| año 18 - número 26 | Jueves 21 de Abril de 2016 | 
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NACIONALES  Los damnificados por las últimas inundaciones, que afectan con mayor intensidad al litoral argentino, rondarían las 29.000 personas, 10.000 de las cuales debieron dejar sus hogares. Esto no podría ser de otra manera cuando se estima que alrededor de 6 millones de personas, casi un 15 % del total de la población, vive en zonas inundables. Red Eco Alternativo
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 La demora de la Justicia para dejar en firme condenas a represores por delitos de lesa humanidad y la falta de pericias completas permiten a los defensores llevar adelante estrategias para lograr liberaciones y/o beneficios para los genocidas. Los casos de Alejandro Duret y José Rubén Lofiego. Red Eco Alternativo
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 La comunidad Vuelta del Río retomó un proyecto educativo en el que la cultura mapuche sea transversal a través de su conocimiento de la lengua y conocimientos ancestrales. La iniciativa tiene como objetivo lograr que los miembros de la comunidad puedan formarse sin tener que irse del territorio. La comunidad denuncia que si bien el proyecto contó con el apoyo del anterior gobierno, no se avanzó en las formalidades y los funcionarios actuales continúan postergándolo. Red Eco Alternativo
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 Se realizará del 25 al 30 de abril e incluirá 100 cortes de calle, clases públicas y actos en las Universidades Nacionales. La medida de fuerza es en rechazo a la oferta salarial de un incremento del 15% que realizó el gobierno a la Docencia Universitaria y Preuniversitaria. A su vez, desde la FUBA denunciaron un recorte en el presupuesto para la Universidad de Buenos Aires. Red Eco Alternativo
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 El Centro de Economía Política Argentina realizó un estudio sobre el impacto que tendrá el final de la moratoria previsional anunciado para septiembre por el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso. Por Mario Hernandez para Red Eco Alternativo
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ENTREVISTAS Días después del fallecimiento de cinco jóvenes en la fiesta de música electrónica "Time Warp" realizada en Costa Salguero, Jonatan Baldiviezo, presidente del "Observatorio del Derecho a la Ciudad", analizó las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el predio ubicado sobre la costanera del Río de La Plata. Por Ana Schimelman, para La Revancha
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BREVES
 Se trata del subteniente de la bonaerense Roberto Julio Páncere, quien el 28 de marzo de 2012 mató con su arma reglamentaria a Matías Lobos de 17 años en el predio del Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez.
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 Los laboratorios están retirando algunas presentaciones y reduciendo las unidades de otras, en una maniobra deliberada para quitar del mercado determinados productos cuya rentabilidad consideran agotada y con el ardid de ingresar otras similares, de un precio mucho mayor.
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Los damnificados por las últimas inundaciones, que afectan con mayor intensidad al litoral argentino, rondarían las 29.000 personas, 10.000 de las cuales debieron dejar sus hogares. Esto no podría ser de otra manera cuando se estima que alrededor de 6 millones de personas, casi un 15 % del total de la población, vive en zonas inundables. Red Eco Alternativo
(Red Eco) Argentina - Los aglomerados con mayor porcentaje de población en zonas inundables son Santa Fe, Córdoba, Salta, Corrientes y las localidades del Gran Buenos Aires. En los tres últimos, la población residente en estos espacios constituía entre un 27 y un 30% respectivamente al segundo trimestre de 2015.
Los datos crecen inevitablemente en momentos de crisis económicas. En este sentido, se observa un aumento durante los años 2003 y 2004, luego en 2008, y posteriormente un ascenso sostenido de 2012 a 2015.
"No se trata de un problema climático o incluso geográfico. La residencia en zonas inundables remite a las condiciones económicas de la población. Las muertes y daños provocados por el agua se deben a la precariedad de las condiciones de vida de la clase trabajadora", afirmaron desde el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS).
Para profundizar sobre este tema, Red Eco entrevistó al Licenciado en Historia, Rodolfo Leyes. Becario del CONICET, trabaja en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos en Concepción del Uruguay y forma parte de uno de los grupos de investigación del CEICS. La Fatalidad Meteorológica y el NIÑO
"El problema de fondo no es el clima sino la falta de planificación urbana o de obras que prevengan toda esta situación", aseguró el investigador, quien recuerda que cuando se habla del clima se debería pensar en ciclos. "En la actualidad, y por el cambio climático, parecería que determinados fenómenos se dan con mayor fuerza que lo que se daban antes", afirmó para salir al cruce de posiciones de funcionarios que prefieren echarle la culpa al clima: "Si bien obviamente el clima es el detonante lo que tenemos que discutir es por qué faltan obras, por qué están faltando planificaciones y proyecciones para solucionar este problema".
Leyes consideró que estas situaciones climáticas no llegan de un día para el otro: "Los climatólogos y gente de la Nasa – que son los que tienen los estudios más avanzados – hacía por lo menos un año que hablaban de que este año sería el Niño más grande del cual había registro en el último medio siglo y se viene cumpliendo esa proyección. O sea que si hace un año sabíamos que iba a pasar eso se podrían haber tomado ciertas medidas que, sin embargo, no se tomaron".
Vivir en la frontera con Uruguay le permite contrastar cómo se ha tratado el problema de la creciente del lado argentino y cómo del lado del país hermano: "Cuando fue la creciente grande que tuvo el Río Uruguay entre noviembre y diciembre del año pasado, 15 días antes ellos ya habían sacado la gente de las casas. Sin embargo del lado entrerriano la mayoría de la gente se fue cuando el agua ya le estaba entrando a las casas, no había información, la presencia del Estado fue prácticamente nula. Entonces no se proyectan obras y tampoco hay planes de emergencia para el momento mismo que llega la creciente. Por eso no hablamos de catástrofes climáticas sino de crímenes sociales porque teniendo la posibilidad de prevenirlos, no se previenen". Red Eco: ¿Cuáles son las medidas concretas que se deberían haber tomado para evitar que la gente se inunde? ¿Es inevitable que esto suceda? Rodolfo Leyes: Respecto a lo inevitable, lo que se inundan son zonas bajas, que no son habitables, donde no debería vivir nadie. Sin embargo, hay gente viviendo allí porque el costo que tiene la tierra para los trabajadores –esa es la clase social que afecta- le queda fuera de su alcance para vivir en una zona mejor.
Respecto a las medidas concretas la primera debería ser relocalizar a las poblaciones que viven en zonas bajas y llevarlas para que vivan en lugares que tengan todos los servicios, que tengan la mejor calidad de vida posible fuera de zonas inundables, entonces lo que hace falta son planes de vivienda.
En segunda instancia, para la gente que por una u otra razón no se puede trasladar o es difícil hacerlo, se pueden hacer obras de defensa, se hacen grandes murallones que son defensas y que funcionan contra la creciente. Ahora, el problema con las defensas es que si no están hechas al 100% bien, siempre es un riesgo. Aquí, la experiencia de Santa Fe es que las defensas que ellos tenían para prevenirse del Río Salado o del Río Paraná, que son los que afectaban en las crecientes, las defensas tenían bombas que no funcionaban y terminó quedando el agua adentro por las grandes lluvias. Por eso si las obras no están bien hechas lo que puede suceder es una catástrofe. En la última creciente grande, Concepción del Uruguay que tiene una gran defensa, tenía filtraciones. Para ilustrar esta situación el investigador recordó lo que el actual gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, dijo cuando era intendente de la ciudad de Concordia, tal vez la más afectada por las crecientes del Río Uruguay: "Durante 2009 tuvimos una creciente muy grande; se aprovechó y se hizo un plan de obra y se sacó la población trasladando a lugares no inundables a cerca de 600 familias. En la última creciente de octubre-diciembre, el entonces intendente que ya era Gobernador de la provincia, dijo: 'nosotros sacamos esa gente y ahora tenemos 50 familias nuevas viviendo en el mismo lugar'. Y empezó a hablar de la falta de cultura, o sea que siempre la culpa del problema es una abstracción, si no es el clima es la ignorancia de la gente. La verdad es que la gente no es ignorante pero tampoco le queda otra opción". Red Eco: ¿Cuánto tiene que ver la deforestación y el avance de la frontera sojera? ¿Cómo afecta esto a poblaciones que no están a la vera de los ríos? Rodolfo Leyes: Claramente una hectárea de selva o de bosque absorbe muchísima más agua que una hectárea de soja, trigo, eucalipto o cualquier monocultivo. Claramente la desforestación afecta y en gran medida, no sólo por el agua que no se absorbe sino, sobre todo por el escurrimiento. Hoy llueve sobre un campo pelado de algún monocultivo – no hay que demonizar solamente la soja – y en esa tierra el agua escurre mucho más rápido e inevitablemente termina llegando (a las ciudades) mucho más fuerte y precipitadamente. Eso es lo que pasó en la ciudad de La Paz, en el norte entrerriano, cerca del límite con Corrientes. Allí había un arroyo al que se le desmontó toda la cuenca y terminó como si fuera una zanja. Cuando llovió el caudal de agua que fue elevadísimo hizo como un embudo y el arroyo no dio abasto y provocó inundaciones. Si hubiese habido bosque la creciente se hubiera producido igual, pero la diferencia es que posiblemente hubiese sido más extendida en el tiempo y con un pico no tan alto.
Además, tener bosques en las cuencas previene las sequias. Ahora estamos en el Niño pero después viene la Niña que son épocas de sequías y los bosques también previenen eso. Lo que trabajan los países llamados desarrollados es alternar obras de manejos de agua – represas, diques, lagos artificiales- con los bosques y los humedales naturales, justamente para mantener el agua y que sirva para manejar este problema. Los datos elaborados en la investigación de la que forma parte Roberto Leyes hablan de 6 millones de personas - el 15% de la población argentina – asentadas en zonas inundables. Este dato lo confeccionaron a partir de la Encuesta Permanente de Hogares y constituye, afirma Leyes, un cálculo conservador porque la pregunta que la EPH hace en su relevamiento es si en el lapso del último año el encuestado se inundó.
"Pero hay zonas, por ejemplo La Plata, en que la gente no sabía que esa era zona inundable hasta que se inundó. Porque en zonas como esa influye el desarrollo urbano, las obras que deberían haberse hecho y no se hicieron, el entubamiento bien o mal hecho de los cursos de agua en zonas urbanas, lo cual modifica el cálculo. Desglosar este dato por provincia es aún más difícil porque el de la EPH es un dato nacional y la mayoría de las provincias no tienen estadísticas. Lo que nosotros estamos rastreando es ver si Entre Ríos tiene algún tipo de estadística similar. Hace 15 días que venimos buscando por el tema de la inundación y no se consigue nada. Hoy en esta provincia hay alrededor de 13.000 personas afectadas por la creciente, de las cuales hay cerca de 2.000 evacuadas. Esto son números off de record que lo construye más o menos la Prefectura Naval que está vinculada a la gente por las evacuaciones, o los bomberos. Pero no hay un cálculo por parte del Estado como un dato oficial que se haya divulgado", explicó.
Para Leyes la falta de existencia de datos es una reafirmación de que las inundaciones son un crimen social y que no hay interés por parte del Estado en solucionar de fondo el problema: "Hay una especie de protocolo de cómo actúan los políticos, vienen al lugar de la inundación después que todo el mundo ya está inundado, recorren la zona, prometen obras, 15 o 20 días después parece que algo se mueve y ahí se detiene y no pasa nada más", afirmó. Red Eco: Detrás de las cifras hay personas, familias, que con cada inundación - que en muchos casos se repiten año a año , incluso más de una vez en el mismo año – pierden lo mucho o generalmente poco que tienen ¿Hay resignación a esa "fatalidad"? Roberto Leyes: Resignación, el ánimo por el piso porque ven que pasa el tiempo y no pasa nada. Hay gente que se ha inundado los últimos 5 años cuatro o cinco veces. Para alguien que vive inundándose, cada inundación-dependiendo la fuerza - le va sacando parte de su trabajo, le va destruyendo sus muebles. La sensación es que nadie te da una mano; la palabra que usan es que se sienten "manoseados". Nos palmean la espalda y la solución definitiva no aparece, nos dicen. Estamos hablando de gente que vive en muchos casos en condiciones paupérrimas, pierden todo y el Estado no responde y todos los años pasan por la misma historia. Entonces el estado de ánimo es la resignación, el sentimiento es que están a la intemperie, que cada vez que viene algo así van a perder un poco más. Leyes compartió durante la entrevista algunos casos que le tocan de cerca como entrerriano: "Una vecina de un barrio de Colón contó que vivía en una construcción de madera y la creciente literalmente le llevó la casa. Otro vecino comentó que por eso le había puesto un candado con una cadena a la casa, para que la crecida no se la lleve, como si fuera una bicicleta. Estamos hablando de casas hechas con cuatro paredes de madera de eucaliptus y techo de chapa.
La bronca se refuerza porque en la mayoría de las ciudades, en esta última creciente grande, no se le dio un peso a ninguno de los afectados: "La gente que se inundó tuvo que volver a su casa y arreglárselas por sus propios medios. Estamos hablando de la población trabajadora más empobrecida que son es la que realmente menos tiene. Esa gente es la más afectada", dijo.
Los motivos no son precisamente la falta de dinero porque, según explicó el investigador del CONICET, "los subsidios en la costa del Uruguay se cubren con los fondos de la represa Salto Grande, una caja de dinero fabulosa, lo que significa que la plata que se le da a la gente es menos que un vuelto. Para tener una idea de lo gigantesca que es esta represa, basta decir que el 70% de la energía que consume Buenos Aires proviene de Salto Grande. No se dio plata porque se especulaba que iba a venir otra creciente y que si se le daba plata en esta ocasión se iban a volver a inundar e iban a tener que volver a dar dinero luego". Santa Fe: más del mismo sufrimiento
En esta provincia, 1800 personas debieron abandonar sus hogares debido a las inundaciones provocadas por las lluvias que dieron lugar a la crecida de los ríos Salado y Paraná. El agua alcanzó a cubrir 7 millones de hectáreas, lo que implica el 50% del territorio.
Durante los últimos días el río Paraná estuvo bajando su caudal, habilitando a que se empiecen a drenar las zonas tapadas por el agua, el Paraná bajó 11 centímetros durante la semana en las localidades de Santa Fe, Rosario y San Lorenzo. Hoy se encuentra en 6,04 metros, mientras que el río Salado experimentó una crecida de 2 centímetros.
Un poco menos de la mitad de quienes se encuentran afectados pertenecen a la capital provincial, alrededor de 800 personas evacuadas, una situación menos grata para los habitantes de esa ciudad que sufrieron las inundaciones de 2003, que tuvo por saldo la destrucción de varias viviendas y la muerte en algunos casos.
Quienes viven en la costa santafesina ya se veían afectados por la crecida del río Paraná, sumando ahora las intensas lluvias. Los más perjudicados son los que han quedado fuera del anillo de defensa, lugar donde se generan las mayores filtraciones de agua, por falta de obras de desagües troncales que son fundamentales para impedirlo.
Desde el año 2003 los vecinos vienen reclamando para que se lleven adelante los trabajos necesarios para no volver a atravesar una nueva inundación como la que vivieron aquellos años. Sin embargo, continúan sin obtener respuesta. VIDEO "Lo que dejo la nueva creciente"
Video Documental sobre las inundaciones en Colón, Entre Ríos, 2015-2016 Dirigido por Juan Di Noia La demora de la Justicia para dejar en firme condenas a represores por delitos de lesa humanidad y la falta de pericias completas permiten a los defensores llevar adelante estrategias para lograr liberaciones y/o beneficios para los genocidas. Los casos de Alejandro Duret y José Rubén Lofiego. Red Eco Alternativo. (Red Eco) – Argentina - El fiscal general federal, Daniel Adler, como representante del Ministerio Público Fiscal, interpuso un recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal para revertir la decisión por mayoría del Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata de excarcelar a Alejandro Guillermo Duret.
El ex coronel había sido condenado a 15 años de prisión por privación ilegal de la libertad agravada cometida bajo violencia física sobre las personas, e imposición de tormentos agravados en virtud de tratarse de un perseguido político, en el caso de la víctima Carlos Alberto Labolita.
Duret estuvo detenido entre diciembre de 2005 (tras la reapertura de los juicios de lesa humanidad y a partir de una medida cautelar) y el 3 de julio de 2009, fecha en que fue liberado por un fallo absolutorio del mismo TOF 1 de Mar del Plata. Sin embargo, en octubre de 2011, a partir de una revocación de la Cámara Federal de Casación, el Tribunal dispuso nuevamente su detención. Tras ser hallado en Chile, donde estaba prófugo, Duret fue extraditado a la Argentina y alojado en el penal de Marcos Paz donde permaneció hasta hace pocos días cuando recuperó la libertad.
Para el caso de Duret, los jueces Nelson Jarazzo y Alejandro Esmoris resolvieron aplicar la ley 24.390, conocida como de 2 x 1, derogada en 2001, y redujeron la pena de 15 a 8 años por no estar aún firme. Tomaron en cuenta los 3 años y 7 meses que el represor estuvo detenido por la medida cautelar y le sumaron 4 años y 5 meses por la decisión de la Cámara. Esto da los 8 años. El fallo cuenta con el voto en disidencia del tercer miembro del Tribunal, Carlos Rozanski.
"Han transcurrido 10 años desde que se lo sometiera a proceso a Duret, y ha cumplido 8 años en detención sin que medie sentencia firme (…). No hay justificativo alguno entonces para mantener esta situación que afecta los más elementales principios humanitarios consagrados en la Constitución Nacional", escribieron los jueces Esmoris y Jarazzo en su fallo.
Hoy Duret está libre. Según declaró Marcelo Núñez, militante de H.I.J.O.S. Mar del Plata, al sitio Cosecha Roja, el represor "es capaz de viajar hasta Las Flores y sentarse a tomar un café para que lo vea la familia de Labolita".
Labolita era un estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata y trabajaba en una petroquímica de Berazategui. Poco después del golpe, viajó a su pueblo Las Flores porque su padre había sido detenido. Un comando de la Comisaría de esa localidad lo secuestró en su casa materna y lo trasladó al Regimiento de Caballería Blindada I de Azul, donde actuaba Duret. Labolita se encuentra desaparecido y el represor ya en democracia continuó trabajando en la policía de Azul y durante el gobierno de Fernando de la Rúa fue nombrado coronel.
Tras la decisión del Tribunal, el fiscal general federal Daniel Adler presentó un dictamen en el que manifestó: "este Ministerio Público entiende, a contrario de la decisión recurrida, que no corresponde el empleo de la derogada ley 24.390 en base al referido principio de ley penal más benigna, y ello en razón de que los fundamentos que lo sustentan no se aplican al caso en análisis (…). De hecho, llama la atención de esta parte acusadora que al momento de resolver se haya desconocido el reciente precedente de la Cámara Federal de Casación Penal caratulada 'Mosqueda, Juan Eduardo y otros s/ recurso de casación', con fecha 21 de diciembre de 2015, donde se anuló un fallo similar al que aquí se cuestiona".
Otro beneficio que la justicia suele otorgar a represores es el de prisión domiciliaria. Tal es el caso del Tribunal Oral 2 de Rosario con José Rubén Lofiego, condenado a prisión perpetua y a 12 años de prisión en dos juicios diferentes. Estando detenido en el penal federal de Marcos Paz, los jueces Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe le concedieron esta "atención" a partir de un dictamen médico que indicaba dificultades motrices que incluían que el detenido no podría sostenerse en pie sin ayuda.
Sin embargo, el fiscal general a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villatte, interpuso un recurso de Casación para revertir la prisión domiciliaria al considerar que los problemas de salud no estaban debidamente acreditados.
Para la Fiscalía, el traslado de Lofiego, ex policía provincial del Servicio de Informaciones, a su domicilio significa además un potencial peligro para los testigos de los juicios por crímenes de lesa humanidad de la zona. Cabe señalar que próximamente será juzgado en otra causa que incluye homicidios y abusos sexuales también cometidos durante la última dictadura.
A su vez, Villatte se refirió a la peligrosidad del imputado recordando lo que el mismo tribunal dio por acreditado en la sentencia a perpetua, dictada en 2012 en la causa Feced-Díaz Bessone: "(Lofiego) participó personalmente de los interrogatorios bajo tormentos; fue parte de los grupos que realizaban los procedimientos para detener ilegalmente gente; agredió físicamente de manera personal a los detenidos y; formó parte de los traslados que importaban la muerte de éstos. En definitiva, utilizó su preparación profesional como modo de afligir a quienes ilegalmente mantenía bajo cautiverio, hasta que se resolvía su destino final. Fue especialmente cruel, conforme lo acreditan los testimonios de prácticamente todos los testigos que pasaron por este juicio".
"Afirman vuestras excelencias que, conforme informe pericial e informes del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, el nombrado padece múltiples patologías que exigen atención y cuidados permanentes. Tal como venimos sosteniendo, esta afirmación no está ni fundada ni probada; en ninguna constancia obrante en el expediente se menciona que Lofiego requiera atención exclusiva y permanente (…). No existe una constancia en la cual se invoque que Lofiego no recibe tratamiento adecuado. Entiendo que Lofiego puede permanecer alojado en el penal, en los mismos términos que viene haciéndolo, en el cual se le prestan las atenciones necesarias. Ningún episodio se registró que permita afirmar lo contrario", expresó el fiscal en el escrito presentado.
Más allá del avance de las causas por crímenes de lesa humanidad que se produjo en los últimos años, aún la Justicia mantiene vigentes ciertos artilugios y deficiencias que permiten a abogados de represores obtener beneficios para sus defendidos que implican claros retrocesos en el camino hacia la memoria y la verdad.
Fuentes: Cosecha Roja / Fiscales.gob.ar La comunidad Vuelta del Río retomó un proyecto educativo en el que la cultura mapuche sea transversal a través de su conocimiento de la lengua y conocimientos ancestrales. La iniciativa tiene como objetivo lograr que los miembros de la comunidad puedan formarse sin tener que irse del territorio. La comunidad denuncia que si bien el proyecto contó con el apoyo del anterior gobierno, no se avanzó en las formalidades y los funcionarios actuales continúan postergándolo. Red Eco Alternativo.
(Red Eco) Chubut - El proyecto inicial cuenta con más de 30 años. Fue pensado primero por los padres de quienes lo impulsan actualmente. Hasta el momento en la comunidad y alrededores no hay establecimientos educativos, excepto un plan FInEs (enseñanza secundaria) al que asisten tres jóvenes de la comunidad.
En general, las familias con niños en edad escolar o se trasladan a las ciudades, o envían a sus chicos a escuelas con internado en las que reciben enseñanza formal lejos de su cultura. Sólo cuando regresan, si es que lo hacen, comienzan a conocer sus costumbres, tradiciones e idioma.
La búsqueda es la de evitar el desarraigo de la gente de su territorio, que es una de las principales estrategias de este sistema para desaparecer las culturas originarias y quedarse con sus territorios.
Por esta razón, en 2015 y con el aval de otras comunidades mapuches, presentaron nuevamente el proyecto del establecimiento educativo de gestión social en el que la comunidad eligió el perfil docente y un enfoque que ponga en valor sus conocimientos ancestrales, teniendo como uno de sus ejes la participación política y comunitaria. La propuesta implica enseñanza multinivel y con la lengua mapuche como herramienta fundamental de la enseñanza.
El año pasado, las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia manifestaron que acompañarían la iniciativa, y con ese aval comenzaron a reacondicionar el centro comunitario. Las obras están avanzadas en un 70 % pero tras las elecciones y el cambio de autoridades ni el Ministerio ni la Supervisión Zonal Región I autorizan la inspección ocular a la construcción edilicia, paso necesario para el reconocimiento y habilitación de la escuela.
En un comunicado hecho público, desde la comunidad destacan: "(si bien la comunidad) está reconocida a nivel provincial y nacional no ha sido fácil acceder a los proyectos, ya que, en todos los procesos de tramitación el conflicto territorial que mantenemos, desde hace muchos años, ha afectado la posibilidad de recibir financiamientos, cumplimentar trámites y otras exigencias burocráticas".
Los conflictos territoriales se remontan a mitad del siglo pasado cuando desde el Gobierno se entregaron títulos de propiedad a particulares no indígenas. Desde entonces debieron enfrentar diferentes litigios legales, persecuciones judiciales y atropellos de la fuerza pública contra las familias que, de manera ancestral y colectiva, vienen conviviendo en el territorio comunitario.
Actualmente la Comunidad Vuelta del Río está formada por más de 25 familias, que sobreviven en 15 lotes de tierra de 625 hectáreas, en viviendas muy precarias; no cuentan con luz eléctrica, escuela, ni posibilidades de desarrollo. Apenas hay un pequeño Puesto Sanitario, donde un enfermero de campo atiende los problemas más urgentes de los pobladores. Las actividades de la comunidad consisten en pastoreo y agricultura de subsistencia, artesanías tradicionales en telar y soga, herboristería y medicina tradicional.
En el marco de la Ley Nacional N° 26.160 de Emergencia Territorial la comunidad obtuvo el reconocimiento de las tierras que actualmente ocupan las familias pero el territorio que les corresponde por historia es más extenso y está en posesión de latifundistas privados.
Los funcionarios que ponen en duda los fundamentos del proyecto, cuestionan también la posesión territorial de la comunidad y el centro comunitario donde se establecerá el proyecto educativo, que se encuentra en un terreno cuya posesión está en conflicto y por lo tanto el Estado no podría dar su aval. Mientras tanto la comunidad tiene una fuerte expectativa de que este Proyecto Educativo se concrete, para poder ejercer en debida forma su Derecho a la Educación, lo que contribuirá ciertamente al desarrollo humano de todas las familias.
Fuentes: Radio La Negra – Kalewche FM
Notas relacionadas: Chubut: dispararon contra mapuche
Un comisario será juzgado por hechos de violencia contra la comunidad mapuche Se realizará del 25 al 30 de abril e incluirá 100 cortes de calle, clases públicas y actos en las Universidades Nacionales. La medida de fuerza es en rechazo a la oferta salarial de un incremento del 15% que realizó el gobierno a la Docencia Universitaria y Preuniversitaria. A su vez, desde la FUBA denunciaron un recorte en el presupuesto para la Universidad de Buenos Aires. Red Eco Alternativo (Red Eco) Argentina- En la Ciudad de Buenos Aires habrá 100 cortes de calle con clases públicas y actos frente a las facultades; en las universidades de Cuyo (Mendoza) y Sur (Bahía Blanca) se instalarán carpas docentes, y se desarrollarán clases públicas y actos en Comahue, Río Negro, Litoral, Tucumán, Luján, entre otras. A su vez, se harán movilizaciones y múltiples acciones junto al movimiento estudiantil en lucha por el Boleto Estudiantil.
Cabe recordar que en la tercera reunión de la mesa de negociación salarial, y tras un congelamiento en los sueldos desde noviembre, el gobierno ofreció un 15% a partir del 1° de mayo a cobrar en junio, siendo la única oferta hasta por lo menos el 30 de octubre.
Frente a esta situación, la CONADU Histórica ratificó el paro de una semana del 25 al 30 de abril; en tanto, el jueves 28 el Plenario de Secretarios Generales se volverá a reunir para evaluar la continuidad del plan de lucha.
Por su parte, desde CONADU aprobaron la realización de un paro de 48 horas para el 27 y 28 de abril. Además de acompañar el viernes 29 la marcha de las cinco centrales sindicales al Monumento al Trabajo para reclamar paritarias sin techo, rechazar los despidos de trabajadores estatales y privados, y exigir su reincorporación. A su vez, prevén sumar para principios de mayo una nueva movilización al Ministerio de Educación. Advierten que si el titular de esa cartera, Esteban Bullrich, continúa desestimando los reclamos de los docentes universitarios está en riesgo el comienzo de clases durante el segundo cuatrimestre.
"Decimos que tenemos que defender la universidad pública porque la situación va más allá de una oferta salarial que es directamente impresentable. Estamos hablando del desfinanciamiento de las universidades por el creciente ahogo presupuestario, estamos hablando del desmantelamiento de los programas educativos en todos los niveles, del recorte de las becas a los estudiantes. Todo eso configura un claro ataque al derecho a la educación superior. Piensan que nos ponen un techo salarial a los docentes universitarios, pero en realidad le están poniendo un techo a los millones de estudiantes que creen en la universidad pública como factor de movilidad social ascendente y al conjunto del pueblo argentino que valora el conocimiento que se produce en las universidades. Por eso los docentes vamos a estar de pie defendiendo la universidad", afirmó Federico Montero, Secretario de Prensa de CONADU.
Por su parte, desde la Federación Universitaria de Buenos Aires denunciaron que el secretario de Hacienda de la UBA, Emiliano Yacobitti, presentó en el Consejo Superior una propuesta de distribución del presupuesto de 2016 que no alcanzaría ni para pagar los aumentos de luz previstos. "Con este brutal recorte, solo las Facultades que cuentan con gigantescos ingresos por la venta de servicios a empresas y posgrados millonarios podrían mantener la totalidad de sus actividades académicas y el mantenimiento de sus edificios. Por otro lado, el presupuesto no contempla el pago de servicios públicos como la luz, el gas y el agua, cientos de millones de pesos que no se sabe quién va a pagar o si se convertirán en una multimillonaria deuda. Mientras tanto, el gobierno de Mauricio Macri tiene una deuda con la Universidad de nada menos que 78 millones de pesos y ha paralizado obras públicas en toda la UBA. Reparación de baños, ascensores, construcción de nuevos edificios están quedando suspendidos hasta nuevo aviso. La partida de 1100 millones de pesos votada en el Congreso para los hospitales universitarios, como el Clínicas o el Roffo, también fue detenida por el Jefe de Gabinete", advirtió Ezequiel Galpern, consejero superior estudiantil y referente de La Mella. El Centro de Economía Política Argentina realizó un estudio sobre el impacto que tendrá el final de la moratoria previsional anunciado para septiembre por el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso. Por Mario Hernandez para Red Eco Alternativo (Por Mario Hernandez para Red Eco Alternativo) Argentina- Luego que el sistema de moratoria previsional -instaurado en 2005 por el gobierno de Néstor Kirchner- alcanzara casi un 97% de cobertura jubilatoria para los argentinos y argentinas en los últimos años, el actual titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, anunció que este esquema verá su fin el próximo 18 de septiembre.
Según un cálculo realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos tomados del censo 2010 sobre quienes este año estén en edad de jubilarse, la pérdida del sistema de moratorias dejará afuera a unas 141.827 personas, que no podrán alcanzar los aportes requeridos para tramitar su jubilación.
"Hay que entender que la moratoria es el reconocimiento de un derecho de los trabajadores, más allá de su condición. Ocupados, asalariados, registrados o no. El fin de la moratoria va a significar que mucha gente va a quedar afuera", dijo Julia Strada, politóloga y realizadora -junto a Hernán Letcher- del informe publicado por el CEPA, y agregó: "El cálculo es una estimación. Lo bueno sería que la ANSES haga su cálculo y lo publique. Hay datos que sólo maneja ese organismo, como es el caso de quienes sí tenían aportes, que sí trabajaron como asalariados formales, pero que aún así no llegarían a completar los aportes".
En tanto, Basavilbaso argumentó la finalización del esquema de moratorias bajo la idea de que sería "injusto que la gente que contribuye reciba lo mismo que la gente que no contribuye", y agregó: "Queremos que haya una jubilación universal y que tenga una parte contributiva que premie a la gente que puso dinero en el sistema", en base al argumento de "poner incentivos para que la gente tenga trabajo en blanco, incentivos tanto para trabajadores como empleadores".
Según explicó Strada, la nueva dirección de ANSES bajo el macrismo viene a sugerir la posibilidad de jubilarse a través del sistema público con haberes básicos a aquellos trabajadores de menores recursos o que no reúnan la cantidad de aportes necesarios, mientras que al mismo tiempo habilitaría un "sistema de capitalización paralelo para los estratos de mayores ingresos (en sistema público o tal vez privado)". Esto apunta a que quienes tienen mayor poder adquisitivo puedan acumular intereses, como proponían en su momento las AFJP, donde cada uno tenía su propia caja de ahorro.
En 2005, en el país había 65% de coberturas jubilatorias, y luego de la implementación de la moratoria previsional por parte del kirchnerismo se llegó al año 2014 con un total cercano al 97%, lo que significó casi la universalidad de la cobertura previsional. "En las moratorias, además, tuvieron mucho que ver el ingreso de mujeres que fueron amas de casa durante toda la vida, que en la primera moratoria fueron un 73% y en la segunda un 83%. Estamos hablando de 500.000 personas", remarcó Strada.
Por esta razón es que la moratoria terminó siendo conocida como "la jubilación para amas de casa". La no renovación de la misma perjudica directamente a miles de mujeres que han trabajado toda su vida pero dentro de la informalidad previsional. Se estima que el 36 % de las trabajadoras no tienen asegurados ni los aportes previsionales ni la obra social.
Es que históricamente los trabajos asignados a las mujeres fueron de una inequidad absoluta: tareas de limpieza, largas jornadas en el campo por una paga diaria mísera y en negro, sin olvidarnos del rol de cuidadoras por excelencia de todo familiar enfermo.
Aún aquéllas que estudian y llegan a ser profesionales también son víctimas de una sociedad machista que las obliga a dejar sus trabajos para dedicarse al cuidado de los hijos, tarea sin recibo de sueldo que las llevará a una vejez sin respaldo económico alguno. Volver a los noventa: el fantasma de la privatización
El fin de la moratoria previsional y la universalidad jubilatoria se enmarcan en un contexto particular, donde la caja de seguridad social se ve afectada por la falta de aportes patronales y la caída de aportes ante la masiva ola de despidos producida en los últimos meses en el sector público y privado. En este escenario, el recorte y la erosión del sistema de seguridad social estatal representa una pieza clave en el horizonte del macrismo.
"En realidad, y esto es una hipótesis, como ellos están previendo que van a tener menos recaudación en la caja de seguridad social, están pensando en una pensión universal que no se financie con la seguridad social sino, en todo caso, con los impuestos. Que se financie con la caja de recaudación impositiva que no tiene que ver con las recaudaciones laborales", señaló Strada.
Y agregó: "Haciendo una proyección a futuro de qué pasaría, no me extrañaría que, con un sistema de seguridad social más achicado y menos capacidades para cubrir, aparezcan las propuestas de privatización para tener un mejor gerenciamiento de la caja de seguridad social".
Por lo pronto, la ANSES no brindó mayores detalles sobre su próximo plan de cobertura, y para el próximo 18 de septiembre más de 140.000 argentinos y argentinas no podrán jubilarse.
Al respecto también opinó Marcos Wollman, secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados dela República Argentina: "Hablan de una nueva ley que contemple cuestiones que ya están contempladas y no resuelven lo que tienen que resolver", haciendo referencia con esto a la cuestión del 82 % móvil que sigue sin ser tratado cuando se habla del sistema previsional.
Wollman diferenció esta propuesta frente al proyecto para una nueva Ley de Previsión Social que promueve desde hace años la Mesa Coordinadora. Este año lo presentarán por tercera vez ya que perdió nuevamente estado parlamentario. En cuanto al texto del mismo Wollman destacó que la Ley "tiene que contemplar que el haber jubilatorio tiene que ser el 82 % del salario del trabajador activo, de acuerdo a lo que recibió en sus mejores sueldos de los últimos 5 años de actividad, y móvil de acuerdo a la categoría establecida en las paritarias".
Asimismo, señaló que un haber mínimo no puede ser menor al salario mínimo vital y móvil y que tiene que cubrir la canasta básica del adulto mayor que hoy es de alrededor de 10.000 pesos mensuales mientras que el haber mínimo actual es de 4.810 pesos.
Finalmente, respecto al aumento de la edad jubilatoria, el Secretario general de la Mesa Coordinadora mencionó que se trata de una política que viene dirigida por el FMI y está comenzando a ser aplicada en muchos países. Dijo que parten del argumento que con la prolongación de la vida se está desfinanciando los sistemas jubilatorios de todos los países.
La moratoria ideada por el kirchnerismo surgió como una salida de emergencia ante su rotunda negativa de incluir en la agenda el reconocimiento del 82% móvil. Y yendo un poco más profundo, tampoco pudieron eliminar la informalidad laboral que se tradujo en una brutal precarización, sobre todo para las mujeres. Es por eso que esta moratoria actuó a modo de frazada corta, cubrió el acceso a una jubilación, pero dejó sin solución el verdadero origen de la falta de aportes: un trabajo en blanco.
Cifras dadas por Anses indican que 9 de cada 10 personas que se jubilan con esta moratoria son mujeres, por lo que la medida que tomó el gobierno de Macri las afectará directamente a ellas.
Si bien el kirchnerismo fue el hacedor de esta ley, no le dio el estatus de permanente, dejándole vía libre a Cambiemos para dejarla sin efecto. De hecho, ni siquiera la Asignación Universal por Hijo puede validarse como años de aportes, que luego puedan ser utilizados para estas mujeres que se dedicaron a cuidar a sus hijos. Un punto más que demuestra el corto y perentorio alcance de esta moratoria.
Por su parte, Basavilbaso confirmó que buscarán sancionar una nueva ley jubilatoria, claro que indicó que la discusión puede durar los cuatro años de mandato macrista. No hay que saber leer entre líneas para entender que lo que se disponen a hacer es lisa y llanamente negarle la posibilidad a miles de mujeres a tener una vejez digna, cobrando la jubilación que corresponde por tantos años de trabajo no reconocido.
También recordemos que Basavilbaso fue el director del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo que según estadísticas que publica el propio gobierno porteño, no construyó un metro cuadrado en tres años. Además de subejecutar el presupuesto del Instituto y no brindarle solución a las personas que viven en las villas.
Es el mismo que el año pasado fue interpelado a raíz de la muerte del joven Cristian Crespo que cayó de una escalera en mal estado dentro del Complejo Habitacional Soldati, responsabilidad del Instituto. Finalmente tuvo que dejar su puesto en ese organismo y como premio lo nombraron al frente de la Anses.
Ochenta y seis por ciento de mujeres que accedieron a la moratoria no son solamente un número, son miles de mujeres que dentro o fuera de sus casas trabajaron sin opción ni posibilidad de exigir un sueldo en blanco. Eliminarla sin siquiera tener una alternativa para garantizar una solución es vulnerar una vez más un derecho humano básico. Fuentes: www.diariocontexto.com.ar, destapeweb, La Izquierda Diario, Indymedia Argentina ENTREVISTAS Días después del fallecimiento de cinco jóvenes en la fiesta de música electrónica "Time Warp" realizada en Costa Salguero, Jonatan Baldiviezo, presidente del "Observatorio del Derecho a la Ciudad", analizó las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el predio ubicado sobre la costanera del Río de La Plata. Por Ana Schimelman, para La Revancha
-¿Por qué son ilegales este tipo de actividades en Costa Salguero?
-Hay una ilegalidad que tiene que ver con su origen. En los años 90, terrenos nacionales fueron concesionados por la autoridad general del puerto para hacer un complejo deportivo, pero en su lugar se construyeron edificios más relacionados a la actividad comercial: hoteles, boliches, pabellones, confiterías, entre otros. Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires decidió adoptar una postura distinta con respecto a la Rivera en su planificación urbana, es decir, que la ciudad se acerque al río y no que haya murallas edilicias que impidan su uso público. Esto determinó que los terrenos debían ser grandes parques y no explotaciones comerciales, por lo que vuelve a las actividades en Costa Salguero absolutamente ilegales.
-La Vice-Presidenta primera de la legislatura porteña Carmen Polledo es la esposa de uno de los directores de Costa Salguero S.A, una de las concesionarias de Telematrix, la concesionaria general de Costa Salguero. Ahí se refleja uno de los vínculos con el Macrismo. ¿Creés que se debería abrir una investigación más allá de la que se está haciendo por las muertes en la última fiesta sobre este tramado entre políticos y empresarios?
-Sí, por supuesto, incluso existen denuncias penales presentadas por las ilegalidades que denunciamos por esta relación estrecha entre los directores de las concesionarias e integrantes del PRO. Nos preguntamos, después de años de denuncias, por qué los gobiernos no actúan, y la vinculación política es una razón para la omisión por parte del gobierno a controlar. Los predios de Costa Salguero fueron la sede de los actos por las victorias electorales del PRO, y en uno de estos edificios el Presidente de la Nación festejaba su casamiento. Pero este no es el único caso donde suceden estas ilegalidades: hay muchas concesiones que son gratuitas o están sobre espacios verdes, y ahora nos estamos enterando que el Gobierno de la Ciudad quiere hacer plazas-shopping en Colegiales. Pensamos que la oleada privatizadora iba a frenarse un tanto pero lo que ha hecho el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta es profundizarla aún más.
-¿Por qué el Gobierno de la Ciudad pareciera ser tan flexible en las habilitaciones y el control de este tipo de grandes emprendimientos culturales de carácter comercial y de grandes magnitudes mientras que para lo que es las habilitaciones y el control de los circuitos culturales alternativos tiene una política sistemática de clausura? ¿Qué hay detrás de todo esto?
-No hay ningún tipo de fundamento jurídico que sirva de sustento para este tipo de discriminación en los controles. Lamentablemente es cierto que constantemente vemos que se clausuran centros culturales que son controlados por inspectores, y vemos grandes fiestas electrónicas como la de este viernes donde los inspectores se encontraron ausentes. Esta distinción únicamente se fundamenta en lazos económicos y políticos entre los beneficiados y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Audio Completo descargar BREVESSe trata del subteniente de la bonaerense Roberto Julio Páncere, quien el 28 de marzo de 2012 mató con su arma reglamentaria a Matías Lobos de 17 años en el predio del Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez. Esa noche, Matías y su amigo Lucas, ambos del barrio Los Naranjos de Malvinas, salieron con un arma descargada y robaron una moto con la que más tarde interceptaron a 2 chicas y les robaron sus mochilas. Tras la denuncia, un móvil policial los persiguió por más de 6 kilómetros. Cuando estaban por perderlos, el policía Páncere disparó 4 tiros. Uno dio en la moto y otro en la espalda de Matías, que murió en el acto. A pocos metros, detuvieron a Lucas.
Acto seguido, varios efectivos modificaron la escena para hacer pasar el hecho por un enfrentamiento e instalar la idea de la legítima defensa policial.
El primer fiscal de la causa, Pablo Vieiro, le tomó una declaración superficial a Páncere y pidió inmediatamente su sobreseimiento a la jueza de garantías de Moreno.
Sin embargo, Griselda del Valle Fernández, madre de Matías, y el abogado Ismael Jalil de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) lograron mantener activa la investigación y finalmente el policía fue llevado a juicio hace pocos días. En tan solo dos audiencias se pudo probar el fusilamiento y el 19 de abril pasado Roberto Julio Páncere, que hasta el día anterior había prestado servicio en la fuerza, fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal oral en lo Criminal Nº 4 de Mercedes e inmediatamente detenido.
"Nosotros no tenemos dudas de que Matías Lobos y Lucas Tolosa no estaban transitando un buen camino, no tenemos dudas, pero no los vamos a hacer nunca responsables a ellos. Si hay una sociedad que empieza a ser devastada, de ninguna manera el sistema a través de sus agentes, vamos aceptar nosotros, que termine con los desbastados. Basta de ofrendarles a los dioses de la seguridad y la propiedad privada a chicos como Matías Lobos donde la vida de esos chicos parece valer mucho menos que una moto, que una mochila, que esta jarra. Basta, lo gritamos en las calles y los gritamos también acá: Basta", afirmó Jalil, abogado querellante, hacia el final de su alegato. Fuentes: Correpi / Corriendo la Voz / Anred Lo organizan trabajadores de los Ministerios de Trabajo y Hacienda para sostener el fondo de lucha de los despedidos. Será este viernes 22 de abril, a las 16, en las puertas de la sede de la cartera laboral de Alem 650 de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad tiene por objetivo visibilizar los más de 30.000 despidos ocurridos en todo el Estado en los últimos meses (los primeros de la gestión Cambiemos) y recaudar fondos para sostener la lucha de los más de 400 trabajadores que a fines de marzo fueron cesanteados de ambos organismos.
A principios de año en la cartera laboral se dieron de baja a más de 30 trabajadores contratados bajo convenio con Universidades, y el 31 de marzo se sumaron 250 despidos más de contratados bajo convenio sectorial. En el Ministerio de Hacienda, en tanto, hubo una primera tanda de 16 trabajadores despedidos y el 31 de marzo la cifra de cesanteados ascendió a 150 con distintos modelos de contratación.
Desde la Juntas Internas de ATE de ambas dependencias afirmaron que "ante las cesantías masivas que alcanzan al ámbito público y privado, y frente a los despidos que enfrentan en sus propios organismos, los responsables políticos de ambas carteras no brindaron ningún tipo de solución: "En declaraciones recientes el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, desmintió que existiera una ola de despidos al tiempo que sostuvo que 'para nosotros, cada persona que pierde su trabajo refleja una situación angustiante'. Por su parte el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, fue más explícito en su postura al solicitarle a los sindicatos que 'vean hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos', agregaron.
Cabe señalar que entre los despedidos figuran trabajadores con más de 20 años de experiencia, estudios profesionales y evaluaciones de desempeño destacadas. A su vez, se ha intentado despedir a trabajadoras embarazadas y/o con tutela gremial.
Con las cesantías se han desmantelado programas como "Asistir", que brinda asesoramiento legal gratuito a trabajadores de bajos recursos, y el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que apunta a la inserción laboral de jóvenes que no han finalizado sus estudios.
En Hacienda, los despidos se produjeron en sectores como Control de Accesos, Mantenimiento, Ceremonial, Prensa, Dirección de Empresas con Coparticipación del Estado, Coordinación de Política Económica y Dirección de Política Macroeconómica, entre otros. Además se despidió a la totalidad de los trabajadores del Programa Progresar, que ayudaba a más de 900.000 jóvenes a retomar sus estudios.
Ante esta situación, los trabajadores de ambos ministerios realizarán este viernes 22 de abril el festival solidario para visibilizar lo que ocurre en estos organismos y sostener el fondo de lucha.
Contactos ATE Trabajo: Hernán Izurieta (delegado general) 15-4413-1885 / Sebastián Scarano (delegado adjunto) 15-3152-2631 / Diego Abu Arab (delegado de prensa) 15-5844-2626 // Contactos ATE Economía: Pablo Almeida (delegado general) 15-3377-0008 / Eduardo Viceiro (delegado adjunto) 15-6408-3853 / Sebastián Tafuro (delegado gremial) 15-5458-0593. Se ha lanzado una campaña para juntar firmas dirigidas al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, pidiendo el cierre de la Mina Veladero, explotada por Barrick Gold.
Es urgente e importante que el proyecto minero se clausure porque la justicia ya confirmó que en la zona de operaciones Barrick Gold contaminó 5 ríos con cianuro y mercurio.
El Ministerio de Minería provincial (autoridad de aplicación de la ley de residuos peligrosos, ley 24.051) tiene la facultad de multar, suspender o clausurar el emprendimiento a causa de lo ocurrido.
Además, el proyecto viola la Ley de Glaciares por estar en área protegida por la misma, así como también está dentro de la Reserva de San Guillermo, declarada reserva de Biósfera por la UNESCO.
Como si algo faltara agregar, además de la contaminación y la destrucción de glaciares, Barrick Gold utiliza 9 millones y medio de litros de agua por día, los datos surgen de la autorización del Departamento de Hidráulica de San Juan para el funcionamiento de la mina. Paradójicamente, la provincia está en emergencia hídrica hace más de 5 años.
El agua vale más que el oro, hoy es escasa y para que nuestra especie (y las demás con las que habitamos la tierra) sobreviva es elemental. Es hora de pensar en la vida, en el agua y en el ambiente.
FIRMA ACÁ
Los laboratorios están retirando algunas presentaciones y reduciendo las unidades de otras, en una maniobra deliberada para quitar del mercado determinados productos cuya rentabilidad consideran agotada y con el ardid de ingresar otras similares, de un precio mucho mayor.
Es lo que está sucediendo con la Ciclofosfamida para tratamientos de quimioterapia en casos de cáncer de mama y determinados tipos de leucemia, y en el otro extremo, con las populares Aspirineta y Cafiaspirina.
La Ciclofosfamida figura en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud desde 2007; su desabastecimiento a nivel mundial anticipa la siguiente jugada de los laboratorios: introducir en el mercado algún medicamento de alto costo que la sustituya y que cueste miles de pesos.
Los medicamentos de alto costo son un grave problema a nivel mundial; en Argentina, actualmente son un porcentaje del 20 % del total facturado (el dato es aproximado pues muchos laboratorios los excluyen deliberadamente de los manuales farmacéuticos, se denominan "medicamentos ocultos").
Por su parte, Bayer retiró del mercado sus presentaciones de Aspirineta por 98 unidades y la Cafiaspirina por 100, luego de que a mediados de enero debieran retrotraer sus precios, por pedido de la Secretaría de Comercio.
Bayer los retrotrajo, pero sin previo aviso la Aspirineta por 98 unidades se convirtió en una presentación de 28 y la Cafiaspirina por 100 desapareció del mercado y ahora se vende por 30 unidades.
La Aspirineta por 98 unidades costaba 40,71 pesos en octubre de 2015. En diciembre fue remarcada a 47,17 pesos. Luego de la exigencia del gobierno a los laboratorios, Bayer aceptó vender su producto a 33 pesos. Entonces, si en octubre la Aspirineta costaba 0,41 pesos/unidad, en la actualidad se vende a 1,18 pesos/unidad. Casi tres veces más o 140 % de aumento con relación al año pasado.
La Cafiaspirina por 100 unidades en octubre costaba 41,91 pesos. A mediados de diciembre la aumentaron a 48,56. A mediados de enero Bayer aceptó rebajar el precio a 23,70 pesos. Pero la cantidad se redujo a 30 comprimidos. En consecuencia, si en octubre pasado una unidad de Cafiaspirina costaba también 0,41 pesos, desde enero cuesta 0,79 pesos la unidad. Fuente: AAPM
Contactos: Ricardo Peidro 15-5892-6206 / José Charreau 15-5892-6233. Viernes 22 de abril
** Conferencia de prensa para dar a conocer el dato de Canasta de Ingresos Mínimos (salario mínimo a recibir por un trabajador) al 31 de marzo de este año. Convoca: Junta Interna ATE – INDEC. En la sede de ATE Nacional, Avenida Belgrano 2527, Cdad. de Bs. As. A las 8.
** Nueva reunión en el Ministerio de trabajo para intentar destrabar el conflicto en Radio América. A más de 4 meses de conflicto en Radio América y Tiempo Argentino, empresas que a pesar del vaciamiento digitado por Sergio Szpolski y su socio Matías Garfunkel en el Grupo 23, resisten gracias al esfuerzo y voluntad de sus trabajadores, que mantienen los respectivos medios activos a pesar de que desde la asunción del nuevo gobierno no cobraron un sólo mes de sueldo ni aguinaldos. En sede del Ministerio, Callao 114, Cdad. de Bs. As. A las 11.
** Acto, acampe y marcha en el Hospital Durand. En repudio a la suma de aumento salarial firmada por el gobierno porteño en paritarias: 31% en dos cuotas, la segunda en noviembre. Convocan: Asamblea Intergremial de trabajadores del Hospital Durand, Junta Interna de ATE y UPCN. En Avenida Díaz Vélez 5044, desde donde se movilizará hasta Acoyte y Rivadavia, Cdad. de Bs. As. A las 11. Contactos: Héctor Ortiz (delegado general) 11-6308-2088 / Mario Acosta (delegado) 11-6481-9838.
** Acto al cumplirse 16 años del fallecimiento de Alejandro Olmos. Invita: Foro Argentino de la Deuda Externa - Regional Mar del Plata. En la Plazoleta Alejandro Olmos, Avenida Independencia y Bolívar, Mar del Plata, Prov. de Bs. As. A las 17.
Sábado 23 de abril
** Homenaje a desaparecidos de Liniers-Mataderos-Villa Luro. Invita: Abuelas de Plaza de Mayo. En Plaza Isidora, Larrazábal al 300, Cdad. de Bs. As. De 14 a 18.
Lunes 25 de abril
** Homenaje a Alejandro Olmos. "A 16 años de su muerte, se recordará su lucha contra el estigma de la deuda externa, convertida de hecho en deuda eterna de todos los argentinos y de nuestra descendencia". Invita: Foro Argentino de la Deuda Externa de La Plata, Berisso y Ensenada. En la Plazoleta Alejandro Olmos, calles 55 y 15, diagonal 74, La Plata, Prov. de Bs. As. A las 17.
** Conferencia y debate: "Problemática de la Deuda Pública Argentina", a cargo del Licenciado Héctor Giuliano, especialista en el tema, ex asesor del Congreso de la Nación en la materia y autor del libro homónimo. En el Aula Magna de la Universidad Abierta Interamericana, Avenida Pellegrini 1618, Piso 10, Rosario, Santa Fe. A las 19.30. |
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