UNA LEY DESAJUSTADA Por Manuel E. Yepe*
En medio del tenso y multifacético debate acerca de la cuestión migratoria que ocupa y divide en estos tiempos a la sociedad estadounidense -y a su elite de poder y gobernante-, algunos, dentro y fuera de aquel país, indagan porqué Cuba, la pequeña isla vecina, juega con reglas diferentes a las de las demás naciones del tercer mundo.
Se preguntan por qué motivo los cubanos tienen la singular ventaja de ser admitidos como futuros ciudadanos de los Estados Unidos, en ocasiones como héroes, con solo declarar que son contrarios al gobierno de su país, esquivar a las autoridades encargadas de custodiar las fronteras y entrar al país "sin mojarse los pies".
Esto contrasta agudamente con la forma en que son cazados como criminales peligrosos los mexicanos y centroamericanos que intentan cruzar la frontera, o los dominicanos y haitianos que son capturados en la travesía marítima desde sus países y devueltos sin compasión… ni publicidad.
Desde noviembre de 1966, rige en Estados Unidos la denominada Ley de Ajuste Cubano, herramienta de la casi cincuentenaria política desestabilizadora instrumentada por Washington contra su vecino país socialista.
No sólo ha sido utilizada con propósitos publicitarios y para sustraerle a Cuba médicos, científicos, técnicos, artistas y profesionales de todas las ramas del saber y los servicios, sino que también ha sido blandida, amenazante, como eventual recurso para provocar una crisis migratoria que serviría de pretexto para una agresión militar.
La Ley de Ajuste Cubano habilita automáticamente a los cubanos llegados legal e ilegalmente a territorio de los Estados Unidos para adquirir la residencia permanente, al cabo de apenas un año y un día de su entrada al país. Ninguna otra nacionalidad tiene esta prerrogativa.
Esta ley está diseñada para incentivar la emigración ilegal de Cuba, no importa las consecuencias fatales que deriven de una siniestra apuesta que incluye una travesía por mar en la que frecuentemente los migrantes, además de la propia, pierden las vidas de sus hijos menores de edad.
Esta genocida política de los Estados Unidos contra Cuba es complemento esencial del bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla cuyo objetivo fue descrito el 6 de abril de 1960 por el funcionario del Departamento de Estado I. D. Mallory en un informe secreto desclasificado en 1991, donde señala que el propósito es derrotar la revolución cubana "…a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas…negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios… a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno cubano…".
Si el bloqueo busca "causar hambre y desesperación" en los cubanos, la Ley de Ajuste les invita a renunciar a los esfuerzos comunes por revertir estas condiciones y, en vez de ello, escapar a una sociedad opulenta, prohibida para otros ciudadanos del mundo subdesarrollado, a cambio de un poco de publicidad contra su país y el riesgo de sus vidas en aras de tal privilegio.
Los grandes avances sociales y políticos de la revolución han logrado contrarrestar los esfuerzos de la superpotencia por quitarle al proyecto socialista cubano el apoyo patriótico popular masivo de que disfruta, pero los más de cuarenta y ocho años de guerra económica de Estados Unidos contra Cuba han impedido que la sociedad cubana se desmarque del síndrome migratorio común a toda la América Latina y al Tercer Mundo en general.
Desde 1961, las penurias materiales impuestas a la Isla por el bloqueo económico de Estados Unidos son la motivación principal de los cubanos que emigran, aunque invariablemente los grandes medios de prensa controlados o influidos por Estados Unidos les identifican como exiliados políticos, disidentes, evadidos del comunismo o luchadores por la libertad y la democracia.
Según el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, los ilícitos migrantes son transportados por redes de traficantes de seres humanos que operan en el sur de la Florida. Se trata casi siempre de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que han cambiado su perfil por este otro contrabando más lucrativo que el de las drogas y practican su trabajo lo mismo en modernas lanchas rápidas que en pequeñas embarcaciones que sobrecargan peligrosamente.
Se calcula que alrededor de un 15% de los que intentan cruzar por mar a los Estados Unidos para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, muere en el intento.
Los aspirantes a inmigrar convocados por la Ley de Ajuste Cubano sirven al imperio como evidencia "del fracaso del sistema comunista imperante en la Isla, la ruina de su economía y el incremento de la represión política del régimen cubano".
Sin embargo, en verdad, los emigrantes, generalmente son personas con familiares en Estados Unidos quienes, por cualquier motivo, no califican como migrantes legales de acuerdo a las reglas de cualquiera de los dos países, o de ambos, o que no se resignan a esperar su turno en las cuotas acordadas en los tratados migratorios. Las motivaciones políticas, en los casos en que las hay, no están entre sus prioridades.
En tres ocasiones las tensiones migratorias cubano estadounidenses en el Canal de la Florida han llegado a situaciones de crisis. En los tres casos, el gobierno cubano ha autorizado la emigración sin control en respuesta a las manipulaciones de Washington y el gobierno estadounidense se ha visto obligado a sentarse en la mesa de negociación. Los tres momentos han tenido sustantivas diferencias intrínsecas, pero todos tienen en común el hecho de que han culminado en alguna forma de acuerdo entre los dos países, que no tienen vínculos diplomáticos oficiales.
La Ley de Ajuste Cubano, violatoria de los acuerdos migratorios de 1994 y 1995 que obligan a Estados Unidos a repatriar a cubanos interceptados en alta mar por sus autoridades en función de intereses de la sociedad estadounidense reconocidos por Cuba, es arma de la irracional política de Washington contra la independencia de la isla y a nadie debe extrañar que en el debate actual sobre cuestiones migratorias, le estalle en el rostro.
*Manuel E. Yepe Menéndez es abogado, economista y politólogo. Se desempeña como Profesor en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana.
Junio de 2007
