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Buenos Aires - Argentina
Director Editorial: Prof. Juan Carlos Sánchez
Cartas al Director: gacetillaspopulares.director@gmail.com
EDITORIAL DEL 16/07/07 - ARGENTINA.
DISCAPACIDAD: LA POLÍTICA EDUCATIVA DEBE TENDER A LA INCLUSIÓN.
En el día de ayer, se difundió un caso a través de una Carta de Lectores al Diario Clarín, que ya hemos dado a conocer en su oportunidad, pero que merece una reflexión en estos tiempos de transición y de campaña electoral debido a que constituye un verdadero paradigma en el sistema educativo de la Ciudad aunque también tiene, por supuesto, su correlato en el resto de las jurisdicciones, provincial y nacional.
Una vez más, las problemáticas de la discapacidad en materia educativa vuelven a reflejarse multimedialmente, al igual que la campaña emprendida por La Usina, organización dedicada a la promoción de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en nuestro país, con el objeto de visibilizar a un colectivo que continúa siendo soslayado por la sociedad y por el Estado.
Sin dudas, la situación de Florencia es un claro indicador de la verdadera política educativa de la Ciudad, al igual que la ausencia de políticas tendientes a institucionalizar nuevas herramientas como la inclusión de docentes con discapacidad en la escuela común, con el objeto de revelar la existencia del colectivo a los ojos de niñas, niños, jóvenes y adultos. Si bien no es ninguna novedad, lo cierto es que la continuación de la zaga destinada a perpetuar la desigualdad es alarmante y no se advierten señales de vientos favorables hacia el nuevo paradigma promovido por la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, firmado en marzo de este año y que aún no tiene fecha de ratificación en el Congreso Nacional: la Educación Inclusiva.
Por otro lado, existen dos proyectos de ley, con estado parlamentario, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires; uno, del Diputado Marcelo Meis y otro, de la Diputada Marta Talotti, los cuales continúan con el paradigma de la separación entre Escuela Común y Escuela Especial aunque el segundo intenta morigerarlo, pero sosteniendo la vieja división en forma estructural. El primer proyecto coincide con los postulados de calidad, eficacia y eficiencia que conocemos muy bien: es el neoliberalismo educativo que llegará muy pronto de la mano de Macri y Narodowski a Buenos Aires.
La Ley Nacional de Educación recepciona el nuevo paradigma en forma difusa, dejando su implementación al libre arbitrio de las jurisdicciones provinciales y ello va a conspirar sensiblemente con la planificación y ejecución de políticas públicas en materia educativa cuyo objetivo sea la incorporación de docentes y estudiantes con discapacidad en los diferentes niveles del sistema educativo. Pero no es nada extraño en un Gobierno Nacional y en los provinciales que, junto a los sindicatos docentes, buscan perpetuar el ideario de la década de los 90 en donde lo educativo es un gasto y no, desde luego, una inversión.
Y llama poderosamente la atención que solamente tienen vías de solución aquellos casos difundidos por la prensa, antes que establecer nuevas políticas tendientes a la inclusión educativa; en particular, de las personas con discapacidad. Ello es un claro indicador de la verdadera conducta estatal, por cuanto siguen respondiendo por reacción antes que por prevención. Pareciera que nuestra clase política prefiere continuar desdeñando las capacidades diferentes y apuesta firmemente al exterminio de todo un colectivo, pero ello tiene un nombre y una clara definición: genocidio, por cuanto se vulneran los derechos de quienes no pueden acceder a la vía judicial y deben contentarse con la vía mediática, al igual que seguir mendigando por el respeto a su propia personalidad.
Si bien podemos personalizar la desigualdad en un caso particular, lo cierto es que la Educación Inclusiva está muy lejos de constituírse en una realidad tangible en las aulas argentinas. Desde el incumplimiento de la normativa vigente en materia de apoyos escolares, como en el caso de Florencia hasta la falta de articulación del Estatuto del Docente Municipal para la incorporación de docentes con discapacidad en la escuela común, nos encontramos con un vacío sustancial, con una ausencia de políticas y de actividades estatales que tiendan a la igualdad de oportunidades para un colectivo históricamente postergado.
Resulta evidente que nuestra clase política está más preocupada por su propia subsistencia, antes que cumplir con sus obligaciones; más ocupada, sin dudas, por la campaña electoral antes que resolver los problemas del pueblo y que, por supuesto, no incluye a las personas con una alta vulnerabilidad socioeconómica como la que hemos mencionado. Pero también la sociedad civil tiene su cuota de responsabilidad, porque el medio pelo sigue pensando en el exterminio de los pobres y de los débiles para perpetuar su bienestar obtenido a costa de la vida y de la dignidad humana de millones de argentinos sumergidos en la pobreza y en la indigencia.
Florencia tendrá su maestra integradora, casi con seguridad, pero lo que se requiere son soluciones de fondo y no, meros parches. Los docentes con discapacidad no tendrán su lugar en un aula y en una escuela, salvo que su situación se haga pública y notoria aunque, sin dudas, intentarán encerrarlos en alguna jaula administrativa para seguir perpetuando la desigualdad antes que dar cauce a su profunda vocación, la que hace llevarlos por el sendero de educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a pesar de sus dificultades.
La política educativa debe tender a la inclusión. La sociedad debe exigirlo y el Estado debe cumplir con sus obligaciones, arbitrando los medios para hacerla posible en el sistema educativo. Y mientras la desigualdad se perpetúe, seguiremos asesinando los sueños y las ilusiones de todo un colectivo que, tan sólo, quiere seguir siendo humano, que debe ser respetado en su vida y en su dignidad humana pero sin dobles discursos.
Prof. Juan Carlos Sánchez
Director Editorial GACETILLAS POPULARES.
TERCERA CARTA ABIERTA POR UNA VERDADERA EDUCACIÓN INCLUSIVA.
Estimadas amigas y estimados amigos:
Tal como había pensado, y mi intuición no me permitía engañarme, los proyectos destinados a la articulación entre el Estatuto del Docente Municipal y la Ley de la Ciudad Nº 1502 que fueran presentados, luego de su elaboración durante casi 2 meses y que ha dado como resultado un proyecto de ley y varios decretos reglamentarios, se encuentran muy lejos de ser debatidos en las esferas del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad.
Esta misma cuestión, desde hace tiempo, me estaba obligando a reflexionar sobre el dilema desatado entre las necesidades económicas y mis convicciones en lo político y en lo educativo, lo cual se venía perfilando en la carta anterior para anticipar la futura despedida definitiva de mi labor en la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación. Lo cierto es que, en estos momentos, prima mucho más mi vocación docente que la forzada reconversión en burócrata educativo y desde hace tiempo, sumado a lo mencionado anteriormente, pasaba las horas sin tareas relevantes y escondido en una sencilla oficina en donde, cabe destacarlo, me han recibido de la mejor manera.
A pesar de no ser sencillo, la falta de respuestas concretas y un vínculo contractual férreo que impedía responder a mis pensamientos políticos y educativos me han llevado a tomar la decisión de renunciar al contrato que me ligaba con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir del próximo día 23 de julio del corriente, a pesar de la invitación a repensarlo por parte de las autoridades de la mencionada dependencia oficial.
No puedo, ni debo quedarme en un lugar de un Gobierno que sigue perpetuando las precarias condiciones de las personas con discapacidad y que ni siquiera se interesa por una propuesta como la que ha sido elevada. Las horas cátedra otorgadas simplemente fueron un anestésico destinado a evitar que mi petición derivara en una acción judicial, en un recurso de amparo y en una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público antes de las pasadas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Si querían una ley y los decretos necesarios para poner en marcha el cupo laboral para los docentes con discapacidad, ya tienen las herramientas para plasmarlo legislativamente y luego proceder a la respectiva reglamentación, pero ello no es de interés para un Gobierno que piensa más en la transición electoral antes que las necesidades del pueblo.
En consecuencia, si bien puedo llegar a vivir un poco más estrecho, con la Espada de Damocles que significan las horas suplentes, prefiero continuar en el camino de exigir lo que corresponde por la vía judicial y sin descartar la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos bien que los derechos se obtienen mediante la lucha pues nunca son concesión graciosa del poder y es, en este pensamiento, que he de continuar con el camino iniciado en el año 2001 con la compañía de todas y todos los que me vienen acompañando desde hace tiempo.
Prefiero subirme al carro de la dignidad, aún en la estrechez que supe tener, antes que continuar en un lugar por el sólo hecho de estar; prefiero la lucha por mis derechos, antes que la claudicación por las horas cátedra titulares y prefiero estar con el pueblo, desde luego, antes que con el poder. Sé perfectamente que no va a ser gratis, que es posible que deba fundar una escuela en donde sea el Rector, el Vicerrector, el Secretario, el Jefe de Preceptores, el profesor y el preceptor para que pueda continuar con la vocación que llevo en la sangre. Pero no importa nada, antes de seguir junto a un Gobierno que comienza a negociar los términos de una transición que llevará al poder a otro neoliberalismo tendiente a la privatización de la Educación, prefiero este camino lleno de espinas.
Con respecto a la Cátedra Libre de Derechos Humanos en el Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González", resulta previsible que ella sea creada durante el próximo ciclo lectivo. Hasta el momento, solamente existe la intención de crear un curso cuatrimestral para docentes y estudiantes pero todavía no cuento con la formalización de dicha instancia académica, estimando que ello puede verse obstaculizado por la insistencia de las autoridades educativas acerca de la necesidad de realizar un "concurso". Parece ser que presentar un proyecto para ser ejecutado no da derechos, tan sólo muchas gracias pero que lo ejecute otro docente...
RESUMIENDO:
1 - RENUNCIARÉ A MI CONTRATO QUE ME LIGA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD, TENIENDO EN CUENTA EL ELEVADO DESINTERÉS POR LAS PROPUESTAS QUE HAN SIDO SUGERIDAS, A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS MENCIONADOS, POR DECISIÓN PROPIA DE CARÁCTER INDECLINABLE.
2 - LA CÁTEDRA LIBRE DE DERECHOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES DEL INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO "DR. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ" SIGUE SIN CREARSE Y SE ESTIMA QUE DICHO PROYECTO SERÁ DESESTIMADO POR LAS ACTUALES Y FUTURAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
3 - EXISTE UN GRAN DESCONOCIMIENTO Y UNA ESCASA VOLUNTAD POLÍTICA CON RESPECTO A LAS PROBLEMÁTICAS DE LA DISCAPACIDAD, LO QUE HACE TEMER POR UNA EFECTIVA REALIZACIÓN DEL RECLAMO ORIGINAL, DESDE EL AÑO 2001: LAS HORAS CÁTEDRA TITULARES.
AGRADEZCO EL APOYO SOSTENIDO DE TODOS Y TODAS LAS QUE HAN COMPRENDIDO LA JUSTICIA DE MI RECLAMO, ESPERANDO SEPAN COMPRENDER LA DIMENSIÓN DE LA DECISIÓN TOMADA ANTE LA NEBULOSA QUE ME PROPONE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD Y EL FUTURO INCIERTO QUE DEBO ENFRENTAR ANTE LA FALTA DE SOLUCIONES DE FONDO.
Prof. Juan Carlos Sánchez
Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales
(I. S. P. "Dr. Joaquín V. González")
