A continuación, remitimos las palabras del Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dr. Eduardo Luis Duhalde, en el acto llevado a cabo en el aeropuerto viejo de Trelew, en donde se inauguró el Espacio para la Memoria, a 35 años de los hechos conocidos como la "Masacre de Trelew".
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACION, DR. EDUARDO LUIS DUHALDE EN LA INAUGURACION DEL AEROPUERTO VIEJO DE TRELEW COMO ESPACIO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS. 22 DE AGOSTO DE 2007.
Señor Gobernador,
Señor Subsecretario del Ministerio de Defensa,
Señor Intendente de la Ciudad de Trelew,
Autoridades nacionales y provinciales
Familiares y amigos de las víctimas,
Ex presos políticos y ex abogados defensores
Miembros de los organizaciones de derechos humanos y sociales
Amigos y amigas todos
Estamos aquí para inaugurar este Espacio de la Memoria en el viejo aeropuerto, hasta ahora abandonado y reacondicionado a tal fin por acción conjunta de Gobierno de la Provincia y del Gobierno Nacional, junto a la Intendencia local y sectores de los derechos humanos y sociales.
Como todos "los espacios" que van sembrando Memoria a lo largo de nuestro país, no es un museo del horror ni un monumento funerario.
Son pedazos de nuestra historia de la segunda mitad del siglo XX, recuperados como hachazos al olvido, páginas abiertas de enseñanza colectiva, en su doble dimensión: la de destacar la dignidad de unos, convertidos luego en víctimas, y la felonía de otros, asumiendo voluntariamente el rol de verdugos. Y un escenario de fondo: el terrorismo de Estado.
Una mirada hacia el pasado, pero desde el presente y pensando en el futuro de los argentinos, para que la Memoria, sea el surco democrático profundo del Nunca Más.
El terrorismo de Estado, se precipitó en agosto de 1972 sobre esta ciudad de Trelew, asociándola inmerecidamente al concepto de Masacre. Inmerecido para una ciudad cuyos ciudadanos en aquellos dramáticos días dieron muestras de solidaridad ejemplar, de repudio al acto terrorista que se cobró dieciséis vidas y que vieron con infinito horror e impotencia, la premeditada masacre, y que sufrieran dos meses después la represión de ellos mismos. Para una cabal comprensión de las coordenadas que desencadenaron aquel acto supremo de violencia asesina en las primeras horas del 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de la Armada, es preciso recordar el contexto histórico-político que rodeaba a este hecho clave de nuestra historia.
El 28 de junio de 1966, como otras veces a lo largo del siglo, y como sucedería nuevamente diez años después, las Fuerzas Armadas asaltaban los poderes del Estado para disciplinar al país e imponer así su voluntad por sobre todo el cuerpo político y social, con el fin de perpetuarse en el tiempo y llevar adelante una política económica que concluyera la tarea de desnacionalizar la Argentina y concentrar la economía a favor del capital extranjero y los sectores del privilegio.
Sus cabezas no fueron Jorge Rafael Videla y Jose Alfredo Martinez de Hoz, aunque ambos acompañaron el golpe sedicioso. El general de turno era Juan Carlos Onganía y el ministro de economía, Adalbert Sully Krieger Vasena. Distintos nombres pero un mismo rostro. Luego se turnarían en el vértice de la Nación usurpada, los generales Marcelo Levingston y Alejandro Lanusse.
El gesto brutal y autoritario había comenzado con el derrocamiento del gobierno del presidente Arturo Illia. La disolución del Congreso Nacional y de las autoridades provinciales y municipales, la sustitución de la Corte Suprema por otra adicta e ilegal, la prohibición de los partidos políticos, la intervención de las universidades nacionales, la censura de prensa y la condena de todo disenso fueron sus características. La represión ilegal su metodología. Un arco que comienza con el desalojo del Presidente de la Casa de Gobierno, que continúa con "La Noche de los Bastones Largos" que costó al país la perdida de su capital humano científico y concluye con la Masacre que hoy evocamos.
En el ínterin sembraron de muerte la República: permítaseme recordar los nombres de algunas de sus víctimas: Hilda Guerrero de Molina, asesinada en las calles de Bella Vista en Tucumán; Emilio Jáuregui, intelectual y periodista ejecutado al divisarlo en una manifestación en Capital Federal; nuestros primeros desaparecidos: Alejandro Baldú, presuntamente asesinado en la tortura por la policía federal, el defensor de presos políticos Néstor Martins con su cliente Nildo Zenteno, Sara Palacio y Marcelo Verd arrancados de su hogar familiar en la provincia de San Juan, el militante revolucionario Luis Pujals que desaparece tras ser llevado a Coordinación Federal, el matrimonio Mirta Misetich y Juan Pablo Maestre secuestrados en Capital Federal, el estudiante Santiago Pampìllón asesinado en la avenida Colón en la ciudad de Córdoba, como Máximo Mena y demás víctimas mortales durante la represión al Cordobazo, el militante cristiano Gerardo Ferrari baleado en la estación de tren en Flores en la ciudad de Buenos Aires; los estudiantes Juan José Cabral, asesinado en Corrientes y Luis Norberto Blanco y Adolfo Bello, ejecutados en las calles durante Rosariazo, la estudiante de arquitectura Silvia Filler acribillada en Mar del Plata por uno de los embriones de la futura Triple A.
La lista no se agota con los nombrados. Son muchos más. Cada una de estas víctimas hombres y mujeres muy jóvenes, fueron parte de la lucha colectiva que no dio tregua a la dictadura entre 1966 y 1973, arrancándole finalmente, las elecciones nacionales sin proscripciones del 11 de marzo de 1973.
Mientras tanto, las cárceles se poblaron de centenares de presos políticos. Los penales de Villa Devoto, Rawson, Resistencia, Villa Urquiza en Tucumán y la Penitenciaria de Córdoba, fueron los principales centros de detención, donde llegaban previa tortura, para esperar la parodia de juicio ante un tribunal ilegal: el llamado Camarón.
Como contracara, fueron siete años jalonados de grandes actos de resistencia social y de eclosiones masivas. La lucha de los trabajadores de los ingenios que hizo arder Tucumán, la gesta histórica del Cordobazo que terminó con el onganiato, El Rosariazo, el Viborazo, las luchas obreras de El Chocón, el Mendozazo, en fin, en todo el territorio del país el pueblo combatió sin denuedo la perpetuación del poder militar.
En la lucha contra la dictadura negadora de todos los derechos y al calor de la resistencia popular, surgieron en este período las organizaciones armadas a las que pertenecían los hombres y mujeres asesinados el 22 de agosto de 1972.
Aquellos que imaginaron la fuga del penal como un golpe irrecuperable a la soberbia autoritaria de la dictadura, no se equivocaron. El 11 de marzo de 1973, es también hijo de la voluntad combatiente de los dieciséis masacrados y de los tres heridos de gravedad. Todos ellos tenían en claro la importancia de su gesto político. Basta escuchar sus palabras grabadas en medio de la tensión que se vivía en este Aeropuerto en la madrugada del 16 de agosto, para comprender que su riesgosa acción se inscribía en la resistencia colectiva a los designios dictatoriales.
Los escapados del Penal, finalmente depusieron sus armas frente a la garantía del Juez Federal interviniente de que se respetaría su vida y serían devueltos a la Cárcel de Rawson.
Para que la masacre fuera posible se conjugaron varios factores coadyuvantes. Un juez que no fue capaz de impedir que la Marina le secuestrara los diecinueve presos políticos a su cargo. Otro juez miembro de la Cámara Federal de la Nación llegado de Buenos Aires, que actuó como cómplice consciente de la Masacre, impidiendo a los abogados defensores ejercer toda acción para garantizar la vida de aquellos, sin que por su parte hiciera nada. La gran prensa nacional que guardó silencio antes del hecho, previsible y anticipado por el secuestro de los diecinueve.
Frente a tanta cobardía moral y complicidad criminal, emerge la pequeña figura de Mario Abel Amaya, que con su coraje y su actividad desde el mismo momento en que sucedieron los hechos en el Aeropuerto, tratando de garantizar la vida de los combatientes, representó la dignidad de los ciudadanos chubutenses. Allí no sólo se ganó el odio de los represores, sino también su condena a muerte, llevada a cabo, al igual que la de los tres sobrevivientes de la masacre, después de la instauración del Estado Terrorista tras el golpe militar de 1976.
Como parte que fui de esta historia, permítaseme referir brevemente mis vivencias personales junto a otros abogados defensores que habíamos viajado presurosos, al conocer la fuga del penal.
El aire olía a muerte en aquellos días previos al 22 de agosto en Trelew. Nunca había sentido tal sensación de impotencia y desamparo, ni tan inútil la función de abogado: todos los derechos estaban conculcados. La cárcel ocupada por el Ejército, los diecinueve prisioneros secuestrados en la base Almirante Zar de la marina, el Juez Quiroga que se negaba a recibir a los abogados defensores. Todas las puertas estaban cerradas, pese a que co-defendíamos a los que estaban en la Base, y a más de cincuenta de los presos políticos que habían quedado en la cárcel. Nosotros mismos, los abogados defensores actuantes, dos de ellos aquí presentes: los Dres. Rodolfo Mattarollo y Carlos González Gartland, fuimos detenidos por el Ejército junto a los otros. Recuperada la libertad tras horas muy difíciles, intentamos hacer una conferencia de prensa, impedida por un artefacto explosivo. Apenas logramos eludir una segunda detención y salir presurosos para Buenos Aires para alertar lo que iba a suceder. Hasta las sombras iban preanunciando el crimen colectivo, la masacre.
Todo fue inútil. El 22 de agosto se produjo el feroz crimen de Estado. No fue una decisión tomada localmente por la guardia asesina. La orden de masacrar a los prisioneros fue dispuesta por el propio presidente Lanusse y la cúpula de las tres armas. Había que ejercer la pedagogía del escarmiento para restablecer la autoridad militar puesta en ridículo con la fuga del penal. Había que terminar con la vida de aquellos que habían osado desafiar a la dictadura.
Pero como siempre sucede con la perversión del terrorismo de Estado, que sabe que su actuar criminal es ilegal e indefendible, se la encubrió con la excusa de que los diecinueve prisioneros, inermes y encerrados en pequeñas celdas, habían intentado escaparse. Necesitaron tres versiones oficiales contradictorias para ajustar una explicación que la sociedad no creyó.
El festín de sangre en la base Almirante Zar fue la piedra fundacional del gran genocidio implementado a partir del 24 de marzo de 1976, tras el nuevo asalto al poder. Ello le da una muy especial significación. Como también se la dieron los asesinos, que no se conformaron con matarlos. Intentaron impedir el homenaje popular en sus entierros y dos años después para agigantar el escarmiento, asesinaron a varios familiares de las víctimas.
Para concluir mis palabras quiero dirigir mi recuerdo a aquellos jóvenes militantes políticos convertidos en mártires, y en particular al de aquellas mujeres ametralladas, que quiso el destino que las cinco fueran mis co-defendidas y que por lo tanto, conocía muy bien.
Y lo hago con la misma emoción que hace 35 años, porque felizmente el paso del tiempo no ha encallecido mi mente ni endurecido mi piel. Eran cinco bellos corazones: Susana Lesgart, con su firmeza serena, Clarisa Lea Place y María Angélica Sabelli con su ternura casi adolescente, Ana María Villarreal y Maria Antonia Berger, con su temprana madurez.
En nombre del Presidente de la Nación Dr. Néstor Carlos Kirchner, junto con el gobernador Mario Das Neves, doy por inaugurado este Espacio de la Memoria.
Muchas gracias.
¡Brindo por las alianzas fraternales
de pueblos continentes y destinos!
¡Brindo por una América capáz
de abatir a las bandas imperiales!
Raúl Gonzalez Tuñon
