Cancillería uruguaya participó en actividades represivas 1973-1985
Montevideo, 24 ago (PL) Nuevas pruebas sobre la participación de la
cancillería uruguaya en la represión a los opositores a las dictaduras que
gobernaron al país entre 1973 y 1985, están hoy a disposición de las
autoridades judiciales.
El abogado Oscar López Goldaracena, denunciante de varios traslados
clandestinos de exiliados políticos desde Argentina, presentó al juez Luiz
Charles una solicitud para añadir nuevos elementos al expediente.
De acuerdo con uno de esos documentos, el ex canciller Juan Carlos Blanco
instruyó al servicio exterior a convertirse en enlace de las demás agencias
que participaron en las operaciones de traslados ilegales.
La prueba en cuestión sería una copia de la circular 8/976 del Ministerio
de Relaciones Exteriores, con fecha 18 de febrero de 1976, en la que Blanco
destacó el "papel relevante" desempeñado por las embajadas uruguayas
respecto a la situación de los exiliados.
El documento recordaba a los jefes de misiones la disposición del
gobierno de la época para que el servicio exterior fuera uno de los agentes
en la represión a los opositores al régimen.
También señalaba que la Dirección de Asuntos Políticos de la cancillería
"coordina las acciones en el exterior y es enlace con las demás agencias
nacionales participantes de esta misión".
La comunicación concluía con el siguiente mensaje de Blanco: "Estoy
seguro de que esta inmensa responsabilidad será asumida por el Servicio
Exterior con el patriotismo y el coraje exigidos por las circunstancias".
A esa nota se adjunta copia de otra, con fecha 18 de diciembre de 1978 y
en la que el embajador uruguayo en Buenos Aires, Luís María de Posadas, da
cuenta al entonces canciller Adolfo Folle Martínez sobre el "porcentaje de
agentes subversivos" uruguayos radicados en Argentina.
Según López Goldaracena ese informe es muy importante por demostrar que
el servicio exterior cumplió labores de inteligencia.
En Uruguay han sido documentadas varias operaciones aéreas, fluviales y
terrestres mediante las cuales fueron traídas clandestinamente desde Buenos
Aires decenas de prisioneros políticos cuya suerte aún se ignora.
El traslado y presumible ejecución de esas personas formó parte de la
operación Cóndor, coordinada entre los gobiernos dictatoriales de Chile,
Argentina, Paraguay, Brasil, Venezuela y Uruguay para eliminar a sus
opositores, con conocimiento y apoyo de Estados Unidos.
