscripción durante los años de la dictadura en el Batallón 601 de Aviación
Militar del Ejército, en Campo de Mayo.
Esa investigación de la comisión incluye el
análisis de artículos periodísticos y, en tal sentido, a partir del anuncio de
que la reina Beatriz de Holanda abdicó al trono en favor de su hijo, el marido
de Máxima Zorreguieta, algunos medios reflotaron distintas investigaciones
sobre el padre de la futura monarca, ex miembro del equipo económico de José
Alfredo Martínez de Hoz en el sector de Agricultura. El pedido de citación a
Zorreguieta fue avalado por un reportaje publicado por Página/12 hace poco más
de diez años al periodista Jan Thielen, el único que logró entrevistar al padre
de la princesa Máxima. “Mintió al decir que no sabía nada”, fue su título, y
allí relató que “sabía dónde encontrar a los desaparecidos”. Además de adjuntar
una copia de la nota en la solicitud que presentó en el juzgado, Llonto precisó
que ante Thielen Zorreguieta admitió que había hecho gestiones para lograr la
“liberación” de un funcionario de la Bolsa de Cereales, de apellido Domínguez,
que había estado secuestrado en Campo de Mayo. En el mismo artículo consta otra
gestión personal para liberar a otra secuestrada en ese centro clandestino, “la
prima del banquero Julio Werthein”. De esa tarea se habría ocupado Mario
Cadenas Madariaga, jefe de Zorreguieta, junto con el condenado genocida
Santiago Omar Riveros.
“Todos estos elementos son de enorme
importancia en la búsqueda de testigos que han estado secuestrados en Campo de
Mayo, que han sido víctimas de delitos de lesa humanidad, pero que además
pueden aportar importantes datos para la investigación de la causa, tales como
nombres de otros desaparecidos, víctimas, represores, entre otros elementos”,
precisó Llonto en su escrito.
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Apelación del fiscal
La Fiscalía de la Cámara Federal de Casación
Penal apeló ayer el sobreseimiento del ex presidente Fernando de la Rúa por los
asesinatos de cinco manifestantes y 117 lesionados que hubo durante la
represión policial del último día de su gobierno, el 20 de diciembre de 2001.
El fiscal ante el máximo tribunal penal del país, Ricardo Wechsler, consideró
que el fallo del 27 de diciembre pasado dictado por los camaristas Raúl
Madueño, Luis Cabral y Eduardo Riggi, que sobreseyó al ex mandatario, incurrió
en “inobservancia de los deberes a su cargo”, ya que De la Rúa, según el
fiscal, habría perpetrado el delito de “comisión por omisión”. Si se hace lugar
al recurso extraordinario, el caso llegaría a la Corte Suprema.
Apelan el sobreseimiento a De la Rúa
El fiscal de la Cámara Federal de Casación
Penal, Ricardo Wechsler, presentó ayer un recurso extraordinario contra el
sobreseimiento del ex presidente Fernando de la Rúa, por el asesinato de cinco
manifestantes y las lesiones causadas a 117 manifestantes durante la represión
policial de los días 19 y 20 de diciembre de 2001. El fiscal consideró que el
ex presidente incurrió en "inobservancia de los deberes de su cargo".
El fallo que exculpaba a De la Rúa, firmado el 27 de diciembre por los
camaristas Raúl Madueño, Luis Cabral y Eduardo Riggi, consideró que el ex
mandatario no debía ser juzgado porque "desconocía los supuestos excesos
de sus inferiores"
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EN UN INSTITUTO PLATENSE ESPOSABAN A LA REJA
A UN CHICO PARA EVITAR QUE SE SUICIDARA
Los Tribilines públicos de la provincia
Durante una visita de la Comisión Provincial
por la Memoria al Centro de Recepción de Menores platense, encontraron a un
chico de 17 en una jaula, esposado a la reja. Denunciaron torturas. El Centro
ya había sido motivo de denuncias.
Por Horacio Cecchi
El Comité Contra la Tortura de la Comisión
Provincial por la Memoria denunció las gravísimas torturas sufridas por un
adolescente de 17 años, alojado en el Centro de Recepción de La Plata, aislado,
golpeado en condiciones inhumanas y esposado a una reja. No está claro si para
su suerte, estaba en una jaula de la enfermería, de dos por uno y medio. El
chico pedía ser trasladado a Bahía Blanca, de donde lo habían sacado, pero como
no le respondían intentó suicidarse. Lo encontraron en medio del tratamiento
antisuicidio. El CCT presentó la denuncia como hábeas corpus ante el juez
Fabián Cacivio, quien ordenó el inmediato traslado del chico a otra institución.
Ayer, el pibe ya estaba mejor, en el instituto Nuevo Dique, localidad de
Abasto, un par de metros más cerca de Bahía Blanca y al menos sin la terapia de
la reja.
“Confiarle una criatura y que reciba
semejante maltrato y violencia es una cosa absolutamente repudiable,
incomprensible”, lamentó Scioli y pidió que la Justicia castigara a los
responsables con “las mayores sanciones a través de la ley”. Scioli no se
refería al chico torturado en el instituto de La Plata, sino a los chiquitos
del jardín Tribilín de San Isidro. Lo dijo el 5 de febrero, un día antes de la
visita de los integrantes del equipo del Comité Contra la Tortura al Centro de
Recepción platense, una especie de Tribilín público para adolescentes.
Cuando el equipo del Comité Contra la Tortura
llegó al Centro de Recepción, en las calles 63, entre 2 y 3, comenzó a intuir
que alguna sorpresa había provocado su presencia: demoraron más de media hora
en abrirles la puerta. En la enfermería detectaron a un chico literalmente
enjaulado. Tenía su brazo izquierdo sujeto a la parte baja de la reja (ver
foto), en una jaula (ni siquiera era celda porque apenas entraba el colchón)
que, además, estaba cerrada con candado.
Cuando el CCT preguntó a los “maestros” (así
se llama internamente a los celadores, de dudosa docencia) la respuesta
humanitaria fue que “el joven se autoagredía e intentaba suicidarse”. Tal como
señala el informe de la CCT, la terapia se completaba con “un colchón sobre el
suelo, sin su relleno y un recipiente con su orina.” El lugar no tenía baño.
Cuando lo revisaron los médicos del equipo detectaron cicatrices en las cejas,
un premolar que le habían volado en la comisaría (habrá que recordar los
patrulleros blancos que Casal instaló a principios de septiembre de 2010,
especializados en infancia), dolores en las costillas y en la cabeza por golpes
recibidos durante su alojamiento, y cicatrices en el tórax, en las muñecas (por
las esposas) y en los brazos. De éstas sólo reconoció las últimas como
“autoagresiones”.
Los visitantes entrevistaron al chico en
privado y sin esposas.
–¿Qué pasó? –le preguntaron.
–Lo único que quería –les respondió– era que
me trasladen al Instituto Vergara (Bahía Blanca)– de donde lo habían llevado a
La Plata por motivos desconocidos.
Cuando le preguntaron por qué estaba en esa
jaula, esposado, dijo que suponía que había sido porque había intentado
ahorcarse en dos oportunidades y se había realizado cortes en uno de sus brazos
(muñeca del brazo izquierdo, en la cual tenía la marca del corte). “¿Por qué
esos intentos?”, “porque no me daban ninguna respuesta”. El CCT comprobó además
que el 28 de enero había sido “brutalmente golpeado por seis asistentes de
minoridad. Luego de un intento de suicidio el 1º de febrero, fue nuevamente
golpeado esta vez por cinco asistentes, uno de los cuales le decía ‘guacho, por
tu culpa voy a perder el trabajo y después ¿quién les da de comer a mis
hijos?’”.
La visita del CCT interrumpió el tratamiento
y la preocupación asistencial de los maestros. El informe psicológico del CCT
señala que “(...) las autoagresiones e impulsos autolíticos son atribuibles
total y directamente reactivos a la violencia institucional proferida, la que
no presta resquicio alguno para manifestaciones defensivas de índole simbólica
e impulsan inexorablemente al paso al acto de la violencia. Esta, por la
desproporción de fuerza, no encuentra otra vía de expresión que sobre el propio
sujeto-víctima.”
La presentación ante el juez Cacivio derivó
en la orden de traslado inmediato a otro centro, Nuevo Dique, un poco más
abierto y al sur de La Plata, es decir, un par de kilómetros más cerca de Bahía
Blanca. No se podrá argumentar que en Bahía Blanca no hay cupo, porque donde
estaba, tampoco (ver aparte).
Cuando el CCT recorrió los pabellones, sus
integrantes comprobaron en los diferentes módulos que los adolescentes se
encontraban en los patios, fuera de las celdas. Les comentaron que los habían
sacado “hace como dos horas”, horario coincidente con su llegada. El informe
describe que las celdas de los diferentes módulos están en muy malas
condiciones y apenas tienen lugar. Hay escasa o nula custodia de los celadores,
y en algunos sectores ni siquiera tienen luz artificial. Además de la sorpresa
del chico esposado a la reja detectaron que entre los detenidos hay un chico de
15, para la Justicia inimputable, uno de aquellos casos que la mitología hace
entrar por una puerta y salir por la otra, y la realidad los enjaula.
Hasta ayer, Scioli no había reclamado “las
mayores sanciones a los responsables”, sus subordinados.
horaciolqt@yahoo.com.ar
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Exigen al Estado que proteja a la comunidad
indígena El Nogalito
Un informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos repudia los desalojos en contra de esta comunidad, que habita
en Lules
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) le exigió al Estado argentino que tome medidas urgentes para
proteger a la comunidad indígena El Nogalito, en el departamento Lules.
La medida dispuesta por la CIDH responde a
una presentación formulada por la organización Andhes (Abogados y Abogadas del
Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales).
Andhes acudió al organismo internacional para
dar a conocer la situación que enfrentan las comunidades indígenas que habitan
en Tucumán. En el documento que se remitió a la CIDH se detallan los continuos
desalojos a los que están siendo sometidos los pueblos originarios en los
últimos años.
"Está en vigencia una ley de orden
público que prohibe estos desalojos. Además, las comunidades y sus referentes
son víctimas de permanentes amenazas y hostigamientos. Esto es una evidencia de
que el Estado no llevó adelante las acciones necesarias para evitar estos actos
de violencia", remarca el documento.
"Por lo contrario, las acciones en
perjuicio de esta comunidad contaron con el aval directo de un amplio sector
del Poder Judicial y las policías locales. Sumado a la indiferencia de los
poderes ejecutivos locales y federales", continúa el informe.
Los derechos de propiedad de las comunidades
indígenas del país sobre sus territorios comunitarios ancestrales no provienen,
en general, del otorgamiento estatal de un título de propiedad; sino del
reconocimiento Constitucional de su preexistencia al Estado Nacional. Por esto,
el Estado argentino deberá cumplir con la medida cautelar interpuesta por la
CIDH que busca garantizar el bienestar de este pueblo.
La comunidad de El Nogalito está instalada en
Lules, en una localidad aledaña a la ruta 341
DESDE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS
Solicitan medidas de protección para la
comunidad de El Nogalito
Es en repuesta a medidas cautelares
presentadas por ANDHES ante el organismo internacional. Promueven el diálogo
entre la comunidad indígena, la Nación y la Provincia de Tucumán.
14/02/2013 00:16 AM | En respuesta a las
distintas medidas cautelares interpuestas por ANDHES (Abogados y Abogadas del
Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) con el fin de
garantizar la seguridad y la integridad de la vida y los bienes de los
integrantes de las comunidades indígenas que habitan en suelo tucumano, ante la
falta de respuestas por parte del Gobierno provincial, y dadas a conocer ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta tomó cartas en el
asunto y recomendó a los Estados, tanto nacional como provincial, tomen las
medidas correspondientes en los casos de gravedad a fin de prevenir “daños
irreparables a las personas, grupos o comunidades”.
La CIDH consideró que “en vista a los
antecedentes corresponde otorgar medidas cautelares a favor de la Comunidad El
Nogalito (Pueblo Lule) de la Provincia de Tucumán, y por ello solicitó al
Estado Argentino la adopción de medidas urgentes a fin de garantizar la vida y
la integridad de los integrantes de esta Comunidad”.
Esta decisión de la CIDH abre una nueva
instancia de diálogo entre los indígenas, el Estado federal, y la provincia de
Tucumán para encontrar una solución de fondo al conflicto. Todas las medidas
que se adopten deberán ser acordadas con los miembros de la comunidad y sus
representantes.
"Para avanzar en las solicitud de la
CIDH, es fundamental tener en claro que el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos ha adoptado una concepción amplia del derecho a la vida", señaló
Josefina Doz Costa, Directora Ejecutiva de ANDHES.
La Argentina ha avanzado, con normativa
tendiente a la delimitación y demarcación de los territorios comunitarios
indígenas. "Mientras el avance de estas tareas de demarcación ha tenido un
desarrollo irregular a lo largo y a lo ancho del país, en Tucumán este trabajo
ha tenido un avance significativo, por lo cual la solución de fondo, la
titularización comunitaria del territorio relevado, está al alcance de la mano
del Estado" finalizó Doz Costa
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EL ARBOL DE LA MURALLA Y LOS RECUERDOS DE UN
SOBREVIVIENTE
Escuchar para ser testigos
El ejercicio de la palabra, como forma de
memoria y como acceso a la verdad, tal como lo consagran las tradiciones
judías, es la base de este film en el que Jack Fuchs, que estuvo en el campo de
exterminio de Dachau, entrega sus recuerdos como un legado.
Por Horacio Bernades
“Primero vino la palabra”, es lo primero que
dice Jack Fuchs a cámara, citando a la Biblia, aunque más tarde no tendrá
ningún empacho en aclarar que jamás creyó en Dios. “En el caso de la Shoá,
primero fue el hecho. Por eso, después de la guerra nosotros no podíamos hablar
de la Shoáh, porque no sabíamos qué nombre darle.” En verdad, y tal como él
mismo reconoce, le llevó bastante más que “después de la guerra” a Jack Fuchs
hablar de su condición de sobreviviente de los campos de exterminio nazis. Le
llevó cuarenta años. Después de eso no dejó de hacerlo, como testimonian no
sólo sus contratapas en Página/12, sino sus libros Tiempo de recordar (2006) y
Dilemas de la memoria (2006). El ejercicio de la palabra, como forma de memoria
y como acceso a la verdad, tal como lo consagran las más ancestrales
tradiciones judías. Basado en parte en el libro de conversaciones homónimo,
entre Fuchs y la psicoanalista Eva Puente, El árbol de la muralla no podía ser
sino un film hablado.
Pero se trata de un film hablado por alguien
que no es, por suerte, una reproductora de casetes, sino una persona. El brillo
pícaro en los ojos, el sentido del humor (“no es la primera que estoy en
Auschwitz, es la segunda”, dice en su regreso al campo de exterminio, “la
diferencia es que la vez anterior no tuve que pagar para entrar”), la calidez
(“¿quieren tomar algo, un tecito?”, les pregunta a los miembros del equipo de
filmación), algo de idische tatele incluso (“¿seguro que no quieren comer nada?”).
Un film hablado por alguien a quien, con cuarenta años de residencia en la
Argentina, el castellano todavía le cuesta. Con un acento y una gramática que
parecen como si hubiera llegado ayer, o anteayer, a Fuchs cada tanto se le
olvida alguna palabra y tiene que decirla en polaco. O prefiere, en una ocasión
formal –como cuando lo nombran Personalidad Destacada en Derechos Humanos– que
sea otro quien lea su texto. Otra, más precisamente, su nieta Florencia, que le
hace a veces de lazarilla idiomática, otras de entrevistadora informal.
“Se me mezclan todos los idiomas”, dice
Fuchs, durante una visita a Polonia. Se entiende: al polaco y el yiddish de
cuna, este nativo de Lodz le sumó el inglés (terminada la guerra emigró a
Estados Unidos, y allí permaneció casi veinte años) y el castellano, desde que
llegó a Buenos Aires, en 1963. Se entiende que los idiomas se le mezclen en ese
momento y no en otro: está de regreso en su ciudad, allí donde alguna vez
estuvo el gueto. Pero a este sobreviviente sonriente no lo van a correr con
aquello de que la infancia es la patria del hombre. “No tengo ningún
sentimiento, porque nada de lo que veo se parece a mi pasado”, frena a alguien
que parece estar pidiéndole lágrimas. “Me gusta hablar con vos, porque como
hija de sobreviviente, yo tengo un poco la idea de que en el principio fue la
Shoá, como si antes de eso no hubiera habido nada”, le dice su amiga Diana Wang
(otra de sus amigas es Elsa Oesterheld). “Pura tragedia, muerte, exterminio.
Pero vos me traés una imagen viva, pujante, vibrante, de cómo era la vida en
Polonia.”
Fuchs es lo suficientemente generoso como
para no querer ser propietario exclusivo de la verdad (en lugar de afirmar,
suele pensar en voz alta) ni de la tragedia. “Asociar el nazismo exclusivamente
con la destrucción de los judíos es cometer dramáticas omisiones, que nos
perjudican a todos”, recuerda en un texto. “Entre las víctimas del nazismo
estuvieron los opositores políticos, las personas con discapacidad, los
testigos de Jehová, los homosexuales, los ciudadanos polacos, los gitanos...”
Tan generoso, que reconoce que se sigue “autocensurando”, filtrando los
recuerdos (estuvo en Dachau, perdió al resto de la familia en Auschwitz), para
que al interlocutor el relato no se le vuelva intolerable. No se esperen de El
árbol de la muralla cadáveres apilados, hombres-esqueleto, kapos sádicos,
ejecuciones sumarias. Basta con una sola afirmación, más poderosa que mil
descripciones: “Si la guerra duraba dos días más, yo no sobrevivía”.
Fuchs sobrevivió, ya cumplió 88, no ignora
que la naturaleza humana no se parece a las películas de Disney (“Por algo el
primer mandamiento dice ‘No matarás’, ¿no? Quiere decir que la gente se mata”),
no olvida nada y, sin embargo, sonríe. “Mataron a millones, pero no nos pudieron
deshumanizar”, dice. “Mi abuelo me decía que el que escucha se convierte en
testigo”, le recuerda a la nieta. Como quien entrega un legado, de modo muy
alusivo y sin hacer sentir el peso del legado. El espectador escucha, y se
convierte en testigo.
7-EL ARBOL DE LA MURALLA
Argentina, 2012.
Dirección, guión y fotografía: Tomás Lipgot.
Montaje: Leandro Tolchinsky.
Investigación: Eva Puente.
Animación: Pablo Calculli.
Se exhibe en los cines Gaumont y Artecinema,
y a partir del 28 de febrero en el Ctro. Cult. Gral. San Martín.
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Apartada
Sin explicaciones, la Suprema Corte trasladó
a un juzgado civil a la jueza Mariana Mota, de relevante actuación en casos de
terrorismo de Estado.
Sorpresa, indignación, dolor. Eso generó
entre los referentes de las organizaciones vinculadas a los derechos humanos la
noticia de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió trasladar a la jueza
Mariana Mota de la órbita penal a un juzgado civil. Mota ha tenido una
destacada participación en causas contra militares y civiles responsables de
crímenes cometidos en la última dictadura.
Recordemos algunas: el procesamiento con
prisión de Juan María Bordaberry y de su canciller Juan Carlos Blanco, la causa
del asesinato de Ubagésner Chávez Sosa, el caso de Rodolfo Perrini contra el
general Pedro Barneix, las declaraciones de José Nino Gavazzo en su último
libro y el alegato contra el pedido de prescripción de la defensa de Jorge
Pajarito Silveira. Más recientemente, se enfrentó con el ministro de Defensa,
Eleuterio Fernández Huidobro, cuando éste le impidió concretar una inspección
ocular en el Batallón de Infantería Nº 13 y en el Servicio de Material y
Armamento del Ejército.
En diálogo con la diaria, la jueza Mota
reconoció que la decisión de la SCJ la tomó por sorpresa, entre otras cosas
porque ella “ni había pedido el traslado ni había cometido ninguna falta”.
Incluso especuló con otros posibles motivos como “la exposición pública o la
antigüedad en el cargo, pero la exposición pública no la tuve yo sino los casos
en los que trabajé y la antigüedad no corre, porque yo hacía cuatro años que
trabajaba en ese juzgado y hay compañeros que hace diez que se desempeñan ahí”.
Dijo conocer “los motivos” de su traslado o “al menos sospecharlos”, ya que son
los mismos a los que cualquier persona “podría llegar analizando los hechos”.
Sin embargo, se negó a especular más allá de eso, ya que las explicaciones
debería darlas la propia SCJ. “Lo que es extraño es la forma en que deciden el
traslado de un juez sin que éste lo haya pedido o haya cometido alguna falta, y
además con el tipo de casos como los que yo estaba trabajando, que ahora, entre
una cosa y otra, se van a trancar y van a demorar muchísimo. La SCJ va a decir
lo de siempre: que es algo que el estatuto le permite y nada más. No están
obligados a dar explicaciones”.
Bengalas
El presidente del Centro Militar, coronel (r)
Guillermo Cedrez, no quiso brindar declaraciones sobre el tema porque necesita
“un día para procesar la noticia”. Después de eso, sí estaría dispuesto a
detallar “todas las razones” por las que, según su opinión, Mota “termina
siendo justificadamente trasladada”.
Una de las primeras manifestaciones de solidaridad
con Mota la expresó la ex fiscal Mirtha Guianze. Ayer temprano escribió en su
cuenta de Facebook: “Pensemos un poco ¿que significado le podemos asignar a
este inexplicable traslado? ¿Por qué ahora, con tantos asuntos a resolver? ¿Es
que no llevaba bien los juicios? ¿Cuándo podremos conocer las motivaciones
reales? ¿Qué podemos hacer, cada uno en su lugar, o todos juntos?”.
A la reflexión
Los principales referentes de las
organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los derechos humanos también
se expresaron rápidamente. El dirigente Wa-
shington Beltrán, de la Comisión de Derechos
Humanos del PIT-CNT, se mostró “sorprendido y dolido” por esta decisión del
máximo órgano judicial. “No pensamos culpar a la SCJ por un hecho que desde la
secretaría consideramos que responde a muchos hechos concatenados de corte
político”, aventuró Beltrán, quien considera que se trata de un hecho
“gravísimo, que vuelve a poner en evidencia que de parte del sistema político
la opción ante nuestros planteos de justicia, ante las denuncias de la
sociedad, se elige barrer para abajo de la alfombra”.
Por su parte, Baldemar Tarocco,
vicepresidente de Crysol, adelantó que desde esa organización pedirán la
próxima semana un recurso de revocación. También convocan a una concentración
ante la sede de la SCJ para mañana, ya que ese día está previsto que Mota
concurra al lugar para aceptar su nuevo cargo.
Según Tarocco, este traslado demuestra que
“esta SCJ defiende claramente la impunidad” en materia de las causas vinculadas
a los derechos humanos y al pasado reciente. “Ya había pasado algo similar
cuando Jorge Díaz trasladó a uno de los fiscales que más conocimiento tenían en
causas de derechos humanos como [Ricardo] Perciballe”, al tiempo de mencionar
que otro juez a cargo de expedientes sobre los crímenes en dictadura también
fue cambiado de fuero, en referencia a Gustavo Mirabal, que pasó de lo penal a
lo civil. “Y ahora esto. Forma parte de la campaña de la SCJ de frenar los
procesos, como en el caso del juicio de Perrini o en el que Crysol viene
llevando a cabo, a pesar de los múltiples palos en la rueda”, sentenció.
El diputado Luis Puig, del Partido por la
Victoria del Pueblo (PVP), concluyó que el traslado de Mota refleja “un
verdadero triunfo de la impunidad”. Puig consideró que se trata de una decisión
“injusta” y que, “fruto de recusaciones y campañas orquestadas por defensores
de la impunidad, se elige apartar a una jueza que siempre cumplió con las leyes
y los convenios internacionales en materia de derechos humanos sin ninguna
razón”.
El diputado frenteamplista opinó que la
campaña contra la magistrada “no sólo vino de los militares acusados y de sus
abogados sino también de legisladores blancos y colorados que durante todo este
tiempo se dedicaron a hacer fuego contra la jueza Mota con argumentos
infundados y trampas de todo tipo”.
El diputado del PVP aseguró que es “la misma
campaña que hubo contra Guianze, y eso nos tiene que llamar a la reflexión porque
no puede ser que cada vez que nos aproximamos a la verdad se dan estos hechos
que hacen volver todo atrás. Un ejemplo claro es la forma en que la SCJ, con
todos los elementos para expedirse sobre el caso Perrini, haya frenado todo de
forma increíble”.
El temita del poder
Por su parte, el abogado Antonio Rammauro,
quien defendió a Mota en los casos de recusaciones llevadas adelante por los
militares acusados, evaluó que “son cosas del poder”. “Creo que es una decisión
política pero no creo que esté relacionada con tal o cual integrante del
gobierno sino con una entidad de poder mucho más grande que el que puede tener
cualquier político”, sostuvo Rammauro, quien lamentó “profundamente” que se
haya desarticulado una investigación de “varios casos entrelazados que Mota
estaba llevando adelante y que ahora quedan trancados”.
El abogado señaló que no es la primera vez
que trasladan a Mota para frenar sus investigaciones: “Cuando estaba en Ciudad
de la Costa había logrado avances significativos en la investigación sobre el
contrabando y justo en ese momento la trasladan a Montevideo”.
Explicame
“¿Cuáles son las causas por las que se
traslada a la jueza Mariana Mota? ¿Qué motiva esta decisión de la Suprema Corte
de Justicia?”, se preguntó el senador y líder de Alianza Nacional, Jorge
Larrañaga, en su cuenta de Twitter. Larrañaga adelantó que pedirá
“explicaciones” al máximo órgano judicial sobre esta decisión, aunque lo hará
“preservando el principio de separación de poderes”.
La SCJ no dará explicaciones sobre el tema.
El vocero Raúl Oxandabarat apenas explicó que “el artículo 99 de la ley 15.750
le da a la SCJ la potestad de hacer uso de sus recursos humanos sin brindar
explicaciones. Además, el traslado de la jueza Mota está acompañado de otros 15
traslados, destinados estrictamente a la mejora del servicio”. De todos modos,
afirmó que “los jueces tienen que pasar por todas las materias a lo largo de su
carrera para adquirir diferentes conocimientos, y la jueza no había estado en
un juzgado civil”. Retomando lo que afirmaba la jueza sobre su antigüedad,
sostuvo que “los jueces no pueden estar mucho tiempo en su cargo”.
Descartó tajantemente la posibilidad de
considerar este traslado un castigo o sanción, ya que “la SCJ está investigando
dos causas relacionadas con la jueza Mota: las declaraciones que brindó a
Página 12 cuando criticó la política de derechos humanos de Uruguay, y cuando
en el marco de un pedido de documentación de la SCJ ésta no fue enviada. La SCJ
no se ha expedido, por lo tanto, no se puede hablar de sanción. Además, se
trata de un traslado horizontal, porque no baja en el escalafón ni en su
sueldo, sino que los juzgados civiles tienen la misma jerarquía que los
penales”. El lugar vacante que dejará Mota en el juzgado de 7º turno en lo penal
lo ocupará la jueza Beatriz Larrieux, quien ejercía en la ciudad de Colonia
Nueva jueza para 50 casos de DD.HH.
Mariana Mota. La Corte la trasladó a una sede
civil y en su lugar nombró a Beatriz Larrieu
PABLO MELENDREZ
Desde mañana, Mariana Mota ya no será más
jueza penal y pasará a desempeñarse en una sede civil. La magistrada, que tenía
a su cargo unos 50 expedientes por violaciones a los derechos humanos, dijo que
evaluará si recurre el traslado.
Sorpresivamente, la Suprema Corte de Justicia
(SCJ) ordenó el traslado de Mota, quien tiene 21 años de trayectoria como
magistrada y estaba al frente del juzgado penal de 7° turno desde marzo de
2009.
Mota jurará mañana ante los ministros de la
SCJ como nueva jueza civil. Su lugar será ocupado por su colega Beatriz
Larrieu, quien hasta ahora se desempeñaba como jueza suplente en Montevideo.
La jueza, al ser consultada ayer por El País,
dijo que el traslado la tomó "por sorpresa" y señaló que la
Corporación no le brindó los argumentos de la decisión. Mota también señaló que
"por ahora" seguirá trabajando en el Poder Judicial, al tiempo que
evaluará si existen mecanismos legales para recurrir administrativamente el
traslado (ver entrevista).
El ministro de la SCJ, Jorge Chediak, dijo a
El País que el traslado de Mota se inscribe en una "numerosísima"
cantidad de movimientos de magistrados a raíz de la existencia de varias
vacantes y la creación de nuevas sedes.
Chediak aseguró que el de Mota es un
"movimiento de estilo", y aseguró que a pesar de ser un traslado
horizontal, históricamente el pasaje de la materia penal a la civil ha sido
considerado como un "ascenso".
El ministro de la Corporación dijo que no se
tuvieron en cuenta los episodios polémicos que ocurrieron en torno a Mota en el
último tiempo ni los casos que tenía en su sede. "Si fuera por la
exposición pública de los magistrados casi no habría posibilidad de mover a los
jueces de la materia penal", señaló Chediak.
El juzgado que tenía a su cargo Mota tramita
unas 50 denuncias por casos de violaciones a los derechos humanos durante la
última dictadura (1973-1985). Esa cifra es casi la mitad del total de
expedientes sobre esa temática.
La labor de Mota en relación a los casos de
violaciones a los derechos humanos es destacada por los familiares de las
víctimas y las organizaciones sociales, al tiempo que ha sido duramente
cuestionada por los centros sociales militares y los abogados de los oficiales
que están siendo investigados.
Mota es una de las pocas magistradas que
utiliza la legislación internacional en materia de derechos humanos, aplicando
figuras como el homicidio político y la desaparición forzada, las cuales
generan resistencias incluso en la SCJ.
La jueza, en una histórica sentencia que
dictó en febrero de 2010, condenó a 45 años de prisión al expresidente Juan
María Bordaberry (fallecido en julio de 2011) por el delito de atentado a la
Constitución y 11 crímenes de lesa humanidad (9 desapariciones y 2 homicidios).
POLÉMICA.
Desde 2011 Mota ha sido objeto de varias
polémicas públicas. Primero, fue duramente cuestionada por el expresidente
Jorge Batlle y el exvicepresidente Gonzalo Aguirre por expresiones que formuló
en una sentencia contra el principio jurídico por el cual ningún indagado está
obligado a autoincriminarse.
Luego, fue criticada por los abogados de los
militares que ella indagaba y por las instituciones sociales castrenses cuando
se conoció que el 20 de mayo de 2011 asistió a la "Marcha del
Silencio", en la cual familiares y organizaciones sociales reclaman
justicia por los desaparecidos.
En marzo de 2012, en una entrevista con el
diario argentino Página 12, Mota cuestionó al gobierno uruguayo porque, dijo,
no promueve el esclarecimiento de los casos de violaciones a los derechos
humanos.
CRÍTICAS.
La Secretaría de Derechos Humanos del Pit-Cnt
criticó el traslado de Mota y reclamó que la SCJ explique los fundamentos de su
decisión.
Para la central obrera, "es
incomprensible que se tome una decisión como esta que redundará en acentuar la
impunidad fáctica que se ha instalado en el Uruguay", se indicó en un
comunicado de prensa.
A criterio de la Secretaría de Derechos
Humanos del Pit-Cnt, el traslado de la jueza Mota es una muestra más de que la
SCJ toma "represalias contra quienes intentando hacer justicia con
idoneidad y competencia, desafían los mandatos y las presiones desde las
esferas del poder".
Por su parte, el abogado Oscar López
Goldaracena, denunciante en varios casos de derechos humanos, dijo a El País
que "cualquier observador puede presumir que este cambio es para que la
doctora Mota no siga interviniendo en las causas de derechos humanos".
Mota "demostró una profesionalidad en la
instrucción de las causas, sensibilidad con las víctimas y una idea jurídica de
lo más avanzada en la doctrina y las leyes de derechos humanos", resaltó
el abogado.
En tanto, Ignacio Errandonea, miembro de la
asociación de Familiares de Desaparecidos, dijo a El País que es
"preocupante" el traslado de Mota porque "realmente estaba
cumpliendo con su función, que es una obligación de todos los jueces que tienen
que hacer que se cumpla la ley y finalmente se haga justicia".
LA JUEZA MOTA Y SUS POLÉMICAS
1.FALLO EN EL CASO DE CALCAGNO
En marzo de 2011, la jueza Mariana Mota fue
duramente cuestionada por el expresidente colorado Jorge Batlle y el
exvicepresidente nacionalista Gonzalo Aguirre, por parte del contenido de una
resolución en la que mantuvo el procesamiento del coronel (r) Carlos Calcagno
por su responsabilidad en la desaparición de dos uruguayos en Paraguay. En un
pasaje del fallo, la jueza cuestionó el principio jurídico de que nadie está
obligado a autoincriminarse en el marco de una indagatoria penal. Mota sostuvo
que ese principio es "obsoleto y profundamente injusto" y "está
hoy claramente derogado por la regla moral que preside el debate
judicial". Mota, a su vez, cuestionó a Batlle y Aguirre por criticarla sin
haber leído el fallo entero sino solamente los fragmentos que se publicaron en
la prensa.
2.LA MARCHA DEL SILENCIO 2011
Mota asistió a la tradicional "Marcha
del Silencio" en 2011. La movilización, convocada por familiares de
desaparecidos y organizaciones sociales, se realiza todos los 20 de mayo desde
1996 en reclamo de esclarecer los casos de desapariciones forzadas durante la
dictadura. La presencia de Mota en la marcha fue divulgada semanas después del
evento por el semanario Búsqueda. La asistencia de la magistrada a la marcha
hizo que la defensa de varios militares que estaban siendo indagados por ella
la recusaran, al entender que no es imparcial. La Suprema Corte de Justicia
abrió una investigación administrativa contra Mota por este hecho, la cual se
archivó sin consecuencias para la jueza. La Corporación concluyó que no fue a
la "Marcha del Silencio" en "el ejercicio de su función
judicial" sino que lo hizo como una ciudadana más.
3.LA ENTREVISTA EN PÁGINA 12
En marzo de 2012, Mota cuestionó la política
de derechos humanos del gobierno, en una entrevista que concedió al diario
argentino Página 12. Dijo que "no hay una promoción de los derechos
humanos" para esclarecer los casos aún a estudio. Agregó que la posición
uruguaya "es bien diferente a la del gobierno argentino", ya que el
presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro
"fueron rehenes de la dictadura" y por eso no son objetivos.
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TRAS INTERVENCIÓN CONTRA ISLAMISTAS
ONU reconoce que Francia viola los DD.HH. en
Malí
jueves, 14 de febrero de 2013
La alta comisionada de las Naciones Unidas
(ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, reconoció que Malí corre el
riesgo de entrar en una espiral de violencia “catastrófica” por las constantes
torturas y violaciones de DD.HH., tras la intervención de fuerzas francesas en
enero pasado en esa nación.
“Los ataques y las respuestas pueden
hacer que Malí entre en una espiral de violencia catastrófica”, declaró Pillay
ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
“Pido a todas las partes del conflicto
respetar los derechos humanos y las leyes humanitarias internacionales y evitar
las represalias”, agregó.
El colaborador de la agencia de
noticias Rusia Today (RT), Gonzalo Wancha dijo ser testigo de abusos y
ejecuciones en esa nación. “Aquí no se trata sólo de los crímenes llevados a
cabo por el Ejército, sino también de persecuciones étnicas contra los árabes y
tauregs”.
