Faltan 16 días, para que se cumplan 34 años del proceso genocida argentino y al mismo tiempo, del asesinato de Isauro Arancibia.
En Uruguay, hace dos años se hababa del "efecto troccoli" por el retraso de ochenta días en el pedido de extradiccion de un represor a Italia. Se registró en video, la opinión del hoy Presidente oriental José Pepe Mujica http://www.youtube.com/watch?v=o1wrgCGyUJk&feature=related <http://www.youtube.com/watch?v=o1wrgCGyUJk&feature=related> ¿Qué diría del retraso, por no ser demasiado franca, y llamar impúdica privación de justicia, por Isauro Arancibia? 34 años después de no llamar a declarar y presentar pruebas a sus hermanas, las únicas querellantes en la causa? Por eso, a Ud. pueblo, humano, que no tengan que decir nada parecido de nosotros. La justicia para Isauro Arnacibia, es una deuda humana, tal señor merece que la saldemos con honor. Delia Hermosí L.C. 4.246.907, argentina, maestra
El efecto Tróccoli
La detención del capitán de navío uruguayo Jorge Tróccoli el 24 de diciembre, en Salerno, acusado por la desaparición de uruguayos descendientes de italianos durante los años setenta, ha generado una imprevista repercusión en Italia y en los países que participaron de la coordinación represiva de las dictaduras, conocida como Plan Cóndor.
"Cuando en Italia se habla de Uruguay y de su dictadura, de inmediato surge la historia de las operaciones de la Logia Propaganda Due (P2) que en los años de los gobiernos militares en el Cono Sur tenía una de sus sedes de operación política y financiera en Montevideo", sostiene un periodista italiano que fue entonces corresponsal en Uruguay.
La observación se confirma en una serie de artículos publicados por la prensa italiana en las últimas semanas, desde que Tróccoli fue detenido por orden de la jueza Luissana Figliola por un pedido del fiscal Gianncarlo Capaldo, quien indaga desde hace ocho años los crímenes contra descendientes de italianos en el marco del Plan Cóndor.
Con el arresto de Tróccoli, el fiscal Capaldo logró que se reactivara un caso que había quedado encajonado en la Justicia italiana y pudo desempolvar una orden de captura sobre 140 represores de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, donde los ciudadanos italianos fueron desaparecidos. En toda la región hubo repercusiones.
La marca de la P2
La Propaganda Due es una Logia masónica que adquirió total poder en Italia y se expandió hacia Sudamérica durante los pontificados de Pablo VI (1963-78) y Juan Pablo II (1978-2005), en los que el "Instituto per le Opere di religione" se convirtió en fachada de operaciones de lavado de dinero de la mafia a través del Banco del Vaticano.
Las historias de corrupción, que incluyen la sospechosa muerte de Juan Pablo I (1978), señalan al arzobispo norteamericano Paul Marcinkus, quien al frente del banco papal se asoció con el banquero Michele Sindona y con el jefe del vaciado Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, quienes realizaron misteriosas inversiones con el dinero del Vaticano.
Sindona terminó preso por desfalco y fue envenenado con cianuro en una cárcel de alta seguridad. Calvi apareció colgado bajo el puente Blackfiars del Támesis en Londres. En ambas muertes se ha marcado la responsabilidad de la Propaganda Due, la logia creada por el "venerable" Lucio Gelli, aún preso hoy en una cárcel italiana.
Dinero de la Logia
La pasión y debate que en 1973 provocó entre democristianos gobernantes y comunistas opositores de Italia el golpe de Estado en Chile no se repitió tres años después, cuando se inició la dictadura en Argentina. Isabel Perón no era Salvador Allende, sintetiza el periodista Mauricio Mateuzzi en un artículo de "Il Manifiesto".
Mateuzzi recuerda que en esos días la Logia P2 de Lucio Gelli compraba "Il Corriere Della Sera" para iniciar su más fuerte industria financiera con intereses en Argentina, donde adquirieron el Grupo Rizzoli y la Editorial Abril. La dictadura argentina fue una aliada de la Logia de Gelli en cuyas listas aparecía buena parte del gobierno italiano.
En Uruguay, Gelli también dirigía inversiones a través de su socio Humberto Ortolani quien instalaría en Montevideo la Banca Financiera Sudamericana (Bafisud) y entre inversiones agropecuarias y financieras sería uno de los fundadores de la pesquera Astra SA. El Bafisud quebró y la terminal de La Paloma terminó estatizada.
Los socios de Gelli
Cuando Licio Gelli desembarcó en el Cono Sur, las dictaduras le abrieron las puertas. Para el general Alfredo Stroessner, Gelli era anticomunista y por lo tanto aliado. En Chile, se asoció con el general Manuel Contreras. En Argentina, con José López Rega (y su Triple A) y con el almirante Emilio Eduardo Massera, ambos integrados a la P2.
En Uruguay, Gelli operaba desde la sede de Orden de Malta, la empresa Promociones y Servicios del Edificio Artigas y se había asociado con importantes estudios jurídicos. Los generales Julio César Vadora, Luis Queirolo, Eduardo y Rodolfo Zubía, entre otros, lo ampararon, a diferencia del general Gregorio Álvarez, quien dejó morir el Bafisud.
En 1981 el inspector Víctor Castiglioni de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) comandó un allanamiento en Carrasco en que se incautó el archivo de la P2, donde figuraban los miembros uruguayos de la Logia. Esa lista negociaron en sucesivas visitas los primeros ministros italianos Giulio Andreotti y Bettino Craxi.
De Gladio al Cóndor
Licio Gelli había participado de la Operación Gladio, una organización terrorista secreta anticomunista creada en Europa Occidental luego de la segunda guerra mundial, con financiación de la CIA norteamericana y el M16 británico para generar una "estrategia de tensión" que impidiera el acceso al poder de gobiernos comunistas o socialistas.
En Gladio, Gelli conoció al neofascista Stefano Delle Chiaie (Avanguardia Nazionale) y al terrorista ultraderechista Vincenzo Vinciguerra, quienes participarían directamente en uno de los más importantes atentados elaborados por la coordinación represiva del Plan Cóndor: el intento de homicidio contra el chileno Bernardo Leigthon en Roma en 1974.
Entre 1973 y 1976 los represores uruguayos (OCOA y SID) actuaron en Buenos Aires en coordinación, primero con la Triple A de Rega y luego con el Batallón 601 que comandaba el general Guillermo Suárez Mason, miembro de la P2. En 1977, Tróccoli operó desde el Fusna con el propio Emilio Massera, cabecilla de la P2 en Argentina.
¿Ayuda diplomática?
Cuando era evidente su procesamiento, junto al dictador Gregorio Álvarez y su camarada de armas Juan Carlos Larcebeau, el capitán Tróccoli decidió fugar a Italia. No compareció en el último interrogatorio judicial y fue requerido internacionalmente por el juez penal Luis Charles. Su abogado, Gastón Chávez, dijo que estaba embarcado.
Tróccoli había comenzado a tramitar la nacionalidad italiana en 1996, apenas fue denunciado como represor del Fusna en la revista Posdata, pero un año antes había acompañado al embajador uruguayo en una supuesta "misión oficial". El embajador uruguayo en Italia era Julio César Lupinacci, el embajador ante Caracas cuando el secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros de la Embajada de Venezuela en 1976.
Diplomático de la dictadura, Lupinacci fue quien en 1993 envió desde Italia una foto de la última víctima del Plan Cóndor, el chileno Eugenio Berríos, quien aparecía "vivo" en Milán tres meses después de muerto. Lupinacci casualmente fue embajador ante Chile, Naciones Unidas, Argentina y en 2000, Jorge Batlle lo designó en el propio Vaticano.
La causa de Capaldo
El fiscal Gianncarlo Capaldo comenzó a indagar sobre los italo-descendientes desaparecidos en Sudamérica a fines de los años noventa, al igual que su colega español Baltasar Garzón, cuando en los países que habían sufrido las dictaduras se habían impuesto leyes de amnistía, obediencia debida y punto final.
Desde 1999 se comenzaron a presentar los primeros casos de uruguayos que incluían a Daniel Banfi, asesinado en 1974, Bernardo Arnone, Gerardo Gatti, Juan Pablo Recagno, desaparecidos en 1976 y Andrés Bellizzi desaparecido en 1977. Capaldo viajó a Argentina y Uruguay en 2002, pero no tuvo apoyo de ambos gobiernos.
Tróccoli pudo fugar a Italia para evitar la extradición por su condición de ciudadano, pero es probable que no supiera que en la causa de Capaldo se habían agregado los casos de Edmundo Dossetti, Iliana García Ramos, Julio César D´Elía, Yolanda Casco, Raúl Borrelli y Raúl Gambaro desaparecidos en 1977, cuando él operaba en el Fusna.
La "conexión" Tróccoli
Suponer que el capitán de navío Jorge Tróccoli haya logrado una "conexión" con los resabios de la Propaganda Due para escapar de la Justicia uruguaya y ser sobreseído ante las leyes de Italia, parece tan improbable como haber creído treinta años atrás que existía una coordinación internacional represiva financiada por una logia masónica.
Tan improbable como que se lleguen a esclarecer los verdaderos entretelones que la logia de Lucio Gelli tuvo (¿y tiene?) en Uruguay desde los años de la dictadura y durante los sucesivos gobiernos electos en los que nunca se reveló ni lo ocurrido con las cuentas del Bafisud, ni con el contenido del archivo de la P2 y sus miembros uruguayos.
En Italia, sin embargo, la sombra de la P2 sigue latente y su fantasma suele aparecer en la prensa cada vez que en los tribunales superiores de Justicia se concretan sentencias dudosas que suelen beneficiar a sospechados de integrar grupos mafiosos económicos o políticos, o casos de corrupción que todavía no se han aclarado.
Un mal antecedente
El periodista Claudio Tognonato en "Il Manifiesto"1 (27/12/07) recuerda que no es la primera vez que la policía italiana arresta a un represor sudamericano. El 6 de agosto del año 2000 había sido detenido el argentino Jorge Olivera requerido por la Justicia francesa por la desaparición de Marie Anne Erize, en Buenos Aires en octubre de 1976.
Olivera, ex mayor del Ejército argentino, abogado y vinculado a la P2, dirigió un campo de concentración en la Provincia de San Juan y se vanagloriaba de haber sido el primero en violar a la desaparecida francesa. En 1985 llegó a ofrecerse como abogado defensor del nazi Eric Priekbe, cuando el criminal de guerra fue detenido en Bariloche.
Sin embargo, el 18 de agosto de 2000, la Cuarta Corte de Apelaciones de Roma emitió en secreto una imprevista sentencia de excarcelación y Olivera, que estaba detenido, como hoy Tróccoli, en la cárcel de Regina Coeli de Roma, pudo escapar de Francia al embarcar en un avión a Buenos Aires. Tróccoli, al menos, no podría regresar a Uruguay.
Fuente: http://www.larepublica.com.uy/politica/292411-el-efecto-troccoli <http://www.larepublica.com.uy/politica/292411-el-efecto-troccoli>
http://www.taringa.net/posts/noticias/1018186/caso-tr%C3%B3ccoli---desaparecidos-en-uruguay,-plan-condor--.html <http://www.taringa.net/posts/noticias/1018186/caso-tr%C3%B3ccoli---desaparecidos-en-uruguay,-plan-condor--.html>
12 de junio, 2008
Demora injustificada en trámite
Caso Tróccoli: Ejecutivo cesó a Embajador Carlos Abin
El Canciller Gonzalo Fernández transmitió, en conferencia de prensa, la decisión del gobierno uruguayo de cesar en su cargo al Embajador de Uruguay ante Italia, Carlos Abín. El Secretario de Estado explicó que, a consecuencia de una investigación administrativa, se llegó a la conclusión de que el representante diplomático incurrió en una demora injustificada en la entrega del Exhorto de Extradición a la Cancillería italiana.
Fernández detalló que conocidos los detalles de una investigación administrativa dispuesta por el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, Tabaré Vázquez y el Canciller Gonzalo Fernández, resolvieron la remoción del representante diplomático.
El jerarca explicó que recibió de manos del instructor, los resultados del expediente -que contiene unas 426 fojas- el que fue estudiado entre los días lunes y martes pasados. A última hora del martes, se reunió con el Presidente de la República y ante los resultados que arrojó la investigación administrativa, se llegó a la definición de que existió una demora injustificada en la entrega del exhorto de extradición a la cancillería italiana. En la tarde del miércoles se firmó el cese de sus funciones y el propio Fernández comunicó a Abín la decisión del Ejecutivo.
En su exposición, Fernández expresó que dicha resolución no roza la trayectoria de Carlos Abín, sino que se trata simplemente, de un error funcional o de una falta administrativa que motivó la remoción en el cargo. En este sentido, el Canciller agregó que no se debe confundir lo personal, con lo funcionarial. Agregó que se trata de una persona de una larga trayectoria en la militancia política y en la defensa de los Derechos Humanos que cometió un error y esto fue valorado, tanto por el Presidente Vázquez como por el Canciller, como no justificable, lo que motivó la decisión de cese de Abín en la representación diplomática. La omisión funcional no tiene justificación y en un cargo de índole política, amerita proceder a la remoción, sentenció.
El Canciller explicó que la demora injustificada en la entrega del exhorto de extradición, se debió a que Abín estaba ausente de la Embajada y no dio las instrucciones pertinentes que en su momento le fueron requeridas, para la redacción de la nota y su entrega en la Cancillería de Italia. El expediente sobre el Caso Tróccoli, era manejado exclusivamente por el propio Abín y había dado orden de que sólo él manejaría ese caso. Fernández explicó que cuando llegó el expediente, Abín se encontraba de viaje en Barcelona, España.
Aún no está definido quien lo sucederá en dicha representación diplomática, pero añadió que la designación de un Embajador en cualquier parte del mundo, demora varias semanas o meses, ya que se requiere del beneplácito del país de acreditación.
Consultado sobre qué pasará con el segundo jerarca de la Embajada de Uruguay en Italia, Fernández explicó que, a diferencia de la situación de Carlos Abín, se trata de un funcionario de carrera, por lo que se estará a lo que dictamine la Sala de Abogados de la Cancillería. Agregó que si la Sala de Abogados comparte el dictamen del instructor de la investigación administrativa, se dispondrá la implementación de un sumario administrativo para el funcionario.
Para Fernández, lo más importante ahora es mantener la continuidad de las acciones judiciales entabladas por el Estado uruguayo ante la Justicia italiana. Éstas consisten, por un lado, en una apelación ya presentada ante la resolución del Tribunal de Salerno contra la Suprema Corte de Casación, para que revoque la decisión de dejar en libertad al extraditado.
Por otro, en una presentación ante el Ministerio de Justicia italiano, demostrando que la persona requerida, cometió los hechos que se le imputan en Uruguay y que allí vivió hasta hace muy poco tiempo, por lo que no cumplió con los 5 años de residencia en Italia como lo marca la ley. En tal sentido, se considera, no debería recibir amparo por el Estatuto de Nacionalidad que, de acuerdo al Tratado de 1879, determina la no entrega de nacionales en materia de extradición.
Agregó que en el Derecho Penal Internacional, existe un principio reconocido, de que cuando un país no accede a la extradición de un nacional y no lo entrega al Estado requirente, igual está obligado a juzgarlo ante sus tribunales locales, por los hechos por los que fue requerido. Agregó que el Tribunal de Salerno, sólo se limita a sostener, en base a una fecha equivocada, que el pedido de extradición fue extemporáneamente entregado y toma como fecha de entrega el 30 de marzo, cuando existe prueba documental, de que fue entregado el día 27 de marzo.
El Ministro dijo que en la noche de ayer, se reunió con el Director de OPP, Enrique Rubio y con un grupo de compañeros del mismo sector político del Embajador Abín, quienes estaban directamente relacionados al llamado Caso Tróccoli, ya que integraban, en su momento, los Grupos de Acción Unificadora, pues consideró de orden, explicarles el contenido de la resolución del Ejecutivo y los motivos que condujeron a ella.
Por su parte, Enrique Rubio, que se encontraba sentado junto al Canciller Fernández en la Conferencia de Prensa, expresó que en cuanto a la situación de Abín, siempre fueron exhaustivamente informados por parte de las autoridades. Resaltó que hablaba en su condición de ex integrante de los Grupos de Acción Unificadora y como alguien que testimonió en la causa del Caso Tróccoli. En este sentido, manifestó que, junto con otras personas, fueron víctimas de una trágica historia en la que se practicaron terribles torturas en el FUSNA y en la que desaparecieron cerca de 20 compatriotas en operativos coordinados y en los que, dijo, tenemos la plena convicción de que Tróccoli tuvo responsabilidades.
Rubio recalcó que lo más importante para él y su grupo de compatriotas, es la extradición y el juzgamiento en Uruguay, de Jorge Tróccoli. Agregó que el Poder Judicial nacional y el gobierno, están haciendo los máximos esfuerzos en este sentido. Para Rubio, teniendo en cuenta, la documentación existente y la naturaleza de las causas abiertas en Uruguay y en Italia, los días de libertad de Tróccoli, están contados.
En segundo lugar, Rubio valoró la larga trayectoria de Abín en defensa de los Derechos Humanos y de causas progresistas y rechazó los agravios de los que fue objeto, por parte de quienes nada hicieron, jamás, en relación con el juzgamiento del ex jefe de inteligencia, del FUSNA y de las violaciones a los derechos humanos que se perpetraron en Uruguay y en vínculo con la República Argentina. Al mismo tiempo, Rubio expresó que respalda la decisión adoptada por el Presidente Tabaré Vázquez y el Ministro de Relaciones Exteriores, en relación con la situación funcionarial de Carlos Abín en base a la investigación administrativa realizada y de la omisión registrada.
http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/06/2008061210.htm <http://www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/06/2008061210.htm>
