foto: Fredy ó Chucky encarnados en soldados norteamericanos torturadores OBEDIENCIA DEBIDA SEGUN la señora Pando (argentina, derecha y humana)¿ QUIEN QUIERE CUSTODIAR A LOS PRISIONEROS DE GUANTANAMO ?
Por William Fisher
NUEVA YORK , Mayo 2009 - La promesa del presidente Barack Obama de cerrar la cárcel de prisioneros de guerra de Estados Unidos "contra el terror" en la base naval de Guantánamo, Cuba, corre peligro de incumplirse, porque casi ningún país está dispuesto a recibir a los reos.
Los legisladores estadounidenses se resisten a aceptar la radicación en territorio nacional de algunos de los 240 prisioneros a ser liberados.
Francia accedió a aceptar a uno que fue absuelto. Activistas continúan presionando para liberar a 17 chinos de la etnia uigur detenidos en la bahía cubana.
El Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes (baja) de Estados Unidos ya aprobó el financiamiento de las guerras en Iraq y Afganistán, pero no la partida de 50 millones de dólares solicitada por Obama en el mismo proyecto de presupuesto para cerrar la prisión de Guantánamo y reubicar a sus reclusos.
Congresistas de ambos partidos reclamaron que el gobierno presente un plan para cerrar ese centro de detenciones y que detalle en él qué hará con sus residentes.
Legisladores republicanos dijeron que este problema revela la falta de capacidad de Obama en materia de seguridad nacional, y lo acusaron de poner en peligro a la ciudadanía.
Por eso, propusieron un proyecto de ley dedicado desde su título a "mantener a los terroristas fuera de Estados Unidos", la cual impediría, de aprobarse, el traslado de prisioneros de Guantánamo a cualquier instalación en territorio nacional, a menos que la aprueben el gobernador y la asamblea legislativa del estado en cuestión.
"Nuestros votantes no quieren a estos terroristas en sus vecindarios", dijo el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, John A. Boehner, del opositor Partido Republicano.
Varios demócratas se han unido a los republicanos diciendo que rechazan a los prisioneros de Guantánamo.
Funcionarios del gobierno no han dicho a dónde serán conducidos los detenidos, pero rechazaron la idea de que los ciudadanos estadounidenses afronten riesgos por el cierre de la prisión, previsto para enero próximo.
"No pondremos en riesgo la seguridad de la población de este país", dijo el fiscal general Eric H. Holder Jr., en una audiencia parlamentaria.
Observadores evaluaron que los legisladores parecen haber dividido los prisioneros en dos grupos: los que fueron absueltos y no suponen amenazas para la seguridad nacional, y los que serán detenidos y procesados en tribunales estadounidenses o que no podrán ser juzgados pero son considerados demasiado peligrosos como para ser liberados.
En la primera categoría figuran los 17 uigures, que, según las autoridades, no suponen ningún riesgo, pero que hace siete años están detenidos en Guantánamo sin cargos en su contra. Un tribunal federal de distrito concluyó en enero que su detención era ilegal.
El tribunal ordenó la liberación de los uigures en Estados Unidos, porque no pueden ser devueltos a China, donde corren peligro de ser torturados, y porque ningún otro país accedió a recibirlos.
Pero un tribunal de apelaciones estadounidense revocó ese fallo, por entender que el Poder Judicial no tiene jurisdicción en cuestiones migratorias y, por lo tanto, carece de facultades para imponer la radicación de los prisioneros en territorio nacional, aunque su detención sea ilegal.
Los abogados de los uigures, algunos de los cuales revistan en el no gubernamental Centro para los Derechos Constitucionales, ya recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia.
En un informe presentado el día 8, la Unión para las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU) se unió a la solicitud del Centro.
"La Constitución requiere que donde un tribunal federal concluya que el encarcelamiento de un detenido es ilegal, el tribunal debe tener el poder para ordenar su liberación", incluso en Estados Unidos, "cuando sea necesario poner fin a la detención ilegal", dijo Jennifer Chang Newell, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
"Que el gobierno retenga indefinidamente a estos hombres contradice la Constitución y amenaza con convertir el habeas corpus en letra muerta", agregó.
Los uigures constituyen una minoría étnica integrada por musulmanes que hablan turco, y son originarios del noroeste chino. Viven en Asia oriental y central. El gobierno de China es acusado de reprimir sus derechos religiosos y sus libertades civiles.
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos anunció que dos antiguos detenidos en Guantánamo serán liberados en breve.
Como señaló el presidente francés Nicolas Sarkozy en la reciente visita de Obama a Europa, Francia aceptará a un prisionero radicado en Guantánamo desde 2002.
Lakhdar Boumediene, de 43 años, fue arrestado en 2001 en Bosnia-Herzegovina junto con otros cinco argelinos, bajo sospecha de haber participado en un atentado con explosivos contra la embajada de Estados Unidos en Sarajevo.
Un juez federal estadounidense dictaminó en noviembre que las evidencias contra Boumediene no eran creíbles y ordenó su libertad.
El otro detenido que Estados Unidos aceptó liberar es Ayman Batarfi, cirujano yemenita de 38 años que presuntamente trataba a los heridos de la red extremista Al Qaeda en Tora Bora, Afganistán.
La decisión del gobierno sobrevino como parte de una evaluación caso por caso ordenada por Obama para desalojar la prisión antes de su cierre en enero.
Batarfi declaró en 2005 ante una comisión militar que estaba presente en la batalla de Tora Bora, en 2001, en su carácter de trabajador humanitario. Según la transcripción del interrogatorio a cargo del Pentágono, el prisionero dijo no respetar al saudita Osama bin Laden, líder de Al Qaeda, a quien calificó de "cobarde".
Éste es el tercer detenido cuya liberación ordena el gobierno de Obama, iniciado el 20 de enero. El primero fue el etiope Binyam Mohammed, devuelto a Gran Bretaña, país donde está radicado legalmente.
En cuanto a la liberación de Batarfi, la decisión del Departamento de Justicia (fiscalía general) se debió a que, según un juez federal, el gobierno había ocultado los antecedentes psiquiátricos de un testigo al que convocó para fundamentar numerosas acusaciones contra prisioneros en Guantánamo.
