UN PROFUGO MENOS. DETIENEN AL MILITAR CARLOS ROJAS QUE ADIESTRABA PERROS PARA TORTURAR A LOS DETENIDOS EN CAMPO DE MAYO
Carlos Alberto "Galo" Rojas, suboficial del Ejército, fue capturado en Santiago del Estero por orden de la jueza federal de San Martín, Alicia Vence. Está acusado en la megacausa Campo de Mayo de ser el responsable del manejo de perros para atacar a los secuestrados.
La orden de la jueza permitía ubicar así, luego de 41 años, a Carlos Alberto Rojas, suboficial del Ejército, destinado en los años del horror y la barbarie a la Compañía Policía Militar 201 (la PM) y quien había sido designado en comisión en el departamento II, Inteligencia.
Rojas fue trasladado el pasado jueves e indagado en el juzgado de la calle Pellegrini, en San Martín.
Como tantos otros genocidas, se negó a declarar. En diez días la jueza debe resolver si lo procesa o no.
Los testimonios de un grupo de sobrevivientes que dio cuenta de la existencia de perros en los alrededores del Campito que eran usados para atacar a los secuestrados como forma de torturar para obtener información.
Rojas usaba el apodo de Galo y a él se llegó después del cruce de múltiples informaciones que formaban parte de la causa, de su propio legajo y de diversas publicaciones relacionadas con adiestradores actuales de perros ovejero alemán o perros policía.
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MILANI. la Cámara Federal de Casación convalida el procesamiento con prisión preventiva del ex Jefe de Ejercito
Es en el marco de la causa por el secuestro de Pedro y Ramón Olivera y de Verónica Matta. El ex jefe del Ejército está procesado por privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, imposición de tormentos agravados y asociación ilícita
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos –como presidente-, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemigani –como vocales-, no hizo lugar a la queja interpuesta por la defensa de César Milani contra la confirmación, que efectuó la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, del procesamiento con prisión preventiva del nombrado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, imposición de tormentos agravados y asociación ilícita.
En la causa, se imputa a Milani por crímenes contra la humanidad cometidos contra Pedro Adán Olivera y Ramón Alfredo Olivera en el marco de la dictadura cívico-militar. (CIJ)
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La Pampa:
declararán víctimas de la universidad
La UNLPam invita a acompañar los testimonios y a actividades de análisis y reflexión sobre las declaraciones que se escucharán durante las audiencias de la semana próxima en el juicio.
La Secretaría Académica de la Universidad Nacional de La Pampa, a través del Programa Académico Institucional de Derechos Humanos (PAIDH), informó que la semana entrante se efectuarán las audiencias testimoniales de algunos miembros de la universidad secuestrados durante la última dictadura cívico-militar y con ello las actividades previstas junto a un equipo de docentes.
El lunes 25 de setiembre a la hora 19.00, los inscriptos interesados en participar se reunirán para "contextualizar el proceso de memoria, verdad y justicia en La Pampa y describir algunos de los testimonios a presenciar en la audiencia".
El segundo encuentro tendrá lugar el día martes 26 de setiembre a partir de la hora 8.30 con la asistencia a la audiencia que contará con los testimonios de Raquel Angelina Barabaschi (era estudiante en Pico y fue secuestrada y torturada); el periodista Juan Carlos Pumilla (secuestrado) y Élida Rodríguez Jara de Perna (esposa de un músico uruguayo secuestrado en Pico y torturado), los tres querellantes en la causa.
Dentro de las audiencias, el miércoles 27 están previstos los testimonios de Rafael Mercedes Guardia (militante de izquierda secuestrado y torturado); el actual rector de la UNLPam, Sergio Aldo Baudino (era estudiante, secuestrado y torturado), y Graciela Leonor Bertón (hija de Samuel Bertón, hija del presidente de la comisión de padres del colegio de Arauz, secuestrado y torturado luego del copamiento de la institución en un operativo represivo durante la última dictadura).
La propuesta de la UNLPam culminará con un tercer encuentro destinado a la reflexión sobre los testimonios escuchados; las experiencias en la audiencia, puesta en común; relación con el momento actual y elaboración de conclusiones.
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LA PAMPA. represores piden no presenciar las audiencias
El pedido de las defensas de los acusados por la represión en el juicio de la Subozna 14 II quedó pendiente de resolución. Los jueces podrían tomar una decisión cuando se reanude el debate, el martes 26.
Los imputados en el juicio de la Subzona 14 II le pidieron al Tribunal Oral Federal de Santa Rosa que los autorice a no presenciar las audiencias durante las que desfilarán alrededor de 300 testigos que declararán sobre los secuestros y torturas de las víctimas que se ventilan en ese debate oral y público desde hace tres semanas.
Los jueces del TOF, Marcos Aguerrido, Pablo Lacava y José María Tripputi, podrían resolver ese pedido dentro de una semana, cuando se reinicien las audiencias. El fiscal Alejandro Cantaro y los abogados querellantes Franco Catalani y Juan Resia se opusieron a esa solicitud. La propuesta la avalaron los defensores Hernán Vidal, Pedro Mercado, Omar Cayre, Gastón Gómez, Máximo Pérez Flores, Gerardo Ibáñez, Laura Armagno y Luciano Rodríguez.
Antes de comenzar el debate, el exmilitar Néstor Omar Greppi ya había pedido seguir el juicio por teleconferencia desde su departamento en Capital Federal, donde cumple arresto domiciliario. Sin embargo, el TOF, por el momento, no le contestó y tuvo que dar el presente en las cinco audiencias que se hicieron hasta el momento.
El juicio continuará con la declaración de los testigos los próximos martes 26 y miércoles 27, aunque se analiza también una audiencia el jueves 28. En la primera jornada declarará la víctima y querellante, Raquel Barabaschi.
El jueves pasado, en indagatoria, el exjefe de la Policía de La Pampa Luis Baraldini hizo una extensa declaración, que podría ampliar más adelante. Por ahora, el resto de los acusados optó por el silencio, aunque aclararon que por consejo de sus defensores hablarán en indagatoria más adelante.
El jueves pasado los acusados confirmaron sus datos personales frente al tribunal. De los quince imputados, solo dos permanecen aún en la cárcel.
A Baraldini, detenido desde la Navidad de 2011, la Cámara de Casación le otorgó el arresto domiciliario que había solicitado por su avanzada edad -tiene 78 años- y problemas de salud, pero la medida está apelada en la Corte Suprema de Justicia y no se ha resuelto aún. Lo acusan por 214 víctimas.
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TUCUMAN. PRONUNCIAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL VEREDICTO JUICIO OPERATIVO INDEPENDENCIA
Organismos de derechos humanos de Tucumán destacaron que la "histórica resolución" que condenó a diez represores del Operativo Independencia, en el juicio que concluyó la semana pasada, reconoce que los delitos cometidos entre febrero de 1975 y el 24 de marzo de 1976 son crímenes de lesa humanidad y reivindica por lo tanto "la verdad histórica", pero objetan la absolución de siete imputados. Las expresiones tucumanas de H.I.J.O.S., Madres de Plaza de Mayo, APDH, ANDHES, LADH y una decena de organismos más, familiares de detenidos desaparecidos y víctimas-testigos de la Megacausa Operativo Independencia subrayaron, en una evaluación conjunta, que se haya llegado "a esta sentencia tras 42 años de lucha y exigencia de justicia".
Desde esa perspectiva, valoraron "como un logro de esos años que en la histórica resolución se haya reconocido que los delitos cometidos por las fuerzas militares y de seguridad durante el Operativo Independencia, decretado en 1975 por la entonces presidenta Estela Martínez de Perón, son crímenes de lesa humanidad", a la vez que formularon críticas al veredicto y fijaron una posición conjunta.
"Porque no reconocemos como definitiva esta sentencia y ante la libertad de estos acusados (absueltos), desde ya, manifestamos que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de los testigos", expresa la declaración firmada también por la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, la Comisión por los Derechos Humanos de Tafí Viejo y la Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán, entre otros organismos.
En el veredicto, dictado el viernes último tras 16 meses de debate, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a prisión perpetua a seis represores, impuso penas de entre 18 y 4 años de prisión a otros cuatro acusados y absolvió a los restantes siete imputados.
Con respecto a las siete absoluciones, el documento de los organismos tucumanos sostiene que "no se condicen con los hechos y pruebas aportados durante más de un año y medio de debate", y señala también que en el caso de dos condenados (Néstor Castelli, sentenciado a 18 años de cárcel y Jorge Capitán, a 16 años) la peña impuesta es "irrisoria" respecto de los delitos cometidos "y mucho menor a la aplicada al personal policial subalterno".
En particular, repudian la absolución de Omar Edgardo Parada, "el militar con el rango más alto, que estuvo al mando del Centro Clandestino de Detención que funcionó en la base militar de Santa Lucia, y por ello principal responsable de los delitos sufridos por los habitantes de esa localidad".
"Ningún tribunal del país que haya juzgado delitos de lesa humanidad utilizó con anterioridad al denominado 'error de prohibición' para absolver a imputados por estos graves crímenes puesto que ello implica entender que quienes allanaron ilegalmente moradas y detuvieron ilegalmente personas (es decir secuestraron) no sabían que sus conductas eran ilícitas, ya que siguieron las órdenes de sus superiores", subrayaron en otra dura crítica a aspectosa de la sentencia. Para los firmantes del documento, la invocación del llamado "error de prohibición" por parte del Tribunal "implica abrir la puerta nuevamente a la excusa de la obediencia debida".
Además, deploran que el voto mayoritario del Tribunal haya resuelto "la exclusión de la pena accesoria de degradación militar de Pedro Adolfo López, al considerar atenuante la participación posterior del imputado en la Guerra de Malvinas". En este sentido, recordaron que también participaron de la guerra de 1982 con Gran Bretaña en el Atlántico Sur represores "como (Alfredo) Astiz o Mario Benjamin Menéndez", pero "ello no quita la gravedad de los delitos que cometieron antes, en el marco de un ataque generalizado y sistemático de la población civil".
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Examinará documentación y testimonios de 1.400 asesinatos y 486 desapariciones
21.09.2017
Bolivia: Muy tarde comienza a actuar la denominada "Comisión de la Verdad", investigando crímenes
Muchos años después de la finalización de las dictaduras y con bastante demora desde que se tomó la decisión política de hacerlo, Bolivia conformó una Comisión de la Verdad que investigará las violaciones de derechos humanos durante los regímenes de facto que gobernaron entre 1964 y 1982, iniciativa que el oficialismo celebra y las organizaciones humanitarias consideran tardía. El flamante cuerpo, presentado hace tres semanas, está integrado por cinco dirigentes elegidos por el gobierno y tendrá como tarea elaborar, en dos años, una memoria histórica y un informe final que entregará al Ejecutivo, a la justicia y a la Asamblea Plurinacional, que es el legislativo boliviano.
"El gobierno eligió a quienes, cree, pueden garantizar la transparencia de la investigación; será una tarea larga, pero vamos a asumir la carga", señaló a Télam el dirigente campesino Teodoro Barrientos, uno de los miembros de la flamante Comisión.
El cuerpo está encabezado por la ex ministra Nila Heredia, y lo completan, además de Barrientos, el ex sindicalista Édgar Ramírez, el abogado y ex asesor presidencial Eusebio Gironda y la activista Isabel Viscarra. Los cinco ya juraron el cargo ante el presidente Evo Morales.
La Comisión contará, según se anunció, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, que crearon un equipo de apoyo para facilitar el acceso a la documentación y habilitará los testimonios del considerado "personal pasivo" que tuvo actuación en aquellos años.
Según estimaciones extraoficiales, las dictaduras militares en Bolivia asesinaron a cerca de 1.400 personas, desaparecieron a 486 y obligaron al exilio a 2.469. Las cifras surgen de un relevamiento del sacerdote jesuita Federico Aguiló, citado por las autoridades.
Dos casos se consideran emblemáticos en el país: el del jesuita español Luis Espinal, secuestrado, torturado y asesinado por paramilitares meses antes del golpe de Luis García Meza (1980), y el del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien como diputado inició el juicio de responsabilidades contra el ex dictador Hugo Banzer (1971-78) y fue asesinado durante la dictadura de García Meza. Su cuerpo está todavía desaparecido.
"Se crea la Comisión de la Verdad para esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual entendida como violencia y violaciones graves de derechos humanos fundados en motivos políticos e ideológicos", señala la disposición gubernamental.
En los 70, buena parte del accionar de las dictaduras en Bolivia se enmarcó en el llamado Plan Cóndor, que coordinó el accionar represivo en el Cono Sur. El periodo que analizará la comisión incluye los gobiernos de René Barrientos, Luis Siles Salinas, Alfredo Ovando, Juan José Torres, Banzer, García Meza y los varios mandatarios de breves gestiones de facto hasta la restauración democrática de 1982.
Bolivia es de los países de la región que menos avances logró en el debate acerca de lo ocurrido durante las dictaduras, y en marzo del 2015 varias organizaciones humanitarias llevaron este planteo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en reclamo de la búsqueda de verdad, justicia y reparación por las violaciones.
Esa iniciativa correspondió a la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación (Asofand), el Movimiento de Mujeres Libertad, la Plataforma Luchadores Sociales, la Unión de Víctimas de Violencia Política, Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
El reclamo había impulsado antes, en marzo de 2012, la instalación de una carpa de vigilia frente a la sede del Ministerio de Justicia por parte de la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano.
"No solo no obtuvimos ninguna respuesta del gobierno, sino que fuimos reprimidos violentamente en varias oportunidades", explicó a Télam Julio Llanos, titular de esa organización, que se quejó porque desde la aprobación legislativa, en diciembre del 2016, Morales "demoró ocho meses en nombrar a los cinco miembros de la Comisión, todos militantes y afines a su partido en función de gobierno, hecho que le quita la imparcialidad".
¡¡ APARICION CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO !!
en este link verás el video sobre nuestro museo.
https://www.youtube.com/watch?v=jGPLj1nGEsY
| Argentina: El Che lives on! Get lost in Buenos Aires ... Izquierdista entusiasta, y compañero revolucionario Eladio Gonzalez muestra el contenido de su afamado museo Che Guevara en Caballito, Buenos Aires..
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informó el Museo " ERNESTO CHE GUEVARA " de Caballito, CABA
calle Rojas 129, esq. Yerbal, Buenos Aires (AAC 1405) Argentina
Visitar lunes a viernes de 10 a 19 hs. (corrido) – entrada libre y gratuita
Escuela de Solidaridad con Cuba " CHAUBLOQUEO "
Registro donantes voluntarios de Células Madre (INCUCAI)
Coordinador ex Mesa Vecinal Participativa en Seguridad de Caballito
Tel. 4 903 3285 Irene Rosa Perpiñal - Eladio González (Toto)
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¡ Salven a los argentinos !..... "las ballenas".
Las Islas Malvinas fueron, son y serán siempre ARGENTINAS.
Guantánamo es cubano ¡ fuera los norteamericanos de allí ! invasores colonialistas como los ingleses.
Aunque Llanos admitió que la organización tiene "mucha susceptibilidad" respecto a la Comisión de la Verdad, entregará toda la documentación que pueda aportar.
"Sobre la reparación integral, la indemnización y el resarcimiento, a pesar de que las víctimas nunca lucharon para obtener alguna recompensa, existen disposiciones constitucionales y legales que salvaguardan nuestros derechos", alertó Llanos.
Desde la comisión, en tanto, Barrientos prometió "un trabajo responsable" que también sirva "para que esto nunca más vuelva a ocurrir en Bolivia". Atribuyó además las demoras a "problemas políticos" que enfrentó el Ejecutivo.
"No vamos a reemplazar a la justicia. Entregaremos el informe, y las demás instancias resolverán qué hacer. Habrá aportes, porque las Fuerzas Armadas van a darnos información y hay muchos testigos que ya adelantaron que quieren declarar", reseñó.
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