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domingo, 28 de mayo de 2017 11:21 a.m.
+ Cordoba: Juicio a ex jueces y fiscales federales se inicia en agosto + Ex combatientes piden que se investigue las torturasa soldados en Malvinas. Acus
JUECES DE LA DICTADURA. SALTA SE CONFORMO EL TRIBUNAL QUE JUZGARA AL EX JUEZ FEDERAL LONA POR SU COMPLICIDAD POR LA DESAPARICION DEL EX GOBERNADOR MIGUEL RAGONE Y FUSILAMIENTOS DE PRESOS POLITICOS
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Salta llevará adelante el juicio oral y público contra el ex juez federal Ricardo Lona, acusado por haber encubierto el secuestro y la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.
La Cámara Federal de Casación Penal designó a Juan Carlos Reynaga y Adolfo Raúl Guzmán, para que integren dicho tribunal junto a su colega Gabriela Catalano, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta.
Reynaga y Guzmán. ambos jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, suplantarán a los jueces Abel Fleming y Domingo Batule, quienes se excusaron de intervenir en el proceso en contra de Lona. Los dos jueces catamarqueños integrarán el tribunal junto a la jueza salteña Gabriela Catalano, titular del TOF2 de Salta.
Piden debate
Ni bien se conoció la decisión de Casación, los fiscales generales Carlos Amad y Francisco Snopek solicitaron el inmediato inicio del debate oral, cuya fecha de comienzo se espera desde principios de este año.
Es que la causa fue elevada a juicio en febrero pasado por el juez federal tucumano Fernando Poviña, quien hizo lugar a un pedido en tal sentido de la querella y de la Fiscalía, quienes acusan a Lona por los delitos de "prevaricato, omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes y encubrimiento" del secuestro y de-saparición de Ragone, cometido el 11 de marzo de 1976.
En esta misma causa se investiga también el asesinato del comerciante Santiago Catalino Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal, cometidos por la patota que se llevó a Ragone.
Otro juicio
Lona también será sometido a juicio por su intervención en la Masacre de Palomitas. En este caso se lo investiga como partícipe necesario del homicidio de 11 detenidos políticos en un procedimiento fraguado.
Esta causa está a cargo del juez federal Daniel Bejas, quien lleva adelante la etapa de sentencia de este proceso, que se rige por el antiguo Código de Procedimiento en Materia Criminal.
La acusación es por los homicidios de Benjamín Ávila, Celia Leonard de Ávila, Georgina Droz, María Alonso de Fernández, Evangelina Botta de Linares, Roberto Oglietti, Pablo Outes, José Povolo, Alberto Savransky, Rodolfo Usinger y María Luque de Usinger quienes fueron sacados del Penal de Villa Las Rosas la noche del 6 de julio de 1976, con la excusa de ser trasladados a la ciudad de Córdoba. Todos fueron acribillados cerca del Paraje Palomitas, al costado de la ruta nacional 34 ( Nuevo Diario de Salta)
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CORDOBA
JUICIO A EX JUECES Y FISCALES FEDERALES SE INICIA EN AGOSTO.
Lo anunció Julián Falcucci, presidente del tribunal que juzgará a exfuncionarios de la justicia federal por complicidad con la dictadura cívico militar. Solicitó que vuelva a ser designado Reynaga el juez que originalmente formaba parte del tribunal.
Redacción PrensaRed
A través del área de prensa se conoció esta mañana que el presidente del tribunal Julián Falcucci cursó una nota a la Cámara Federal de Casación Penal solicitando que se reponga al miembro original del Tribunal Juan Carlos Reynaga, separado anteriormente.
"Calculo que para la mitad de agosto estaríamos en condiciones de empezar el juicio", afirmó, el magistrado, en declaraciones a Radio Universidad.
El tan esperado juicio a los ex funcionarios judiciales Antonio Cornejo (ex fiscal federal), Miguel Ángel Puga (el ex juez federal N°2), Carlos Otero Álvarez (ex secretario del Juzgado Federal N°1) y Ricardo Haro (el ex defensor oficial), imputados por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento, debía empezar el 27 de abril.
Juan Carlos Reynaga
Pero uno de los jueces, Juan Carlos Reynaga, estaba demorado con el juzgamiento de la causa "Operativo Independencia", en Tucumán. Entonces, solicitó una prórroga o bien su apartamiento. Falcucci, optó por lo segundo y solicitó ante la Cámara Federal de Casación Penal una nueva designación. Primero convocaron a María Ivón Vella y luego a Beatriz Caballero de Barabini. Ambas se excusaron por las mismas razones.
De modo que tras la feria judicial, la llamada Causa Maldita, que involucra a uno de los sectores civiles acusados por complicidad con la dictadura y el terrorismo de estado por fin comenzara.
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Ex combatientes piden que se investiguen las torturas a soldados
Expresaron su preocupación por las "nuevas vulneraciones de derechos a que nos viene sometiendo el Estado, en particular el Poder Judicial de la Nación".
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata reclamó hoy frente al edificio de Tribunales contra la "paralización" de las causas que investigan torturas y violaciones a los derechos humanos cometidas contra los soldados durante la guerra de Malvinas por parte de sus superiores.
Acompañados por dirigentes de derechos humanos como Taty Almeida, los ex combatientes lanzaron la campaña "Justicia por Malvinas" y entregaron una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, a quien le expresaron su preocupación por las "nuevas vulneraciones de derechos a que nos viene sometiendo el Estado, en particular el Poder Judicial de la Nación".
"Este año, la causa por torturas cometidas por oficiales y suboficiales en perjuicio de soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas cumple 10 años", recordaron en la misiva, y señalaron que "el Punto Final está operando por el paso del tiempo y ello es una decisión político-institucional".
En la carta, los ex combatientes le pidieron a Lorenzetti "conformar un espacio de trabajo y diálogo a fin de que, en su rol de Superintendente del Poder Judicial de la Nación, arbitre todos los medios a su alcance a fin de terminar con estas nuevas e inconcebibles violaciones a los derechos humanos, que representan el manto de impunidad, silencio y olvido de las torturas y asesinatos perpetrados por el Estado terrorista".
"Las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra soldados conscriptos siguen impunes a 35 años de la guerra de Malvinas y a 10 años del inicio de la causa que investiga parte de estos delitos", explicó el secretario de Relaciones Institucionales del Cecim-La Plata, Ernesto Alonso.
Para los ex combatientes de La Plata, la causa "está virtualmente paralizada, ya que, si bien hay movimientos, son de mero trámite, formalidades, pero hasta hoy no hubo movimientos sustanciales, comenzando por las indagatorias" pedidas desde 2015 por el Cecim.
En la carta a Lorenzetti, los ex combatientes señalan que "en los últimos años el Poder Ejecutivo Nacional intentó, con los medios a su alcance, aportar a la sustanciación de las investigaciones", con la desclasificación del Informe Rattenbach y de archivos vinculados a la guerra, pero advierten que esa información "no ha redundado en una activación de las investigaciones que se tramitan en el juzgado federal de Río Grande en Tierra del Fuego".
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La causa se inició hace 14 años
Santiago-Megacausa 3: Los jueces rechazan planteos de las defensas y médicos revisan a los acusados
El ex fiscal federal Santiago Olmedo De Arzuaga y otros represores juzgados por delitos de lesa humanidad en la Megacausa 3 fueron revisados hoy por médicos del Poder Judicial de la Nación, por decisión del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, después de que sus defensores arguyeran una supuesta imposibilidad de sus defendidos de seguir el debate oral en el recinto del Juzgado Federal en la capital provincial. En la misma audiencia, los jueces Carlos Lascano, Domingo Batule y Abel Fleming rechazaron diversos planteos de recusación contra el tribunal, entre ellos los formulados por los letrados que representan a Olmedo de Arzuaga y a el ex comisario general Antonio Musa Azar y el mayor (R) Jorge D´ Amico, ya condenados en juicios anteriores.
También, por unanimidad, el Tribunal rechazó por "inadmisible" el intento de los abogados del fiscal (cuando los hechos investigados y más tarde juez federal) Olmedo de Arzuaga para desacumular las causas en su contra.
El ex magistrado llegó a juicio después de más de 14 años desde el inicio de la causa, acusado de los delitos de "violación de los deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita", cometidos antes y durante la última dictadura, en la década del 70.
Al mismo proceso judicial también llegaron procesados y detenido Miguel Tomás Garbi y Ramiro López Velloso, que secundaron a Musa Azar en la Dirección de Informaciones Policiales (DIP), la denominada "Gestapo santiagueña".
Entre los acusados se encuentran además los ex policías santiagueños Juan "Sérpico" Bustamante, Eduardo Bautista Baudano, Pedro Carlos Ledesma, Dido Isauro Andrada y Roberto "Sifón" Díaz.
La nómina de acusados de la "Megacausa 3" se completa con el ex jefe de la Policía de Santiago del Estero, coronel (R) Warfi Herrera y el civil Raúl "Cashulo" Silva, que durante varios años se desempeñó como asistente de los ex gobernadores Carlos Juárez y su esposa Mercedes "Nina" Aragonés.
El juicio de la Megacausa 3 fue suspendido por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en septiembre del año pasado, después de varias audiencias en las que declararon unos 15 testigos-víctimas.
A ese comienzo frustrado habían llegado también como imputados el ex juez federal Arturo Liendo Roca y el coronel (R) Cayetano Fiorini, que fallecieron a poco de iniciarse el primer debate, iniciado en agosto de 2016.
De acuerdo a la acusación de la fiscal federal Indiana Garzón, los ex militares y policías acusados llegaron al juicio oral procesados por los delitos de "desaparición forzada de personas, privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios calificados, todos en concurso real" y como integrantes una "asociación ilícita".
Entre las víctimas, el TOF investiga las desapariciones de Armando Archetti, Mirta Azucena Castillo, el soldado Hugo Concha, Santiago Augusto Díaz, Daniel Enrique Dichiara, Mario Alejandro Giribaldi, Julio César Salomón y el banquero Ricardo Abdala Auad.
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LA JUSTICIA FEDERAL DE LA PLATA ELEVO A JUICIO ORAL Y PUBLICO LA REPRESION A TRABAJADORES DE MERCEDEZ BENZ, SAIAR ( AVELLANEDA), HOTEL LiBERTY (CABA) y MAS DE 60 MILITANTES.
La justicia federal de La Plata elevó a juicio la causa en la que están procesados Jaime Lamont Smart, Miguel Osvaldo Etchecolatz y otros imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en un centro clandestino de detención "El Infierno", que funcionó en la Brigada de Investigaciones de Lanús durante la última dictadura, informaron fuentes judiciales.
La causa investiga delitos cometidos en perjuicio de más de 60 secuestrados en la Brigada de Investigaciones de Lanús, que funcionaba en la calle 12 de octubre 234 en la localidad bonaerense de Avellaneda, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como "El Infierno".
Según se acreditó en el expediente que instruyeron los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira -de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado-, las víctimas eran interrogadas y torturadas en ese lugar, donde permanecían encerradas condiciones inhumanas.
En su requerimiento de elevación a juicio, los fiscales entre las víctimas a 12 directivos y empleados del Hotel Liberty de la ciudad de Buenos Aires, dos trabajadores -Víctor Ventura y Esteban Reimer, ambos desaparecidos- que integraban la Comisión Interna de la automotriz Mercedes Benz y cinco de la fábrica de calefones SAIAR, de los cuales fueron desaparecidos Héctor Alberto Pérez y Luis Adolfo Jaramillo.
En su resolución, Kreplak consideró que Jaime Lamont Smart, en su calidad de ministro de Gobierno bonaerense, "impartió órdenes verbales e ilegales para la realización de los hechos investigados y proporcionó a sus ejecutores directos los medios necesarios para cumplirlas, realizando de esta manera una cooperación necesaria sin la cual no habrían podido cometerse los mismos". En consecuencia, le imputó la privación ilegal de la libertad y la aplicación de tormentos que sufrieron unas 60 víctimas y el homicidio de Luis Adolfo Jaramillo.
Por los mismos crímenes imputó a Extecolatz, el entonces director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
A Wolk, quien era director de Investigaciones "Zona Metropolitana" de la misma fuerza policial, el juez le imputó 26 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos y el homicidio de Jaramillo.
Además, a Trevisán, que fue jefe Investigaciones de Lanús, lo imputó por secuestros y torturas en perjuicio de 22 víctimas; a Ferranti, subjefe de la Brigada de Lanús, por los mismos delitos respecto de 20 víctimas y al cabo Ferreyro, por la privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a 40 personas.
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Al hacerlo, el juez Bejas consideró que formaron parte de un genocidio
Tucumán: Procesan a seis policías por crímenes cometidos contra 231 detenidos
El juez federal Daniel Bejas procesó a seis ex miembros de la Policía de Tucumán imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 231 víctimas que pasaron por centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita de la Jefatura de esa fuerza durante la última dictadura. Los procesamientos fueron dispuestos en la causa denominada "Jefatura III" en una resolución que dio respuesta parcial al pedido de 74 indagatoriasque formulado en diciembre pasado por los fiscales federales Pablo Camuña y Carlos Brito, informó hoy el sitio fiscales.gob.ar. El juez Bejas consideró que los delitos "se habrían perpetrado en el contexto de un ataque sistemático desde el Estado contra una parte...
... substancial del grupo nacional argentino (grupos políticos, políticos militares, y grupos de personas involucradas con la lucha social sin pertenencia política partidaria) a los que se habría identificado como 'enemigos' del pensamiento 'occidental cristiano', lo que configuraría el contexto del delito internacional de genocidio".
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Francia: Se define la extradiccion del genocida Mario Sandoval
La Justicia francesa debería pronunciarse en favor de la extradición del genocida Mario Alfredo Sandoval la semana próxima (1 de junio). Es la última audiencia en Francia después de 5 años de solicitada la extradición por el juez Sergio Torres en el marco de la Causa ESMA en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos contra 600 víctimas, entre ellas, Hernán Abriata, detenido-desaparecido en 1976. Muchas gracias.
Causa Hernán Abriata: la Justicia francesa ante la extradición de un genocida
http://www.anred.org/spip.php?article14269
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