¿Entrará Juan Carlos I en prisión?
Publicado: 10 nov 2020 16:50 GMT
La única cuestión por resolver a día de
hoy en la interminable sucesión de escándalos que asaltan a la Monarquía
española, si es que queda alguna, gravita sobre si Juan Carlos I, el actual rey
emérito, entrará o no en prisión. Porque todo lo demás es obvio desde hace…
décadas.
Juan Carlos I,
delincuente múltiple con inmunidad
Que Juan Carlos I ha sido un delincuente
múltiple con inmunidad e impunidad ha quedado más que demostrado a lo largo de
las décadas en las que ha reinado. Libros como El negocio de la
libertad de Jesús Cacho, editado en 1999, o Un rey golpe a
golpe de Rebeca Quintans, publicado con pseudónimo en el año 2000 (con
reciente reedición, Una biografía sin silencios), dejaban muy en
evidencia las actividades delictivas de Juan Carlos I hasta el punto de
convertir el 'presunto' en una vestimenta innecesaria para un rey desnudo de la
más mínima moral. Y ni siquiera eran nada nuevo, pues la bibliografía ya
entonces existente sobre el 23-F y los movimientos golpistas de Juan Carlos I
durante el comienzo de su reinado (1980-1981), ya le convertía en golpista, y,
por tanto, en autor de varios y graves delitos. Tampoco sería el final, muy al
contrario, pues el comienzo de siglo daba el pistoletazo de salida de una
carrera desenfrenada de libros, artículos, informes policiales y sumarios
judiciales detallando las innumerables actividades delictivas de Juan Carlos,
una carrera que ni siquiera hoy puede darse por concluida.
Señalado en la operación Gürtel, la madre
de todas las corruptelas del Partido Popular; en el caso Nóos, en el que su
yerno, Iñaki Urdangarin, terminó en prisión y su hija, Cristina, fue
salvada in extremis por la siempre servil Justicia española;
en la corrupción de la familia Pujol, un caso en el que se alcanzó un status
quo sospechoso que exoneró a unos y otros; en la macrocausa por
blanqueo de dinero del empresario Gao-Ping, en el que se vieron involucradas
tres primas de Juan Carlos y fueron rápidamente exoneradas; en el caso de su
testaferro más conocido, Manuel Prado y Colón de Carvajal, que fue condenado y
terminó en prisión… y así, un caso y otro caso hasta que The New York
Times cifraba en el año 2012 en más de 2.300 millones de dólares la
fortuna del Borbón, un monarca desahuciado cuando llegó a la dictadura
española. Casi nada. Entre la caza de elefantes, la vida de lujoso
multimillonario y una interminable lista de amantes, a las que en algunos
casos cedía generosamente cifras millonarias y en otros los
fondos reservados o los servicios secretos y sus amenazas callaban las intimidades
más sórdidas, su nombre sonaba de forma insistente como comisionista en la
venta de armas, en la compra de petróleo o en la adjudicación de obras.
Pero hasta el año 2014, fecha en la que el
monarca fue obligado a abdicar por su propio hijo y un grupo de presión
compuesto por políticos, personalidades y empresarios españoles de primer
nivel, todo ello había colisionado una y otra vez con la infranqueable barrera
levantada por la Transición española: la inviolabilidad jurídica. Alegaban una
y otra vez desde instancias judiciales que el jefe del Estado es inviolable
jurídicamente. Y es que la Constitución española no sólo sitúa al rey
español en el territorio de la inviolabilidad, también en el de la
irresponsabilidad. Juan Carlos, como Felipe VI ahora, es inviolable e
irresponsable de sus actos. Una aberración que en la práctica permitiría al rey
de España, por ejemplo, quedar eximido de matar a su hermano, incitar al
asesinato de una amante embarazada, deshacerse de un rival político, perpetrar
un golpe de Estado, cobrar comisiones ilegales, blanquear dinero o trabajar
para traficantes de armas o desalmados dictadores. Tal delirante es el
marco jurídico actual, que si al rey Felipe VI le apeteciera asomarse mañana al
balcón de su palacio y disparar contra todo el que pasase por la calle, lo
podría hacer con toda tranquilidad. Ya no estamos en el año 2014, y este
ya no es inviolable ni irresponsable, por lo que, aunque sus antecedentes
penales hayan sido borrados de un plumazo, sin juicio ni condena, las
actividades delictivas posteriores a esa fecha si pudieran y debieran ser
enjuiciadas.
Difícil justificar tamaña desfachatez. De
hecho, tenemos un ejemplo que demuestra que la inviolabilidad e
irresponsabilidad jurídica son medidas sin validez internacional y serían
derribadas por cualquier sociedad avanzada: las actuaciones ilegales de los
militares. En la teoría, hasta hace escasas décadas, y en la práctica, incluso
en la actualidad según donde nos encontremos, los militares quedaban exentos de
cualquier responsabilidad siempre y cuando pudieran alegar que se encontraban
en el desempeño de sus funciones y cumplían órdenes. Esto fue resuelto por
diferentes organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, la cual resolvió que en ningún caso una actividad ilegal
podía estar contenida dentro de una actividad militar. Lo que es
aplastantemente lógico. Es decir, no puede formar parte del quehacer de un
militar participar de un golpe de Estado, torturar, asesinar o violar. Aplicando
la misma lógica a la situación de los monarcas españoles, no puede formar parte
del quehacer de un rey cobrar comisiones, blanquear dinero o participar de
golpes de Estado. Sin embargo, esta doctrina internacionalmente admitida, no ha
sido comprendida ni asumida de forma mayoritaria en España.
Una familia poco
ejemplar
Con los últimos escándalos, que han
revelado el uso de tarjetas opacas por parte de los actuales eméritos Juan
Carlos y Sofía o la existencia de un coronel que ha pasado los ratos de asueto
como testaferro del rey, aunque él lo niega y como casi todo lo que acompaña a
la Familia Real se acompaña de un 'presunto' tan insondable como cuestionable,
queda al descubierto que la Familia Real de ejemplar tiene poco. Porque
los hasta ahora distinguidos por su aureola de incorruptibilidad, la reina
Sofía y el actual monarca Felipe VI, también se han visto salpicados por los
casos de corrupción. Sofía, en el ya mencionado caso de las tarjetas opacas
y Felipe VI al aparecer como beneficiario de una cuenta con 100 millones de
dólares. No son los únicos. La infanta Cristina, pareja de Iñaki
Urdangarin, condenado y yerno de Juan Carlos I, como comentamos, fue
exonerada por la Justicia española y lo fue, incluso, en contra del criterio del
juez instructor del caso.
La sensación instalada en muchos españoles
es que la Justicia española no trabaja para condenar al Emérito, sino para
exonerarle, por lo que solo le condenarán de verse socialmente obligados a
ello. Desgraciadamente, ello solo demuestra que España no es un país para la
Justicia, es una país para la irresponsabilidad.
Y la juventud regia apunta maneras. Se
trata de pequeños detalles, pero no generan buenas sensaciones, pareciera que
se comportaran como si España fuera su cortijo. Son los casos de Froilán o
Victoria Federica, hijos de la infanta Elena, cada día menos ejemplares. Si ya
en el año 2019 el propio Felipe VI dudaba sobre si retirarles la escolta por su
conducta poco edificante, durante los últimos meses han sido cuestionados por
saltarse las normas de confinamiento. No parece que el elevado gasto en
educación invertidos en ellos haya tenido correspondencia para la ciudadanía
española, al menos en cuanto a ejemplaridad se refiere.
¿Entrará Juan Carlos I en
prisión?
Llegados a este punto, en el que los
escándalos afectan a una gran parte de los familiares del actual rey, Felipe
VI, y cercan al rey emérito, la gran pregunta que queda por resolver es si Juan
Carlos I entrará en prisión. Conviene recordar que ya no estamos en el año
2014, y este ya no es inviolable ni irresponsable, por lo que,
aunque sus antecedentes penales hayan sido borrados de un
plumazo, sin juicio ni condena, las actividades delictivas posteriores a esa
fecha si pudieran y debieran ser enjuiciadas.
Sin embargo, no parece que ello vaya a
suceder y de suceder, le construirían una prisión-balneario para él solo y su
vida de multimillonario –su yerno entró en una prisión habilitada para él
solo–, pues la sensación instalada en muchos españoles es que la Justicia
española no trabaja para condenar al Emérito, sino para exonerarle, por lo que
solo le condenarán de verse socialmente obligados a ello. Desgraciadamente,
ello solo demuestra que España no es un país para la Justicia, es una país para
la irresponsabilidad
Cualquier parecido con el señor D. Trump, "es pura casualidad"; de cierto, éste tendrá 'algo' de Vikingo, pero de Borbon 'nada'; aunque en CORRUPCIÓN HEREDITARIA IMPERIAL, son de la misma manada rabiosa:
ya veremos que pasa con ambas dinastías el año próximo.
Apestan a mil millas, con sus clanes incluidos:
dan asco y pena estos cabronazis de marras...
¿Justicia?
Son ^infalibles e intocables^, salvo que se pasen del Código de Leviatan, genial creatividad del inglés Thomas Hobbes:
entonces, los mismos lobos de la manada se encargarán de roerles los huesos hasta a Malanga el de Banes.
Dan asco estos innecesarios '''seres humanos engreídos y todopoderosos''':
vídeos, fotografías, mucha bibliografia condenatoria, acusatorias directas y públicas, denuncias ante tribunales, víctimas apululu... ---y fiscales, sobran:
de existir el AVERNO, de allí serían expulsados al ultimo círculo de la maldad humana y de la hipocresía religiosa, ¡hasta el mismísimo día del Juicio Final!
Ecce Homo...! ^|^Panta^|^ 12. 11 . 20. ¤▪¤▪¤▪¤▪¤¤¤▪¤▪¤▪¤