A Sebastián Piñera Echeñique y a la Señora Michelle
Bachelet Jeria, les reiteramos que “Aquel que ha
atropellado, conculcado la dignidad del ser humano y sus derechos, no tiene
autoridad moral para hablar en su nombre”. ADDHEE.ONG.
Por Eduardo Contreras Mella /Escritor,
Abogado de los Derechos Humanos, Comunicador Social/Barómetro
Latinoamericano/ADDHEE.ONG:
Las huellas brutales dejadas en Chile por la dictadura cívico militar
impuesta por el régimen de turno de los Estados Unidos en septiembre
de 1973 para derrocar y asesinar al presidente Allende Gossens y
que durara tantos años, no han desaparecido ni se borrarán jamás. Sobre todo,
si, como sucede en la realidad, no acaba de hacerse plena justicia y, a pesar
de los avances, la impunidad todavía mantiene un espacio.
Por eso es que siempre será oportuno
revisar y difundir qué sucede en materia de juzgamiento de los crímenes de lesa
humanidad, así como las reacciones de los diversos sectores de la sociedad.
Un suceso reciente es que, a propósito
del reciente procesamiento del ex alcalde ultraderechista Cristian Labbé
por su responsabilidad penal como autor del delito de torturas, se levantaron
de inmediato las voces de representantes del pinochetismo que sostuvieron
indignados que era simple persecución política venir a juzgar al representante de
la UDI – y ex coronel de ejército – tantos años después de ocurridos los
hechos.
Lo sucedido es que – sin
perjuicio de otros casos en que se encuentra procesado igualmente por el delito
de torturas y por los que será sin duda condenado – Cristian Labbé recibió
sentencia condenatoria de apenas 3 años de presidio. Se trata del fallo del
proceso criminal el juzgado de Temuco que condena al reo Cristian Labbé
Galilea, coronel de ejército en retiro a la pena de 3 años de presidio por
haber sido autor de la aplicación de tormentos a Harry Cohen Vera.
Originalmente el procesamiento era más amplio e incluía además las torturas
inferidas por Labbé a Jaime Rojas, Bernardo Santibáñez y Juan Horacio Rosales,
hechos ocurridos en la ciudad de Pangipulli en el mes de noviembre de 1973.
Interesante la lectura del
expediente. El entonces joven coronel Labbé actuaba con el rostro pintado para
impresionar a sus víctimas y se paseaba entre ellas a grandes pasos profiriendo
toda clase de insultos y amenazas en contra de prisioneros atados, indefensos.
Así actuaron en esos años nuestros “valientes” militares, “la reserva moral
de la sofofa”. Recordemos de paso que Labbé ha sido signado como uno
de los fundadores de la siniestra DINA, policía secreta de Pinochet y formadora
de torturadores y asesinos.
Los golpistas no se quedaron
callados ante la sentencia. Esto “es solamente venganza” dijo, por ejemplo, el
senador derechista Juan Antonio Coloma dolido por la resolución de tribunales y
denunció la excesiva tardanza. El reclamo de la derecha se funda ante todo en
la tardanza en hacer justicia. Y en eso coincidimos. En nuestro país la
Justicia ha tardado demasiado. Pero es preciso revisar y conocer ¿quién o
quiénes son precisamente los responsables de esta tardanza? ¿Por qué ante crímenes
tan feroces como miles y miles de detenidos desaparecidos, de ejecutados
políticos, de torturados, de prisioneros sin causa cometidos a partir del 11 de
septiembre de 1973 y hasta el fin de la dictadura, no actuó en su momento del
Poder Judicial?
Recordemos,
brevemente, qué pasó en todos estos años. Desde luego debe reconocerse que
desde 1973 y hasta 1998, hacer justicia en estos casos era imposible. Que nadie
olvide que la Corte Suprema de la época, declaró a mediados de 1973 que el
gobierno del presidente Allende era inconstitucional. Aquello fue parte de la
estrategia diseñada en Washington a fines de 1970 tras la reunión de Agustín
Edwards con Richard Nixon y el director de la CIA de la época. Por supuesto, la
Corte carecía absolutamente de facultades jurídicas para un pronunciamiento de
tal naturaleza. Pero era el golpe en marcha. Luego de producido, el dictador
Pinochet promulgó una ley de auto amnistía y contó por muchos años con el
servilismo de la Corte Suprema, cuyo presidente Israel Bórquez respondió con
una burla infame a quienes buscaban a sus familiares: “¡Los desaparecidos ya me
tienen curco!”. Así pasaron esos años. Pero el fin de la dictadura no cambió
las cosas. La amnistía seguía vigente, Pinochet continuaba como jefe del
Ejército y su discurso era concreto: “El día que me toquen a alguno de mis
hombres se acabó el Estado de derecho”. Sus hombres no fueron tocados por los regímenes
de la Concertación y así pasaron los años.
Hasta que el 12 de enero de
1998, la querella presentada en nombre del Partido Comunista de Chile por un
grupo de abogados que tuve el honor de encabezar y acompañados de la dirigente
Gladys Marín, fue aceptada a trámite por la Corte de Apelaciones de Santiago la
que designó como juez investigador a Magistrado Juan Guzmán Tapia. Un
hecho histórico que cambió el curso de los acontecimientos ante la sorpresa de
todos. Coincidentemente, meses más tarde Pinochet era arrestado en el Reino
Unido por solicitud del juez español Baltasar Garzón en el proceso iniciado en
el exterior tiempo antes. La historia cambiaba. Comenzaron los procesos y a la
querella de enero del 98 se sumaban cientos y cientos.
Pero no debe olvidarse que la
llamada Concertación de partidos por la Democracia había premiado a Pinochet
con el cargo de Senador Vitalicio. Y fue esa misma fuerza política,
supuestamente democrática, la que salvó al dictador de su segura prisión en
Europa: Un político “socialista”/ renovado socialdemócrata, José Miguel
Insulza, fue el encargado de viajar al rescate del tirano. La fragilidad de la
memoria no debe borrar jamás esta asquerosa maniobra en contra de los derechos
humanos.
Hasta la querella de enero del
98 un manto de impunidad había cubierto la historia del país. Olvido para los
miles de víctimas y en cambio jubilaciones multimillonarias y privilegios de
fantasía para los oficiales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de
Carabineros. Llegó a llamarse al general Juan Emilio del Corazón de Jesús
Cheyre como el del “Nunca más” Hoy está procesado criminalmente.
Y además fue sólo a partir de
fines del 2009 que los tribunales se abrieron a investigar también los casos de
ejecutados políticos y de torturados; hasta entonces sólo se llevaba los casos
de detenidos desaparecidos. Esto obligó a la designación de jueces de dedicación
exclusiva en diferentes puntos del país. Son más de Mil quinientos juicios en
desarrollo. Y una parte de ellos ha estado dedicada a los casos de oficiales y
suboficiales de las propias FFAA que en su momento se opusieron a asesinar o a
torturar a sus indefensos prisioneros por lo que ellos mismos fueron sometidos
a torturas y a Consejos de Guerra. Su caso, al igual que otros de civiles,
llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy nuestro país muestra una situación
que en esta materia registra más avances que en otros países que igualmente
sufrieron dictaduras como son los casos de Uruguay y Brasil y se puede
equiparar a lo avanzado en Argentina. Pero por una parte lo obrado sigue siendo
insuficiente y por otra aparecen señales peligrosas como por ejemplo que las
sentencias condenatorias que están dictando los jueces especiales en los
últimos años son penas bajísimas, presidios de muy corto plazo. Por otra parte,
se hace exigencias desmedidas a las víctimas para acreditar que sufrieron, como
si las torturas o las balas hubiesen sido juguetes de niños, lo que además
alarga por muchos años los procesos. Y debe agregarse el extraño comportamiento
en estas materias del llamado “tribunal constitucional” que interfiere
dudosamente.
En conclusión: el tema del
tratamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrado por la dictadura cívico
militar de la derecha chilena en 1973 sigue siendo tema pendiente. No
abordarlo decididamente es seguir violando los derechos esenciales de la
persona humana.
Lo
subrayado es nuestro.
