viernes, 15 de febrero de 2013

Argentina restañe heridas producto del genocidio ESMA Franchella DACHAU AMIA Fort Irán Nelson Castro futbol


JUEVES 14 DE FEBRERO DE 2013.

RESUMEN DE MEDIOS - DDHH.

 

ESMA III: declaran los imputados por los “vuelos de la muerte”. Hoy empiezan a ser indagados siete pilotos y tripulantes. Se los acusa de haber participado de esta metodología de asesinato y desaparición de personas secuestradas por la dictadura.




- Santa Fe Norte: Se reanuda este jueves el juicio oral por delitos de lesa humanidad. Es ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad. Se juzga a Jorge Benítez, Eduardo Luque, Omar Machuca, Rubén Molina, Arnaldo Neumann, Carlos Nickisch y Danilo Sambuelli, por delitos en perjuicio de 35 víctimas. Hay alrededor de 70 testigos convocados


- Mar del Plata: El Tribunal Oral Federal dará a conocer este viernes la sentencia en el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en esa ciudad en perjuicio de 69 víctimas. Se investigan hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval de Mar del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la sede de Prefectura Naval Argentina en aquella ciudad.


- Mar del Plata:   El jurado del juicio político que se le sigue al magistrado marplatense Pedro Cornelio Federico Hooft por supuestos delitos de lesa humanidad en Mar del Plata quedó conformado por once integrantes. El jurado será presidido por el ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Juan Carlos Hitters. Este proceso, iniciado en 2006, ha sido demorado por diversas recusaciones y excepciones opuestas por el acusado, por lo que las actuaciones llegaron inclusive a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


 

- Jujuy: El Tribunal Oral Federal fijó para el 21 de febrero próximo la fecha de inicio de las audiencias de alegatos en el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia.El debate es encabezado por los jueces René Vicente Casas, Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morin y son juzgados los ex militares Mariano Rafael Braga, Antonio Orlando Vargas y José Eduardo Bulgheroni. Están acusados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y homicidio en perjuicio de 43 víctimas. En tanto los abogados querellantes solicitaron que Vargas sea trasladado hasta la sede del Tribunal desde el Penal de Ezeiza, donde fue llevado por razones de salud.



 

-Tucumán/ Jefatura II - Arsenales II: Continúan las audiencias en la Megacausa. La primera testigo será la Directora del Centro Ulloa de la Secretaría de DDHH de la Nación, Fabiana Rousseaux. Declarará sobre los efectos psicosociales del Terrorismo de Estado.


-  El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital difundió este miércoles los fundamentos de la sentencia que, el 21 de diciembre pasado, condenara a la pena de 23 años de prisión a Héctor Pedro Vergéz en un juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.


-Salta: Entre el 12 y hoy (14 de febrero de 2013) se cumplen 38 años del homicidio del periodista Héctor Luciano Jaime, cometido a manos de integrantes de las fuerzas de seguridad de la provincia en 1975. Su caso integra la lista de causas acumuladas por las que desde mayo del año pasado se está juzgado a 17 represores, entre ellos el ex comisario Joaquín Guil y el militar y ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil, acusados por este hecho. Jaime fue secuestrado el 12 de febrero de 1975, a la salida del diario El Intransigente, en el que trabajaba por entonces. Dos días después los restos de su cuerpo sometido a una explosicón (se cree que mediante la utilización de gelamón) fueron encontrados el en el paraje El Encón Chico.


- La Rioja: El tribunal oral que condenó a prisión perpetua a los represores responsables del asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville en La Rioja durante la última dictadura cívico-militar, afirmó que hubo "complicidad" de la Iglesia católica en los crímenes llevados a cabo entre 1976 y 1983.


- Piden que Jorge Zorreguieta sea citado como testigo en la causa de Campo de Mayo. El abogado Pablo Llonto solicitó que fuera citado el ex secretario de Agricultura de la dictadura. Es para que explique supuestas gestiones que habría hecho para averiguar el paradero de desaparecidos.


- La Fiscalía de la Cámara Federal de Casación Penal apeló ayer el sobreseimiento del ex presidente Fernando de la Rúa por los asesinatos de cinco manifestantes y 117 lesionados que hubo durante la represión policial del último día de su gobierno, el 20 de diciembre de 2001



- Durante una visita de la Comisión Provincial por la Memoria al Centro de Recepción de Menores platense, encontraron a un chico de 17 en una jaula, esposado a la reja. Denunciaron torturas. El Centro ya había sido motivo de denuncias


- Tucumán: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le exigió al Estado argentino que tome medidas urgentes para proteger a la comunidad indígena El Nogalito, en el departamento Lules. La medida dispuesta por la CIDH responde a una presentación formulada por la organización Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales).  Andhes acudió al organismo internacional para dar a conocer la situación que enfrentan las comunidades indígenas que habitan en Tucumán. En el documento que se remitió a la CIDH se detallan los continuos desalojos a los que están siendo sometidos los pueblos originarios en los últimos años.



-  Se estrena el documental “El Arbol de la Muralla”. El ejercicio de la palabra, como forma de memoria y como acceso a la verdad, tal como lo consagran las tradiciones judías, es la base de este film en el que Jack Fuchs, que estuvo en el campo de exterminio de Dachau, entrega sus recuerdos como un legado.


-Uruguay: Sorpresa, indignación, dolor. Eso generó entre los referentes de las organizaciones vinculadas a los derechos humanos la noticia de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió trasladar a la jueza Mariana Mota de la órbita penal a un juzgado civil. Mota ha tenido una destacada participación en causas contra militares y civiles responsables de crímenes cometidos en la última dictadura.



- ONU reconoce que Francia viola los DD.HH. en Malí. La alta comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, reconoció que Malí corre el riesgo de entrar en una espiral de violencia “catastrófica” por las constantes torturas y violaciones de DD.HH., tras la intervención de fuerzas francesas en enero pasado en esa nación.


 

 

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en la megacausa que investiga los crímenes cometidos en la escuela de mecánica de la armada

ESMA: declaran los imputados por los vuelos de la muerte

Hoy empiezan a ser indagados siete pilotos y tripulantes. Se los acusa de haber participado de esta metodología de asesinato y desaparición de personas secuestradas por la dictadura.

      

Por:

Tiempo Argentino

Una de las etapas más esperadas del juicio por la megacausa de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se reanuda hoy en Comodoro Py, donde declararán por primera vez los imputados por los llamados vuelos de la muerte, metodología de asesinato y desaparición de las personas secuestradas por la represión.

"En el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en la ESMA la denominación 'traslado' implicaba que la persona privada ilegalmente de su libertad era adormecida con una dosis de pentotal, desnudada, subida a un avión y arrojada viva al río o al mar", evocaron desde el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en la sede de la ex ESMA.

El tercer juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad allí perpetrados durante la última dictadura cívico-militar, retomará hoy su curso con la declaración a indagatoria de cinco de los siete pilotos y tripulantes acusados de haber participado en los vuelos de la muerte. El juicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Federal Nº 5 es el primer proceso oral y público en la Argentina sobre esta práctica sistemática.

Los pilotos Alejandro Domingo D'agostino y Enrique José De Saint Georges, y los tripulantes Rubén Ricardo Ormello y Gonzalo Torres de Tolosa, prestarán declaración mañana a partir de las 10 en Comodoro Py; mientras que el imputado Julio Alberto Poch deberá ampliar su indagatoria el próximo lunes, y Mario Daniel Arrú lo hará el jueves.

"Los vuelos de la muerte fueron una de las prácticas más emblemáticas del terrorismo de Estado", consideraron desde el Espacio Memoria y Derechos Humanos, en un comunicado sobre la causa que tiene como imputados a pilotos que habrían comandado los aviones y tripulantes considerados como "partícipes necesarios" de esta práctica criminal.

En el juicio por la megacausa que investiga los hechos ocurridos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada son juzgadas en total 67 personas, acusadas de haber cometido delitos de lesa humanidad en perjuicio de 789 víctimas. Y, a partir de marzo, contará con la declaración de más de 800 testigos, que desfilarán por los tribunales de Comodoro Py.

Entre las víctimas de los vuelos de la muerte se encuentran integrantes de Madres de Plaza de Mayo, como es el caso de la miembro fundadora Azucena Villaflor, y también las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, quienes formaban parte del grupo de mujeres que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz para buscar a sus seres queridos desaparecidos y cuyos restos lograron ser identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

El proceso es oral y público y se retoma hoy desde las 10 en los Tribunales de Retiro, en la calle Comodoro Py 2002. Los interesados en escuchar las audiencias, que se realizan los lunes, miércoles y jueves, deben ser mayores de 18 años y pueden ingresar sólo con presentar un documento de identidad.

Asimismo, para quienes no puedan concurrir y quieran contar con información de las audiencias, el Espacio Memoria y Derechos Humanos realiza una cobertura de todas las instancias del juicio con crónicas diarias que pueden consultarse en el sitio de Internet <www.espaciomemoria.ar>. «

 

 

Audiencias

Cronograma

A partir de las 10 se inician las declaraciones en Comodoro Py. Siguen  mañana y el lunes.

 


Lesa humanidad: continúa el juicio oral por crímenes cometidos en la ESMA 

Será este jueves. En la jornada, el Tribunal Oral Federal N° 5 tiene previsto tomar declaración indagatoria a Alejandro D'Agostino, Rubén Ormello, Gonzalo Torres de Tolosa y Enrique De Saint Georges, imputados por los llamados “vuelos de la muerte”

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital (integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia) ranuda este jueves el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

En la jornada está previsto que el tribunal indague a los imputados Alejandro Domingo D’Agostino, Rubén Ricardo Ormello, Gonzalo Torres de Tolosa y Enrique De Saint Georges, acusados por los llamados “vuelos de la muerte”.

Es en el marco de la megacausa que unifica los diferentes tramos identificados con los números de causa 1282, 1349, 1415, 1492, 1510, 1545, 1668, 1689 y 1714, en los que se investigan el período del año 1976 en adelante y la investigación denominada “Vuelos de la muerte”.

En el debate se juzga a 68 acusados con respecto a 789 hechos acaecidos en ese centro clandestino de detención, para lo cual han sido convocados alrededor de 900 testigos.


A partir de marzo, comenzarán a dar fe de lo ocurrido unos 800 testigos

ESMA: Declaran mañana cinco de los siete miembros de la Armada acusados por "vuelos de la muerte"

 El tercer juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar, retomará mañana su curso con la declaración a indagatoria de cinco de los siete pilotos y tripulantes acusados de haber participado en los denominados "vuelos de la muerte". El juicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Federal 5 es el primer proceso oral y público en Argentina sobre esta práctica sistemática de asesinato en masa.

Mañana está prevista la declaración  indagatoria de cinco de los siete imputados, quienes podrán ampliarla la próxima semana.

 

Los pilotos Alejandro Domingo D`agostino, Enrique José De Saint Georges, y los tripulantes Rubén Ricardo Ormello y Gonzalo Torres de Tolosa prestarán declaración mañana a partir de las 10 en Comodoro Py; mientras que el imputado Julio Alberto Poch deberá ampliar su indagatoria el próximo lunes, y Mario Daniel Arrú deberá hacerlo el jueves.

 

"Los vuelos de la muerte fueron una de las prácticas más emblemáticas del Terrorismo de Estado", considera un comunicado del Espacio Memoria y Derechos Humanos sobre la causa que tiene como imputados a pilotos que habrían comandado los aviones y tripulantes considerados "partícipes necesarios" de esta práctica de asesinato en masa.

 

En el juicio son juzgadas en total 67 personas por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 789 víctimas, y está previsto que a partir de marzo depongan más de ochocientos testigos.

 

Entre las víctimas de los "vuelos de la muerte" se encuentran la primera líder de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y las reigiosas francesas Leonie Duquet y Alice Domon, quienes formaban parte del grupo de mujeres que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz para organizar la búsqueda de sus seres queridos.

 

Los restos de las tres fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

 

"En el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en la ESMA la denominación 'traslado' implicaba que la persona privada ilegalmente de su libertad era adormecida con una dosis de pentotal, desnudada, subida a un avión y arrojada viva al río o al mar", recordaron desde el Espacio que funciona en la sede de la ex ESMA.

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Se reanuda este jueves el juicio oral por delitos de lesa humanidad en Santa Fe         

Es ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad. Se juzga a Jorge Benítez, Eduardo Luque, Omar Machuca, Rubén Molina, Arnaldo Neumann, Carlos Nickisch y Danilo Sambuelli, por delitos en perjuicio de 35 víctimas. Hay alrededor de 70 testigos convocados

 

El Tribunal Oral Federal de Santa reanudará este jueves el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en aquella provincia durante la última dictadura.

En el debate son juzgados Jorge Alberto Benítez, Eduardo Luque, Omar Machuca, Rubén Molina, Arnaldo Neumann, Carlos Nickisch y Danilo Alberto Sambuelli, por crímenes en perjuicio de 35 víctimas.

El tribunal, integrado por los jueces María Ivon Vella, José María Escobar Cello y Otmar Osvaldo Paulucci, prevé escuchar durante el debate el testimonio de cerca de 70 testigos.

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Se conocerá este viernes la sentencia en el juicio oral en Mar del Plata por crímenes de lesa humanidad      

El debate es encabezado por el Tribunal Oral Federal de esa ciudad. El Ministerio Público Fiscal y los querellantes solicitaron prisión perpetua para siete acusados. Se investigan crímenes cometidos a 69 víctimas en tres centros de detención

El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dará a conocer este viernes la sentencia en el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en aquella ciudad en perjuicio de 69 víctimas.

En el debate son juzgados Alfredo Manuel Arrillaga, Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Roberto Pertusio, Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani, Mario José Osvaldo Forbice, Justo Alberto Ignacio Ortiz, Juan Eduardo Mosqueda, Ariel Macedonio Silva, Julio Cesar Falcke, Ángel Narciso Racedo y Juan Carlos Guyot.

En esta causa, además, estaba involucrado Aldo Carlos Máspero, quien fue apartado por cuestiones de salud. Mientras que durante la instrucción de la misma fallecieron los imputados Juan Carlos Malugani y Pedro Barda.

Se investigan hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval de Mar del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la sede de Prefectura Naval Argentina en aquella ciudad.

 

Las penas solicitadas

Los representantes del Ministerio Público Fiscal, la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) solicitaron la pena de prisión perpetua para Arrillaga, Lombardo, Marino, Pertusio, Guiñazú, Lodigiani y Forbice.

Las mismas partes, en sus respectivos alegatos, requirieron que se les imponga la pena de 25 años de prisión a Ortiz, Mosqueda, Silva, Falcke y Racedo.

En tanto que los acusadores difirieron en la solicitud de pena realizada para Guyot. La fiscalía y el organismo provincial de derechos humanos solicitaron que se le aplique la pena de 4 años de prisión, mientras que la dependencia nacional requirió que le apliquen 15 años y la APDH pidió 6 años para este acusado.

 

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Las recusaciones y excepciones venían demorando este momento desde 2006

Mar del Plata: Quedó constituido un nuevo "jury" de 11 miembros para el escurridizo juez Hooft

 

  El jurado del juicio político que se le sigue al magistrado marplatense Pedro Cornelio Federico Hooft por supuestos delitos de lesa humanidad en Mar del Plata quedó conformado por once integrantes, informaron hoy fuentes judiciales. El jurado será presidido por el ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Juan Carlos Hitters, y estará compuesto por los abogados conjueces José Luis Núñez, Eduardo Gustavo Adolfo López Wesselhoefft, Héctor Ricardo Martín, José Miguel Nemiña y Atilio Ricardo Rosello. También integrarán el jurado los legisladores Abel Eduardo Buil, Guido Martín Lorenzino Matta, Lucía Portos, Raúl Joaquín Pérez y Fernanda Carolina Antonijevic. Este proceso, iniciado en 2006, ha sido demorado por diversas recusaciones y excepciones opuestas por el acusado, por lo que las actuaciones llegaron inclusive a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Inclusive, tanto el actual presidente del jurado como el resto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia fueron varias veces recusados por el magistrado marplatense -actualmente en funciones-, incidentes que luego de un largo trámite han quedado desestimados.

 

Fuentes judiciales señalaron que "próximamente" el jurado deberá resolver si corresponde la suspensión del juez, y tendrá que indicar la fecha en la que se llevará a cabo el debate oral.

 

Hitters, titular de este jury, es miembro de la Corte provincial desde hace 17 años, de la cual fue presidente en dos oportunidades, es profesor universitario y autor de varios libros de derecho.

 

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Fijan fecha de inicio de alegatos en juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy      

Arrancarán el 21 de febrero próximo, ante el Tribunal Oral Federal de esa ciudad. Son tres los imputados, por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y tormentos, en perjuicio de 43 víctimas

 

El Tribunal Oral Federal de Jujuy fijó para el 21 de febrero próximo la fecha de inicio de las audiencias de alegatos en el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en aquella provincia durante el último gobierno militar.

El debate es encabezado por los jueces René Vicente Casas, Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morin y son juzgados los ex militares Mariano Rafael Braga, Antonio Orlando Vargas y José Eduardo Bulgheroni.

Están acusados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y homicidio en perjuicio de 43 víctimas.


Será cuando comience la etapa de alegatos

Jujuy: Piden que el acusado Antonio Orlando Vargas comparezca en persona, el día 21

 

Jujuy.- Los abogados querellantes en el primer juicio de lesa humanidad que se les sigue en Jujuy a tres militares represores durante la dictadura cívico militar, pidieron hoy al Tribunal Oral Federal que uno de ellos, detenido en la Unidad Penal de Ezeiza, esté presente el 21 de febrero, cuando se inicien los alegatos. Se trata de Antonio Orlando Vargas, quien se desempeñó como interventor en el Servicio Penitenciario de Jujuy, presente solo en la primera audiencia del juicio -realizada el 12 de julio del año pasado- y posteriormente trasladado a la unidad de Ezeiza por razones de salud. Vargas declaró por teleconferencia y luego siguió por ese medio la etapa probatoria, que finalizó el viernes pasado. La presentación la hizo el abogado querellante de la Secretaría de los Derechos Humanos de la Nación, Juan Manuel Sivila, quien fue recibido por el juez René Vicente Casas, integrante del TOF.

Participan también como letrados querellantes en las cinco causas unificadas que tiene el juicio Paula Alvarez Carreras, María José Castillo y Ariel Ruarte. Integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Agrupación de Ex presos políticos e HIJOS acompañaron la presentación del pedido, al igual que el fiscal Francisco Snopek.

 

El Juez Daniel Morín, integrante del TOF, es presidente del trámite en las dos causas en las que está imputado Vargas por privación ilegítima de la libertad calificada. Se trata de las causas Luis Aredez y otros y la del ex dirigente minero de El Aguilar, Avelino Bazán y otros 27 trabajadores.

 

La causa Aredez se relaciona con la Noche del Apagón en Libertador, Calilegua y El Talar, cuando fuerzas conjuntas de Ejército, policías y Gendarmería detuvieron a más de 400 personas, y una treintena de ellas están desaparecidas. En esta última causa están procesado el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier y el ex administrador general del establecimiento, Alberto Lemos. Los otros imputados son Mariano Braga y José Bulgheroni, ambos oficiales de Inteligencia del Área 323, que tenía como jefe al coronel Néstor Bulacios.

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Megacausa Jefatura II - Arsenales II

Especialista brindará testimonio sobre efectos psicosociales durante la dictadura

Continúan las audiencias en la Megacausa Jefatura II – Arsenales II. La primera testigo será la Directora del Centro Ulloa de la Secretaría de DDHH de la Nación, Fabiana Rousseaux. Declarará sobre los efectos psicosociales del Terrorismo de Estado.

Continúan las audiencias de la Megacausa Jefatura II – Arsenales II. El primer testimonio lo brindará Fabiana Rousseaux, Directora del Centro Ulloa de la Secretaría de DDHH de la Nación.

“Rousseaux declarará acerca de los efectos psicosociales del Terrorismo de Estado y específicamente de la práctica de la desaparición forzada de personas. Para quienes no conozcan a Fabiana Rousseaux es una eminencia en el tema, una profesional prestigiosa y brillante”, indicó la abogada querellante Julia Vitar.

También declararan Lucia Campos, Lili Gómez de Campos y Oscar Z. Campos. “Son hijos, esposa y hermano respectivamente de Enrique Aurelio Campos, conocido como ‘Negro Manuel’ militante peronista y montonero secuestrado en julio de 1977 en el departamento de Cruz Alta. Fue visto por Juan Martín secuestrado en Jefatura de Policía, donde llegó herido de bala”, comentó la letrada.

En este sentido mencionó que Campos “fue intendente de la localidad de Aguaray en Salta, durante el Gobierno de Ragone, de donde tuvo que irse por ser un perseguido político, como otros militantes populares de esa provincia”.

Vitar, además pidió que “la mayor cantidad de personas puedan acompañarnos esta semana en las audiencias, ha sido un comienzo duro por el peso y el valor de los testimonios, y necesitamos la presencia de la mayor cantidad de compañeros y compañeras que se sientan comprometidos con la Memoria,  la Verdad y la Justicia”.

Finalmente expresó que “para las madres, padres, hermanas/os, esposas/os, hijas/os y sobrevivientes que declaran, no hay nada más reconfortante que sentir el aplauso y el calor de un público que los acompaña y reivindica su lucha y su compromiso después de tantos años”.

A partir de las 9:00 son las audiencias orales y públicas en Crisóstomo Alvarez y Chacabuco, cualquiera puede ingresar con su DNI siendo mayor de 18 años.

 

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Difundieron fallo que condenó a Héctor Vergéz por crímenes de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército    

Se trata de los fundamentos de la sentencia dictada el 21 de diciembre pasado, por el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital. Vergez fue condenado a 23 años de prisión. Había sido imputado por secuestros y tormentos, en perjuicio de cuatro víctimas

 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital difundió este miércoles los fundamentos de la sentencia que, el 21 de diciembre pasado, condenara a la pena de 23 años de prisión a Héctor Pedro Vergéz en un juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.

El tribunal -integrado por los jueces Ángel Gabriel Nardiello, José Martínez Sobrino y Néstor Guillermo Costabel- impuso esa condena al imputado al hallarlo responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados, cometidos en 1977, en perjuicio de cuatro víctimas.

 

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Luciano Jaime, un crimen que todavía espera justicia

Por Elena Corvalan

 

 Entre el 12 y hoy (14 de febrero de 2013) se cumplen 38 años del homicidio del periodista Héctor Luciano Jaime, cometido a manos de integrantes de las fuerzas de seguridad de la provincia en 1975. Su caso integra la lista de causas acumuladas por las que desde mayo del año pasado se está juzgado a 17 represores, entre ellos el ex comisario Joaquín Guil y el militar y ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Gentil, acusados por este hecho. Jaime fue secuestrado el 12 de febrero de 1975, a la salida del diario El Intransigente, en el que trabajaba por entonces. Dos días después los restos de su cuerpo sometido a una explosicón (se cree que mediante la utilización de gelamón) fueron encontrados el en el paraje El Encón Chico, a pocos kilómetros de esta ciudad. A pesar de los años transcurridos, el crimen aún sigue impune. En el proceso oral que se lleva a cabo ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta se han conocido datos que dejan en claro que del secuestro y homicidio participaron otros autores materiales, y encubridores, la mayoría de ellos integrantes de la Policía de Salta. Uno de los más complicados, sobre el que ya pesa un pedido de investigación es el comisario retirado Roberto Arredes, también involucrado en otros crímenes de lesa humanidad. No se han dilucidado responsabilidades hacia arriba en la cadena de mando. Durante la investigación en primera instancia la Justicia Federal llegó a la conclusión de que el asesinato de Jaime estuvo enmarcado en el plan sistemático de eliminación perpetrado en el país desde los comienzos de la década del 70, que en Salta recrudeció tras la intervención al gobierno de Miguel Ragone, en noviembre de 1974, y que alcanzó su apogeo tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Los testimonios dan cuenta de que en el ejercicio de su trabajo, Jaime terminó enfrentado a la cúpula policial que encabezaban Gentil y Guil. Aún antes del inicio del debate oral y público, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta recomendó que se profundice la investigación para determinar si también deben ser imputados los comisarios Víctor Hugo Almirón y Arredes. En el juicio ha quedado bastante claro que el asesinato de Jaime estuvo motivado en la cobertura que realizó del homicidio del militante justicialista Eduardo Fronda, cometido el 8 de enero de 1975. El cuerpo de Fronda fue encontrado en Campo Belgrano, camino a Lesser, cerca de la ciudad de salta. Como periodista de la sección Policiales en el diario El Intransigente, Jaime vio el cuerpo de Fronda: la edición del 9 de enero del diario lo muestra señalando con un dedo el torturado cadáver de Fronda. Periodista y víctima se conocían desde antes. También Jaime tenía militancia en la JP, y apoyaba al gobernador Ragone, igual que Fronda. En la edición del 9 de enero de 1975 Jaime describió el crimen de Fronda: contó de las huellas de la tortura que tenía el cuerpo, de las vendas en los ojos, la boca amordazada y las marcas de las muñecas. Luego difundió datos de una autopsia que daba cuenta de que Fronda había sufrido torturas. Además, aunque no lo publicó, Jaime informó a la familia de Fronda que lo había visto en la Central de Policía el 7 de enero. En octubre del año pasado, por primera vez desde que fuera asesinado, su esposa, Irma Rosa Chica, se atrevió a dar testimonio ante los jueces: lo hizo para acusar a los ex jefes policiales Guil, Arredes, Enrique Trovatto y Abel Vicente Murúa (estos dos últimos, fallecidos) de ser algunos de los autores del homicidio de su marido.

 “La Policía me lo ha matado. En ese entonces estaba un grupo, yo me acuerdo de 4 nombres pero era un grupo, que era una mafia que estaba metida en la Central (de Policía). Había sucuchos así, ahí picaneaban, torturaban a la gente”, aseguró Chica.

 

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El fallo sobre el crimen de sacerdotes riojanos

"Hubo complicidad de la Iglesia"

El tribunal oral que condenó a prisión perpetua a los represores responsables del asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville en La Rioja durante la última dictadura cívico-militar, afirmó que hubo "complicidad" de la Iglesia católica en los crímenes llevados a cabo entre 1976 y 1983.

 

        

Por:

Tiempo Argentino

En un hecho histórico, los magistrados que juzgaron al ex jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, al vicecomodoro Luis Fernando Estrella y al ex comisario riojano Domingo Benito Vera, señalaron en los fundamentos de la sentencia no sólo la "indiferencia" sino también la connivencia de la jerarquía eclesiástica con el aparato represivo estatal.

El 18 de julio de 1976 un grupo de hombres que se presentó con credenciales de la Policía Federal se llevó a De Dios Murias y al francés Longueville de la casa parroquial de la Iglesia El Salvador bajo la excusa de pedirles declaraciones para la liberación de unos presos. Dos días después, sus cuerpos aparecieron con los ojos vendados y marcas de tortura cerca de las vías del tren. Los jueces advirtieron que aún hoy "persiste" una "actitud reticente de autoridades eclesiales e incluso miembros del clero al esclarecimiento de los crímenes que ahora juzgamos", y advirtieron: "No se trató aquí de hechos aislados y fuera de contexto. Por el contrario, claramente, el asesinato de Murias y Longueville debe interpretarse y comprenderse en el contexto de un plan sistemático de eliminación de opositores políticos (...) Murias y Longueville formaban parte de un grupo de la Iglesia considerado 'enemigo' y 'blanco'", expresa la sentencia.

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PIDEN QUE JORGE ZORREGUIETA SEA CITADO COMO TESTIGO EN LA CAUSA DE CAMPO DE MAYO

Cita para el papá de Máxima

El abogado Pablo Llonto solicitó que fuera citado el ex secretario de Agricultura de la dictadura Jorge Zorreguieta. Es para que explique supuestas gestiones que habría hecho para averiguar el paradero de desaparecidos.

 

  Por Adriana Meyer

No asistirá a la ceremonia real en Holanda, como tampoco estuvo presente en la boda de su hija, la futura reina de ese país. Sin embargo, es probable que el ex secretario de Agricultura de la dictadura Jorge Zorreguieta se vea obligado a presentarse como testigo si la Justicia decide citarlo en la causa por los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Los querellantes solicitaron al Juzgado Federal 2 de San Martín que lo convoque para que explique las gestiones que habría realizado para la liberación de un secuestrado en ese campo de exterminio, en el marco de un expediente en el que están siendo buscados y convocados nuevos sobrevivientes y ex conscriptos que ya están prestando testimonio. El objetivo es dar con nuevas víctimas y profundizar la investigación de esta megacausa. El pedido fue realizado por el abogado Pablo Llonto, en nombre de los querellantes nucleados en la Comisión Campo de Mayo, y la jueza Alicia Vence se expediría al respecto en los próximos días.

 

La comisión viene haciendo un relevamiento para dar con posibles sobrevivientes, de los pocos que hubo en ese circuito de centros clandestinos. Ellos podrían dar su testimonio por primera vez, como sucedió el año pasado con el ex juez Hernán Bernasconi, cuyo relato está permitiendo la identificación de nuevas víctimas, según explicó Llonto a Página/12. Lo mismo estaría sucediendo a partir de los datos aportados en declaración testimonial por algunos de los centenares de soldados que hicieron su conscripción durante los años de la dictadura en el Batallón 601 de Aviación Militar del Ejército, en Campo de Mayo.

 

Esa investigación de la comisión incluye el análisis de artículos periodísticos y, en tal sentido, a partir del anuncio de que la reina Beatriz de Holanda abdicó al trono en favor de su hijo, el marido de Máxima Zorreguieta, algunos medios reflotaron distintas investigaciones sobre el padre de la futura monarca, ex miembro del equipo económico de José Alfredo Martínez de Hoz en el sector de Agricultura. El pedido de citación a Zorreguieta fue avalado por un reportaje publicado por Página/12 hace poco más de diez años al periodista Jan Thielen, el único que logró entrevistar al padre de la princesa Máxima. “Mintió al decir que no sabía nada”, fue su título, y allí relató que “sabía dónde encontrar a los desaparecidos”. Además de adjuntar una copia de la nota en la solicitud que presentó en el juzgado, Llonto precisó que ante Thielen Zorreguieta admitió que había hecho gestiones para lograr la “liberación” de un funcionario de la Bolsa de Cereales, de apellido Domínguez, que había estado secuestrado en Campo de Mayo. En el mismo artículo consta otra gestión personal para liberar a otra secuestrada en ese centro clandestino, “la prima del banquero Julio Werthein”. De esa tarea se habría ocupado Mario Cadenas Madariaga, jefe de Zorreguieta, junto con el condenado genocida Santiago Omar Riveros.

 

“Todos estos elementos son de enorme importancia en la búsqueda de testigos que han estado secuestrados en Campo de Mayo, que han sido víctimas de delitos de lesa humanidad, pero que además pueden aportar importantes datos para la investigación de la causa, tales como nombres de otros desaparecidos, víctimas, represores, entre otros elementos”, precisó Llonto en su escrito.

 

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Apelación del fiscal

La Fiscalía de la Cámara Federal de Casación Penal apeló ayer el sobreseimiento del ex presidente Fernando de la Rúa por los asesinatos de cinco manifestantes y 117 lesionados que hubo durante la represión policial del último día de su gobierno, el 20 de diciembre de 2001. El fiscal ante el máximo tribunal penal del país, Ricardo Wechsler, consideró que el fallo del 27 de diciembre pasado dictado por los camaristas Raúl Madueño, Luis Cabral y Eduardo Riggi, que sobreseyó al ex mandatario, incurrió en “inobservancia de los deberes a su cargo”, ya que De la Rúa, según el fiscal, habría perpetrado el delito de “comisión por omisión”. Si se hace lugar al recurso extraordinario, el caso llegaría a la Corte Suprema.


Apelan el sobreseimiento a De la Rúa

El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Ricardo Wechsler, presentó ayer un recurso extraordinario contra el sobreseimiento del ex presidente Fernando de la Rúa, por el asesinato de cinco manifestantes y las lesiones causadas a 117 manifestantes durante la represión policial de los días 19 y 20 de diciembre de 2001. El fiscal consideró que el ex presidente incurrió en "inobservancia de los deberes de su cargo". El fallo que exculpaba a De la Rúa, firmado el 27 de diciembre por los camaristas Raúl Madueño, Luis Cabral y Eduardo Riggi, consideró que el ex mandatario no debía ser juzgado porque "desconocía los supuestos excesos de sus inferiores"

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EN UN INSTITUTO PLATENSE ESPOSABAN A LA REJA A UN CHICO PARA EVITAR QUE SE SUICIDARA

Los Tribilines públicos de la provincia

Durante una visita de la Comisión Provincial por la Memoria al Centro de Recepción de Menores platense, encontraron a un chico de 17 en una jaula, esposado a la reja. Denunciaron torturas. El Centro ya había sido motivo de denuncias.

  Por Horacio Cecchi

El Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria denunció las gravísimas torturas sufridas por un adolescente de 17 años, alojado en el Centro de Recepción de La Plata, aislado, golpeado en condiciones inhumanas y esposado a una reja. No está claro si para su suerte, estaba en una jaula de la enfermería, de dos por uno y medio. El chico pedía ser trasladado a Bahía Blanca, de donde lo habían sacado, pero como no le respondían intentó suicidarse. Lo encontraron en medio del tratamiento antisuicidio. El CCT presentó la denuncia como hábeas corpus ante el juez Fabián Cacivio, quien ordenó el inmediato traslado del chico a otra institución. Ayer, el pibe ya estaba mejor, en el instituto Nuevo Dique, localidad de Abasto, un par de metros más cerca de Bahía Blanca y al menos sin la terapia de la reja.

 

“Confiarle una criatura y que reciba semejante maltrato y violencia es una cosa absolutamente repudiable, incomprensible”, lamentó Scioli y pidió que la Justicia castigara a los responsables con “las mayores sanciones a través de la ley”. Scioli no se refería al chico torturado en el instituto de La Plata, sino a los chiquitos del jardín Tribilín de San Isidro. Lo dijo el 5 de febrero, un día antes de la visita de los integrantes del equipo del Comité Contra la Tortura al Centro de Recepción platense, una especie de Tribilín público para adolescentes.

 

Cuando el equipo del Comité Contra la Tortura llegó al Centro de Recepción, en las calles 63, entre 2 y 3, comenzó a intuir que alguna sorpresa había provocado su presencia: demoraron más de media hora en abrirles la puerta. En la enfermería detectaron a un chico literalmente enjaulado. Tenía su brazo izquierdo sujeto a la parte baja de la reja (ver foto), en una jaula (ni siquiera era celda porque apenas entraba el colchón) que, además, estaba cerrada con candado.

 

Cuando el CCT preguntó a los “maestros” (así se llama internamente a los celadores, de dudosa docencia) la respuesta humanitaria fue que “el joven se autoagredía e intentaba suicidarse”. Tal como señala el informe de la CCT, la terapia se completaba con “un colchón sobre el suelo, sin su relleno y un recipiente con su orina.” El lugar no tenía baño. Cuando lo revisaron los médicos del equipo detectaron cicatrices en las cejas, un premolar que le habían volado en la comisaría (habrá que recordar los patrulleros blancos que Casal instaló a principios de septiembre de 2010, especializados en infancia), dolores en las costillas y en la cabeza por golpes recibidos durante su alojamiento, y cicatrices en el tórax, en las muñecas (por las esposas) y en los brazos. De éstas sólo reconoció las últimas como “autoagresiones”.

 

Los visitantes entrevistaron al chico en privado y sin esposas.

 

–¿Qué pasó? –le preguntaron.

 

–Lo único que quería –les respondió– era que me trasladen al Instituto Vergara (Bahía Blanca)– de donde lo habían llevado a La Plata por motivos desconocidos.

 

Cuando le preguntaron por qué estaba en esa jaula, esposado, dijo que suponía que había sido porque había intentado ahorcarse en dos oportunidades y se había realizado cortes en uno de sus brazos (muñeca del brazo izquierdo, en la cual tenía la marca del corte). “¿Por qué esos intentos?”, “porque no me daban ninguna respuesta”. El CCT comprobó además que el 28 de enero había sido “brutalmente golpeado por seis asistentes de minoridad. Luego de un intento de suicidio el 1º de febrero, fue nuevamente golpeado esta vez por cinco asistentes, uno de los cuales le decía ‘guacho, por tu culpa voy a perder el trabajo y después ¿quién les da de comer a mis hijos?’”.

 

La visita del CCT interrumpió el tratamiento y la preocupación asistencial de los maestros. El informe psicológico del CCT señala que “(...) las autoagresiones e impulsos autolíticos son atribuibles total y directamente reactivos a la violencia institucional proferida, la que no presta resquicio alguno para manifestaciones defensivas de índole simbólica e impulsan inexorablemente al paso al acto de la violencia. Esta, por la desproporción de fuerza, no encuentra otra vía de expresión que sobre el propio sujeto-víctima.”

 

La presentación ante el juez Cacivio derivó en la orden de traslado inmediato a otro centro, Nuevo Dique, un poco más abierto y al sur de La Plata, es decir, un par de kilómetros más cerca de Bahía Blanca. No se podrá argumentar que en Bahía Blanca no hay cupo, porque donde estaba, tampoco (ver aparte).

 

Cuando el CCT recorrió los pabellones, sus integrantes comprobaron en los diferentes módulos que los adolescentes se encontraban en los patios, fuera de las celdas. Les comentaron que los habían sacado “hace como dos horas”, horario coincidente con su llegada. El informe describe que las celdas de los diferentes módulos están en muy malas condiciones y apenas tienen lugar. Hay escasa o nula custodia de los celadores, y en algunos sectores ni siquiera tienen luz artificial. Además de la sorpresa del chico esposado a la reja detectaron que entre los detenidos hay un chico de 15, para la Justicia inimputable, uno de aquellos casos que la mitología hace entrar por una puerta y salir por la otra, y la realidad los enjaula.

 

Hasta ayer, Scioli no había reclamado “las mayores sanciones a los responsables”, sus subordinados.

 

horaciolqt@yahoo.com.ar

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Exigen al Estado que proteja a la comunidad indígena El Nogalito

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos repudia los desalojos en contra de esta comunidad, que habita en Lules

  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le exigió al Estado argentino que tome medidas urgentes para proteger a la comunidad indígena El Nogalito, en el departamento Lules.

 

La medida dispuesta por la CIDH responde a una presentación formulada por la organización Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales).

 

Andhes acudió al organismo internacional para dar a conocer la situación que enfrentan las comunidades indígenas que habitan en Tucumán. En el documento que se remitió a la CIDH se detallan los continuos desalojos a los que están siendo sometidos los pueblos originarios en los últimos años.

 

"Está en vigencia una ley de orden público que prohibe estos desalojos. Además, las comunidades y sus referentes son víctimas de permanentes amenazas y hostigamientos. Esto es una evidencia de que el Estado no llevó adelante las acciones necesarias para evitar estos actos de violencia", remarca el documento.

 

"Por lo contrario, las acciones en perjuicio de esta comunidad contaron con el aval directo de un amplio sector del Poder Judicial y las policías locales. Sumado a la indiferencia de los poderes ejecutivos locales y federales", continúa el informe.

 

Los derechos de propiedad de las comunidades indígenas del país sobre sus territorios comunitarios ancestrales no provienen, en general, del otorgamiento estatal de un título de propiedad; sino del reconocimiento Constitucional de su preexistencia al Estado Nacional. Por esto, el Estado argentino deberá cumplir con la medida cautelar interpuesta por la CIDH que busca garantizar el bienestar de este pueblo.

 

La comunidad de El Nogalito está instalada en Lules, en una localidad aledaña a la ruta 341

 


DESDE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Solicitan medidas de protección para la comunidad de El Nogalito

Es en repuesta a medidas cautelares presentadas por ANDHES ante el organismo internacional. Promueven el diálogo entre la comunidad indígena, la Nación y la Provincia de Tucumán.

14/02/2013 00:16 AM | En respuesta a las distintas medidas cautelares interpuestas por ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) con el fin de garantizar la seguridad y la integridad de la vida y los bienes de los integrantes de las comunidades indígenas que habitan en suelo tucumano, ante la falta de respuestas por parte del Gobierno provincial, y dadas a conocer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta tomó cartas en el asunto y recomendó a los Estados, tanto nacional como provincial, tomen las medidas correspondientes en los casos de gravedad a fin de prevenir “daños irreparables a las personas, grupos o comunidades”.

La CIDH consideró que “en vista a los antecedentes corresponde otorgar medidas cautelares a favor de la Comunidad El Nogalito (Pueblo Lule) de la Provincia de Tucumán, y por ello solicitó al Estado Argentino la adopción de medidas urgentes a fin de garantizar la vida y la integridad de los integrantes de esta Comunidad”.

Esta decisión de la CIDH abre una nueva instancia de diálogo entre los indígenas, el Estado federal, y la provincia de Tucumán para encontrar una solución de fondo al conflicto. Todas las medidas que se adopten deberán ser acordadas con los miembros de la comunidad y sus representantes.

"Para avanzar en las solicitud de la CIDH, es fundamental tener en claro que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha adoptado una concepción amplia del derecho a la vida", señaló Josefina Doz Costa, Directora Ejecutiva de ANDHES.

La Argentina ha avanzado, con normativa tendiente a la delimitación y demarcación de los territorios comunitarios indígenas. "Mientras el avance de estas tareas de demarcación ha tenido un desarrollo irregular a lo largo y a lo ancho del país, en Tucumán este trabajo ha tenido un avance significativo, por lo cual la solución de fondo, la titularización comunitaria del territorio relevado, está al alcance de la mano del Estado" finalizó Doz Costa

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EL ARBOL DE LA MURALLA Y LOS RECUERDOS DE UN SOBREVIVIENTE

Escuchar para ser testigos

El ejercicio de la palabra, como forma de memoria y como acceso a la verdad, tal como lo consagran las tradiciones judías, es la base de este film en el que Jack Fuchs, que estuvo en el campo de exterminio de Dachau, entrega sus recuerdos como un legado.

  Por Horacio Bernades

“Primero vino la palabra”, es lo primero que dice Jack Fuchs a cámara, citando a la Biblia, aunque más tarde no tendrá ningún empacho en aclarar que jamás creyó en Dios. “En el caso de la Shoá, primero fue el hecho. Por eso, después de la guerra nosotros no podíamos hablar de la Shoáh, porque no sabíamos qué nombre darle.” En verdad, y tal como él mismo reconoce, le llevó bastante más que “después de la guerra” a Jack Fuchs hablar de su condición de sobreviviente de los campos de exterminio nazis. Le llevó cuarenta años. Después de eso no dejó de hacerlo, como testimonian no sólo sus contratapas en Página/12, sino sus libros Tiempo de recordar (2006) y Dilemas de la memoria (2006). El ejercicio de la palabra, como forma de memoria y como acceso a la verdad, tal como lo consagran las más ancestrales tradiciones judías. Basado en parte en el libro de conversaciones homónimo, entre Fuchs y la psicoanalista Eva Puente, El árbol de la muralla no podía ser sino un film hablado.

 

Pero se trata de un film hablado por alguien que no es, por suerte, una reproductora de casetes, sino una persona. El brillo pícaro en los ojos, el sentido del humor (“no es la primera que estoy en Auschwitz, es la segunda”, dice en su regreso al campo de exterminio, “la diferencia es que la vez anterior no tuve que pagar para entrar”), la calidez (“¿quieren tomar algo, un tecito?”, les pregunta a los miembros del equipo de filmación), algo de idische tatele incluso (“¿seguro que no quieren comer nada?”). Un film hablado por alguien a quien, con cuarenta años de residencia en la Argentina, el castellano todavía le cuesta. Con un acento y una gramática que parecen como si hubiera llegado ayer, o anteayer, a Fuchs cada tanto se le olvida alguna palabra y tiene que decirla en polaco. O prefiere, en una ocasión formal –como cuando lo nombran Personalidad Destacada en Derechos Humanos– que sea otro quien lea su texto. Otra, más precisamente, su nieta Florencia, que le hace a veces de lazarilla idiomática, otras de entrevistadora informal.

 

“Se me mezclan todos los idiomas”, dice Fuchs, durante una visita a Polonia. Se entiende: al polaco y el yiddish de cuna, este nativo de Lodz le sumó el inglés (terminada la guerra emigró a Estados Unidos, y allí permaneció casi veinte años) y el castellano, desde que llegó a Buenos Aires, en 1963. Se entiende que los idiomas se le mezclen en ese momento y no en otro: está de regreso en su ciudad, allí donde alguna vez estuvo el gueto. Pero a este sobreviviente sonriente no lo van a correr con aquello de que la infancia es la patria del hombre. “No tengo ningún sentimiento, porque nada de lo que veo se parece a mi pasado”, frena a alguien que parece estar pidiéndole lágrimas. “Me gusta hablar con vos, porque como hija de sobreviviente, yo tengo un poco la idea de que en el principio fue la Shoá, como si antes de eso no hubiera habido nada”, le dice su amiga Diana Wang (otra de sus amigas es Elsa Oesterheld). “Pura tragedia, muerte, exterminio. Pero vos me traés una imagen viva, pujante, vibrante, de cómo era la vida en Polonia.”

 

Fuchs es lo suficientemente generoso como para no querer ser propietario exclusivo de la verdad (en lugar de afirmar, suele pensar en voz alta) ni de la tragedia. “Asociar el nazismo exclusivamente con la destrucción de los judíos es cometer dramáticas omisiones, que nos perjudican a todos”, recuerda en un texto. “Entre las víctimas del nazismo estuvieron los opositores políticos, las personas con discapacidad, los testigos de Jehová, los homosexuales, los ciudadanos polacos, los gitanos...” Tan generoso, que reconoce que se sigue “autocensurando”, filtrando los recuerdos (estuvo en Dachau, perdió al resto de la familia en Auschwitz), para que al interlocutor el relato no se le vuelva intolerable. No se esperen de El árbol de la muralla cadáveres apilados, hombres-esqueleto, kapos sádicos, ejecuciones sumarias. Basta con una sola afirmación, más poderosa que mil descripciones: “Si la guerra duraba dos días más, yo no sobrevivía”.

 

Fuchs sobrevivió, ya cumplió 88, no ignora que la naturaleza humana no se parece a las películas de Disney (“Por algo el primer mandamiento dice ‘No matarás’, ¿no? Quiere decir que la gente se mata”), no olvida nada y, sin embargo, sonríe. “Mataron a millones, pero no nos pudieron deshumanizar”, dice. “Mi abuelo me decía que el que escucha se convierte en testigo”, le recuerda a la nieta. Como quien entrega un legado, de modo muy alusivo y sin hacer sentir el peso del legado. El espectador escucha, y se convierte en testigo.

 

7-EL ARBOL DE LA MURALLA

 

Argentina, 2012.

 

Dirección, guión y fotografía: Tomás Lipgot.

 

Montaje: Leandro Tolchinsky.

 

Investigación: Eva Puente.

 

Animación: Pablo Calculli.

 

Se exhibe en los cines Gaumont y Artecinema, y a partir del 28 de febrero en el Ctro. Cult. Gral. San Martín.

 

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Apartada

Sin explicaciones, la Suprema Corte trasladó a un juzgado civil a la jueza Mariana Mota, de relevante actuación en casos de terrorismo de Estado.

 

Sorpresa, indignación, dolor. Eso generó entre los referentes de las organizaciones vinculadas a los derechos humanos la noticia de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió trasladar a la jueza Mariana Mota de la órbita penal a un juzgado civil. Mota ha tenido una destacada participación en causas contra militares y civiles responsables de crímenes cometidos en la última dictadura.

 

Recordemos algunas: el procesamiento con prisión de Juan María Bordaberry y de su canciller Juan Carlos Blanco, la causa del asesinato de Ubagésner Chávez Sosa, el caso de Rodolfo Perrini contra el general Pedro Barneix, las declaraciones de José Nino Gavazzo en su último libro y el alegato contra el pedido de prescripción de la defensa de Jorge Pajarito Silveira. Más recientemente, se enfrentó con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, cuando éste le impidió concretar una inspección ocular en el Batallón de Infantería Nº 13 y en el Servicio de Material y Armamento del Ejército.

 

En diálogo con la diaria, la jueza Mota reconoció que la decisión de la SCJ la tomó por sorpresa, entre otras cosas porque ella “ni había pedido el traslado ni había cometido ninguna falta”. Incluso especuló con otros posibles motivos como “la exposición pública o la antigüedad en el cargo, pero la exposición pública no la tuve yo sino los casos en los que trabajé y la antigüedad no corre, porque yo hacía cuatro años que trabajaba en ese juzgado y hay compañeros que hace diez que se desempeñan ahí”. Dijo conocer “los motivos” de su traslado o “al menos sospecharlos”, ya que son los mismos a los que cualquier persona “podría llegar analizando los hechos”. Sin embargo, se negó a especular más allá de eso, ya que las explicaciones debería darlas la propia SCJ. “Lo que es extraño es la forma en que deciden el traslado de un juez sin que éste lo haya pedido o haya cometido alguna falta, y además con el tipo de casos como los que yo estaba trabajando, que ahora, entre una cosa y otra, se van a trancar y van a demorar muchísimo. La SCJ va a decir lo de siempre: que es algo que el estatuto le permite y nada más. No están obligados a dar explicaciones”.

 

Bengalas

El presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrez, no quiso brindar declaraciones sobre el tema porque necesita “un día para procesar la noticia”. Después de eso, sí estaría dispuesto a detallar “todas las razones” por las que, según su opinión, Mota “termina siendo justificadamente trasladada”.

 

Una de las primeras manifestaciones de solidaridad con Mota la expresó la ex fiscal Mirtha Guianze. Ayer temprano escribió en su cuenta de Facebook: “Pensemos un poco ¿que significado le podemos asignar a este inexplicable traslado? ¿Por qué ahora, con tantos asuntos a resolver? ¿Es que no llevaba bien los juicios? ¿Cuándo podremos conocer las motivaciones reales? ¿Qué podemos hacer, cada uno en su lugar, o todos juntos?”.

 

A la reflexión

Los principales referentes de las organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los derechos humanos también se expresaron rápidamente. El dirigente Wa-shington Beltrán, de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, se mostró “sorprendido y dolido” por esta decisión del máximo órgano judicial. “No pensamos culpar a la SCJ por un hecho que desde la secretaría consideramos que responde a muchos hechos concatenados de corte político”, aventuró Beltrán, quien considera que se trata de un hecho “gravísimo, que vuelve a poner en evidencia que de parte del sistema político la opción ante nuestros planteos de justicia, ante las denuncias de la sociedad, se elige barrer para abajo de la alfombra”.

 

Por su parte, Baldemar Tarocco, vicepresidente de Crysol, adelantó que desde esa organización pedirán la próxima semana un recurso de revocación. También convocan a una concentración ante la sede de la SCJ para mañana, ya que ese día está previsto que Mota concurra al lugar para aceptar su nuevo cargo.

 

Según Tarocco, este traslado demuestra que “esta SCJ defiende claramente la impunidad” en materia de las causas vinculadas a los derechos humanos y al pasado reciente. “Ya había pasado algo similar cuando Jorge Díaz trasladó a uno de los fiscales que más conocimiento tenían en causas de derechos humanos como [Ricardo] Perciballe”, al tiempo de mencionar que otro juez a cargo de expedientes sobre los crímenes en dictadura también fue cambiado de fuero, en referencia a Gustavo Mirabal, que pasó de lo penal a lo civil. “Y ahora esto. Forma parte de la campaña de la SCJ de frenar los procesos, como en el caso del juicio de Perrini o en el que Crysol viene llevando a cabo, a pesar de los múltiples palos en la rueda”, sentenció.

 

El diputado Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), concluyó que el traslado de Mota refleja “un verdadero triunfo de la impunidad”. Puig consideró que se trata de una decisión “injusta” y que, “fruto de recusaciones y campañas orquestadas por defensores de la impunidad, se elige apartar a una jueza que siempre cumplió con las leyes y los convenios internacionales en materia de derechos humanos sin ninguna razón”.

 

El diputado frenteamplista opinó que la campaña contra la magistrada “no sólo vino de los militares acusados y de sus abogados sino también de legisladores blancos y colorados que durante todo este tiempo se dedicaron a hacer fuego contra la jueza Mota con argumentos infundados y trampas de todo tipo”.

 

El diputado del PVP aseguró que es “la misma campaña que hubo contra Guianze, y eso nos tiene que llamar a la reflexión porque no puede ser que cada vez que nos aproximamos a la verdad se dan estos hechos que hacen volver todo atrás. Un ejemplo claro es la forma en que la SCJ, con todos los elementos para expedirse sobre el caso Perrini, haya frenado todo de forma increíble”.

 

El temita del poder

Por su parte, el abogado Antonio Rammauro, quien defendió a Mota en los casos de recusaciones llevadas adelante por los militares acusados, evaluó que “son cosas del poder”. “Creo que es una decisión política pero no creo que esté relacionada con tal o cual integrante del gobierno sino con una entidad de poder mucho más grande que el que puede tener cualquier político”, sostuvo Rammauro, quien lamentó “profundamente” que se haya desarticulado una investigación de “varios casos entrelazados que Mota estaba llevando adelante y que ahora quedan trancados”.

 

El abogado señaló que no es la primera vez que trasladan a Mota para frenar sus investigaciones: “Cuando estaba en Ciudad de la Costa había logrado avances significativos en la investigación sobre el contrabando y justo en ese momento la trasladan a Montevideo”.

 

Explicame

“¿Cuáles son las causas por las que se traslada a la jueza Mariana Mota? ¿Qué motiva esta decisión de la Suprema Corte de Justicia?”, se preguntó el senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, en su cuenta de Twitter. Larrañaga adelantó que pedirá “explicaciones” al máximo órgano judicial sobre esta decisión, aunque lo hará “preservando el principio de separación de poderes”.

 

La SCJ no dará explicaciones sobre el tema. El vocero Raúl Oxandabarat apenas explicó que “el artículo 99 de la ley 15.750 le da a la SCJ la potestad de hacer uso de sus recursos humanos sin brindar explicaciones. Además, el traslado de la jueza Mota está acompañado de otros 15 traslados, destinados estrictamente a la mejora del servicio”. De todos modos, afirmó que “los jueces tienen que pasar por todas las materias a lo largo de su carrera para adquirir diferentes conocimientos, y la jueza no había estado en un juzgado civil”. Retomando lo que afirmaba la jueza sobre su antigüedad, sostuvo que “los jueces no pueden estar mucho tiempo en su cargo”.

 

Descartó tajantemente la posibilidad de considerar este traslado un castigo o sanción, ya que “la SCJ está investigando dos causas relacionadas con la jueza Mota: las declaraciones que brindó a Página 12 cuando criticó la política de derechos humanos de Uruguay, y cuando en el marco de un pedido de documentación de la SCJ ésta no fue enviada. La SCJ no se ha expedido, por lo tanto, no se puede hablar de sanción. Además, se trata de un traslado horizontal, porque no baja en el escalafón ni en su sueldo, sino que los juzgados civiles tienen la misma jerarquía que los penales”. El lugar vacante que dejará Mota en el juzgado de 7º turno en lo penal lo ocupará la jueza Beatriz Larrieux, quien ejercía en la ciudad de Colonia


Nueva jueza para 50 casos de DD.HH.

Mariana Mota. La Corte la trasladó a una sede civil y en su lugar nombró a Beatriz Larrieu

PABLO MELENDREZ

 

Desde mañana, Mariana Mota ya no será más jueza penal y pasará a desempeñarse en una sede civil. La magistrada, que tenía a su cargo unos 50 expedientes por violaciones a los derechos humanos, dijo que evaluará si recurre el traslado.

 

Sorpresivamente, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó el traslado de Mota, quien tiene 21 años de trayectoria como magistrada y estaba al frente del juzgado penal de 7° turno desde marzo de 2009.

 

Mota jurará mañana ante los ministros de la SCJ como nueva jueza civil. Su lugar será ocupado por su colega Beatriz Larrieu, quien hasta ahora se desempeñaba como jueza suplente en Montevideo.

 

La jueza, al ser consultada ayer por El País, dijo que el traslado la tomó "por sorpresa" y señaló que la Corporación no le brindó los argumentos de la decisión. Mota también señaló que "por ahora" seguirá trabajando en el Poder Judicial, al tiempo que evaluará si existen mecanismos legales para recurrir administrativamente el traslado (ver entrevista).

 

 

El ministro de la SCJ, Jorge Chediak, dijo a El País que el traslado de Mota se inscribe en una "numerosísima" cantidad de movimientos de magistrados a raíz de la existencia de varias vacantes y la creación de nuevas sedes.

 

Chediak aseguró que el de Mota es un "movimiento de estilo", y aseguró que a pesar de ser un traslado horizontal, históricamente el pasaje de la materia penal a la civil ha sido considerado como un "ascenso".

 

El ministro de la Corporación dijo que no se tuvieron en cuenta los episodios polémicos que ocurrieron en torno a Mota en el último tiempo ni los casos que tenía en su sede. "Si fuera por la exposición pública de los magistrados casi no habría posibilidad de mover a los jueces de la materia penal", señaló Chediak.

 

El juzgado que tenía a su cargo Mota tramita unas 50 denuncias por casos de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985). Esa cifra es casi la mitad del total de expedientes sobre esa temática.

 

La labor de Mota en relación a los casos de violaciones a los derechos humanos es destacada por los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales, al tiempo que ha sido duramente cuestionada por los centros sociales militares y los abogados de los oficiales que están siendo investigados.

 

Mota es una de las pocas magistradas que utiliza la legislación internacional en materia de derechos humanos, aplicando figuras como el homicidio político y la desaparición forzada, las cuales generan resistencias incluso en la SCJ.

 

La jueza, en una histórica sentencia que dictó en febrero de 2010, condenó a 45 años de prisión al expresidente Juan María Bordaberry (fallecido en julio de 2011) por el delito de atentado a la Constitución y 11 crímenes de lesa humanidad (9 desapariciones y 2 homicidios).

 

POLÉMICA.

 

Desde 2011 Mota ha sido objeto de varias polémicas públicas. Primero, fue duramente cuestionada por el expresidente Jorge Batlle y el exvicepresidente Gonzalo Aguirre por expresiones que formuló en una sentencia contra el principio jurídico por el cual ningún indagado está obligado a autoincriminarse.

 

Luego, fue criticada por los abogados de los militares que ella indagaba y por las instituciones sociales castrenses cuando se conoció que el 20 de mayo de 2011 asistió a la "Marcha del Silencio", en la cual familiares y organizaciones sociales reclaman justicia por los desaparecidos.

 

En marzo de 2012, en una entrevista con el diario argentino Página 12, Mota cuestionó al gobierno uruguayo porque, dijo, no promueve el esclarecimiento de los casos de violaciones a los derechos humanos.

 

CRÍTICAS.

 

La Secretaría de Derechos Humanos del Pit-Cnt criticó el traslado de Mota y reclamó que la SCJ explique los fundamentos de su decisión.

 

Para la central obrera, "es incomprensible que se tome una decisión como esta que redundará en acentuar la impunidad fáctica que se ha instalado en el Uruguay", se indicó en un comunicado de prensa.

 

A criterio de la Secretaría de Derechos Humanos del Pit-Cnt, el traslado de la jueza Mota es una muestra más de que la SCJ toma "represalias contra quienes intentando hacer justicia con idoneidad y competencia, desafían los mandatos y las presiones desde las esferas del poder".

 

Por su parte, el abogado Oscar López Goldaracena, denunciante en varios casos de derechos humanos, dijo a El País que "cualquier observador puede presumir que este cambio es para que la doctora Mota no siga interviniendo en las causas de derechos humanos".

 

Mota "demostró una profesionalidad en la instrucción de las causas, sensibilidad con las víctimas y una idea jurídica de lo más avanzada en la doctrina y las leyes de derechos humanos", resaltó el abogado.

 

En tanto, Ignacio Errandonea, miembro de la asociación de Familiares de Desaparecidos, dijo a El País que es "preocupante" el traslado de Mota porque "realmente estaba cumpliendo con su función, que es una obligación de todos los jueces que tienen que hacer que se cumpla la ley y finalmente se haga justicia".

 

LA JUEZA MOTA Y SUS POLÉMICAS

1.FALLO EN EL CASO DE CALCAGNO

En marzo de 2011, la jueza Mariana Mota fue duramente cuestionada por el expresidente colorado Jorge Batlle y el exvicepresidente nacionalista Gonzalo Aguirre, por parte del contenido de una resolución en la que mantuvo el procesamiento del coronel (r) Carlos Calcagno por su responsabilidad en la desaparición de dos uruguayos en Paraguay. En un pasaje del fallo, la jueza cuestionó el principio jurídico de que nadie está obligado a autoincriminarse en el marco de una indagatoria penal. Mota sostuvo que ese principio es "obsoleto y profundamente injusto" y "está hoy claramente derogado por la regla moral que preside el debate judicial". Mota, a su vez, cuestionó a Batlle y Aguirre por criticarla sin haber leído el fallo entero sino solamente los fragmentos que se publicaron en la prensa.

 

2.LA MARCHA DEL SILENCIO 2011

Mota asistió a la tradicional "Marcha del Silencio" en 2011. La movilización, convocada por familiares de desaparecidos y organizaciones sociales, se realiza todos los 20 de mayo desde 1996 en reclamo de esclarecer los casos de desapariciones forzadas durante la dictadura. La presencia de Mota en la marcha fue divulgada semanas después del evento por el semanario Búsqueda. La asistencia de la magistrada a la marcha hizo que la defensa de varios militares que estaban siendo indagados por ella la recusaran, al entender que no es imparcial. La Suprema Corte de Justicia abrió una investigación administrativa contra Mota por este hecho, la cual se archivó sin consecuencias para la jueza. La Corporación concluyó que no fue a la "Marcha del Silencio" en "el ejercicio de su función judicial" sino que lo hizo como una ciudadana más.

 

3.LA ENTREVISTA EN PÁGINA 12

En marzo de 2012, Mota cuestionó la política de derechos humanos del gobierno, en una entrevista que concedió al diario argentino Página 12. Dijo que "no hay una promoción de los derechos humanos" para esclarecer los casos aún a estudio. Agregó que la posición uruguaya "es bien diferente a la del gobierno argentino", ya que el presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro "fueron rehenes de la dictadura" y por eso no son objetivos.

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TRAS INTERVENCIÓN CONTRA ISLAMISTAS

ONU reconoce que Francia viola los DD.HH. en Malí

 

jueves, 14 de febrero de 2013

La alta comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, reconoció que Malí corre el riesgo de entrar en una espiral de violencia “catastrófica” por las constantes torturas y violaciones de DD.HH., tras la intervención de fuerzas francesas en enero pasado en esa nación.  

 “Los ataques y las respuestas pueden hacer que Malí entre en una espiral de violencia catastrófica”, declaró Pillay ante el Consejo de Seguridad de la ONU. 

 “Pido a todas las partes del conflicto respetar los derechos humanos y las leyes humanitarias internacionales y evitar las represalias”, agregó. 

 El colaborador de la agencia de noticias Rusia Today (RT), Gonzalo Wancha dijo ser testigo de abusos y ejecuciones en esa nación. “Aquí no se trata sólo de los crímenes llevados a cabo por el Ejército, sino también de persecuciones étnicas contra los árabes y tauregs”.