10 DE DICIEMBRE DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Una justa conmemoración pero con varios muertos recientes que lamentar
El 10 de diciembre se festeja aquí y en el resto del mundo el día de los derechos humanos. Lamentablemente en Argentina, donde había mucho para festejar, este año hubo varios muertos por represión.
EMILIO MARÍN
Hacía semanas que el gobierno nacional y organismos de derechos humanos, junto con reconocidos músicos, tenían preparado el mega festival en la Plaza de Mayo. Artistas del país y Calle 13 de Puerto Rico le darían realce a la conmemoración. Si bien ésta tenía en los derechos humanos el motivo central, era evidente que también se pensaba celebrar los tres años que la presidenta Cristina Fernández lleva en el cargo. Asumió el 10 de diciembre de 2007 y atraviesa hoy un mejor momento político, aún cuando deba lamentar el fallecimiento de su esposo.
Pero desgraciadamente esos festejos se arruinaron en buena medida, en cuanto al ánimo de la población. Lo que debió ser una fiesta recibió en los días previos, a partir del martes, una ola de “mala onda” por los crímenes en Soldati.
Ese día unas 400 personas humildes, muchos de ellos inmigrantes de Bolivia y otros países latinoamericanos, pero también del norte argentino, habían ocupado terrenos en el Parque Indoamericano. El fenómeno no hacía más que registrar la existencia de grandes bolsones de pobreza en Capital Federal y gran Buenos Aires. Y en particular, una de las carencias más graves de esa franja de la población: la falta de viviendas populares.
Esa es la causa de fondo social que detonó en la ocupación dentro de las muchas hectáreas que tiene el desactivado Parque, en el costado sur oeste de la Capital.
Lo primero que atinó a hacer Mauricio Macri y el resto de su gabinete, incluyendo al secretario de Seguridad, Guillermo Montenegro, y el de Espacios Públicos, Diego Santilli, fue ordenar la represión. Y allá fue la Policía Metropolitana, que fundara el ex represor Jorge “Fino” Palacios. Aunque un gran defensor de Macri como Joaquín Morales Solá escribió en “La Nación” que “la Policía Metropolitana es, hoy por hoy, una fuerza vecinal que sólo puede servir para arrestar a algunos rateros de mala muerte o para mediar en una pelea entre vecinas”, se la vio reprimir ferozmente a los hombres y mujeres okupas.
Las imágenes también mostraron a la Policía Federal enfrascada en una represión atroz, disparando con armas largas a la población en ese terreno, con más balaceras desde el puente hacia los habitantes de Villa 20 y finalmente entrando a ésta en persecución. Y el responsable de esta fuerza de seguridad es el gobierno nacional, por medio de la cartera de Justicia.
El resultado se conoce: tres muertos (Bernardo Salgueiro, de 24 años, Rosemary Puña, de 28 añosy Juan Castañares Quispe, de 38 años). Todos fallecieron por impacto de bala, que los testigos afirman provinieron de la policía pero Macri y el vocero de la PFA lo niegan, atribuyéndolos a disparos entre los mismos manifestantes. ¿Toman por imbéciles a los argentinos? Cada vez que hay muertos por represión dicen que se mataron entre los propios manifestantes, como en junio de 2002 en el Puente Pueyrredón.
Fin del mito K
El gobierno de la Ciudad, con Macri, es responsable de lo sucedido por la actuación de la Metropolitana, y el de Cristina Fernández, por la llevada adelante por la Federal. En eso han sido socios, al margen de sus divergencias políticas.
Producidas las primeras dos muertes, el jefe del PRO se mantuvo en sus trece. Sin pedir disculpas a los familiares de los muertos, todos latinoamericanos, declaró que “todos los días llegan cien, doscientas personas de la mano del narcotráfico y la delincuencia”.
En cambio el ministro Julio Alak removió a 5 jefes policiales actuantes en el penoso operativo, en tanto Aníbal Fernández rechazaba las declaraciones de Macri por ofensivas a los países vecinos, violentas y racistas.
De todas maneras, el gobierno kirchnerista debe hacerse cargo de la parte que le corresponde de esa horrible jornada. Los tres muertos también son suyos, no solamente del ingeniero.
El gobierno K se atribuía el mérito de haber dado órdenes a la policía de no reprimir con armas de fuego a las manifestaciones populares. Habrá sido durante algún tiempo. Pero con las tres muertes en la Villa 20 de Soldati eso se convirtió en un mito, no en realidad. Ese mito ya venía agujereado por varias muertes por represión de “gatillo fácil” en Bariloche y la comunidad La Primavera, en Formosa, entre varias otras.
En junio pasado la policía de Bariloche mató al joven Diego Bonefoi (18 años) y lo acusó de haber estado robando, sin pruebas. En las protestas posteriores en el Barrio Alto, los uniformados volvieron a tirar y el saldo fue de otras dos personas muertas a balazos: Nicolás Carrasco (17) y Sergio Cárdenas (29).
El gobernador, radical K, Miguel Saiz, demoró más de un mes en remover a dos jefes policiales, pero esos crímenes quedaron impunes. Su sello de clase es evidente: limpiar la ciudad turística de los “negritos” de barrios periféricos.
Y el 30 de noviembre fueron reprimidos con armas de fuego los originarios qom-tobas en Formosa. Hubo allí un prolongado pleito por las tierras que ellos ocupaban de tiempos ancestrales y, como ocurre en el norte de Córdoba, Salta, Santiago del Estero y en tantas otras provincias, los supuestos propietarios criollos de esas hectáreas, con armas y el concurso de la justicia y la policía, buscan desalojarlos.
Los indígenas cortaron la ruta 86 durante varios meses, llamando la atención sobre su drama. El CELS de Horacio Verbitsky envió una carta a la presidenta de la Nación el 12 de agosto, pidiendo una solución. No hubo caso. El último día de noviembre la familia Celia (reclamante), la policía y funcionarios judiciales reprimieron a la comunidad toba, asesinando a Roberto López. El gobernador Gildo Insfrán, que lleva 18 años en el poder, avaló lo actuado. El 1 de diciembre la jefa de Estado dialogó por teleconferencia con Insfrán por el anuncio del tendido de líneas de transporte de energía en el Noreste, pero no hubo ninguna alusión a la muerte de López. Fin del mito K. Sus balas también matan.
Bastante para festejar
En varios otros aspectos hay bastante para festejar en derechos humanos.
Y no se trata sólo del avance de los juicios por delitos de lesa humanidad, que de por sí son extraordinariamente importantes. Hay más, por ejemplo, las fundadas denuncias que están dejando a los camaristas mendocinos amigos de la dictadura militar -como Luis Miret y Benito Romano- más cerca del juicio político o la renuncia. Lo mismo con la apertura del Jury al ex espía de la dictadura militar en Córdoba, José Luis Santi, quien ha pedido licencia como Asesor Letrado Penal.
Otro tanto con la excelente tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo, que ya ha permitido recuperar la identidad de 102 niños robados por las fuerzas de tareas. Y aunque el camino para aclarar la verdadera identidad de Marcela y Felipe Noble ha sido demorado por numerosas chicanas de ambos y de Ernestina de Noble, es de esperar que al final la jueza Arroyo Salgado termine tomándoles una muestra de sangre, aún compulsivamente como lo prevé la ley cuando las otras instancias se agotan.
Que la Academia de Oslo haya decidido premiar a un chino contrarrevolucionario defendido por Estados Unidos, en vez de hacerlo con las Abuelas, no cambia el fondo de las cosas.
Y, como quedó dicho, es positiva la marcha de los juicios, cuyo estado describió la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de la Procuración General de la Nación el 10/11 pasado. Según el relevamiento, 39 represores fueron condenados en lo que va de 2010 en los diez juicios finalizados en todo el país.
Esos números ya quedaron desactualizados porque después hubo cuatro represores más condenados en San Rafael, Mendoza, y un coronel y ocho policías sentenciados en la causa Subzona14, de La Pampa.
Antes de que finalice el año también habrá fallo en el juicio ABO (Atlético, Banco y Olimpo) donde hay 18 sentados en el banquillo, y la causa UP1 y Gontero, de Córdoba. En este caso está prevista la sentencia para el 22 de diciembre, que deberán escuchar el ex dictador Jorge R. Videla, el ex mandamás del III Cuerpo Luciano B. Menéndez y otros 29 militares y policías. Si Menéndez recibe una perpetua, como se prevé, será la quinta de su cosecha personal.
Hay 783 procesados por causas de derechos humanos. Y con los juicios ya finalizados en 2010, el número de represores condenados aumentó a 144, lo que da una idea del avance pero también de los límites, pues los Centros Clandestinos de Detención, 34 años atrás, fueron más de 500.__._,_.___
