¿Que vuelva Carlos?
-El pasado menemista de un gobierno que acusa a la oposicion de ser menemista
“Interrogamos al pasado para obtener la respuesta del futuro. No para volver a él en melancólica contemplación o para restaurar formas abolidas, sino para que nos enseñe cuáles son los métodos con que se defrauda el presente, e impedirlo.”
Arturo Jauretche, en Escritos inéditos
Mauricio Macri consiguió esta semana, sin invertir un centavo, su mejor agente de prensa. Las exaltadas diatribas del presidente K desde el atril no han hecho sino favorecerlo:
—Que sigan, que sigan, porque así terminamos ganando noventa a diez –se entusiasman en el entorno del candidato PRO.
Los ataques del Gobierno a Macri fueron, para colmo, imprecisos: Felisa Miceli se equivocó a la hora de criticar la recolección macrista de la basura (la concesión terminó hace varios años) y el Presidente se informó mal cuando habló de la oposición de Macri a derogar las “leyes del perdón”; no tenía entonces representación parlamentaria alguna. Mientras la administración K lanzaba golpes al aire, la realidad quiso, por paradoja, que entre los ataques al candidato PRO, abonado obvio de la foto de la fiesta menemista, haya sido la foto de Filmus con Grosso la que apareció primero.
—No lo voy a negar, fue algo público –dijo Filmus, preocupado por aclarar que ocupó entonces un cargo técnico.
Lo que se veía desde afuera eran dos ex menemistas tirándose con Menem. Parada en su propio pedestal de Reserva Moral de Occidente, la posición oficial se vuelve más endeble. Mientras se ven a sí mismos bajando de la Sierra Maestra para liberar a Repsol, los comandantes Kirchner,
Fernández, Filmus y Ginés preparan el ballottage como si no existieran los archivos. ¿Cuántos ex funcionarios menemistas revistan hoy en la “revolución pingüina”? ¿Por qué el pasado en la Argentina parece siempre formar parte de algún secreto?
SUELTAME, PASADO
“Hoy, honrado por vuestra presencia y por la inauguración que es un verdadero sueño para nosotros, por el honor que significa la presencia del presidente Menem, acá está el pueblo de Santa Cruz acompañando el proceso de transformación en la periferia de la Patria argentina. Hemos saludado a nuestro presidente y al pueblo de la República siempre con el corazón en la mano, con nuestra conciencia y actitud soberana permanente que hacemos en nuestra tierra. Por eso, con el mismo cariño con que lo recibimos hoy, también con la misma fuerza que ha dado permanentemente a un hombre del interior de la Argentina…” y etcétera, etcétera, etcétera. Aunque un poco confusas y flojas de sintaxis, las palabras pertenecen al ahora presidente Kirchner recibiendo al entonces presidente Menem. En la foto acompañan la comandante Cristina y el vicegobernador santacruceño Eduardo Arnold. El título del periódico local cita una frase presidencial un poco más clara, refiriéndose a Menem: “Un presidente que escuchó a Santa Cruz”.
Repasemos rápidamente cómo jugó entonces la actual línea media del Ejecutivo:
Alberto Fernández: fue superintendente de Seguros durante el mandato de Menem, administrador financiero de la campaña de Duhalde y electo en el año 2000 como legislador de la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Acción por la República, conducida por Domingo Cavallo. Bajo la misma sábana electoral, se ocultaba la fanática videlista Elena Cruz. Lo que se dice un tipo versátil. Del paso de Fernández y su amigo de la infancia Claudio Moroni (actual síndico general de la Nación) quedaron algunas dudas en el ombudsman Eduardo Mondino, quien a fines de 2001 denunció ante la Procuración una posible connivencia de los funcionarios de la Superintendencia durante las quiebras de las empresas Omega y LUA. Moroni, a la vez, es investigado por el presunto vaciamiento de Sud América Compañía de Seguros.
Daniel Scioli: vicepresidente de la Nación. Fue primer candidato a diputado por el PJ en la lista menemista, reelecto en esa condición. Tuvo una estatua de Menem en el quincho de su casa del Abasto.
Aníbal Fernández: ex intendente de Quilmes, entonces menemista, luego duhaldista y ahora ultrakirchnerista. Nunca se le ocurrió revisar el freezer de su amigo Villordo.
Alberto Iribarne: actual ministro de Justicia. Fue viceintendente de Grosso y viceministro del Interior de Menem.
Felisa Miceli: directora de Presupuestos Provinciales en la gestión de Martínez de Hoz.
Ginés González García: médico auditor de la UOCRA, bajo las órdenes de los coroneles Coria y Menvielle y el mayor Veronelli, entre 1977 y 1985.
Felipe Solá: gobernador de Buenos Aires. Fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Menem (1989-1991 y 1993-1998).
Juan Carlos Pezoa: actual secretario de Gabinete y Relaciones Parlamentarias, recién designado interventor del Enargas. Fue director de Relaciones con las Provincias. Armó, a partir de su íntima amistad con Cavallo, el pacto fiscal con las provincias durante el menemismo.
Enrique Albistur: actual director de Medios; hizo la campaña electoral de Carlos Grosso. Mantuvo durante el menemismo una estrecha relación con Alberto Kohan y Eduardo Bauzá. Su vínculo con Menem fue tan cercano que en la reelección de 1995 le regaló a la campaña todas las carteleras de la Ciudad, que tiene todavía bajo su concesión.
Luis Eduardo Tibiletti: actual secretario de Seguridad Interior. Fue jefe de asesores de Miguel Angel Toma en la Comisión de Defensa de Diputados y asesor de Eduardo Vacca en el Senado. Mano derecha del entonces director de Migraciones, Gustavo Druetta, durante la gestión en el Ministerio del Interior de José Luis Manzano.
Víctor Vittobelo: actual funcionario de la Jefatura de Gabinete. Fue subsecretario de Gobierno de Grosso y ex diputado de la Ciudad con Cavallo.
Alicia Kirchner: fue directora de Asuntos Comunitarios del Ministerio de Asuntos Sociales de Santa Cruz durante la dictadura.
Gabriela Ciganotto: actual presidenta del Banco Nación, fue secretaria de Hacienda de Caleta Olivia durante la dictadura.
Martín Redrado: actual presidente del Banco Central, fue presidente de la Comisión Nacional de Valores desde 1991 hasta 1994.
Ricardo Colombo: actual subsecretario de Seguridad y Protección Civil. Fue director de Seguridad Interior con Miguel Angel Toma.
Eduardo Luis Duhalde: actual secretario de Derechos Humanos. Fue abonado de la SIDE durante la gestión de Hugo Anzorreguy.
Norma Soutillo: actual subsecretaria de Coordinación e Innovación. Fue directora de Asuntos Jurídicos de Corach.
Oscar Parrilli: secretario general de la Presidencia. Fue miembro informante, durante el menemismo, de la privatización de YPF. Puede leerse en la edición de Clarín del 25 de septiembre de 1992: “Ya con los radicales adentro del recinto, el clima del debate se puso caliente. Oscar Parrilli (PJ Neuquén) cumplía sus funciones de miembro informante mientras los legisladores con poca capacidad de atención formaban corrillos o se distraían con las primeras rondas de café. Cuando Parrilli dijo: ‘No pedimos perdón por lo que estamos haciendo’, provocó una respuesta inmediata de sus contrarios: ‘¡Quebrado! Sos un quebrado!’, le gritó el radical Luis González (Santa Fe) sin escuchar los llamados a silencio de Pierri. A modo de insulto, González le endilgó a Parrilli un apellido ‘Bulgheroni’, el de los hermanos dueños de la petrolera Bridas”.
Víctor Santamaría: titular del Sindicato de Porteros y operador económico de Alberto F en la Ciudad. Fue diputado de la Ciudad por Gustavo Béliz. Edita la revista Caras y Caretas, dirigida por Felipe Pigna.
Gustavo Béliz: ex ministro de Justicia de Kirchner, ex ministro del Interior de Menem.
Rafael Bielsa: ex ministro de Relaciones Exteriores de Kirchner, actual candidato oficial a la gobernación de Santa Fe. Asesor del Congreso en 1981, durante la dictadura. Asesor, al año siguiente, de la Subsecretaria de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia, integrante de una Comisión de Estudio de la Biblioteca de la Facultad de Derecho en 1982. En el comienzo del menemismo, asesor de Gabinete de la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, entre 1990 y 1991 asesor de la Subsecretaría de Acción de Gobierno de Menem, en 1991 responsable del Proyecto de Informatización de la Subsecretaria de Justicia de Menem, asesor de Gabinete de la Secretaría de Justicia de Menem.
Jorge Argüello: actual embajador de Kirchner ante la ONU. Ex vicepresidente del Concejo Deliberante de Grosso, ex diputado de la Ciudad por Béliz, diputado nacional por Macri.
Carlos Bettini: actual embajador kirchnerista en España. Ex jefe de Gabinete de Elías Jassan, ministro de Justicia de Menem.
Como siempre sucede en estos casos, es posible que hayamos omitido varios nombres. Cualquier enumeración incompleta siempre es injusta. Por lo que queremos disculparnos y recordarlos, de todos modos, con cariño.
BAJO LAS SABANAS
La lista 500,de Daniel Fernando Filmus y Carlos Salomón Heller, oculta también algunas curiosidades bajo las sábanas. Filmus conoció al operador y ex funcionario menemista Miguel Angel Toma a comienzos de los 80, y por su intermedio ingresó al instituto educativo del Sindicato del Seguro. Allí dio clases de Sociología hasta 1995. En 1990 el entonces intendente Carlos Grosso consultó con Toma el nombramiento del candidato como director general de Educación de la Municipalidad, cargo que ocupó entre 1989 y 1990.
Luego fue subsecretario de Educación de Grosso hasta 1992, y más tarde jefe del Gabinete de Asesores de la ministra de Educación Susana Decibe y asesor del ministro Jorge Rodríguez, luego jefe de Gabinete de Menem. Hoy el fragor del seudodebate electoral ubica a Filmus en la época y trata de vincularlo con el escándalo de la escuela shopping. No es así: aunque en efecto su gestión y la escuela coincidieron en el tiempo, Filmus no tuvo en ese caso responsabilidad alguna. Lo curioso es que quien formuló entonces aquella denuncia hoy se alinea con el candidato: era el concejal Aníbal Ibarra.
—El ministro Filmus afirma, en un reportaje, que la reforma de los 90 acentuó la cantidad y no la calidad, a pesar de que él mismo fue parte de nuestro equipo de gestión y compartía la visión y la política –dice ahora Susana Decibe.
Filmus promovió entonces la Ley Federal, esto es la descentralización de las escuelas a las provincias. Llegó luego a ser nombrado director de FLACSO a través de una gestión de los ministros de Relaciones Exteriores y de Educación de Menem, ya que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es una institución intergubernamental cuyos cargos se acuerdan con los gobiernos de los países donde se encuentra.
En calidad de tal, en el número 8 de la revista Zona Educativa, aseguraba Daniel Filmus: “Hay un gran avance en cuanto al trabajo técnico en la elaboración y concentración de contenidos y normativas desde la sanción de la Ley Federal en adelante (…) El gran desafío está en ir generando el cambio en la cotidianidad de la vida de nuestras instituciones, como lo está haciendo el Ministerio de Cultura y Educación a través de diferentes programas”.
“La educación argentina descentralizó parte del sistema educativo: está transformando su estructura y cambiando los contenidos”, resaltó la revista en un párrafo destacado, en pleno menemismo educativo. Filmus acompañó, también, a José Octavio Bordón en la cartera de Educación de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Ruckauf.
El virtual diputado Diego Kravetz, segundo en la lista 500, fue denunciado por Estela de Carlotto y Tati Almeida, de Línea Fundadora, junto a cuatro hijos de desaparecidos por haberlos estafado haciéndoles aportar las indemnizaciones cobradas al Estado a la empresa recuperada IMPA.
Silvina Pedreira, tercera entre las sábanas, llegó hasta allí gracias a las gestiones del Sindicato de Porteros y formó parte, durante el menemismo, del grupo político de Claudia Bello. Ana María Suppa, la quinta, fue directora de la Mujer de la Municipalidad porteña durante el gobierno de Menem y entre 1996 y 1998 ocupó la vicepresidencia del PJ Capital.
La vida de Sandra Bergenfeld, la sexta, es más atribulada: fue “gatita” de Porcel en su ciclo televisivo, trabajó en Localiza Rent a Car, del Grupo SOCMA, y fue legisladora del macrismo, luego borocotizada al kirchnerismo.
Matías Barroetaveña, el séptimo, es el auditor de la Ciudad y fue el titular de Nueva Dirigencia, el partido fundado por Gustavo Béliz.
Nicolás Trotta, el octavo, es el jefe de los Jóvenes K y comenzó en la política en el área de Bienestar del PAMI, junto a Matilde Menéndez.
Formó parte de la lista del PJ menemista encabezada por Scioli junto a Federico Saravia, hijo de Matilde. Martín Olmos, el décimo, es el hijo de Kelly Olmos, ex operadora del menemismo, muy vinculada a Corach y a Domínguez, quien alguna vez sonó como compañera de fórmula de Gerardo Sofovich.
La semana próxima, con el mismo rigor, intentaremos ver qué esconde bajo las sábanas Mauricio Macri.
INVESTIGACION: J.L. / ROMINA MANGUEL / LUCIANA GEUNA
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El país|Miércoles, 05 de Marzo de 2008
La Armada desplazo al oficial que asesoraba a represores acusados por la Justicia
El capitán Poggi necesita contención
Conocido como “Grupo de Contención”, dedicado a apoyar a marinos citados por delitos de lesa humanidad, tenía hasta ayer varios integrantes. Los capitanes Poggi y Vázquez fueron desplazados.
Por Nora Veiras
La ministra de Defensa, Nilda Garré, junto al jefe de la Armada, Jorge Omar Godoy.El capitán de navío Juan Martín Poggi, integrante del Grupo de Contención de la Armada, fue desplazado de su puesto. Página/12 informó el domingo último que en el cuarto piso del Edificio Libertad trabajan los oficiales encargados de informar y asesorar a los camaradas procesados por delitos de lesa humanidad. Defensa le pidió ayer informes al almirante, Jorge Godoy sobre esa oficina, que reporta a la Subsecretaría de Relaciones Institucionales que depende de la Secretaría General Naval.
Poggi declaró el miércoles pasado en el juicio por la masacre de Trelew que conversaba institucionalmente con todos los implicados en “delitos de derechos humanos” (sic).
Poggi pasó a retiro en el 2006 y de inmediato fue recontratado; es uno de los “retirados en servicio”. Con esa categoría revistan casi doscientos altos oficiales. Es la forma en que la Marina –al igual que el Ejército y la Aeronáutica– les da conchabo a quienes no pueden seguir la carrera activa pero reciben un salario equivalente, entre ellos se destacan varios compañeros de promoción de Godoy y de Enrique Salvador Olmedo, el tercer hombre de la Armada.
Algunos ironizan con la supuesta “anarquía” en la que viven los hombres de mar: el almirantazgo parece enterarse de lo que sucede en la fuerza una vez que es publicado por la prensa. Con las irregularidades en la adjudicación de las obras del polo educativo en Vicente López, lugar en que se instalarán las escuelas que funcionaban en el edificio de la ESMA, Godoy ordenó abrir sumarios a partir de las notas de este diario. Poco después desplazó al contraalmirante retirado Roberto Pertusio, detenido con prisión domiciliaria por homicidios y secuestros y asesor del Centro de Estudios Estratégicos, que preside el propio Godoy, pasó lo mismo. Ahora desplazaron a Poggi.
El capitán de fragata Angel Vázquez también declaró ante la Justicia de Rawson, Chubut. Según el testimonio del cabo Carlos Amadeo Marandino, uno de los detenidos por el fusilamiento de 19 guerrilleros que habían intentado fugarse del penal de Rawson en 1972, Poggi y Vázquez lo habían citado en octubre del año pasado al Edificio Libertad. El objetivo era informarle sobre su posible citación en el proceso que se está instruyendo en Chubut. A diferencia de Poggi, Vázquez está en actividad, fue destinado a una dependencia de Mendoza y fuentes de Defensa aseguraron a Página/12 que se suprimiría la función que está ejerciendo el capitán.
En el mismo Grupo de Contención reporta el capitán de corbeta Sergio Vargas, quien también está en actividad y es oficial de Inteligencia. Todos son abogados, en el Libro de Precedencia de la Armada figura con destino en la Asesoría Jurídica, zona 50 (Buenos Aires) pero, en realidad, trabaja a las órdenes de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales. Vargas es uno de los letrados que más conoce el derrotero de las causas que involucran a represores. Entre los uniformados aseguran que durante un año que estuvo de licencia recaló en el estudio de José Scelzi, uno de los defensores de militares.
En diciembre del ’99, este diario había confirmado en Tribunales que el capitán abogado Pedro Florido actuaba junto con Sergio Vargas como enlace de la Armada ante los jueces para que le comuniquen cualquier novedad sobre los expedientes por la apropiación de bebés o averiguación de la verdad. Florido había sido denunciado por el sobreviviente de la ESMA, Víctor Basterra, como el oficial que lo obligó a elaborar tres pasaportes falsos para Licio Gelli, el gran maestre de la Logia P2 a la que pertenecía el entonces mandamás de la Armada, Emilio Eduardo Massera. A pesar de ese currículum, Florido fue propuesto para ascender en los estertores del gobierno de Carlos Menem y el de la Alianza lo convalidó. Recién en diciembre del 2003 pasó a retiro. Es otro de los “retirados en servicio” pero sin destino.
Para entonces, el Grupo de Contención ya había pasado del Servicio de Inteligencia Naval a la órbita de la Secretaría General Naval. La decisión de desplazar a Poggi y Vázquez confirma, de hecho, la existencia de ese grupo. Sin embargo, intenta dejar a salvo a los altos mandos como si esas actividades hubieran sido desconocidas en una estructura que se supone hace de la verticalidad un dogma de funcionamiento.
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Ciudad | Miércoles, 05 de Marzo de 2008
CORONEL DE INTELIGENCIA DURANTE LA DICTADURA
La captura de Gazari Barroso
Desde el ex comando del II Cuerpo de Ejército impartía las órdenes de detención durante la dictadura. Está imputado de dos desapariciones y quedó alojado en la cárcel de Devoto.
Por José Maggi
Barroso, de 80 años, quedó detenido en la cárcel de Devoto. Había pedido cumplir arresto domiciliario, pero le fue negado.La justicia federal rosarina concretó el lunes pasado la detención y indagatoria de un represor largamente buscado: se trata del coronel retirado Julián Gazari Barroso quien fue el jefe del área Operaciones del Segundo Cuerpo de Ejército, entre 1976 y 1977, primero bajo las órdenes de Ramón Genaro Díaz Bessone y después de Leopoldo Fortunato Galtieri. El militar retirado fue detenido por Gendarmería en su vivienda porteña el fin de semana, y el mismo lunes luego de haberse negado a declarar ante el juez Marcelo Bailaque en las tres causas en las que está imputado, fue trasladado al Hospital de la cárcel de Devoto. A Gazari Barroso lo imputaron por las desapariciones de Sonia Beatriz González y Rubén "Tito" Messiez, y por ser miembro de una asociación ilícita.
Gazari Barroso tenía captura pedida desde el año 2004 por el caso de Sonia Beatriz González, una causa que está siendo instruida en forma separada, y analiza al destino de esta joven obrera secuestrada el 15 de julio del 1976 en calle Centeno cerca del frigorífico Swift, en la zona sur de Rosario, después de lo cual no fue vista en ningún centro de detención.
Sin embargo su madre pudo anexar a la causa tres comunicaciones escritas que obtuvo del Comando del Segundo Cuerpo en la que solicitaba se le informe el paradero de su hija. En una de esas notas el Ejército reconoce que estaba bajo el mando del Area 211 que había dispuesto su detención, aunque le negaban a la madre la posibilidad de visitarla. Sin embargo en la tercer nota le comunicaron a la mujer que la joven "no estaba detenida a disposición de esa jefatura". Cabe recordar que el área 211 incluye los departamentos del sur de la provincia y que el Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II dependía operativamente de aquella jefatura, es decir que el Ejército tenía control operacional del Ejército.
El día lunes Gazari Barroso se abstuvo de declarar por las tres imputaciones, con el patrocinio del defensor oficial Osvaldo Gandolfo, tras lo cual solicitó la prisión domiciliaria aduciendo los 80 años del detenido.
Para Nadia Schujman, abogada de HIJOS, el detenido "va a tener que responder por el lugar que ocupaba en el Segundo Cuerpo, en el cual tuvo que haber conocido los traslados a los que eran sometidos los detenidos. Evidentemente tiene la información acerca de los lugares donde fueron llevados muchos compañeros desaparecidos".
Esta no es la primera vez que Gazari Barroso enfrentaba a la justicia:
a finales de 1987, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario tenía la semiplena prueba de que el ex coronel había sido responsable de la desaparición de Sonia González, Jorge Ruffa, José Oviedo y Analía Minetti, entre otros. Un año antes, el 20 de febrero de 1986, Gazari Barroso declaró ante las autoridades del Juzgado de Instrucción Militar Número 52, con asiento en Rosario. Dijo haber nacido en el año 1928 y vivir en O'Higgins 1970, Piso 1, Unidad A, en Capital Federal. El mismo domicilio en el que vivía en la actualidad y donde fue detenido esta semana. Allí respondió que fue jefe de operaciones del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, cuando funcionaba en Córdoba y Dorrego, y que luego fue jefe de la secretaría militar en la Policía Federal Argentina hasta mediados de junio de 1979.
La única pregunta incómoda que le formularon sus pares fue si tuvo que dar respuestas a Helder Minetti, papá de Analía, en torno a la desaparición de la misma. Gazari Barroso no recordó precisiones y la audiencia se cerró en ese momento.
En 1987 presentó una oposición de excepciones ante la justicia federal rosarina, argumentando que "los hechos de la guerra y la guerra es en si misma, comporta un exceso, un estado anormal y repugnante; la guerra por su naturaleza es un exceso". Y pedía ser juzgado por sus pares porque confiaba que los jueces militares resolverían "en la soledad de sus despachos, ajenos a todo alboroto que pueda ejercerse en las adyacencias de la casa de la justicia, libres de las presiones de puñados de manifestantes y militantes de las fuerzas adversas".
Sin embargo, el 27 de mayo de 1988, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indicaba que Gazari Barroso "por su condición de coronel del Ejército Argentino, ostentaba la calidad de oficial superior al momento de comisión de los hechos, corresponde examinar el acierto del pronunciamiento que le atribuyó capacidad decisoria".
Agregaba la Corte que en una de sus declaraciones, el oficial de policía José Lofiego sostiene que "la jefatura del área táctica 211 ?cuyo titular era el imputado Gazari Barroso? era la que decidía acerca de la libertad de las personas detenidas con el motivo alegado de combatir la subversión. Más adelante, el nombrado Lofiego señala que la autorización para realizar los allanamientos era otorgada por la citada área 211".
También cita el máximo órgano de justicia, que otro oficial de la policía, Hugo Diógenes Sandoz, sostuvo: "Considero que el jefe del área era el coronel Gazari Barroso, en cuanto al área que tenía a su cargo, que era la segunda circunscripción judicial, no sé, estimo que todo dependía de allí, y no había subzona...".
Una definición similar dio el propio jefe de Policía de Rosario, Agustín Feced atribuyéndole responsabilidad tanto en las detenciones como en las libertades a Gazari Barroso: "Algunas órdenes se impartían desde el Comando de informaciones que poseía el Comando del Cuerpo", sostuvo el ex comandante de Gendarmería para luego señalar que el coronel era el responsable de las operaciones, según publicó en su momento el portal Postales del Sur.net.
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El país|Miércoles, 05 de Marzo de 2008
Un proyecto busca abreviar las causas por delitos de lesa humanidad
Para que no duren un siglo
El juez Rozanski elaboró una propuesta para agrupar racionalmente los juicios y reducir los tiempos procesales. De otro modo, según calculó, se demoraría cien años “sólo para tramitar los expedientes de La Plata”.
Por Adriana Meyer
“En el país hay alrededor de 900 imputados en cerca de 200 causas”, dijo el juez federal.La necesidad de agilizar los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, reconocida como prioridad oficial, encontró una primera propuesta de solución. El juez federal de La Plata Carlos Rozanski elaboró un proyecto de ley que plantea un “agrupamiento racional” de las causas por centro clandestino o por circuito represivo. Esa reorganización permitiría reducir en forma considerable los tiempos de procesos que, de no mediar un cambio, insumirían cien años, según el cálculo del magistrado. La iniciativa propone una modificación del Código Procesal con medidas para evitar la “victimización secundaria” de los testigos más vulnerables. El proyecto ya está en manos del Gobierno.
“No podemos pasarnos 40 o 50 años haciendo estos juicios”, había dicho Rozanski, a fines del año pasado, en una entrevista con el locutor y analista político Eduardo Aliverti en la que contó que tenía un plan para acelerar los juicios contra los represores. En diálogo con Página/12, aclaró que hizo bien la cuenta y le dio un plazo de un siglo “sólo para tramitar los expedientes de la ciudad de La Plata, donde no hay posibilidad legal ni material de que un tribunal inicie un juicio antes del fin del anterior”.
Lo mismo escribió en los fundamentos de su proyecto, al que este diario tuvo acceso exclusivo, que tiene como objetivo “incorporar normas de procedimiento que permitan afrontar con éxito y en un plazo razonable las causas por violaciones masivas a los derechos humanos que tuvieron lugar entre 1976 y 1983”. En ese texto destacó que, desde 2003, cuando comenzaron a reactivarse las causas y nacieron nuevos procesos, hubo sólo tres juicios, con un solo imputado cada uno y un número limitado de víctimas, a razón de uno por año. “En el país hay alrededor de 900 imputados en cerca de 200 causas y, aproximadamente, la mitad de ellas están radicadas en la Justicia Federal de La Plata, donde se tramitan los delitos cometidos en el denominado ‘Circuito Camps’”, describió el juez.
El criterio para agrupar los juicios que propone el camarista platense es el de circuitos de centros clandestinos. Su proyecto de reforma del Código Procesal Penal dice que los jueces que lleven este tipo de causas deberán acumularlas “teniendo en cuenta los hechos de un mismo centro clandestino de detención, y en caso de integrar dichos centros un circuito represivo específico, las causas se agruparán por dicho criterio, debiendo procurar los magistrados el mayor grado posible de concentración de las mismas”, bajo el principio de “conexidad”.
Carlos Rozanski considera natural hablar no sólo por sus sentencias. Ya era un juez atípico antes de condenar a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz, junto con sus colegas Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo. La desaparición del testigo Jorge Julio López el día de los alegatos en aquel juicio lo marcó de manera tal que orientó la otra mitad del proyecto a proponer medidas para proteger a las víctimas que deben atestiguar. De hecho, la propuesta la elaboró con los empleados de su juzgado y tomó en cuenta los reclamos de los querellantes que se hicieron en el juicio a Etchecolatz, aun antes de que López desapareciera.
“Las víctimas sobrevivientes del terrorismo de Estado han sido torturadas de diversas formas y han pasado por situaciones vejatorias, cuya magnitud traumática es difícil volcar en palabras”, fundamentó. Para evitar que sean citados “una y otra vez a cada juicio para revivir los tormentos sufridos”, propuso que los tribunales puedan “incorporar por lectura” los testimonios efectuados con anterioridad. También apuntó que resulta un “despropósito y un absurdo jurídico y ético” mantenerlos incomunicados, como indica la normativa actual. Y destacó que las audiencias de juicios “de tal relevancia para la memoria colectiva” deben ser televisadas.
En el Gobierno conocen el contenido de este proyecto. Un ministro ya lo recibió y otras carteras también buscan soluciones al tema. ¿De qué depende que pueda concretarse su plan? “La decisión política es que si vamos a utilizar el proyecto tiene que haber recursos para llevarlo adelante, porque significa gente trabajando, lugares de trabajo, computadoras, todo lo necesario para que se haga medianamente bien”, había dicho el camarista. “Si están los recursos –aventuró Rozanski–, yo diría que en cuatro años tienen que estar terminados todos los juicios.”
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El país|Miércoles, 05 de Marzo de 2008
Un represor cambió su declaración ante la Justicia tras ser intimidado
Un testimonio modificado a fuerza de amenazas
Por Diego Martínez
El suboficial retirado de la Policía Federal Carmelo Cirella Paredes, quien en 1984 denunció y admitió su participación en crímenes cometidos en Mendoza durante la última dictadura, cambió su declaración ante el juez Walter Bento luego de recibir amenazas de muerte contra él y su familia. Cirella había ratificado su testimonio en 2006 para el documental “7746 Legajo Conadep” del periodista Rodrigo Sepúlveda. En diciembre fue detenido junto con tres de los policías que denunció. Tras los aprietes sugirió que había hablado “por venganza” y que el documentalista le había pagado. Pero Sepúlveda lo desmintió ante el juez, quien ratificó los procesamientos. La marcha atrás de Cirella es una nueva advertencia al Estado sobre la necesidad de proteger a los testigos, aún (más) si se trata de ex represores. No es un caso aislado: otros dos se desdijeron luego de aportar valiosa información a la Justicia.
Cuando retornó la democracia Cirella estaba preso por delitos comunes. Desde la cárcel envió una carta a Conadep, que le tomó declaración. Ratificó sus dichos ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza. Detalló dos secuestros seguidos de muerte: el de Amadeo Sánchez Andia en 1975 y el de Víctor Romano Rivamar en 1976. El primero, contó, fue “chupado” en el Hospital de San Martín y ejecutado en Canotas, Las Heras. Al segundo lo fusiló por la espalda Oscar Fenocchio, jefe de la delegación de la Policía Federal. Cirella participó como chofer. En ambos casos intervinieron el jefe de inteligencia Ricardo Aleks y los policías Rodolfo Cardello, Marcelo León, Juan Carlos Zuccaro, José Luis Mirotta, Oscar Duarte, Humberto Panonti y Pedro Barrozo. El médico Dalmiro Podestá controlaba el ritmo cardíaco de las víctimas durante las sesiones de tortura en la Policía Federal, agregó.
Cirella reiteró su denuncia para el documental de Sepúlveda y en octubre pasado ante el juez. En diciembre Bento detuvo y procesó a León, Cardello, Mirotta y al propio Cirella. También pidió la captura de Aleks, aún prófugo. Al llegar al pabellón sanitario del Hospital Lagomaggiore un desconocido le advirtió a Cirella en un pasillo: “Estás muerto”. Ya internado recibió otro mensaje: “Cuando llegues al penal te van a matar, conseguite una chuza”. La penitenciaría de Boulogne Sur Mer a la que iba a ser trasladado batió todos los records de asesinatos intramuros. Su mujer también fue amenazada en Tunuyán. Por la conmoción que sufrió debió ser internada en un instituto psiquiátrico.
El 4 de enero Cirella relató los hechos ante Sepúlveda. Luego le envió una carta al juez. “Por razones de salud y seguridad personal” le pidió el traslado a Tunuyán. Al mes volvió a pedir la palabra. Dijo que sus viejos dichos fueron por venganza y que recibió 2000 pesos para el documental. “No es verdad. No nos pidió ni le ofrecimos dinero”, aclaró Sepúlveda. Tras su declaración el juez ratificó los procesamientos, que fueron apelados ante la Cámara Federal. El gobierno de Celso Jaque, cuestionado por emplear a ex represores, es querellante en los dos casos sobre los que habló Cirella. Se trata del tercer represor que aporta datos útiles y, sin protección, elige desdecirse. En 2003 Néstor Cendón, hoy prófugo, dijo que su testimonio en Conadep fue “bajo promesas de dádivas”. Orestes Vaello se esmeró en desacreditar su palabra ante la Cámara Federal de La Plata para evitar represalias. Tal vez haga falta algo más elemental que recompensas.
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