La confesión del contador Morales
En una jornada del Foro por una Segunda Independencia convocada en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba por su decano, Diego Tatián, el presidente del CELS presentó un documento en el que el contador Gerardo Morales admite la verdadera causa de la persecución a Milagro Sala. Esa confesión reduce a su verdadera dimensión el armado de causas penales en serie para destruir a una organización que desafío al bipartidismo y a los poderes fácticos de Jujuy.
El gobierno jujeño del contador Gerardo Morales acaba de sumar dos nuevas causas contra Milagro Sala, una más disparatada que la otra. Como alguien declaró que la dirigente social había ordenado secuestrar por unos minutos al hijo de una disidente de su organización sólo para intimidarla, el diligente juez Pablo Pullen Llermanos la procesó, sin prueba alguna de que haya tenido relación con el hecho. La acumulación de causas en su contra, que el contador Morales me anticipó en la entrevista que le hice en marzo, de modo que a medida que unas se van cayendo por su inconsistencia otras se inician para mantenerla privada en forma ilegítima de su libertad, es usada como pretexto para humillarla. Ante cada diligencia judicial, Pullen Llermanos ordena trasladarla desde la cárcel de Alto Comedero, en las afueras de San Salvador, hasta los tribunales provinciales. Para recorrer esos pocos kilómetros se montan aparatosos operativos de seguridad, con carros de asalto y patrulleros, como si se tratara del Chapo Guzmán y existiera riesgo de fuga o de rescate. Milagro solicitó que en vez de someterla a ese trato ofensivo, que además es costoso para el estado provincial porque implica la movilización de medio centenar de efectivos sustraídos a la tarea de brindar seguridad, el juzgado enviara a un funcionario a la cárcel para que ella firmara la notificación. El juez se negó, lo cual pone en evidencia que el objetivo no es la notificación sino la mortificación de la cautiva. Cuando Milagro le hizo saber que no aceptaría más ese trato vejatorio, Pullen Llermanos la denunció por desobediencia judicial y la llevó por la fuerza.
Para reducir a este estado de impotencia a la dirigente social más importante del país, Morales domesticó al Poder Judicial jujeño a mayor velocidad de la que empleó Carlos Menem con la justicia federal: no le llevó un año sino tres días. En cuanto asumió, hizo llegar a la Legislatura el proyecto de ampliación. A la noche siguiente ya estaba consumado y al tercer día asumieron los cuatro nuevos magistrados, dos de los cuales acababan de votar la ampliación como legisladores por la UCR. La presidente del tribunal, del mismo origen político, designó a su yerno Gastón Mercau como juez ad hoc para las causas contra Milagro Sala, y el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, a una amiga íntima, Liliana Fernández de Montiel, como fiscal especial a cargo de todas las causas que se le abrieran en el futuro, es decir una comisión especial prohibida por la Constitución. Terminada la feria judicial, Pullen Llermanos relevó a Mercau en su tarea. Morales pretende que se trata de decisiones de una justicia cuyo personal fue designado por los gobiernos justicialistas anteriores al suyo. Pero en una burocracia verticalista y acomodaticia como la judicial, basta con colonizar la cabeza para disciplinar al resto. Además, el justicialismo provincial tiene tantos agravios como el radicalismo contra esa india desacatada que se atrevió a desafiar al bipartidismo tradicional y a los poderes fácticos que lo sostienen. El gobierno nacional tiene su parte: el registro de la justicia electoral nacional indica que Pullen Llermanos está afiliado a un partido político en Jujuy y si bien no consigna a cuál, en su perfil de Facebook el justiciero jujeño declara su agrado por el presidente Macrì, incluida su foto.
Morales dice su verdad
Lo mejor es que no sea yo quien explique las razones de esa aversión bien ganada sino el propio contador Morales. En octubre de 2009, cuando era senador nacional por la UCR, Morales presentó un proyecto de Comunicación, que el cuerpo aprobó. Consistía en un largo cuestionario al Poder Ejecutivo Nacional acerca de “las asociaciones civiles, fundaciones, federaciones, organizaciones cooperativas o cualquier otro tipo de persona jurídica relacionada a la acción comunitaria y social y en particular respecto de la organización barrial Túpac Amaru”. Quería conocer de ese modo quiénes las componían, si tenían personería jurídica, integraban redes en otras provincias además de Jujuy, cuáles eran sus autoridades estatutarias, si presentaban memoria y balance, cuáles eran sus fuentes de ingresos y el destino de los fondos, si rendían cuentas y pagaban impuestos, si el Estado Nacional y sus diversos ministerios les otorgaban recursos económicos para proyectos habitacionales, de desarrollo social, de capacitación y educativos y a quiénes se habían entregado permisos de tenencia y portación de armas en Jujuy desde 2003.
Lo más interesante está en los fundamentos del proyecto. El contador Morales dice que la Túpac “hecha mano a disímiles recursos y estrategias” (¡hecha mano con hache, porque además de malo es bruto!) y que “siendo miembro de una central sindical no se subordina a su liderazgo”, es decir que no es fácil de controlar. Agrega que para conseguir “recursos de distintos planes asistenciales” durante la crisis de fin de siglo la Túpac recurría a la protesta y “nunca participaba en consejos consultivos ni espacios formales de solicitud”.
O sea, que formaba parte del vasto movimiento de resistencia contra las políticas de ajuste de los gobiernos nacional y provincial. Vale la pena recordar que el contador Morales fue el secretario de desarrollo social del gobierno de la primera Alianza, que redujo en 13 por ciento los ingresos de los jubilados.
Al describir lo sucedido a partir de 2003, cuando el nuevo gobierno nacional comenzó a transferirle recursos para la construcción de viviendas en cooperativas, el contador Morales dice que la organización “tiene una forma de trabajo que les deja un excedente luego de realizar las obras que le encomiendan”.
Esta es una alusión apenas velada a la construcción de parques acuáticos, escuelas y centros de rehabilitación para personas discapacitadas, que escandalizan a las clases dominantes jujeñas, porque ¿dónde se ha visto que los negros se den esos lujos?
El pedido de informes añade que la Túpac Amaru logró “poner en la agenda pública de la provincia de Jujuy la ley de reforma edilicia, aún con la negativa del entonces gobernador y de las organizaciones de profesionales del sector. Ante lo aquí relatado podemos identificar las diferentes formas de acción de la organización: el escudarse en la lucha por los intereses de los sectores más desprotegidos, la presión al gobierno, la movilización en el espacio público, la incidencia para la promulgación de una ley y la amenaza del uso de la violencia”.
Describe así las formas organizativas de un sector significativo de las clases populares jujeñas para defenderse de la especulación inmobiliaria y de los gobiernos que la amparaban y que hoy, con el contador Morales en el gobierno provincial y Maurizio Macrì como presidente, han venido a cobrarse estas cuentas viejas.
Según el pedido de informes del contador Morales “puede advertirse la existencia de un interés predominantemente estratégico en el armado de estas asociaciones”.
Esto implica que la acción social sólo es legítima si carece de una visión estratégica y se canaliza a través del bipartidismo gobernante. En cambio, se queja Morales, “el espacio político que las organizaciones ocupan gracias a su relación con el gobierno nacional trae consecuencias en las políticas provinciales”.
Para el contador Morales “el poder de presión que estas organizaciones ejercen es una suerte de contrapeso relativo de los poderes económicos en la práctica política. Por ejemplo, los gobernadores apelan a los reclamos sociales como excusa para negociar mejor frente a los actores más influyentes de la política local”.
Hay que leer dos veces este párrafo para convencerse de que dice la enormidad que dice: Morales habla en nombre de “los actores más influyentes de la política local”, molestos por el “contrapeso relativo de los poderes económicos en la práctica política”, con los que los gobernadores negocian mejor gracias a los reclamos sociales.
Sigue la confesión del contador Morales: “El continuo y excesivo financiamiento y reconocimiento federal no sólo contribuye a la existencia de una organización social desproporcionadamente poderosa, casi tanto como un estado paralelo, sino que además sus éxitos en las formas de acción y gestión provocan el activismo de otros grupos y líderes vinculados o no con esta experiencia”.
Así venimos a saber que Milagro Sala es contagiosa y que el contador Morales no tuvo más remedio que encerrarla, para impedir que el virus siguiera propagándose.
“La protesta utilizada como aquí se explicó, es una institución en el campo político”, concluye este documento histórico sobre la miserabilidad de una clase política que no oculta su servicio a los poderes económicos. La Túpac Amaru respondió que Morales sólo tenía una casita cuando comenzó su carrera política. Pero que en 2009 ya poseería mediante testaferros el hotel Panorama, dos edificios en construcción, varios departamentos y terrenos, en Jujuy y Córdoba.
Señor y perro
Ese poder económico al que responde el contador Morales es el ingenio Ledesma y su patrón, Carlos Pedro Blaquier de Arrieta. Cuando el contador Morales asumió la gobernación, el ingenio había sido desplazado por la Túpac Amaru como principal empleador no estatal de Jujuy. Milagro Sala desarrolló una acción eficaz para que renunciara el secretario Carlos Olivera Pastor, al que la Cámara Federal de Salta puso en forma interina a cargo del segundo juzgado jujeño, donde rechazó nueve de cada diez pedidos de indagatoria por crímenes de lesa humanidad. El 24 de marzo de 2012 cien mil personas marcharon en San Salvador y una de sus principales consignas fue la denuncia contra el juez, que había rechazado citar a Blaquier, por su presunta participación en la desaparición de tres sindicalistas el 24 de marzo de 1976 y de veinte trabajadores azucareros en la llamada Noche del Apagón de julio de 1976, cuando fueron secuestrados en camionetas provistas por el ingenio a la Gendarmería.
En una entrevista realizada en 2013 por Alejandra Dandan, la periodista que mejor cobertura ha hecho de los juicios reabiertos en 2001, los fiscales Jorge Auat y Carolina Varsky, de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, dijeron que “tuvimos tremendas dificultades para avanzar hasta que la movilización de la Túpac produjo un antes y un después. Con la remoción de Olivera Pastor y la llegada del juez Fernando Poviña se abrió un nuevo escenario con mejores expectativas”. En julio de 2012, Blaquier debió presentarse a la indagatoria, citado por Poviña. Un editorial del diario La Nación dijo entonces que militantes de la Túpac Amaru agredieron a Blaquier, “cuyo vehículo fue destrozado a la vista de todos, con violencia inusitada, en un atentado que hasta pudo costarle la vida al empresario si el auto no hubiera estado blindado”. El tema apareció en forma inesperada en la entrevista que le realicé a Milagro Sala en la cárcel en marzo. Allí dijo que cuando Blaquier tuvo que ejercer su defensa los muy organizados militantes de la Túpac se apostaron a cien metros del trayecto que debía recorrer para llegar al juzgado. Cuando llegó, “dos miembros de la organización del Perro Santillán golpearon y sacudieron el auto del patrón. Son unos provocadores” –dijo Milagro. Pero pese a ello, Ledesma acusó a la Túpac y los medios lo reprodujeron como verdad revelada.
–Me he reunido con uno de sus gerentes y le he dicho que saben mejor que nadie que no hemos sido nosotros.
–Sí, pero ustedes tienen peso y nos dan visibilidad –le respondió.
En noviembre de 2012, Poviña procesó a Carlos Pedro Blaquier por complicidad en los secuestros, en diciembre de 2013 la Cámara Federal de Salta lo confirmó, pero en marzo de 2015 la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (el infaltable Don Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos) revocaron ese procesamiento alegando que Blaquier prestó colaboración a las fuerzas represivas pero no se representó que ello redundaría en los delitos cometidos (sic). El empleado en el bloque Unidos y Organizados por la Soberanía Popular de la Legislatura jujeña Santiago Hamud le dijo a Alejandra Dandan que “Blaquier le bancó la campaña a Morales. Cuando venían Macri o Sergio Massa a la provincia, los aviones bajaban en las pistas de Blaquier”. Miembros de la familia Blaquier aparecieron con cuatro compañías offshore en los Panamá Papers, donde también figura el presidente Maurizio Macrì. Hay otras instancias de esa relación: el hijo homónimo de Blaquier, actual CEO de Ledesma, fue uno de los invitados de Macrì cuando asumió la presidencia en la gala del Teatro Colón, donde ocupó un palco próximo al presidencial, y su sobrino Luis María Blaquier (h), miembro del directorio del Grupo Clarín y socio del jefe de gabinete Mario Quintana en el fondo Pegasus, quedó a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que la ley ómnibus se propone liquidar, como forma de destruir el sistema previsional.
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