Argentina Cristina Fernández exige que la Justicia cumpla su deber, el Poder Judicial no tiene prisa, los asesinos envejecen

Derechos humanos: medidas del máximo tribunal y el jefe de los fiscalestras el reclamo presidencial
Aceleran los juicios por la represión
La Corte estudia cómo agilizar el trámite de las causas; la Procuración ordenó a los fiscales impulsarlos juiciosorales
Miércoles 5 de marzo de 2008 | Publicado en la Edición impresa Noticias de Política: < anterior | siguiente >> Ver opiniones de lectores (9) Enviá tu opiniónImprimirEnviar por e-mailCambiar de tamañoPublicar en tu sitioVotar (0)Ya votaste (0) CompartirLink permanente
Menéame
Google bookmark
YahooMyWeb
Newsvine
BlinkList
Digg
Reddit
Del.icio.us
Mister-Wong

Tres días después de que la presidenta Cristina Kirchner reclamó mayor celeridad para las causas de derechos humanos, la Corte Suprema y la Procuración General de la Nación tomaron medidas en esa dirección que involucran a jueces y fiscales.

En su discurso inaugural del 126° período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el sábado último, la Presidenta reprochó a la Corte las demoras que se observan en los juicios contra los represores de los años setenta.

El máximo tribunal reaccionó ayer. En el acuerdo, los jueces analizaron en forma reservada varias alternativas para dinamizar los procesos, entre ellas tratar de concentrar las causas en algunos tribunales y dialogar con los jueces que tienen a su cargo los expedientes.

En forma paralela, el procurador general, Esteban Righi, avanzó un paso más adelante: a partir de un relevamiento de ese organismo en agosto de 2007, el jefe de los fiscales dictó una resolución en la que, a la vez que responsabilizó a los jueces por esas demoras, les ordenó a los fiscales tomar todas las medidas necesarias para apurar la elevación de esos expedientes a juicio oral.

El impacto del discurso

Es evidente que el discurso de la primera mandataria produjo en el corazón del Poder Judicial un fuerte impacto. Y, aunque ellos no están de acuerdo con que la Corte sea la responsable, los magistrados saben que algo deben hacer.

Por eso, para evitar filtraciones y sin la presencia de los secretarios, los jueces decidieron ayer encarar la tarea de hacer un diagnóstico sobre todos los casos que hay en trámite en el país. Para eso, requerirán informes a los jueces que tramitan esos expedientes y organizarán reuniones con esos magistrados para tratar de encontrar algunas soluciones.

En la Corte, desde hace varios meses, se estudian distintas opciones, pero no todas ellas son constitucionalmente admisibles.

Por ejemplo, algunos jueces creen que las causas no deben estar dispersas en tantos juzgados y tribunales como ocurre actualmente, sino que debe cambiarse su radicación y concentrarlas en algunas manos. Pero cambiar la radicación de una causa -disponer que pase a otro juzgado- implicaría violar la garantía del juez natural.

Pero los problemas no acaban allí. Algunas causas tramitan ante los jueces que tienen competencia en los lugares donde funcionaron los centros clandestinos de detención; en otras, intervienen los jueces del lugar donde estaban ubicados los comandos de zona bajo los cuales se organizó la represión.

A su vez, hay juzgados abarrotados de expedientes y otros que no tienen sumarios; también hay tribunales con cargos vacantes o que están en manos de jueces subrogantes, que por su carácter provisional no tienen mayor entusiasmo para embarcarse en grandes investigaciones; algunos jueces de ciertas provincias muestran objeciones ideológicas al avance de los sumarios y los tribunales de juicio que tienen que sustanciar los debates orales no tienen salas de audiencias adecuadas para llevarlos adelante.

La Procuración

Righi también procuró dar una respuesta rápida. En agosto último, la Procuración General elaboró un informe sobre los problemas vinculados con el trámite de estas causas por violaciones de los derechos humanos.

Allí, a la hora de evaluar las razones de las demoras, ese organismo deslizó críticas sobre el tiempo que se toman los jueces para elevar las causas a juicio oral -observación que se reitera en la resolución dictada ayer por la Procuración-; la fragmentación de una misma investigación en varias causas; la inconveniencia de que los testigos, que son las víctimas de los años setenta, repitan sus declaraciones en distintas causas; la existencia de recursos que retrasan el avance de los casos, y el trámite que los jueces dan a planteos notoriamente dilatorios.

Por eso, ayer Righi les ordenó a los fiscales que: 1) no bien las cámaras de apelaciones confirmen el procesamiento de los imputados, los fiscales deberán iniciar el trámite para elevar la causa a juicio oral; 2) prioricen el impulso de las causas que abarcan la mayor cantidad de casos, evitando la atomización; 3) controlen el tiempo que demandan las causas y los recursos; 4) procuren que los jueces rechacen los planteos dilatorios.