Una constatación inicial
En Occidente, el nombre de Cuba se asocia inevitablemente a la problemática de los derechos humanos. Los medios europeos y estadounidenses estigmatizan a la mayor isla del Caribe de modo reiterado sobre este tema. Ningún otro país del continente americano se señala tanto con el dedo como la patria de José Martí, que dispone de una cobertura mediática desproporcionada en relación con su tamaño. En efecto, acontecimientos que pasarían desapercibidos en cualquier otra parte de América Latina o del mundo se difunden inmediatamente en la prensa internacional cuando se trata de Cuba.
Así, el suicidio en febrero de 2010 de Orlando Zapata Tamayo, un preso condenado por delitos comunes en Cuba, se mediatizó mucho más que el descubrimiento, en enero de 2010, de una fosa común con 2.000 cadáveres de sindicalistas y militantes de los derechos humanos asesinados por el ejército colombiano. Del mismo modo, las manifestaciones de los opositores cubanos aparecen regularmente en la prensa occidental la cual, al mismo tiempo, censura las exacciones –¡Más de 500 casos de asesinatos y desapariciones!– que comete la junta militar, de Roberto Micheletti primero, y después de Porfirio Lobo, que gobierna actualmente en Honduras después del golpe de Estado de junio de 2009 contra el presidente democráticamente elegido José Manuel Zelaya.
Estados Unidos justifica oficialmente la imposición de las sanciones económicas, en vigor desde julio de 1960 y que afectan a todos los sectores de la sociedad cubana, en particular a los más vulnerables, por las violaciones de los derechos humanos. De 1960 a 1991, Washington explicó que la alianza con la Unión Soviética era la razón de su hostilidad hacia Cuba. Desde el desmoronamiento del bloque del Este las diferentes administraciones, desde Georges H. W. Bush hasta Barack Obama, han utilizado la retórica de los derechos humanos para explicar el estado de sitio anacrónico, el cual lejos de afectar a los dirigentes del país, hace pagar el precio de las divergencias políticas entre las dos naciones a los ancianos, las mujeres y los niños.
Por su parte, la Unión Europea impone una Posición Común –¡La única en el mundo!– desde 1996 al Gobierno cubano, que limita los intercambios bilaterales, por las mismas razones. Esta estigmatización constituye el pilar de la política exterior de Bruselas respecto a La Habana y representa el principal obstáculo para la normalización de las relaciones bilaterales. Entre 2003 y 2008, la Unión Europea también impuso sanciones políticas, diplomáticas y culturales a Cuba por las mismas razones, por lo menos oficialmente.
¿Una estigmatización legítima?
No se trata de afirmar que Cuba sea irreprochable en la cuestión de los derechos humanos y que allí no se comete ninguna violación. En efecto, Cuba está lejos de ser una sociedad perfecta y existen allí algunos atentados a ciertos derechos fundamentales.
No obstante, conviene preguntarse por qué semejante estigmatización por parte de los medios occidentales, de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Acaso Cuba presenta una situación especial en cuanto a los derechos humanos? ¿Será peor que la del resto del continente? ¿Washington, Bruselas y la prensa occidental estarán genuinamente preocupados por ello? ¿Acaso tienen autoridad moral suficiente para erigirse en jueces?
Para responder a estas preguntas, el informe de Amnistía Internacional (AI) de 2010 brinda un enf oque interesante. Diez países –cinco del continente americano: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, y cinco de la Unión Europea: Francia, Alemania, Reino Unido, España y la República Checa (líder del frente de las naciones que se oponen a la normalización de las relaciones con Cuba) serán sometidos a un análisis comparativo.
Los derechos humanos en Cuba
Según AI, existen «severas restricciones sobre los derechos civiles y políticos» en Cuba. AI habla de «55 presos de opinión [encarcelados sólo por el hecho de ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión]». En una declaración del 18 de marzo de 2008, AI reconoce no obstante que estas personas fueron condenadas «por haber recibido fondos o materiales del Gobierno estadounidense para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y perjudiciales para Cuba», lo que constituye un delito de orden penal en Cuba y también en cualquier otro país del mundo.
La organización subraya también que «varios [opositores] declararon haber sido golpeados durante su arresto». Graves restricciones pesan todavía sobre la libertad de expresión, según AI, pues «todos los grandes medios e Internet están bajo el control del Estado». Por otra parte, los sitios de los opositores se encuentran bloqueados en Cuba y sólo se pueden consultar desde el exterior. Varios disidentes fueron arrestados y luego liberados. AI denuncia también las maniobras de intimidación contra ellos. Además, «las restricciones del derecho de circular libremente impidieron que periodistas, defensores de los derechos humanos y militantes políticos llevaran a cabo actividades legítimas y pacíficas». Así, la opositora Yoani Sánchez no ha recibido autorización para salir del país para recibir un premio en Estados Unidos.
No obstante, AI recuerda que en mayo de 2009 Cuba «fue elegida al Consejo de Derechos Humanos (ONU) para un nuevo mandato de tres años», ilustrando así que la mayoría de la comunidad internacional no comparte el punto de vista de Bruselas y de Washington respecto a la situación de los derechos humanos en Cuba.
Finalmente AI reconoce que las sanciones económicas que Estados Unidos impone a Cuba tienen «todavía efectos negativos sobre los derechos económicos y sociales de los cubanos. La legislación estadounidense que restringe las exportaciones hacia la isla de productos y de material fabricados o patentados por Estados Unidos siguen entorpeciendo el acceso a los medicamentos y a los equipos médicos». AI agrega que las agencias de las Naciones Unidas presentes en Cuba también «están penalizadas por el embargo».
Así, como ilustra el informe de AI, Cuba no es irreprochable en términos de respeto de los derechos humanos.
Los derechos humanos en el continente americano
Conviene ahora poner en perspectiva la realidad cubana frente a la problemática al respecto del resto del continente.
Estados Unidos
Según AI, 198 personas siguen detenidas ilegalmente en la base naval de Guantánamo, sin cargos, desde hace siete años. Al menos cinco reclusos se suicidaron en la prisión de Guantánamo. Por otra parte, varios prisioneros fueron juzgados por tribunales militares que no ofrecían todas las garantías de un juicio justo.
Además , «varios centenares de personas, entre ellas niños, siguen encarceladas por las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Bagram, en Afganistán, sin que tengan la posibilidad de ver a un abogado o de que las presenten ante un juez».
AI también denunció el «programa de detenciones secretas de la CIA» y reveló los «actos de tortura y otras formas de malos tratos infligidos a personas detenidas». Cita dos ejemplos: «Entre las técnicas autorizadas figuran la desnudez forzada, la privación prolongada de sueño y el waterboarding (simulacro de ahogamiento). […] Abu Zubaydah […] fue sometido a esta última técnica más de 80 veces en agosto de 2002, y Khaled Sheikh Mohammed 183 veces en marzo de 2003». Los autores de estos actos no serán perseguidos por la justicia, tal como declararon Barack Obama y el Ministro de Justicia Eric Holder.
AI señala que «la impunidad y la ausencia de vías de recurso persistían para las violaciones de los derechos humanos perpetradas en el marco de lo que el gobierno del presidente Bush llamaba la ‘guerra contra el terror’». La organización añade que «el nuevo Gobierno bloqueó la publicación de cierto número de fotos que mostraban los maltratos infligidos a personas detenidas por Estados Unidos en Afganistán y en Iraq».
AI denuncia también los actos de «tortura y otros malos tratos» que cometieron las fuerzas del orden en el territorio de Estados Unidos contra ciudadanos estadounidenses. «Al menos 47 personas fallecieron después de ser neutralizadas con pistolas Taser, lo que eleva a más de 390 el número total de personas fallecidas en circunstancias análogas desde 2001». AI agrega que «entre las víctimas figuraban tres adolescentes desarmados que habían cometido delitos menores, así como un hombre aparentemente con buena salud a quien los policías de Fort Worth, en Texas, administraron descargas eléctricas durante 49 segundos sin interrupción en mayo de 2009".
La organización internacional señala con el dedo las condiciones de detención en Estados Unidos. Según ella, «miles de presos están confinados en un aislamiento prolongado en prisiones de alta seguridad donde, en muchos casos, las condiciones de vida violan las normas internacionales según las cuales los detenidos deben ser tratados con humanidad». Así, «numerosos presos […] de los cuales muchos sufrían trastornos mentales, estaban confinados en aislamiento desde hacía 10 años o más, 23 horas sobre 24, sin atención médica adecuada y sin que se revisara correctamente su situación». Ésos «no tenían la posibilidad de trabajar, ni de formarse, ni de distraerse y tenían muy pocos contactos con el mundo exterior».
Según AI, «decenas de miles de migrantes, entre ellos demandantes de asilo, estaban regularmente encarcelados, en violación de las normas internacionales. Muchos estaban detenidos en condiciones sumamente duras, prácticamente privados de ejercicio, de acceso a la atención médica y de la posibilidad de conseguir asistencia jurídica».
Por otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias denunció varios casos de ejecuciones extrajudiciales que las fuerzas del orden cometieron contra migrantes. «El número de muertos en detención es superior a los 74 casos reconocidos por las autoridades desde 2003», señala AI.
AI recuerda las discriminaciones a las mujeres pertenecientes a las minorías en términos de derecho a la salud. Así, «El número de fallecimientos evitables debidos a complicaciones relacionadas con el embarazo sigue siendo elevado; varios cientos de mujeres murieron durante el año. Existen disparidades relacionadas con los ingresos, la raza, el origen étnico o nacional en el acceso a la atención médica para las mujeres embarazadas; la tasa de mortalidad materna es casi cuatro veces mayor entre las afroestadounidenses que entre las mujeres blancas». AI agrega que 52 millones de personas de menos de 65 años no tienen seguro médico, «una cifra en aumento respecto al año anterior».
Según AI, un objetor de conciencia fue condenado a un año de prisión por negarse a servir en Afganistán. La organización denuncia también los juicios injustos contra Leonard Peltier, detenido desde hace 32 años, «A pesar de las dudas en cuanto a la equidad de su condena en 1977». AI también señala que la Corte Suprema Federal se negó a examinar la apelación interpuesta por cinco presos políticos cubanos: Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González, condenados a largas penas de prisión mientras que «el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (ONU) había concluido, en mayo de 2005, que la detención de estos cinco hombres era arbitraria, pues no se habían beneficiado de un juicio justo».
Por otra parte, la pena de muerte sigue aplicándose en Estados Unidos. Así, 52 personas fueron ejecutadas en 2009.
Brasil
La situación en Brasil también es objeto de un informe. AI menciona «utilización excesiva de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y actos de torturas por parte de la policía». Las fuerzas del orden «siguieron cometiendo violaciones masivas», y «cientos de homicidios no fueron objeto de investigaciones serias y las acciones legales fueron casi inexistentes». Así, «en Río de Janeiro en 2009, la policía mató a 1.048 personas». En Sao Paulo, «esa cifra alcanzó 543, o sea un aumento del 36% respecto a 2008». Por otra parte, «los homicidios imputables a la policía militar aumentaron en un 41%».
La organización denuncia también «el aumento del número de milicias –grupos paramilitares armados compuestos en gran parte por agentes de la fuerza pública que actúan fuera de servicio-» que «utilizan su poder sobre la población para sacar ventajas económicas y políticas ilícitas […] y que pusieron en peligro la vida de miles de habitantes y las propias instituciones del Estado».
En Brasil, «las condiciones de detención seguían siendo crueles, inhumanas o degradantes. La tortura se empleaba regularmente en los interrogatorios, con fines de extorsión o para castigar, controlar o humillar», según AI, además del problema de la superpoblación.
Por otra parte, «litigios territoriales ocasionaron este año atentados contra los derechos fundamentales, cometidos tanto por asesinos profesionales al servicio de los latifundistas como por policías». Al menos 20 personas fueron asesinadas en 2009.
Según AI, los derechos de los trabajadores fueron violados y «miles de trabajadores eran mantenidos en condiciones que se asimilan a la esclavitud». El derecho a una vivienda digna no se respeta. Por otra parte, «se siguen cometiendo graves atentados contra los derechos de las poblaciones en el Estado del Mato Grosso do Sul». AI recuerda varios casos de desaparición de militantes indígenas.
Canadá
Según AI, las autoridades canadienses «no han respetado los derechos de los pueblos autóctonos durante la entrega de autorizaciones para la explotación de las minas, selvas, petróleo u otros recursos naturales. El Gobierno sigue afirmando, sin fundamento, que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Autóctonos no se aplica a Canadá».
La organización denuncia también las discriminaciones contra los indígenas y particularmente los niños. Por otra parte, la explotación por la fuerza del petróleo y el gas que se hallan en las tierras de los Cris del Lubicon ha contribuido a «una mala salud y a una pobreza muy frecuentes entre ellos».
El derecho de las mujeres se viola regularmente en Canadá. Así, «numerosas mujeres, adolescentes y niñas sufren violencias» y «el gobierno canadiense no ha tomado ninguna medida para elaborar un plan de acción nacional completo para luchar contra la violencia y la discriminación».
Canadá también fue cómplice de actos de tortura al entregar a sospechosos a las autoridades afganas en el marco de la lucha contra el terrorismo.
Por otra parte, las fuerzas de policía cometieron un asesinato por medio de una descarga eléctrica con la ayuda de pistolas Taser.
Colombia
En Colombia, la población civil es «víctima de desplazamientos forzados, ataques ciegos, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento forzoso de menores, violencias sexuales contra mujeres y homicidios», cometidos por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y la guerrilla.
AI contabiliza 20.000 casos de desapariciones forzadas y 286.000 casos de personas desplazadas. La organización subraya que «el gobierno se ha negado a apoyar una propuesta de ley que prevé el otorgamiento de reparaciones a las víctimas del conflicto sobre una base no discriminatoria, es decir sin ninguna distinción según el hecho de que los autores de las violaciones sean agentes del Estado o no. El texto fue rechazado por el Congreso en junio».
Por otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de las Poblaciones Autóctonas calificó la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia como «grave, crítica y profundamente preocupante». AI señala que «al menos 114 hombres, mujeres y niños indígenas fueron asesinados en 2009, una cifra en aumento respecto al año 2008».
El Departamento Administrativo de Seguridad, que opera bajo la autoridad directa del jefe de l Estado, está implicado en «un amplio caso de espionaje ilegal llevado a cabo durante un largo periodo. Entre las víctimas figuraban defensores de los derechos humanos, miembros de la oposición política, jueces y periodistas, a quienes se buscaba restringir, incluso neutralizar la acción. Esas maniobras se habrían efectuado con la estrecha colaboración de grupos paramilitares. Miembros del mundo diplomático y defensores extranjeros de los derechos humanos también fueron objetivos». AI agrega que «algunos militantes espiados por el Departamento Administrativo de Seguridad recibieron amenazas de muerte y fueron objeto de acciones penales por motivos falaces».
En 2009, 80 miembros del Congreso fueron objeto de una «investigación legal por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares». Varios magistrados que participan en la investigación recibieron amenazas de muerte, según AI.
Las fuerzas de seguridad cometieron más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales. «El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias declaró que esos homicidios fueron cometidos por un número importante de elementos del ejército». El ejército sigue colaborando con grupos paramilitares, los cuales son culpables de «masacres». Al menos 8 militantes de los derechos humanos y 39 sindicalistas fueron asesinados en 2009. AI señala que «la impunidad de la cual gozan los autores de violaciones sigue siendo fuente de una profunda preocupación».
México
En México, más de 6 .500 personas fueron asesinadas en actos violentos ligados al narcotráfico. AI señala «violaciones de los derechos humanos cometidas por militares, particularmente ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegales, desapariciones forzadas, actos de tortura y otros malos tratos, así como detenciones arbitrarias». La organización agrega que «víctimas y familiares de víctimas recibieron amenazas después de intentar presentar una denuncia» y deplora «la impunidad de la cual gozan los culpables».
AI afirma que «se señalaron varios casos de violaciones de los derechos humanos –desaparición forzada, uso excesivo de la fuerza, tortura y otros malos tratos y detención arbitraria, entre otros– imputables a agentes de la policía municipal, federal o de los Estados». Además, «las promesas de las autoridades, que se comprometieron a abrir una investigación sobre todas las alegaciones de tortura, no se cumplieron».
Los migrantes también fueron víctimas de las autoridades mexicanas. Padecieron «brutalidades, amenazas, secuestros, violaciones y asesinatos, entre otros, perpetrados esencialmente por grupos de criminales, pero también por algunos funcionarios». AI enfatiza que por otra parte «dos defensores de los derechos fundamentales de los indígenas fueron secuestrados, torturados y asesinados en Ayutla». AI señala también que «a finales de año, Raúl Hernández, preso de opinión y militante de otra organización local de defensa de los derechos de las poblaciones indígenas, se encontraba todavía en cárcel sobre la base de una acusación de asesinato inventada».
En México varios periodistas fueron amenazados, agredidos y secuestrados, según AI, particularmente los que «se interesaban por las cuestiones de seguridad pública y de corrupción». Al menos 12 periodistas fueron asesinados en 2009. Además, «las investigaciones abiertas sobre los asesinatos, los raptos y las amenazas de los cuales los profesionales de la prensa fueron objeto desembocaron muy pocas veces en acciones legales, lo que contribuye a mantener un clima de impunidad».
AI denuncia las discriminaciones y las violencias cometidas contra los pueblos indígenas, expoliados de sus tierras y de sus viviendas por las autoridades, «con el objetivo de explotar los recursos locales».
Las mujeres y niñas constantemente son víctimas de violencias. «Numerosos casos de asesinatos de mujeres, después de secuestrarlas y violarlas, se señalaron en los Estados de Chihuahua y México», apunta AI. Pero, «la impunidad sigue siendo la norma para los asesinatos de mujeres y los demás crímenes violentos de los cuales son víctimas». Por otra parte, 14 de los 31 Estados de México se niegan a aplicar la ley de despenalización del aborto.
Conclusión
El informe de Amnistía Internacional es edificante en varios aspectos. Primero, se descubre que aunque la organización subraya algunas violaciones de los derechos humanos en Cuba, la isla del Caribe se encuentra lejos de ser el chico malo del continente. Esta constatación pone en tela de juicio la estigmatización de los medios occidentales, de Washington y de Bruselas respecto a La Habana.
Así, la prensa occidental engaña a la opinión pública cuando presenta a Cuba como el principal violador de los derechos humanos en el continente americano. Estados Unidos, por su parte, no puede justificar de ningún modo la imposición de las sanciones económicas por la situación de los derechos humanos en la isla y debe eliminarlas. En efecto, no sólo no tiene ninguna autoridad moral para disertar sobre este tema en vista su propia situación, sino que además la mayoría de los países del continente presenta una situación peor que la de Cuba.
En cuanto a la Unión Europea, debe poner fin a la Posición Común , que es discriminatoria y poco creíble por las mismas razones, y normalizar las relaciones con La Habana. Conviene ahora evaluar la autoridad moral de Bruselas sobre esta cuestión.
Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad Paris-Sorbonne-Paris IV y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista francés, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
