EL CEMIDA EN PERU
INFORME SOBRE EL PERITAJE MILITAR REALIZADO POR EL CORONEL (R) JOSE LUIS GARCIA EN EL JUICIO QUE SE REALIZA EN EL PERU AL EX PESIDENTE ALBERTO FUJIMORI
A principios de este año 2008,fui contactado por organizaciones defensoras de los DD HH de la República del Perú, que me proponían actuar en carácter de perito militar en el juicio que se estaba siguiendo contra el ex - PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI acusado por cuatro casos de violaciones de DD HH, de acuerdo con los términos de la extradición concedida por la justicia de Chile, país donde éste se había refugiado luego de huir del Perú a Japón. Las causas son: la MASACRE DE BARRIOS ALTOS, donde fueron asesinadas quince personas (entre ellas un niño de ocho años) y cuatro quedaron con heridas graves, el día 3 de noviembre de 1991; el secuestro y posterior asesinato de nueve estudiantes y un profesor en la UNIVERSIDAD DE LA CANTUTA, el día 18 de julio de 1992; y los secuestros del periodista GUSTAVO GORRITI y del empresario SAMUEL DYER AMPUDIA, ocurridos los días 6 de abril de 1992 y 18 de julio de 1992, respectivamente.
La Fiscalía le imputa haber ordenado y ser responsable de esos delitos ejecutados por un grupo militar llamado “COLINA” que operó al margen de las normas y que dependía del Servicio de Inteligencia del Ejército que actuaba bajo la dirección del asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
El proceso lo realiza la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Su sentencia podrá ser recurrida por otra sala de esa Corte. Por razones de seguridad las audiencias se efectúan dentro del recinto de un Batallón de Fuerzas Especiales de Seguridad de la Policía Nacional donde se encuentra detenido FUJIMORI y que está ubicado en un suburbio de clase obrera en las afueras de Lima.
Estas actividades se están desarrollando en un contexto complicado pues parte de la sociedad aún apoya al acusado a quien le adjudican el triunfo sobre la guerrilla de SENDERO LUMINOSO. Aún funciona su partido político que posee varios legisladores, entre ellos su hija KEIKO y, el Presidente ALAN GARCIA, ha solicitado sus votos en varias oportunidades. Además el actual Vicepresidente ALMIRANTE LUIS GIAMPETRI está señalado como parte de la MASACRE DEL FRONTON, en 1986, donde fueron fusilados prisioneros de SENDERO LUMINOSO en un episodio similar al ocurrido en TRELEW durante la dictadura de LANUSSE. Estos partidarios tratan de todos modos de quitarle legitimidad al juicio expresando que jurídicamente no puede atribuirse responsabilidad al ex - PRESIDENTE ya que esos delitos fueron cometidos por un grupo sobre el cual FUJIMORI no ejercía responsabilidad de comando. Por la otra parte se sostiene que el acusado y su asesor directo - MONTESINOS - son por igual responsables por haber permitido la creación y operación de un verdadero “ESCUADRÓN DE LA MUERTE” y de otros hechos de corrupción que el juicio va demostrando.
Ante este cuadro general me tocaba la tarea de probar que el ex -PRESIDENTE fue responsable y en qué medida, de los delitos por los que se le juzga, desde el punto de vista de sus atribuciones y obligaciones en su carácter de Presidente de la República y Jefe Supremo de las FF AA.
Mi peritaje se inició con la descripción de los sucesos políticos militares que antecedieron a los crímenes y que influyeron en la toma de decisiones en los distintos niveles de comando en la conducción del sistema militar. Para ello efectué una somera enunciación de la puesta en ejecución de la llamada ESTRATEGIA ANTISUBVERSIVA organizada en el Perú para oponerse a la lucha armada planteada por SENDERO LUMINOSO y el MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE LIBERACION NACIONAL TUPAC AMARU.
El concepto de Guerra Interna fue establecido en el Perú a partir de la experiencia francesa en Argelia (1955/57) para enfrentar a un pueblo que combatía por su independencia. Luego, a partir de 1965, EE UU puso en marcha la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional en los países americanos ubicados dentro de su área de influencia en el marco del Conflicto E/O. Esta doctrina supone la intervención de las FF AA en la vida política asumiendo el rol de garantes del orden constitucional (previa violación del mismo) y convirtiéndose en árbitros que toman decisiones sobre la política interna y en la represión de cualquier manifestación social del pueblo. La doctrina adoptada privilegió el concepto de guerra interna, diferente al de la guerra civil, que se sustentó sobre una presunta ideología marxista leninista del enemigo interior. Este enemigo estaría constituido por cualquier militante de izquierda y cualquier movimiento con algún componente reivindicativo: obreros, estudiantes, investigadores sociales, periodistas, religiosos, etc. El peligro que representaba para el Estado el accionar de esos sectores justificaría cualquier método represivo: operaciones clandestinas, secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, entre otros. En pocas palabras violación sistemática de los DD HH y Terrorismo de Estado.
Desde 1965 los países latinoamericanos adhirieron a esta Doctrina que pasó a ser orientadora de su política. Para ello abatieron las instituciones democráticas e instalaron dictaduras militares. En el PERU el procedimiento fue diferente. En abril de 1992 FUJIMORI efectuó un golpe institucional cerrando el Congreso e interviniendo el Poder Judicial, contando con el apoyo explícito de todos los mandos militares. Previamente el Congreso le había otorgado, por medio de la Ley 25.327 de junio de 1991, facultades extraordinarias para dictar normas especiales concernientes a la pacificación nacional, bajo cuyo amparo se dictaron distintos Decretos Legislativos que establecieron que el Sistema de Inteligencia Nacional dependiera directamente del Presidente a través de su representante Montesinos. Este sistema llevaría a cabo la represión utilizando la Estrategia de la Seguridad Nacional, libre de las ataduras de los procedimientos institucionales. La lucha se desarrolló con dos cursos de acción: uno, el oficial, de carácter visible y convencional, ya que funcionó de acuerdo con lo establecido en las leyes y reglamentos militares; el otro, secreto y clandestino, desvinculado del derecho, utilizando la metodología de la “Guerra de Baja Intensidad” que en rigor buscó la eliminación física de presuntos subversivos sin ninguna intervención de los órganos especializados de la Policía, el Ministerio Público, ni el Poder Judicial. Todo ello realizado por un grupo de exterminio llamado “COLINA” integrado por miembros del Ejército del Perú, que entre otros delitos, perpetró los crímenes de BARRIOS ALTOS y LA CANTUTA.
Traté de demostrar que este grupo pudo cometer sus crímenes con total impunidad porque contaba con el apoyo de los jefes militares sometidos a su asesor Montesinos y porque tuvo como jefe a FUJIMORI, ubicado en lo más alto de la cadena de comando militar, quien tomó la decisión voluntaria de integrar dicho grupo y con su presencia, como cabeza de la organización, completaba y garantizaba total impunidad al macabro accionar de esos efectivos.
Esta Responsabilidad de Comando del acusado quedó establecida en el análisis pormenorizado que efectué de las leyes y reglamentos peruanos vigentes en la época de los acontecimientos juzgados, así como de las leyes y disposiciones internacionales de las que el PERU era signatario.
Quizás la mejor síntesis de lo que pude expresar en mi peritaje, fue reflejada por el Diario LA PRIMERA de Lima en su edición del 4 de septiembre de 2008, donde su Director CESAR LÉVANO, en un editorial precedido por un título de primera plana que dice: “Ante arrollador testimonio de perito argentino” expresó textualmente:
“El coronel argentino José Luis García demostró ayer, ante el tribunal que juzga a Fujimori, que los crímenes contra los derechos humanos cometidos en América Latina durante medio siglo tienen una fuente común: el Pentágono estadounidense. Con documentos debidamente exhibidos el militar en situación de retiro explicó que el Pentágono se encargó de inocular la doctrina de la “seguridad nacional” y la guerra de baja intensidad.
El órgano encargado de transmitir esas enseñanzas fue la Escuela de las Américas, también llamada Escuela de Asesinos y de Dictadores, fundada en 1946. El coronel García, especializado en defensa de los derechos humanos, sostuvo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó una “diplomacia paralela” que subordinó las fuerzas armadas latinoamericanas a los intereses del imperio, so pretexto de combatir el comunismo.
El coronel indicó que los métodos regresivos estaban contenidos en manuales que aprobaban torturas, ejecuciones y extorsión. Recordó lo que le dijo un general de su país: “De cada diez torturados se logra que uno hable.” Se justificaban, pues, los métodos que se aplicaron en el Perú los días de la violencia.
El coronel insistió en que crímenes como los de La Cantuta y Barrios Altos no se cometen por orden escrita, pero no pueden ejecutarse sin el conocimiento de las máximas autoridades civiles y militares.
La exposición subrayó que las políticas de terror de Estado fueron iguales en nuestros países precisamente por la orientación de la Escuela de las Américas.
No en vano estudiaron allí el dictador argentino Leopoldo Galtieri, condenado y destituido por violación de los derechos humanos y por su responsabilidad en la guerra de las Malvinas; el coronel Roberto D`Aubuisson, jefe de los escuadrones de la muerte de El Salvador y autor del asesinato de seis sacerdotes jesuitas (muchos militares de esos escuadrones son hoy fuerza sanguinaria al servicio del galopante narcotráfico en México); el dictador boliviano Hugo Banzer y el narcotraficante panameño Manuel Noriega.
Como precisó el militar argentino, en la Escuela de las Américas estudiaron cerca de 60 mil oficiales de los institutos armados de América Latina.
García reforzó su exposición con páginas del diario bonaerense Clarín que citan un documento de 1996 en el cual el Pentágono reconoce que la Escuela de las Américas había utilizado manuales en inglés y español que aprobaban y enseñaban métodos de guerra sucia.
Parece que la contundencia de los argumentos del coronel argentino quebró el ánimo de Fujimori y su abogado, César Nakasaki. Particularmente la aseveración, nutrida de experiencia internacional, de que las operaciones especiales de inteligencia forman parte de una política de Estado, que les promete impunidad.”
Este juicio ha entrado en su fase final y el tribunal dictará su sentencia antes de fin de año. Reitero que la responsabilidad de FUJIMORI ha quedado ampliamente demostrada. Pese a ello, muchos sectores peruanos opinan que será muy probable un posterior indulto de ALAN GARCIA, pues, además de las relaciones que enunciamos con partidarios del ex - dictador, la crisis casi terminal de su gobierno, derivada de la aplicación del plan de LIBRE COMERCIO acordado con el imperialismo capitalista, sumada a la corrupción de su gabinete, hoy reemplazado y en buena parte prófugo, lo hace proclive a solicitar el apoyo político de los seguidores del terrorista de estado.
Independientemente de esas circunstancias se puede decir que la conducta de hacerse responsable de todo pero culpable de nada, la discusión sobre si puede ser condenado quien no realizó personalmente los crímenes analizados, el apasionado debate entre distintos sectores de la sociedad sobre los acontecimientos ocurridos, guardan una gran semejanza con lo que se vivió durante el juicio a las Juntas Militares del llamado Proceso de Reorganización Nacional, donde me tocó trabajar también como perito militar, y en el que se vió que los represores ubicados en lo más alto de la cadena de comando, asignaban la responsabilidad a sus subalternos que se “excedieron” en el cumplimiento de su deber y por ello únicos culpables de los delitos cometidos.
Termino esta presentación con una frase del Doctor RICARDO GIL LAVEDRA, integrante de la Cámara Federal que juzgó y condenó a los integrantes de las Juntas Militares responsables del Terrorismo de Estado implantado por la dictadura militar a partir del 24 de marzo de 1976:
“La plena vigencia del estado de derecho y el imperio irrestricto de la ley, son precondiciones para la vigencia de cualquier sistema democrático. En nuestros países la corrupción y el apartamiento impune de la ley por parte de los gobernantes constituyen un mal endémico. Por eso, resulta estimulante observar, cualquiera sea el resultado del proceso, al ex - presidente peruano, que nadie, por más poder que haya ostentado, se encuentra exento de rendir cuentas de sus actos ante los jueces.”
CNL (R) JOSE LUIS GARCÍA
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