CARTA ABIERTA A LA UNIVERSIDAD DE LA PAZ
El Servicio Paz y Justicia en América Latina, a través de su Secretariado Nacional, SERPAJ-Uruguay, quiere expresar su profunda preocupación por el nombramiento del Sr. Julio María Sanguinetti como miembro y Presidente del Consejo de la Universidad para la Paz.
Desde nuestra larga trayectoria como organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos en Uruguay, el Cono Sur y América Latina, consideramos que los antecedentes del Sr. Sanguinetti en esta materia son incompatibles con una universidad cuyos programas académicos están comprometidos con el derecho internacional de los derechos humanos y la paz.
El Sr. Sanguinetti no sólo fue una figura política decisiva en las negociaciones que llevaron a la salida de la dictadura cívico-militar en 1984; él fue, sobre todo, el artífice de la política de impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y el garante de su implementación durante los primeros 20 años de democracia, a través de sus dos períodos como presidente de Uruguay. Es por eso que en la comunidad de DDHH uruguaya se ganó el apodo de “campeón de la impunidad”.
He aquí una brevísima reseña histórica de la conducta del Dr. Sanguinetti en esta materia:
Durante las negociaciones entre políticos y militares desarrolladas a lo largo de 1984, Sanguinetti se encargó de asegurarles a los dictadores salientes que él como futuro presidente garantizaría que ninguno de ellos tendría que responder por sus crímenes ante ninguna instancia pública. Eso, a pesar de que en la sociedad uruguaya –como en toda la región- había un reclamo muy fuerte de Verdad y Justicia; y que en la Concertación Nacional Programática (acuerdo social amplio para el programa de la transición) se aprobó explícitamente el compromiso de investigar y sancionar dichos delitos.
Una vez asumida la Presidencia, Sanguinetti ignoró todos los acuerdos alcanzados en la mencionada Concertación, y durante sus dos primeros años de gobierno buscó por todos los medios asegurarse las mayorías necesarias para aprobar en el Parlamento una ley de impunidad, mientras desde el poder Ejecutivo se protegía a los militares acusados, se obstaculizaba la actuación del poder Judicial, y se alentaba en la ciudadanía un clima de amenaza y temor sobre la posibilidad de un golpe militar en caso de que los militares fueran enjuiciados.
Finalmente, en diciembre de 1986, y un día antes de que los militares acusados tuvieran que declarar ante un juzgado civil, el Parlamento sesionó con carácter urgente para aprobar la ley “de caducidad de la pretensión punitiva del Estado”, que consagraba la impunidad de todos los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. De esta manera el Presidente cumplía el compromiso con los militares que ya había anunciado su ministro de Defensa (el mismo general de la dictadura que había negociado la transición, y que había anunciado que ningún militar concurriría a declarar en un juzgado).
En los dos años siguientes, la sociedad civil organizada a través del movimiento sindical, estudiantil y cooperativo, las organizaciones de derechos humanos y la oposición política, impulsaron una vigorosa campaña para anular la ley de impunidad mediante un referéndum popular. Este amplio y plural movimiento –presidido por tres mujeres familiares de víctimas de la dictadura- juntó 634.702 firmas (en una población de sólo 3 millones) en menos de dos años para hacer posible el referéndum, creó 350 comités locales en todo el país, y visitó puerta a puerta más de 400.000 hogares. En ese tiempo, el gobierno de Sanguinetti continuó operando por todos los medios para hacer fracasar la iniciativa popular (incluyendo la manipulación escandalosa de la propia Corte Electoral, la mentira y la censura de prensa para desinformar, amedrentar y confundir a la opinión pública).
Paralelamente, la ley de impunidad uruguaya recibió la condena de los principales organismos internacionales de derechos humanos, tanto en el sistema interamericano de la OEA como en el de Naciones Unidas, por su flagrante incompatibilidad con los principios y tratados del derecho internacional de los derechos humanos. El gobierno de Sanguinetti ignoró y descalificó sistemáticamente estos pronunciamientos críticos de la comunidad internacional.
La campaña de desinformación y terror impulsada por Sanguinetti tuvo su fruto en una ciudadanía todavía atemorizada que recién salía de una feroz dictadura, y la ley de impunidad fue ratificada por referéndum en 1989. No obstante, la propia ley de impunidad establecía en su artículo 4 el deber del poder Ejecutivo de investigar el paradero de los detenidos-desaparecidos. En una verdadera burla a esa obligación, Sanguinetti encargó la investigación al fiscal militar José Sambucetti (juez y parte en los delitos a investigar), que por supuesto no arribó a ningún resultado.
Así, durante sus dos períodos de gobierno, Sanguinetti se dedicó a descalificar los reclamos de Verdad impulsados desde los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales; negó la existencia de personas desaparecidas en Uruguay; obstruyó sistemáticamente todos los esfuerzos encaminados ya no a hacer justicia sino a investigar la verdad y el paradero de los detenidos-desaparecidos; jamás respondió ningún planteo de las organizaciones de familiares de las víctimas, ni accedió a sus solicitudes de entrevista.
Así, en 20 años jamás un solo militar tuvo que declarar ante un juzgado en Uruguay, ni siquiera como indagado o testigo, y no se promovió ningún tipo de investigación oficial sobre el período de la dictadura. El principal responsable de esa efectiva política de olvido oficial que buscó impedir la elaboración de la memoria histórica (con gravísimas consecuencias para el conjunto de la sociedad, hasta hoy) fue Julio M. Sanguinetti.
Esta política de impunidad y negación de las violaciones a los derechos humanos tuvo su punto culminante en ‘el caso Gelman’, que trascendió internacionalmente. El mundialmente reconocido poeta argentino Juan Gelman dedicó casi un cuarto de siglo a buscar al bebé nacido en cautiverio de su nuera desaparecida. La joven de 19 años había sido detenida embarazada junto a su esposo en Argentina, en 1976; luego de que éste fuera brutalmente asesinado, la joven fue trasladada clandestinamente a Uruguay junto a un grupo de activistas de nuestro país, gracias a los operativos de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, hoy conocidos como Plan Cóndor. Una vez que la joven dio a luz en Uruguay, fue asesinada y hasta hoy permanece como desaparecida. De su bebé no se supo nada durante 24 años. Juan Gelman obtuvo informaciones extraoficiales de que su nuera había dado a luz en Montevideo, y por eso entre 1998 y 1999 intentó entrevistarse con Sanguinetti para pedirle su colaboración en la búsqueda del bebé. Sanguinetti jamás accedió a esa solicitud, negó conocer cualquier información sobre el hecho, y hasta descalificó a Gelman en una respuesta pública donde afirmaba que los hechos mencionados por el poeta eran falsos y que en Uruguay no se habían producido desapariciones forzadas. Eso provocó que durante todo el año 1999 se desarrollara una campaña internacional en la cual varios premios Nobel y personalidades del mundo de la cultura (entre muchos otros, García Márquez, José Saramago, Gunther Grass, Pérez Esquivel, Susan Sontag, Eduardo Galeano, etc.) escribieron centenares de cartas exigiéndole a Sanguinetti que accediera a la solicitud de Gelman e investigara el paradero de su nieta.
Sanguinetti jamás hizo nada, hasta que al año siguiente, y a pocas semanas de haber dejado la presidencia, la nieta de Gelman fue localizada después de 24 años, y se inició el proceso de restitución de su verdadera identidad. Pero lo más sorprendente fue descubrir que el apropiador de la joven era un amigo personal y hombre de confianza de Sanguinetti, a quien el presidente había puesto como candidato a senador y nombrado jefe de policía del departamento de San José. Quedó así en evidencia que, mientras le negaba a Gelman los hechos que éste denunciaba, y afirmaba no saber nada sobre el paradero de su nieta, Sanguinetti estaba deliberadamente encubriendo a su amigo el apropiador de la joven, y una vez más operando activamente para garantizar el ocultamiento y la impunidad de los responsables de desapariciones, ejecuciones y torturas, a los que defendió y protegió a cualquier precio durante 20 años.
Las organizaciones que, como SERPAJ, durante décadas hemos trabajado por hacer cumplir y respetar el derecho internacional de los derechos humanos en nuestros países, porque estamos convencidas que es condición insoslayable para una verdadera democracia, consideramos que el Sr. Julio Sanguinetti no reúne los requisitos éticos para presidir el Consejo de una universidad cuya finalidad es formar a las generaciones jóvenes para que impregnen las políticas públicas, los Estados nacionales y las relaciones internacionales con los valores de la paz y los derechos humanos.
Esperamos entonces que la UPAZ revisará esta designación y buscará una persona acorde con estos principios para presidir el Consejo.
Montevideo, 24 de agosto de 2007.
Adolfo Pérez Esquivel - Presidente Honorario SERPAJ América Latina
Ana Juanche Molina - Coordinadora Latinoamericana SERPAJ - AL
Guillermo Payssé - Coordinador Nacional – SERPAJ Uruguay
