De: Mabel Sánchez [mailto:lilia_mabel@hotmail.com]
Enviado el: Domingo, 20 de Junio de 2010
ESCLAVITUD SEXUAL CELESTE Y BLANCA : Un allanamiento que fue una farsa (Nota de Tapa de la edición impresa de Noticias Urbanas 19.06.10)
La Justicia no desbarata las redes de trata de mujeres y niñas en la Ciudad de Buenos Aires. Hay operativos irregulares y una contemplación pasiva de los hechos por parte del poder político, algo que favorece el funcionamiento de una de las cajas negras más grandes de la Policía Federal.
Por Lucas Schaerer
En el volantito se podía leer: “Limpieza con cama adentro”. La dirección: avenida General Paz 10610, casi esquina Rivadavia. Las ansias de cobrar su primer sueldo la impulsaron. El lugar estaba junto a una pizzería, frente al destacamento Nº 9 de la Policía Federal, en pleno Liniers y muy cerca de la iglesia de San Cayetano. Cientos de personas transitan a diario por allí. Nada resultaba extraño o atípico.
Se encontró frente a dos puertas. Volante en mano, se decidió por la derecha. La atendió una señora muy bien arreglada. La hizo pasar y le dijo que la paga por jornada sería de 100 pesos. Aceptó, y la señora, madura ella, le entregó un uniforme de mucama. Limpió por donde le indicó. Las horas pasaron rápido y con alegría. Había conseguido un sueldo para ella y su criatura. Se cambió decidida a regresar a su casa con la frente en alto.
Pero su sueño se hizo imposible. Un golpe fue la bisagra al infierno de la esclavitud sexual. Desde entonces no recuerda cuánto tiempo duró su encierro prostibulario. Las drogas, las violaciones de borrachos y drogados y las golpizas calaron en ella. Son una herida aún no cicatrizada.
No fueron ni la Justicia federal ni la fiscalía, ni menos aún la Policía Federal Argentina quienes la ayudaron. Fue ella misma, con su voluntad casi quebrada, quien escapó del antro. Desde el interior del opaco prostíbulo, la luz de la mañana dejaba traslucir a un patovica sentado en la puerta y, detrás de él, la policía en el destacamento.
De repente, una pelea entre borrachos y los regenteadores del lugar fue una oportunidad para la libertad. Aceleró el paso, mirando para atrás todo el tiempo y se subió a un colectivo cualquiera. Su única finalidad era huir, y lo logró.
La chica, de que no podemos difundir su identidad porque es testigo encubierta, quedó atravesada por la venganza contra sus verdugos. Para lograrlo, recurrió a la Fundación La Alameda, que se plantó ante la extensa y poderosa mafia prostibularia que lucra con la trata en Capital Federal.
Las cifras denunciadas ante el jefe de los fiscales, Esteban Righi, alcanzan las 613 “casas de tolerancia”, sólo de las registradas en los diarios. La Alameda, hace dos años, marcó una línea divisoria en la batalla contra los cafiolos. Junto a tres diputados nacionales entraron a las patadas en New Lisa, un prostíbulo de Flores, porque dos jueces federales -Rodolfo Canicoba Corral y Claudio Bonadío- retrasaran conn estériles debates jurídicos el allanamiento para rescatar a una menor.
A La Alameda siguieron llegando las denuncias de los vecinos acerca del funcionamiento de una red prostibularia que opera a metros del Departamento Central de la Policía Federal, ubicado en avenida Belgrano y Luis Sáenz Peña, en el barrio de Monserrat.
A los pocos meses se sumaron denuncias sobre prostíbulos del barrio de Constitución. Allí, tres escraches en caravana, uno de ellos encabezado por la actriz Soledad Silveyra, protagonista de la novela Vidas robadas, fueron respaldados con una misa de denuncia encabezada por el propio líder de la Iglesia Católica argentina, el arzobispo Jorge Bergoglio, en plena plaza Constitución.
Una vez recibido el testimonio de la ex esclava sexual, La Alameda corroboró los datos. Se infiltraron con cámaras ocultas en los antros de Liniers. Luego conectaron a la víctima con una psicóloga experta en abusos sexuales para que pudiera declarar. Tras la fuga, su relación con el sexo masculino quedó profundamente dañada. Era imposible hasta hace días para ella poder hablar siquiera con hombres. No soportaba ni a los abogados de La Alameda, sólo confiaba en Gustavo Vera, referente de la organización, que además lucha contra el trabajo esclavo en la industria textil.
Luego de varios meses, la víctima, que Noticias Urbanas conoció, pudo declarar en la Justicia federal. El magistrado Sergio Torres, a través de su secretario Diego Slupski, tomó la declaración y comenzó la investigación judicial.
Irregularidades múltiples
Sergio Torres es el mismo magistrado que tomó la primera declaración a la mujer policía Nancy Miño Velásquez, que denunció tanto al jefe de la Superintendencia de Investigaciones, Santiso Lioy, como a su subalterno, el comisario Jorge Omar Fernández, a cargo de la División de Trata.
Miño, primero en la Justicia y luego en una conferencia de prensa realizada en el Congreso Nacional, señaló que “Fernández plantó pruebas en allanamientos y hasta quiso que lo hiciera yo con dos menores en Pompeya. Además liberaba proxenetas por coimas, y hasta regenteaba dos prostíbulos. En tanto que Lioy y Jorge Cipolla se desentendieron de mi denuncia y de mí como funcionaria policial, avalando a Fernández”.
El juez Torres, pese a tener conocimiento de la denuncia de Miño, y pese al hecho de que otro magistrado semanas atrás había allanado la División de Trata, igual decidió delegar la investigación en la Policía Federal, en lugar de utilizar a Gendarmería o a Prefectura, como se estila cuando la propia fuerza es sospechada de ser cómplice de un delito.
“Soy amigo del juez Torres, hacé lo que quieras”, respondió con prepotencia el comisario Néstor Roncaglia, a cargo de la Unidad de Investigación Técnica del Delito, quien dirigió el operativo sobre cinco prostíbulos el pasado viernes 11 en Liniers. Lo hizo ante un planteo de Marcelo Hawrylciw, un ex policía que denunció venta de drogas en la Comisaría 16 y que actualmente está a cargo del portal El Sindical, en la noche del viernes.
Delante de Gustavo Vera, Hawrylciw señaló que del prostíbulo de General Paz 10610, conocido por ser el lugar de reclutamiento, “dejaron salir a dos mujeres y, antes de allanar, los efectivos de la Federal estaban ostentando sus chalecos con la leyenda PFA, parados justo al lado del destacamento ubicado frente al prostíbulo denunciado. Eso le dije a Roncaglia y me respondió con esa frase”, relató el ex policía.
Las irregularidades en los allanamientos judiciales en Liniers sucedieron delante de este cronista, la diputada nacional Fernanda Gil Lozanoy Mercedes Assorati, de la ONG Esclavitud Cero.
La Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, acompañada solamente por efectivos de la Federal, no encontró trata de personas a pesar del testimonio en contrario de la denunciante.
“Evidentemente, rodeadas por la policía cómplice, las mujeres no se atrevieron a denunciar. Lo decimos en las capacitaciones y lo reiteramos ahora: la práctica de tomar declaraciones in situ en los casos de trata es una mala práctica. La Ofavi (Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito) y la Oficina de Rescate lo saben muy bien. Las mujeres rescatadas deben ser llevadas a un lugar seguro, alejadas de los proxenetas y la policía, y declarar ante el juez cuando se encuentren emocionalmente estables. Hacerlo en forma diferente significa obstaculizar el acceso a la justicia de las víctimas y, posiblemente, este caso quede, como tantos otros, en la impunidad”, sostuvo Assorati.
El comisario Roncaglia difundió que el resultado de los allanamientos fueron 31 mujeres rescatadas pero ninguna víctima de trata. Para la Policía, sólo había prostitutas y algún proxeneta, pero ninguna mujer secuestrada o sometida a esclavitud. Tampoco encontraron menores de edad ni drogas. Sí mujeres indocumentadas. Se llevaron detenidos e incomunicados a nueve sospechosos.
Todos ellos, llamativamente, fueron retirados de los prostíbulos sin ser esposados, dejando abierta la posibilidad de fuga. Además fueron trasladados en un colectivo de la línea 109, que estacionó delante del prostíbulo reconocido como “ablandadero”, es decir, el lugar donde se doma a las mujeres secuestradas sometiéndolas a prácticas sexuales aberrantes.
La fuga de varios rufianes fue advertida por los militantes. “En el prostíbulo de General Paz había un sujeto que sería policía de la provincia, con auto afuera e identificación como tal, que salió del prostíbulo durante el operativo, tenemos fotos y testigo. Mientras que en Rivadavia 11330 salieron dos más que, según lo que contaron los policías que estaban a cargo del operativo a los periodistas, eran agentes encubiertos. También cinco mujeres, antes del allanamiento y dos después del mismo, salieron de (el prostíbulo de) General Paz, en este último caso, fue filmada una de ellas y fotografiada la otra”, afirmó Vera, en un mail remitido al juzgado.
Las filmaciones fueron otras de las irregularidades de la Unidad de Investigación Técnica del Delito. Desde un balcón en el local de la avenida Rivadavia (que fuera clausurado por el Gobierno de la Ciudad sólo por algunos días), policías a cargo del operativo se dedicaron a filmar a la gente que manifestaba pacíficamente afuera y que nunca obstaculizó el procedimiento (ver foto). Entre ellos, se encontraban los cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y vecinos del barrio, hartos de tanta impunidad.
Hasta el personal de la Comisaría 44, que nada tenía que hacer en el operativo, incluido un subcomisario, entraba y salía de los prostíbulos. NU interpeló a quien ostentaba el mando. “Nadie nos prohíbe que podamos conocer lo que está ocurriendo”, respondió sin sonrojarse un policía de sobretodo y handy en mano que salía de Rivadavia 11330, un inmueble con salida oculta por la calle lateral.
La Seccional 44 se hizo tristemente famosa por la brutal represión y cacería humana desatada en el recital de Viejas Locas en Vélez. Tiene efectivos denunciados penalmente y detenidos en la comisaría por complicidad con barrabravas del club para llevar adelante secuestros extorsivos. También sufrió un duro escrache de los vecinos en Versalles por el asesinato de un carnicero, ocurrido a sólo una cuadra del destacamento.
Durante el allanamiento, los efectivos de la 44 tuvieron otra iniciativa. Tomaron los datos de cada personal civil convocado al operativo, como sucedió con los miembros de la Dirección Nacional de Migraciones en la puerta de Gana 112, el prostíbulo con reja a mitad de escalera y una cámara de seguridad detrás.
Este prostíbulo, ubicado a la vuelta de la iglesia de San Cayetano, tenía otra sorpresa. En una filmación realizada desde el interior se ve, pegada en una puerta, una faja de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). “Por resolución del agente administrativo de Atención de Falta de la Unidad Nº 15 Dra. Mónica Lilian Lafuente por legajo Nº 36765/UDAFE/2009. Actividad de servicios personales directos (masajes)” y cierra la faja en letras mayúsculas AGC.
En otro prostíbulo, ubicado en Gana 243, los policías se mostraron fuera de sí por la presencia de militantes y de este periodista. Hasta pidieron los datos personales de manera intimidatoria. En ese lugar, casualmente, se halló la primera cooperativa de prostitutas, ya que no detuvieron a ninguna proxeneta o madame. Un abogado y un delegado de una fábrica textil comentaron que “era notorio que había una mujer regenteando. La vi llevándose cosas en un auto”, dijeron. Minutos antes, este cronista evitó ser robado por tres hombres enviados desde un prostíbulo ubicado en Gana 117, justo enfrente de uno de los allanados.
Finalizado el operativo, el comisario Néstor Roncaglia aseguró que todos los cabarets serían clausurados y que en ellos se dispondría personal policial de consigna; lo cierto es que el sábado, a excepción del de General Paz, ninguno de ellos tenía faja de clausura ni consigna policial.
Entrevistado por NU, Vera señaló que “quiere aportar los testigos, material fílmico y fotográfico al juzgado”. “Obviamente –dijo– partimos de la buena fe de Torres, que realizó las investigaciones previas y dispuso los allanamientos. Y estamos dispuestos a colaborar en la causa en todo lo que sea necesario.” Claro que a las buenas intenciones habría que sumarles el apoyo de un Estado que, hasta el momento, mira para otro lado.
Cambio a la ley de trata
Se entiende por trata la captación, el transporte y/o traslado —ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior—, la acogida o la recepción de personas con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenazas o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aún cuando existiera asentimiento de ésta. En caso de que las víctimas fueran menores de 18 años, es indistinto si hay engaño o coerción.
La Ley de Trata 26.364 refiere también a la asistencia y la protección de las víctimas. El último miércoles, en el Congreso Nacional, un arco diverso de diputados avalaba un proyecto de modificación a la Ley de Trata presentado por las organizaciones Esclavitud Cero y La Alameda, con penas más duras y sin diferenciar si la víctima dio o no su consentimiento.
