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AUNQUE DEMORADA, AL FIN LLEGÓ LA JUSTICIA EN LA CAUSA
Dos condenas por Angelelli y cosas para seguir investigando
Un buen final tuvo el juicio por el crimen de Angelelli. Un ex general y un ex comodoro fueron condenados como autores mediatos. Queda por investigar la complicidad civil, incluída la de la Iglesia, en aquella represión.
EMILIO MARÍN
Conviene empezar por lo positivo, que sobresale en los resultados del juicio por el asesinato del obispo Enrique Angelelli y la tentativa de homicidio de su acompañante, el ex cura Arturo Pinto.
Un mes antes de cumplirse los 38 años de la muerte, producida el 4 de agosto de 1976 en La Rioja, el tribunal oral federal integrado por un riojano (Camilo Quiroga), un cordobés (Carlos Lascano) y un salteño (Juan Carlos Reynaga) condenaron a prisión perpetua al ex general Luciano B. Menéndez y al ex comodoro Luis F. Estrella.
Menéndez era titular del III Cuerpo de Ejército, con jurisdicción en diez provincias argentinas, con asiento en Córdoba; y Estrella era el vice jefe de la base aérea de El Chamical, una de cuyas dependencias funcionaba como centro clandestino de represión.
Menéndez escuchó la audiencia del 4 de julio, por video conferencia desde Córdoba. Su compinche estuvo en el juicio, que funcionó en el edificio del Correo (marche un edificio adecuado para la justicia riojana...). Ambos gozaban de prisiones domiciliarias y ahora se ordenó su traslado a la cárcel de Bouwer aunque con chequeos médicos para saber si están en condiciones de salud para ir a la cárcel. El cronista no sabe si esos trámites son una una concesión hiper humanista a dos genocidas o bien una exteriorización final de la impunidad que gozaron.
Cómo será de mentiroso Menéndez que insistió en que no conocía al obispo riojano, cuando en la causa está acreditado que éste, perseguido, mantuvo una reunión con el otrora mandamás del Ejército.
El otro condenado, Estrella, se dedicó a hostigar al sobreviviente Pinto, que no sólo acompañaba a Angelelli aquella tarde de agosto por la ruta 38 a la altura Punta de los Llanos cuando fueron emboscados por un grupo de tareas. También lo secundó en la tarea pastoral y por eso pudo referir al tribunal cómo vivían perseguidos por la represión a partir de fines de 1973, primero por la Triple A y los terratenientes de la familia Menem y otros cavernícolas de los “Cruzados de la Fe”, y luego por la dictadura militar-cívica. Una vez más, testimonios induditables demuestran que el terrorismo de Estado no se inició el 24 de marzo de 1976 sino con el gobierno peronista y la Triple A. Luego pegó un salto cualitativo horrendo.
Los que se salvaron
Gracias a las leyes de impunidad, particularmente la del Punto Final, los condenados en esta causa tuvieron 38 años de “changüí”. Es que tras la dictadura, en 1984, había comenzado a descorrerse el velo sobre la mentira del “accidente vial” donde había muerto Angelelli. Dos años más tarde, con esa ley del tiempo radical, el expediente entró en vía muerta.
Después de la anulación de esas leyes e indultos, a partir de 2003 se trató de recuperar el tiempo perdido. Y en 2006 comienza a activarse esta causa, lo que coincide con dos factores, uno de ellos novedoso. El viejo, o tradicional, es el empuje de los organismos de derechos humanos, del sobreviviente Pinto, la querella de Marialé, la sobrina de Angelelli y el biógrafo de este, Luis Vitín Baronetto, del Centro Tiempo Latinoamericano, etc.
El elemento nuevo es que el obispado riojano, a cargo de Roberto Rodríguez, entra como querellante. Y, más importante desde el punto de vista político, el arzobispo Jorge Bergoglio, llega a La Rioja para dar una misa por el obispo asesinado y elogiar su obra pastoral.
Con esas dos piernas, las querellas históricas y el acompañamiento de la Iglesia, que tenía muchas culpas por lavar en el caso, el expediente empezó a caminar como debía.
Claro que el tiempo dilapidado iba a tener impacto. Por ejemplo, en abril de 2011 el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena ordenó las detenciones del dictador Jorge R. Videla y su ministro del Interior, general Albano Harguindeguy.
Ya estaban procesados Menéndez, Estrella, Edilio C. Di Cesare, ex jefe de Logística del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 y de la policía de La Rioja. También Juan Carlos Romero, jefe del D2 de esa fuerza policial.
Los imputados fueron catorce. Como se había dejado pasar miserablemente el tiempo, de todo el lote criminal llegaron a la condena Menéndez y Estrella. El resto se fue muriendo o quedando como inimputable por enfermedad mental, etc. Se salvaron de la justicia.
Particularmente odioso fue que Harguindeguy se muriera técnicamente inocente. Es que dos de las carpetas que Angelelli llevaba en su Fiat 125 aquella tarde de agosto aparecieron luego en su despacho de ministro del Interior. Entre otras cosas documentaban los crímenes de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, asesinados en La Rioja el 18 de julio de ese 1976. Justamente Angelelli fue muerto cuando regresaba a la capital riojana luego de una misa en homenaje a esos dos curas de su equipo pastoral.
¿No supieron nada?
La represión habida en 1976 en la provincia de La Rioja, como en el resto del país, era bastante conocida dentro y fuera del país. La persecución implacable contra la gente de Angelelli, era bien sabida. A los asesinatos de los dos curas se había agregado el fusilamiento de un laico, Wenceslao Escalante, frente a su familia.
Curas y hasta monjas que estaban enrolados en la tendencia tercermundista tuvieron que irse de ese terruño por las amenazas de muerte, a veces fueron guardados en domicilios de los fieles para escapar a los operativos militares, policiales y del grupo los Cruzados de la Fe de los Menem de Anillaco.
Sin embargo, a pesar de ser eso vox populi, el primer juez que tomó la causa de Angelelli, Rodolfo Vigo, dictaminó en un trámite rápido que se había tratado de un accidente. El juez había sido nombrado hacía poco tiempo por el régimen. Y así como él, otros magistrados y abogados del fuero local debían saber del asunto. Uno de ellos llegó después a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia con el menemismo: Julio Nazareno.
Otro personaje de este tiempo que ha mentido con que en La Rioja no había casi represión es el general César Milani, de actuación en 1976 en esa provincia y Tucumán. Contestó con esa mentira a un requerimiento del CELS sobre su actuación riojana. Con esas deformaciones logró que la entidad presidida por Horacio Verbitsky desaconsejara al Senado su promoción al máximo cargo en el Ejército. Lo votaron lo mismo. Hubo muchos brazos de yeso, de quienes saben bien lo que era la tierra donde caminaba el obispo mártir.
Idas y venidas de la Iglesia
Ya se mencionó aquí el giro positivo que dio Bergoglio al dar una misa en La Rioja, en 2006. Allí dijo: “esa sangre hoy clama por vida, y el recuerdo de Angelelli no es memoria encapsulada. Es un desafío”. Era la primera vez que las autoridades eclesiásticas rescataban la figura del mártir.
Y a partir de ese momento fueron parte de la querella, primero con el obispo Rodríguez y luego con el actual titular de la diócesis, Marcelo Colombo.
El juicio arrancó en noviembre pasado y la etapa final el 13 de junio de este año. En este último tramo, más allá de las justas críticas al rol de la Iglesia en la dictadura, que no se borran, cabe reconocer un cambio. Más discutible son los motivos que lo determinaron: ¿autocrítica o reacomodamiento? Más allá de la causa real, lo cierto es que en este último tiempo la cúpula católica dio un giro favorable al esclarecimiento del crimen.
Eso no anula todo lo anterior. Angelelli llevó sus penas a la Conferencia Episcopal y allí lo dejaron solo Francisco Primatesta y Juan C. Aramburu; los vicarios castrenses Bonamín y Tortolo fueron aliados de sus verdugos militares. Apenas tuvo la comprensión de Miguel Esteban Hesayne y Vicente Zaspe.
El nuncio Pío Laghi fue un perfecto canalla. Angelelli le envió dos cartas para el Vaticano, donde denunciaba el cuadro de persecución que se sufría, las masivas detenciones y torturas a los presos en la cárcel riojana, las amenazas de muerte sufridas por él, los crímenes de Murias y Longueville, etc.
Esas cartas durmieron el sueño de los justos durante los papados de Paulo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. El Vaticano los enterró por 38 años, hasta que a pedido del obispo Colombo, el Papa Francisco los envió al tribunal, que los acreditó el 13 de junio. ¿Por lo menos Pío Laghi cumplió con el envío de esos informes del riojano? No. Fue cretino hasta el final. Aunque acusó haberlos recibido el 30 de junio de 1976, nunca los envió.
A Roma llegaron porque Angelelli, desconfiando del nuncio, entregó en Punta de los Llanos un doble juego de sobres a un amigo, de los Franciscanos Conventuales. Y éste los hizo llegar al ministro general de los franciscanos conventuales, monseñor Vitale Bonnmarco, quien se los dio a Paulo VI. Así lo denunció el querellante Vitín Baronetto en “Las amenazas, el homicidio y la justicia” (Hoy Día Córdoba, 4/7).
Uno de los que guardó un ominoso silencio, Benedicto XVI, es aún Papa emérito. Por sus deméritos debería estar en otro lado. El sobreviviente Pinto dijo a Página/12: “la Iglesia tiene lastimaduras que todavía existen y las complicidades que fueron más graves siguen existiendo”. Tal cual. Al que le quepa la sotana, que se la ponga.
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Sergio Ortiz
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